Juan Cutberto Tenorio González
Expediente 720/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 720/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 19/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Cutberto Tenorio González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
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En diecinueve de mayo de dos mil veintidós, la Secretaria da cuenta al Juez, con un oficio recibido físicamente en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, registrado bajo el folio 6705. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecinueve de mayo de dos mil veintidós.********************Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, se provee lo siguiente:********************Autoridad acusa recibo. Téngase por recibido el oficio signado por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán de Ocampo, acusando recibo del oficio 6189/2022, relativo al proveído de siete de abril pasado, con el que se notificó el auto de esa misma data y le fueron devueltas las constancias que anexó como complemento a su informe justificado.********************De lo anterior, este Juzgado toma conocimiento, para los efectos legales correspondientes.********************Cúmplase
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CUARTO. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA. El ocurso de amparo fue promovido dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo , toda vez que de las constancias que integran el juicio de origen, se advierte que se notificó el proveído reclamado a la quejosa mediante instructivo, el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, tal y como se advierte de las constancias del juicio de origen (foja 24 del tomo II de pruebas); por lo que en términos del numeral 101 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán , el plazo para la presentación del escrito constitucional inició a partir del día hábil siguiente, esto es, el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Así, el término para promover la demanda de amparo transcurrió del veintinueve de noviembre al veinte de diciembre de dos mil veintiuno, siendo días inhábiles entre ambas fechas, el veintisiete y veintiocho de noviembre; el cuatro, cinco, once, doce, dieciocho y diecinueve de diciembre, por ser sábados y domingos y por lo tanto, inhábiles de conformidad con el numeral 19 de la Ley de Amparo ; así como el diez de diciembre de la anualidad referida, por ser inhábil para la autoridad responsable . Por tanto, si la demanda se presentó el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, como se advierte de la boleta de turno expedida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan (foja 1), es evidente que se presentó en tiempo oportuno. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. El estudio de las causas de improcedencia, debe abordarse de oficio por ser una cuestión de orden público y de análisis preferente al fondo del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo . Sirve de apoyo, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Este órgano de control constitucional, de oficio, advierte que respecto del acto reclamado al Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción 61, fracción XXIII en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y el numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Previo al análisis de la causal de improcedencia que se actualiza, es conveniente traer a colación los antecedentes de la resolución reclamada, a saber: 1. Mediante escrito presentado el trece de julio de dos mil veintiuno, ante la Oficialía de Partes y Turno del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán de Ocampo, Salvador Corona Alva y Leonel Enrique Ibarra Gudiño, en cuanto apoderado jurídicos de Miriam Castillo Alejandre, comparación a promover demanda ordinaria civil sobre nulidad absoluta de la escritura pública número veintinueve mil quinientos cincuenta y tres mil, volumen cuatrocientos veintisiete de dieciocho de julio de dos mil diecinueve, pasada ante la fe de Juan Cutberto Tenorio González, Notario Público Número 23, en el Estado de Michoacán de Ocampo; frente a J. Jesús Padilla Silva y el aquí quejoso (fojas 2 y 5 del tomo I de pruebas). 2. En proveído de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, el Juez de Primera Instancia Mixto del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán de Ocampo, registró la demanda con número de expediente 373/2021; la admitió a trámite y ordenó emplazar a los demandados para que dentro del plazo de nueve días, compareciera a dar contestación a la demanda entablada en su contra (fojas 29 y 30 del tomo I de pruebas). 3. En diligencia de cuatro de agosto de dos mil veintiuno (foja 32 del tomo I de pruebas), se llevó a cabo el emplazamiento al aquí quejoso. 4. Mediante auto de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno (foja 10 del tomo III de pruebas), se tuvo a Juan Cutberto Tenorio González, en cuanto demandado, interponiendo incidente de previo y especial pronunciamiento sobre falta de personalidad y personería, aduciendo en esencia, la inobservancia de requisitos legales del instrumento notarial con el que comparecieron los apoderados de la parte actora. En esas condiciones, se admitió a trámite la referida incidencia, con suspensión de procedimiento, y se ordenó correr traslados a la parte actora. 5. Seguida la incidencia por sus cauces legales, mediante sentencia interlocutoria de quince de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 14 a 18 del tomo III de pruebas), se declaró infundado el incidente de falta de personaría; por lo que, se ordenó levantar el procedimiento y se condenó al incidentista al pago de gastos y costas. 6. Inconforme con la referida determinación, Juan Cutberto Tenorio González, interpuso recurso de apelación, del cual conoció el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, quien lo registro con número de toca I-276/2021, y en resolución de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno (fojas 18 a 22 del tomo II de pruebas), confirmó en sus términos la sentencia interlocutoria impugnada. La determinación anterior constituye el acto reclamado dentro de la presente instancia constitucional. De la reseña anterior, se advierte como se adelantó, que respecto del acto aquí reclamado se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción V, del mismo ordenamiento, y el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El primero de los artículos antes citados establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". La fracción transcrita prevé la posibilidad que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis. De tal forma que, las veintitrés causas de improcedencia enumerada en el dispositivo antes citado no son limitativas, sino que por el contrario, tienen carácter enunciativo, ya que es posible derivar la improcedencia del juicio de cualquier otra disposición normativa de la Ley de Amparo que así lo establezca. El artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y.". Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, indica: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". El precepto citado prevé la posibilidad de reclamar los actos dictados dentro de un juicio cuando éstos sean de imposible reparación; es decir, que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En contrasentido, la vía de amparo indirecto será improcedente cuando los actos dictados dentro de un procedimiento de esa naturaleza tengan una ejecución reparable con la emisión de la resolución definitiva que en el mismo se dicte. La razón fundamental del requisito apuntado, es que si la parte en contra de quien se cometieron violaciones procesales obtiene resolución favorable, el perjuicio que le pudieron ocasionar tales violaciones desaparece, dado que el ejercicio de los derechos adjetivos con que cuentan las partes tiene como fin último la obtención de una resolución favorable, por lo que de actualizarse este supuesto, los efectos de las violaciones de esa naturaleza son reparados. Considerar lo contrario implicaría que el juicio de amparo indirecto pudiera promoverse tantas veces como violaciones de ese carácter se estimara fueron cometidas en un procedimiento, lo que motivaría la demora en la resolución del conflicto. Por tanto, las violaciones ocurridas dentro del procedimiento deben ser combatidas al momento de impugnar la resolución definitiva dictada en dicho procedimiento, siempre y cuando por virtud de ésta quede sin defensa el quejoso, trascendiendo tal violación al resultado de la resolución, salvo que sean de ejecución irreparable, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este caso, se podrá presentar el amparo en la vía indirecta. Lo que significa que las consecuencias de tales violaciones deben ser de tal gravedad que impidan o afecten, en forma actual el ejercicio de un derecho sustantivo, lo que se aparta de la lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un juicio derivado del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo: La primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo. Mientras que la segunda, en el sentido que éstos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sobre esa base, los actos dictados dentro de un juicio que no cumplan con ese criterio (ejecución irreparable), como se expuso, no serán impugnables vía juicio de amparo indirecto. Es ilustrativa, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno del Más Alto Tribunal de nuestro país, de rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". También, la jurisprudencia IV.2o.C J/2 (10a), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, que establece: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera". Y, la tesis I.1o.A.E.30 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la república, que señala: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." En conclusión, los actos dictados en juicio tendrán una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución. En el caso, se reclama la resolución de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del toca de apelación I-276/2021, interpuesto por el aquí quejosa, que confirmó la sentencia interlocutoria pronunciada dentro del incidente de falta de personalidad y personería; acto que tiene un efectos meramente adjetivos o procesales dentro del juicio de origen. Es decir, el acto reclamado no es de aquéllos considerados de imposible reparación, ya que la violación reclamada no afecta derechos sustantivos, como la vida, la propiedad, la libertad, etcétera, ya que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no afecta derechos sustantivos, sino que consiste sólo en la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, ya que como se advierte de las constancias, el incidente de falta de personalidad y personería, ataca la facultad de acción de los apoderados legales de la parte actora del juicio de origen, ante la falta de requisitos legales para que surta efectos legales el poder notarial que al efecto se exhibió. En esas condiciones, dichas transgresiones pueden ser reparadas si se obtiene sentencia favorable, en cuyo caso, la eventual violación procesal quedaría reparada; o bien, en caso de obtiene resolución desfavorable en dicho juicio, pueda reclamar esa eventual violación procesal mediante el juicio de amparo directo, en términos de los artículos 170, 171 y 172, fracción IX, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: IX. Se le desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión; (.)". De los numerales recién transcritos se advierte que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas dictadas por tribunales judiciales, ya sea que la violación se cometa en ellas o que cometidas durante el procedimiento afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo, entre las cuales se encuentra el desechamiento de recursos, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento, los cuales produzcan un estado de indefensión. Por tanto, la afectación que pudiera generar el acto reclamado no recae sobre derechos sustantivos tutelados por la Constitución o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos. Esto es así, ya que si tal afectación desaparece por el hecho de obtener resolución definitiva favorable; o bien, pueden hacerse valer en el medio de defensa que al efecto se interponga; entonces, es claro que la determinación que confirma el incidente que declaró improcedente la excepción de falta de personalidad y personería, no produce un daño real y concreto en la esfera jurídica del gobernado, que afecte derechos sustantivos en tanto que no afecta sus derechos de defensa dentro del juicio; tampoco produce una afectación a la vida o su propiedad. En suma, no se observa que el auto reclamado dentro de la presente instancia constitucional afecte materialmente derechos sustantivos del quejoso tutelados por la constitución como la vida, libertad, propiedad, posesión, patrimonio, salud, sino que se trata de actos procesales emitidos dentro del juicio de origen, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción V, del mismo ordenamiento, y el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin que dicha determinación implique una trasgresión al principio de progresividad que rige el derecho a un recurso efectivo, tal y como se advierte de la tesis 2a. XLVIII/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. La porción referida no eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en ésta no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, ya que ni siquiera existía disposición alguna que definiera ese concepto para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, antes bien constituía un aspecto indeterminado. Y aun cuando la Ley de Amparo vigente, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos, en su artículo 107, fracción V, define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen." En consecuencia, procede sobreseer en el juicio promovido por Juan Cutberto Tenorio González, por su propio derecho y en cuanto titular de la Notaria Pública Número 23 en el Estado de Michoacán de Ocampo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. En la inteligencia de que el sobreseimiento de mérito, impide que se realice el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en contra de los referidos actos reclamados, de acuerdo con la tesis 3º.J/58, instancia, Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro y texto establece: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". ALEGATOS En otro aspecto, no pasan inadvertidos los alegatos formulados por la agente del Ministerio Público adscrita a este órgano jurisdiccional; sin embargo, este órgano de control constitucional se abstiene de analizar tales asertos, porque no está obligado a pronunciarse al respecto, pues la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de amparo, el informe justificado y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen. SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Juan Cutberto Tenorio González, por su propio derecho y en cuanto titular de la Notaria Pública Número 23 en el Estado de Michoacán de Ocampo, contra los actos que reclamó del Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista electrónica y física que se fija en el tablero ubicado en el exterior de este inmueble que alberga al Poder Judicial de la Federación.
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En cuatro de marzo de dos mil veintidós, la Secretaria CERTIFICA: Que el plazo de tres días de que disponía la parte tercera interesada MIRIAM CASTILLO ALEJANDRE, para comparecer a este órgano jurisdiccional a señalar domicilio transcurrió del veintiocho de febrero al dos de marzo del presente año, descontando los días inhábiles, sin que lo hubiere hecho; Cuenta. Se da cuenta al Juez, con un oficio y anexo recibido físicamente en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, registrados bajo el folio 2606. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, cuatro de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Se recibe despacho. Agréguese a los autos el oficio y anexos signados por el Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán de Ocampo, devolviendo diligenciado el despacho 54/2022 (número de orden 101/2022), que se envió para emplazar al tercero interesado; por lo tanto, dese de baja y háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno correspondiente, sin que obste que la oficiante mencione diferente número de despacho, toda vez que el correcto es el asentado en líneas primigenias. Sin que sea el caso acusar recibo, toda vez que no fue solicitado expresamente. 2. Notificación por lista a la parte tercera interesada. De la certificación secretarial de cuenta se desprende que el término de tres días de que disponía la parte tercera interesada MIRIAM CASTILLO ALEJANDRE, para comparecer a este órgano jurisdiccional a señalar domicilio transcurrió del veintiocho de febrero al dos de marzo pasado, descontando los días inhábiles, sin que lo hubiere hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de dieciocho de febrero del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena practicarle las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que se publica en el local de este Juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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En dieciocho de febrero de dos mil veintidós, la Secretaria da cuenta al Juez, con un oficio y anexo, recibidos físicamente en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, registrados bajo el folio 1936. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciocho de febrero de dos mil veintidós.********************Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente:********************1. Se recibe despacho. Téngase al Juez Menor Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán de Ocampo, devolviendo el despacho sin diligenciar por las razones que indica, despacho ********************(número de orden ********************), del índice de este órgano jurisdiccional, con el que se ordenó emplazar a juicio a la tercera interesada.********************Dese de baja el despacho que se recibe, asimismo, en la que se actúa, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.********************2. Se gira nuevo despacho. Ahora bien, toda vez que de las constancias que integran el juicio de origen se aprecia que la tercera interesada ********************, está representado por los licenciados ********************y********************, quien tienen domicilio diverso en el despacho jurídico ubicado en avenida ********************número ********************en Jiquilpan, Michoacán de Ocampo, de Ocampo, con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho, vía electrónica, al Juez de Primera Instancia en Materia Civil, en turno, del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán de Ocampo, para que por su conducto ordene a quien corresponda, se constituya en el domicilio citado y emplace a juicio a la aludida tercera interesada, por conducto de sus apoderados jurídicos, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo, del auto admisorio y le requiera para que: a) Si lo estima necesario, comparezca al juicio a hacer valer sus derechos (ofrecer pruebas y formular alegatos); b) En el acto de la diligencia o en el plazo de tres días, computado legalmente, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, apercibido que, de no hacerlo, se le practicarán por lista las siguientes, inclusive las de carácter personal, con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo.********************3. Habilitación de días y horas inhábiles. Con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la habilitación de días y horas inhábiles para que el actuario notificador lleve a cabo la diligencia encomendada.********************Asimismo, se solicita de la manera más atenta, al órgano jurisdiccional exhortado que, lo devuelva a la brevedad, por la misma vía, para los efectos legales que haya lugar.********************4. Diferimiento. Finalmente, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere anticipadamente la celebración de la audiencia constitucional señalada en autos y en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL DIECIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo.********************Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.********************Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
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