Juan Carlos Verduzco Salgado

Expediente 593/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
593/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
12/12/2019

Partes del expediente

  • Juan Carlos Verduzco Salgado

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, doce de diciembre de dos mil diecinueve. Visto que no fue impugnado en legal término el auto que desechó la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. Finalmente, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO DE ESTE EXPEDIENTE. Ahora bien, y dado que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán, se comisiona a cualquiera de los Actuarios de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida, para que notifique personalmente al referido quejoso el presente acuerdo. Instrúyase al área administrativa de este Juzgado, para los efectos del artículo 156 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente en el lugar de su reclusión. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe el Secretario José Martín Narciso Pérez.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, diez de diciembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, téngase al Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en la Ciudad de México, devolviendo diligenciado el exhorto 829/2019 (número de orden 1653/2019), del índice de este juzgado. Dese de baja dicha comunicación oficial en el libro de gobierno respectivo. Sin que haya lugar a girar el acuse de recibo, toda vez que el mismo puede obtenerse del propio Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, y como de la certificación que antecede se advierte que el plazo de tres días, otorgado al quejoso Juan Carlos Verduzco Salgado, en proveído de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, a fin de que señalara domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, transcurrió, sin que lo haya hecho; sin embargo, y como el citado quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán, en consecuencia, se ordena practicarle las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, en dicho centro de reclusión. Notifíquese. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe el Secretario José Martín Narciso Pérez.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, cinco de diciembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, téngase a la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, acusando recibo del exhorto 829/2019 (número de orden 1653/2019), que se envió a fin de que se notificara a la parte quejosa el proveído de veintiocho de noviembre del año en curso. Cúmplase. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe el Secretario José Martín Narciso Pérez.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, este órgano de control constitucional, emite las determinaciones siguientes: 1. REGISTRO. Por recibido el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en la Ciudad de México, al que adjunta el cuaderno de incompetencia 942/2019, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Verduzco Salgado, contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, y otras autoridades. 1.1 Ahora bien, del auto de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por el Juez Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en la Ciudad de México, se advierte que estimó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo por razón de territorio. 1.2 Con apoyo en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese recibo. 1.3 Regístrese la demanda de amparo bajo el número 593/2019. 2. DESECHAMIENTO. respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, al no haberse observado el principio de definitividad previo a la promoción del juicio de amparo. Efectivamente, la fracción citada contiene uno de los principios rectores del juicio de amparo, que lo es, el de definitividad, el cual impone como obligación a la parte quejosa, antes de acudir a promover demanda de amparo, agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que tilda de inconstitucional, y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución combatida. Principio que encuentra justificación en el hecho de que al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. En atención a lo anterior, a fin de determinar si se surte o no la causa de improcedencia en comento, es menester determinar si en las leyes ordinarias se contempla un juicio o recurso mediante el cual pueda modificarse, revocarse o anularse el acto reclamado. En la especie, el acto reclamado lo hace consistir en la orden de traslado y su ejecución... Como se observa, dicha jurisprudencia, al interpretar los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la indicada Sala del Máximo Tribunal del País estableció, que en el caso del procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Y si bien es cierto, que en la contradicción de tesis de la que derivó el criterio jurisprudencial transcrito, el tema dilucidado únicamente se refiere a las peticiones administrativas, se considera que, por identidad de razones, en el caso de las órdenes de traslado también existe un medio de defensa ordinario, que debe agotarse previo a acudir al juicio de amparo, en observancia al principio de definitividad, como a continuación se verá. En ese contexto, conviene puntualizar, que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé varios regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, siendo los principales los siguientes: I. Régimen de internamiento; en el que se reglamentan las condiciones de las personas privadas de su libertad que deberán garantizar una vida digna y segura. Este régimen se encuentra previsto en el capítulo II del título segundo de la Ley Nacional de Ejecución Penal. II. Régimen disciplinario; en el cual se establece que la determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico del centro penitenciario. Este régimen se encuentra previsto en el capítulo III del título segundo de la legislación nacional especial citada. III. Traslados de las personas detenidas, en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y excepcionales o urgentes. Este procedimiento está previsto en el capítulo V del título segundo de la invocada legislación especial. En el caso, como se dijo, el impetrante del amparo señaló como acto reclamado la orden de traslado que afirma fue emitida en su contra; por lo tanto, su estudio se limita al procedimiento identificado bajo el inciso "c", respecto del que la Ley Nacional de Ejecución Penal distingue tres tipos de traslados: Sistema de Traslados: Traslados voluntarios, son los que solicita el propio interno ante el Juez y éste lo autoriza; Traslados involuntarios, los que impone la autoridad con previa autorización judicial; y, Traslados urgentes (o excepcionales), impuestos u ordenados por la autoridad penitenciaria, a través de una resolución administrativa, sin consentimiento del interno, pero con autorización judicial posterior. A continuación se explica de manera separada esos tres tipos de traslados: a) Los traslados voluntarios previstos por el numeral 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, inician a petición del propio interno, quien deberá elevar su petición al Juez de Ejecución, este último celebrara una audiencia en la que requerirá su consentimiento expreso en presencia de su defensor. En este supuesto, se deberán cumplir con los requisitos establecidos en la ley. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país, operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución Federal. b) El traslado involuntario tanto de procesados como de sentenciados, conforme al artículo 51 de la ley nacional especial, debe ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, según se trate. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En este supuesto, la autorización judicial deberá ser previa al acto del traslado. c) Los traslados urgentes o excepcionales surgen cuando la autoridad penitenciaria, sin autorización previa del Juez, más bien por cuenta propia y solamente en los casos expresamente permitidos en la ley, emite una resolución administrativa en la que ordena y ejecuta el traslado de alguna persona privada de la libertad, pero tiene como requisito importante conforme al artículo 52 de la Ley de Ejecución, notificar al Juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, quien calificará la legalidad de la determinación administrativa dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación. En este caso excepcional la autorización judicial no es previa, sino posterior al traslado. En contra de la decisión judicial que califique la resolución administrativa de traslado, procederá el recurso de apelación, pero en caso de que el juez omita hacer algún pronunciamiento, el recluso podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. De lo anterior, se advierte que los traslados siempre deben ser autorizados por el Juez competente, la regla general es que la autorización sea previa, aunque de manera excepcional la autorización será posterior a la ejecución del traslado, en este último caso, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, pero será calificada con posterioridad por un Juez; por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre debe ser autorizada por un juez, por esa razón se estima que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un sistema de control jurisdiccional sobre los traslados. Cuando la autorización judicial es posterior, pueden surgir dos vertientes, a saber: un análisis oficioso, y otro, a petición de parte: La Ley de Ejecución en su artículo 52 impone a la autoridad penitenciaria la obligación de notificar al Juez, dentro de las veinticuatro horas siguientes al traslado, la resolución administrativa que lo ordena, a su vez surge la obligación a cargo del juez de calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado, dentro de cuarenta y ocho horas, esta resolución puede ser apelada por el interno. En este supuesto estamos en presencia de un control jurisdiccional oficioso, pues las autoridades actúan bajo el imperio de la ley. Cuando el juez competente omite calificar la legalidad del traslado, el interno está en posibilidad de combatir la resolución administrativa a través de una controversia judicial, según el artículo 52 en relación con los diversos 116 a 119 de la Ley de Ejecución Penal. Así, con base en lo hasta aquí expuesto, se puede decir que como parte integral de la implementación del nuevo sistema de reinserción social y de los mecanismos de protección de los derechos de los procesados y sentenciados, se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, la que tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. De esa guisa, precisadas las consideraciones que preceden al caso concreto, y como de la demanda se advierte que el quejoso afirmó que se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán, resulta valido suponer que el traslado reclamado pudo haber sido ordenado por las autoridades administrativas penitenciarias que señala la parte quejosa, por ende, para combatir ese acto la ley establece un medio de defensa ordinario a través del cual puede obtener la restitución de algún derecho violado. Por la razón expuesta la parte quejosa, previo a acudir al amparo, debió agotar el procedimiento que prevé la Ley de Ejecución Penal; es decir, tiene a su alcance un medio de defensa ordinario, sin embargo, no lo agotó, lo que trae como consecuencia la actualización de la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que conlleva al desechamiento de la presente demanda de amparo. En efecto, la parte quejosa tiene la obligación de que, previo a acudir al juicio de amparo para reclamar una orden de traslado, agotar el mecanismo de control que regula la Ley Nacional de Ejecución Penal, en virtud de que el acto que pretende combatir en esta instancia es susceptible de impugnar a través de ese medio; más porque tal supuesto no se ubica en el caso de excepción a que se refiere el artículo 61, fracción XX, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En resumen, este órgano de control constitucional llega al conocimiento que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2018, de la que derivó la jurisprudencia 79/2018 (10a.), de rubro: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", estableció que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayor formalismo, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones u acciones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneren sus derechos. Aunado a lo anterior, este juzgado de amparo advierte que dicha ley prevé varios regímenes relacionados con el tema que regula las condiciones de las personas privadas de su libertad, como consecuencia de una resolución judicial; a saber: régimen de internamiento, que reglamenta las garantías de una vida digna y segura; el disciplinario, que establece qué autoridad penitenciaria sanciona las faltas disciplinarias; y, el régimen de traslados a otro centro de reclusión, en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y excepcionales o urgentes. En ese orden de ideas, en el caso de una orden de traslado, al tener noticia de ella, la persona privada de su libertad tiene la posibilidad de reclamarla, con todas las prerrogativas legales que establece el citado mecanismo de control, al constituir un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, con los mismos alcances pretendidos y posibles como si intentara la acción de amparo; por ende, si el interno promueve la acción constitucional contra una orden de traslado a otro centro de reclusión, sin que previamente hubiera agotado el citado medio de control, se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, por inobservancia al principio de definitividad. No se oponen a lo antes esgrimido, los criterios de nuestro alto tribunal siguientes: 1a./J. 58/2016 (10a.), Registro 2013066, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, noviembre de 2016, Tomo II, Página 865, del rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA." 1a./J. 83/2015 (10a.), Registro 2010596, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, diciembre de 2015, Tomo I, Página 247, del rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA." 1a. CLXVI/2014 (10a.), Registro 2006256, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, Página 824, del rubro: "TRASLADO DE PROCESADOS. LA ORDEN RELATIVA, DEBE AUTORIZARLA EL JUEZ QUE INSTRUYA LA CAUSA PENAL." 1a./J. 17/2013 (10a.), Registro 2003323, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, abril de 2013, Tomo 1, Página 800, del rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. AL AFECTAR INDIRECTAMENTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL PROCESADO O SENTENCIADO, LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA CONTRA AQUÉLLA PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO." Ello es así porque de su análisis se advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó como base la reforma constitucional a los artículos 18 y 21, de junio de dos mil once, donde se le quitaron facultades a las autoridades administrativas para decidir las controversias que se susciten en reclusión, para otorgárselos a la autoridad judicial, por ende, a partir de dicha reforma las autoridades administrativas ya no tienen competencia para ordenar traslados, de hacerlo se trataría de actos emitidos fuera de procedimiento judicial. Los referidos criterios surgieron en la época de transición donde las autoridades administrativas continuaban ordenando traslados de internos de un centro penitenciario a otro, sin contar con facultades legales para ello y sin autorización judicial, cuando aún no se ajustaban ni la legislación ordinaria, ni las autoridades administrativas penitenciarias, a los principios constitucionales, sin embargo, el panorama cambió con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues creó un procedimiento judicial que regula los traslados, por regla general la autorización judicial es previa y excepcionalmente en casos urgentes la autorización judicial es posterior, en este último caso la autoridad administrativa ordena y ejecuta el traslado para posteriormente solicitar la autorización judicial, quien podrá confirmar o revocar esa decisión administrativa, también se previó la facultad de los internos de ejercitar una acción que inicie una controversia judicial, para combatir ese traslado. Reviste importancia el último supuesto mencionado, pues la ley de ejecución faculta a las autoridades administrativas a emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, que posteriormente debe ser revisada por una autoridad judicial, como todo ello ocurre en el contexto de un procedimiento establecido en la ley se trata de actos ocurridos dentro de juicio, a diferencia de lo analizado por el alto tribunal que alude a supuestos donde los actos fueron emitidos fuera de juicio, de allí que al caso a estudio sea diferente y no resulten aplicables esos criterios. En todo caso, a través del medio de defensa que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal, la autoridad judicial ordinaria podrá analizar si la autoridad administrativa atendió o se apegó a esas disposiciones legales, de existir alguna violación, la consecuencia podría ser la declaración de nulidad de dicho traslado, y la orden de volver las cosas al estado en que se encontraban antes de dicha violación, por tanto, a través de dicho procedimiento es dable resarcir alguna violación de derechos que haya sufrido algún interno, por lo que el referido mecanismo de defensa es eficaz y tendría que agotarse previo a acudir al amparo. Así, conforme lo dispone el artículo 51 de la ley nacional especial, la resolución emitida por una autoridad judicial que ordene el traslado del interno, podrá ser impugnada a través del recurso de apelación; medio de impugnación que igual forma deberá interponerse previamente a la promoción del juicio constitucional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XX, en relación con el diverso 113, ambos de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo. 3. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS. Por otro lado, el quejoso en su libelo constitucional señaló domicilio para recibir notificaciones el ubicado en la calle Lago Constanza, número 82, colonia Anáhuac, código postal 11320, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México; domicilio que se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado. Asimismo, se tiene por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Manuel García Reyes, virtud de que cuenta con cédula profesional registrada ante los Juzgados de Distrito, que lo autoriza para ejercer la profesión de licenciado en derecho y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Juan Manuel García Ugade, Silverio García Bello, Raúl David Arronte Pérez y Daniel Verduzco Salgado, hasta en tanto acrediten encontrarse facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho. 4. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. Ahora tomando en consideración que la parte quejosa, señaló domicilio para recibir notificaciones el ubicado en la calle Lago Constanza, número 82, colonia Anáhuac, código postal 11320, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México; con fundamento en los artículos 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, gírese exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en la Ciudad de México, en turno, para que por su conducto ordene a quien corresponda, y notifique el presente proveído al quejoso Juan Carlos Verduzco Salgado, a través de sus autorizados, en el domicilio antes citado y le requiera para que en el acto de la diligencia de notificación o en el plazo de tres días, computado legalmente, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, apercibido que, de no hacerlo, se le practicarán por lista las siguientes notificaciones, inclusive las de carácter personal, con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. A efecto de lograr la diligencia encomendada, se faculta al Juez exhortado, para que, de estimarlo necesario, habilite días y horas inhábiles, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo. Diligenciado que sea el presente, sírvase devolverlo con las constancias que así lo acrediten. Ahora bien, y dado que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán, se comisiona a cualquiera de los Actuarios de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida, para que notifique personalmente al referido quejoso el presente acuerdo. Instrúyase al área administrativa de este Juzgado, para los efectos del artículo 156 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 5. PUBLICIDAD DEL EXPEDIENTE. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente en el lugar de reclusión. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe el Secretario José Martín Narciso Pérez. Uruapan, Michoacán, veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve.DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 593/2019, PROMOVIDO POR JUAN CARLOS VERDUZCO SALGADO, SE DICTÓ EL SIGUIENTE AUTO: ".Uruapan, Michoacán, veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, este órgano de control constitucional, emite las determinaciones siguientes: 1. REGISTRO. Por recibido el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en la Ciudad de México, al que adjunta el cuaderno de incompetencia 942/2019, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Verduzco Salgado, contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, y otras autoridades. 1.1 Ahora bien, del auto de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por el Juez Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en la Ciudad de México, se advierte que estimó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo por razón de territorio. 1.2 Con apoyo en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese recibo. 1.3 Regístrese la demanda de amparo bajo el número 593/2019. 2. DESECHAMIENTO. respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, al no haberse observado el principio de definitividad previo a la promoción del juicio de amparo. (.) Notifíquese personalmente en el lugar de reclusión. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe el Secretario José Martín Narciso Pérez. Dos firmas ilegibles."SECCIÓN AMPARO MESA IV PRAL. 593/2019-P

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