Juan Daniel Menera Espinoza

Expediente 302/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
302/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
22/06/2021

Partes del expediente

  • Juan Daniel Menera Espinoza

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintidós de junio de dos mil veintiuno. En atención al contenido del AG 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Visto lo de cuenta, téngase al Juez de Primera Instancia en Materia Penal de Apatzingán, Michoacán, devolviendo debidamente diligenciado el despacho 297/2021 (648/2021), de nuestro índice, toda vez que el pasado once de junio se notificó el auto de veintiséis de mayo del año en curso, a través del cual se desechó la demanda de amparo. Dese de baja la comunicación oficial de referencia; hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, diez de junio de dos mil veintiuno. En atención al contenido del AG 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee las determinaciones siguientes: 1. Razón actuarial. Vista la razón actuarial de ocho de junio de este año, a través del cual se desprende la imposibilidad de notificar el auto de veintiséis de mayo de este año, al quejoso Juan Daniel Menera Espinosa, toda vez que al constituirse en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán, fue informada por Yarea Mercado, abogada penitenciaria de ese lugar, que en ese lugar no existe registre del quejoso de referencia. 2. Se gira despacho. Ahora bien, del escrito inicial de demanda, se advierte que el quejoso Juan Daniel Menera Espinosa se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Apatzingán, Michoacán; por tanto, con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho, vía electrónica, al Juez de Primera Instancia en Materia Penal de Apatzingán, Michoacán, a efecto de que ordene a quien corresponda se constituya en las instalaciones del centro penitenciario y notifique y haga entrega del auto de veintiséis de mayo de este año, del cual se le remite copia. Hecho lo anterior, devuelva las constancias que acrediten su debido cumplimiento al correo institucional 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. Solicítese acuse de recibo. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. En atención al contenido del AG 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee las determinaciones siguientes: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Registro. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Lenin Hazael Suárez Bravo, quien se ostenta como abogado particular del Juan Daniel Menera Espinosa, contra actos del Director del Centro de Readaptación Social de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y otras autoridades; por tanto, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 302/2021. 2. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda se advierte que el abogado particular del quejoso Juan Daniel Menera Espinosa, reclama: El traslado del Centro Penitenciario de Lázaro Cárdenas, Michoacán, al diverso Centro Penitenciario de Apatzingán, Michoacán, donde actualmente se encuentra recluido. 2.1. Causa de improcedencia. De la demanda de amparo, se obtiene que deviene improcedente lo que impone desecharla de plano, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Dicho numeral dispone que, contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, éstos deben promoverse antes de acudir a la instancia de amparo. La hipótesis es de interpretación restrictiva y tiene cuatro excepciones contemplado en el aludido artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, exclusivamente los siguientes supuestos: a) Cuando el acto reclamado carece de fundamentación. b) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. c) Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. d) Que la suspensión tenga los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional Como se observa, previo al ejercicio de la acción constitucional, se deben agotar los medios ordinarios de defensa que la ley del acto prevea, por virtud de los cuales pueda ser modificado, revocado o nulificado, pues de no ser así, el amparo indirecto será improcedente, en razón de que el juicio biinstancial constituye un medio de defensa extraordinario. Sobre el tema, es menester enfatizar que con la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se introdujo el modelo penitenciario con características de reinserción social y de judicialización, por lo que, conforme con el nuevo sistema, se asignó al Poder Ejecutivo la facultad de administrar las prisiones y se confirió a las autoridades judiciales el régimen de reinserción social y judicialización de modificación y duración de las penas; en consecuencia, el Poder Judicial es el encargado de vigilar el estricto cumplimiento de la pena dictada, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que surjan durante la ejecución de la pena, queden bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal. El conjunto de esas reformas, puso de manifiesto que la facultad de administrar las prisiones correspondería al Poder Ejecutivo, y confiriendo al Poder Judicial la potestad de ejecutar lo juzgado, a través de la creación de la figura de los "jueces de ejecución de sentencias". Entonces, correspondía a las autoridades judiciales en materia penal, en especial a los jueces de ejecución, tanto en el ámbito federal como local, asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que se podían producir dentro del centro de reinserción social en el cumplimiento de aquéllas, así como las decisiones que sobre dicha ejecución podía adoptar la administración penitenciaria, velando siempre porque los derechos humanos se garanticen y efectivicen. Es conveniente señalar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, contempla los siguientes tipos de traslados: a) voluntarios; b) involuntarios; y, c) urgentes. Los primeros, se actualizan cuando existe el interés de la persona recluida -con la asistencia de un defensor- de ser trasladado a un centro de reclusión diverso, siempre que exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino, o en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación; en ese sentido, la petición la resolverá la autoridad jurisdiccional, quien verificara que se cumplan con los requisitos legales y constitucionales para su autorización. Los traslados involuntarios, son instaurados previamente por la autoridad penitenciaria ante un juez de ejecución o de control, según sea el caso, con el fin de que en audiencia pública se decida sobre la legalidad del traslado. En contra de la determinación jurisdiccional que se emita, procede el recurso de apelación. Finalmente, el traslado urgente o excepcional, se emite por medio de resolución administrativa, cuando se trate de los casos específicamente señalados en la ley, sin autorización judicial previa. En el caso, el quejoso reclamó el traslado del Centro Penitenciario de Lázaro Cárdenas, Michoacán, al diverso Centro Penitenciario de Apatzingán, Michoacán, a cargo del Director de Seguridad del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán y otras autoridades, verificado el veinte de mayo del año en curso, y del cual tuvo conocimiento el promovente por información de un sobrino del interno, quien le expresó que al agraviado directo lo estaban trasladando junto con otros internos a otro centro penitenciario y que con uso excesivo lo sacaron de su estancia, lo que afirma se llevó a cabo sin orden o mandamiento escrito de autoridad competente. Congruente con esa información, es dable inferir que se trata de un traslado de tipo urgente o excepcional, que es regulado en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Conforme a dicho numeral, el traslado urgente o excepcional, implica una determinación administrativa, cuando se trate de casos de delincuencia organizada, esté en riesgo la integridad y la salud de la persona privada de la libertad o esté en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, lo cual deberá ser notificado dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado a la autoridad jurisdiccional. Ahora bien, existen dos medios de defensas legales, a través de los cuales, dependiendo del actuar de dichas autoridades jurisdiccionales, podrán ser empleadas según sea el caso. En el primer supuesto, una vez que se ha notificado del traslado del recluso, el Juez de Control o de Ejecución, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de la orden de traslado, la cual podrá ser combatida a través del recurso de apelación, contemplado en el numeral 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por el que un tribunal de alzada revisará la legalidad de dicha resolución, a fin de que pueda ser confirmada, modificada o revocada. En cambio, si la autoridad judicial es omisa en pronunciase sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordena el traslado dentro del término fijado, se actualizará la procedencia de la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo y 117, fracción III y último párrafo, de dicha la Ley Nacional, porque ese medio de defensa legal, tiene la potencialidad de confirmar, modificar o revocar la referida orden de traslado. Ahora, el artículo 122 la Ley Nacional de Ejecución Penal, señala que la controversia judicial, deberá formularse por escrito y presentarse ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, así como la solicitud de suspensión del acto, cuando se considere que se trata de caso urgente, la firma o huella digital y que de acuerdo con dicha pretensión, el Juez de Control o de Ejecución, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. Asimismo, el segundo párrafo, del numeral 124 de dicha Ley, precisa que de no atenderse de inmediato aquellos casos urgentes de medidas disciplinarias y de violación a derechos, como ocurre cuando se trata de una restricción adicional a la libertad de los internos de algún centro penitenciario, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, por lo que el Juez de Control o de Ejecución, de oficio o a solicitud de parte, decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva, pues de no hacerlo así, podría dejar sin materia el medio de defensa legal intentado. De manera que lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, cumple con las previsiones establecidas en el citado artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, Ahora, la orden de traslado urgente o excepcional no constituye una violación directa a la Constitución Federal, pues se erige en un acto dentro del procedimiento administrativo contemplado en la Ley de Ejecución Penal, en donde además existe un medio ordinario de defensa con el cual la determinación judicial que al efecto se dicte puede ser combatida. Por lo que, al no existir ninguna causa de excepción y que dicha orden no tiene el carácter de definitivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se manifiesta e indudable la causal de improcedencia, con fundamento en el 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda que nos ocupa. En la inteligencia, de que se arriba a la anterior determinación, con base a los fundamentos establecidos en el recurso de queja 36/2020, resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra del desechamiento de demanda de amparo. Determinación que se realizó con base en el análisis de la Ley Nacional de Ejecución de Penas, por lo cual, la jurisprudencia que invoca el quejoso no es aplicable al caso, al haber sido emitida sin el análisis de esta norma. No es óbice a la anterior determinación, la circunstancia de que el quejoso refiera que el traslado se verificó bajo tortura e incomunicación, pues dicha circunstancia la hace derivar de la ejecución del traslado no como acto autónomo. Pero además, como ya se expuso, de conformidad con los numerales 122 y 124, segundo párrafo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa con la anterior decisión, dado que la autoridad judicial ante la que se promueva la controversia judicial aludida, puede suspender el acto que considera pondría en riesgo su salud. 2. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES. Con apoyo en el Acuerdo General 25/2020 y 37/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformaron el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la actuación en el presente asunto estará sujeta a las reglas siguientes: 2.1. Trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado prestará servicio público de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. 2.2. Procedimiento jurisdiccional electrónico. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente. 2.3. Datos de contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: MEDIO DE CONTACTO HORARIO CÓMO OBTENER INFORMACIÓN Teléfono celular 4525180416 Correo electrónico 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx 8:30 A 14:30 horas, de lunes a viernes 1. El interesado debe enviar mensaje de texto mediante la aplicación denominada WhatsApp, o bien correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, etcétera). b) Una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. c) Número de expediente e información requerida. 2. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En todo caso, responderá a la solicitud de inmediato, mediante llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico, indicando el tratamiento dado a la gestión. 3.4. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los juzgados de Distrito en Uruapan, la promoción u oficio. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. 3.5. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados. 3.6. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales que interesen a las partes deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todas ellas. 3.7. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. 3.8. Lineamientos en materia de notificaciones. Con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles: 3.8.1. Se instruye a los actuarios para que, por regla general, todas las notificaciones se lleven a cabo por medio de lista (que deberá publicarse en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y remitirse también por correo electrónico a la delegación administrativa del edificio para su publicación en la entrada del edificio sede; lo anterior, salvo en los casos en que expresamente se determine que la notificación sea personal o deba enviarse oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceras interesadas. 3.8.2. Se instruye a los actuarios para que la preparación y desahogo de una notificación personal, se ajusten a lo siguiente: 3.8.3. Establezcan contacto telefónico, por mensajería instantánea o por correo electrónico con los interesados. Para ello, deberán examinar acuciosamente los autos buscando los datos respectivos e, incluso, podrán acudir, como hecho notorio, a los que se encuentren en diversos expedientes y sean atribuibles a las partes, lo que deberá ser debidamente corroborado al establecer el contacto. 3.8.4. Cerciorados de la identidad de la persona buscada, siguiendo en lo conducente las formalidades de ley aplicables, procederán a llevar a cabo por videoconferencia la notificación, levantando el acta correspondiente y dando cuenta con ella para acordar lo correspondiente. 3.8.5. De no poderse verificar la videollamada, previo acuerdo con el interesado el personal de actuaría deberá enviarle por mensajería instantánea o correo electrónico un ejemplar digitalizado de la resolución de que se trate y sus anexos. Por su lado, el interesado deberá contestar lo anterior dándose por notificado y recibido de las constancias conducentes, mediante escrito con firma autógrafa que deberá enviar digitalizado a cualquiera de los siguientes medios de contacto: Mensajería instantánea (WhatsApp) 4525180416 Correo electrónico del juzgado 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El actuario deberá levantar acta en la que describa pormenorizadamente lo anterior, pues únicamente así la notificación surtirá plenos efectos. 3.8.6. Si a pesar de lo instrumentado no se logra la notificación personal, el personal de actuaría deberá dar cuenta por escrito para emitir el acuerdo que corresponda, sin que pueda proceder motu proprio a la práctica in situ de la notificación personal, sino únicamente cuando se le conceda autorización expresa. 3.8.7. Se requiere al Ministerio Público adscrito, a las autoridades responsables y a las que tengan la calidad de terceras interesadas, para que tan pronto reciban por correo electrónico una notificación mediante oficio, acusen recibo al siguiente contacto: Correo electrónico del Juzgado 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El personal de actuaría deberá precisar en el texto del correo electrónico que envíe que, de no llevarse a cabo dicho acuse, o si se rehúsa la recepción del oficio, tendrá como consecuencia que se tenga por hecha la notificación, asentando la razón correspondiente. 3.8.8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio tecnológico). 3.9. Integración del expediente físico y publicidad. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 4. Notificación a la parte quejosa. Ahora bien, dado que el quejoso Juan Daniel Menera Espinosa, se encuentra recluido en el en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán; por tanto, se comisiona al actuario respectivo, para que notifique el presente proveído, adjuntado los informes justificados recibidos en autos de veintiuno y veintiséis de abril y siete de mayo de este año. Instrúyase al área administrativa de este juzgado, para los efectos del artículo 156, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar donde se encuentra recluido. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · 3,119 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano