Juan Clemente Dominguez Pascual Y/O Tepazcualt

Expediente 545/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
545/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
02/09/2016

Partes del expediente

  • Candelaria Reyes Luna
  • Juan Clemente Dominguez Pascual Y/O Tepazcualt

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA AVISO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, primero de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el ocho de julio de dos mil dieciséis (fojas 126 a 145), se concedió el amparo a la parte quejosa, para el efecto de que el juez responsable realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente el auto de formal prisión de tres de marzo de dos mil dieciséis dictado en el proceso penal ********************, y con libertad de jurisdicción, dicte otro debidamente fundada y motivada, el cual podrá ser en el mismo sentido del aquí reclamado o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) Deberá desglosar, conforme los lineamientos establecidos en esta sentencia, los elementos que integran el cuerpo del delito de corrupción de menores, previsto en el artículo 217, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla; b) Hecho lo anterior, es decir, una vez precisadas las hipótesis normativas contenidas en el tipo penal y cuál o cuáles de ellas se actualizan en el caso, en primer lugar, deberá establecer con precisión qué medio utilizó el sujeto activo para desplegar la conducta tipificada como delito, esto es, si el sujeto activo obligó, procuró, facilitó, indujo, fomentó, proporcionó o favoreció al menor de edad; en el entendido, que deberá señalar en concreto cuál de ellas o si estima que fueron varias así plasmarlo, lo que va a depender de las pruebas que obren en el sumario penal. c) Hecho lo anterior, respecto al elemento del tipo penal señalado con el número tres, deberá precisar si el sujeto activo obligó, procuró, facilitó, indujo, fomentó, proporcionó o favoreció al menor de edad a realizar: (a) actos sexuales (primera hipótesis) o (b) de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales, reales o simulados (segunda hipótesis). d) Deberá prescindir de señalar como elemento del tipo penal el consistente en 'b) Que dicha acción genere como resultado afectación a la integridad física o psicológica o de ambas, en el agraviado'. e) Deberá analizar de acuerdo a las pruebas que obran en la causa penal de la que deriva el acto reclamado con qué medios de prueba se acredita cada uno de elementos del cuerpo del delito de corrupción de menores, debiendo expresar las razones lógico jurídicas en que se apoye su conclusión, además de otorgarles valor probatorio a cada prueba en particular, las cuales deberá relacionar con cada elemento del delito y concatenarlas en forma individual o circunstancial, de forma tal que exponga las razones por las cuales considera se demuestra el cuerpo de dicho ilícito, lo que implica precisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar. f) Deberá considerar de acuerdo a su facultad si procede alguna reclasificación del delito si fuera el caso, atendiendo a la jurisprudencia 1a./J. 3/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Febrero de 2008, Materia Penal, registro 170391, página 151, del rubro siguiente: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EN LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO EN SU CONTRA PUEDE RESERVARSE PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE RECLASIFIQUE EL DELITO POR EL CUAL SE EJERCIÓ LA ACCIÓN PENAL.". (fojas 143 y 144). Resolución que el once de agosto de dos mil dieciséis causó ejecutoria, por lo que se requirió el cumplimiento de la misma a la autoridad responsable sustituta Juez Octavo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla (fojas 205 a 208). Ahora bien, mediante oficio 5699 de diecisiete de agosto de dos mil dieciséis (fojas 221 a 237), el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla (como autoridad sustituta -fojas 179 y 180-), remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha, dictada en la causa penal de origen 269/2016 de su índice (antes ********************), de la que se advierte que, siguiendo los lineamientos de la sentencia amparadora realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos la resolución reclamada de tres de marzo de dos mil dieciséis (foja 223). - Con la libertad de jurisdicción que le fue otorgada, volvió a decretar en contra del aquí quejoso Juan Clemente Domínguez Pascual, Juan Clemente Domínguez Tepazcualt, Juan Domínguez Yánez o Juan Domínguez Llañez, AUTO DE FORMAL PRISIÓN, respecto del delito de corrupción de menores, previsto y sancionado por el artículo 217, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio del menor Enrique Vicente Reyes Luna representado por su progenitora Candelaria Reyes Luna. Resolución en la cual, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, estableció los elementos del cuerpo del delito de corrupción de menores, previsto y sancionado por el artículo 217, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla, al establecer lo siguiente: "1. Quien con relación a un menor de dieciocho años de edad. 2. Procure. 3. A realizar actos sexuales reales." (foja 221). Prescindiendo de señalar como elemento del tipo penal el consistente en "b) Que dicha acción genere como resultado afectación a la integridad física o psicológica o de ambas, en el agraviado." Asimismo, el juez de la causa estableció los medios de prueba con los cuales se acredita cada uno de los elementos del cuerpo del delito en estudio, así como valorarlos en términos de ley, al referir que dicho tipo penal se acredita con la declaración de Candelaria Reyes Luna, así como de su menor hijo Enrique Vicente Reyes Luna, adminiculada con la inspección ocular en el lugar de los hechos; medios de prueba que valora en términos de los artículos 56, 61, fracción II, 65 y 178, fracción I del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla, y con lo cual acredita las circunstancias de lugar, tiempo y modo del delito imputado (fojas 221 a 229), así como la procuración de realizar actos sexuales sobre el menor (foja 232). Igualmente, toma en consideración la fe de estado psicofisiológico, proctocológico y andrológico, que valora en términos de los artículos 66, fracción I y 199 del código procesal de la materia, con lo cual determina que el menor agraviado representa signos de penetración antigua (foja 230). Por otra parte, para corroborar dicha agresión sexual y determinar la minoría de edad del agraviado, el juez de la causa tomó en consideración el dictamen médico número 1600, realizado al menor ofendido, por la perito adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, María Virginia del Valle Meléndez, que valora en términos del artículo 200 del código procesal de la materia, quien concluyó lo siguiente: "1. Al momento de la revisión el menor Enrique Vicente Reyes Luna, de 14 catorce años de edad, se encuentra consciente y orientado. 2. No presenta lesiones nivel extragenital ni recientes ni antiguas. 3. A la revisión proctológica, presenta signos de penetración antigua." (foja 230). Y, para corroborar los anteriores elementos del cuerpo del delito, también toma en consideración el dictamen en psicología número 1203, y el diverso en trabajo social número 1186, practicados al menor agraviado por parte de la psicóloga Aide Rojas de la Luz, y por la trabajadora social Mónica Javier Bravo, ambas adscritas a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General d Justicia del Estado de Puebla; medios de prueba que valora en términos del numeral 200 del código procesal de la materia (foja 230 vuelta). Por otro lado, el juez A Quo expresa las razones lógico-jurídicas en que apoyó su conclusión, estableciendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar del delito atribuido al quejoso (fojas 221 a 233). Igualmente, una vez que precisó la hipótesis normativa contenida en el tipo penal y que se actualiza en el caso, precisó que el medio que utilizó el sujeto activo para desplegar la conducta tipificada como delito, fue que el sujeto activo procuró al menor de edad para que realizara actos sexuales reales, esto al establecer lo siguiente: "En el caso particular, siendo menor de dieciocho años el sujeto pasivo, el activo procuró iniciarlo en la vida sexual, alterando sus normas de conducta de modo que se pueda producir practicas prematuras en el ámbito sexual." (foja 231). Por otro lado, se advierte que el juez de la causa no consideró la reclasificación del delito imputado al amparista de corrupción de menores, previsto y sancionado por el artículo 217, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla, por otro diverso al referir lo siguiente: "En consecuencia, los elementos del delito en comento se hayan debidamente justificados al tenor de los siguientes medios de convicción." (foja 224). Bajo ese orden de ideas, al concatenar de manera lógica y natural el cúmulo de probanzas analizadas a lo largo de este apartado, llegamos a la convicción de que en la especie se encuentra demostrada la corporeidad del delito de CORRUPCIÓN DE MENORES, por el cual ejercita acción penal el Agente del Ministerio Público, pues se demuestra que en reiteradas ocasiones, toda vez que existe la correspondiente acción por parte del sujeto activo, realizó de forma consciente y voluntaria, diversos actos encaminados a realizar actos sexuales sobre la corporeidad del menor, esto es introducir su miembro viril en el ano del menor, realizando tal actuar en diversas ocasiones, provocando con ello una alteración en el sano desarrollo psicosexual del menor, transgrediendo de esta forma el bien jurídico tutelado por la norma penal; de ahí que se reitere concluyentemente que en autos QUEDARON PLENAMENTE ACREDITADOS LOS ELEMENTOS CONFIGURATIVOS DEL DELITO DE CORRUPCIÓN DE MENORES." (foja 233). Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la suspensión provisional solicitada, con fundamento en la fracción III, párrafo segundo del punto vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido cinco años, para lo cual se deberán conservar todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo se establece que es susceptible de destrucción, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses, procédase a su incineración. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  2. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, primero de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el ocho de julio de dos mil dieciséis (fojas 126 a 145), se concedió el amparo a la parte quejosa, para el efecto de que el juez responsable realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente el auto de formal prisión de tres de marzo de dos mil dieciséis dictado en el proceso penal ********************, y con libertad de jurisdicción, dicte otro debidamente fundada y motivada, el cual podrá ser en el mismo sentido del aquí reclamado o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) Deberá desglosar, conforme los lineamientos establecidos en esta sentencia, los elementos que integran el cuerpo del delito de corrupción de menores, previsto en el artículo 217, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla; b) Hecho lo anterior, es decir, una vez precisadas las hipótesis normativas contenidas en el tipo penal y cuál o cuáles de ellas se actualizan en el caso, en primer lugar, deberá establecer con precisión qué medio utilizó el sujeto activo para desplegar la conducta tipificada como delito, esto es, si el sujeto activo obligó, procuró, facilitó, indujo, fomentó, proporcionó o favoreció al menor de edad; en el entendido, que deberá señalar en concreto cuál de ellas o si estima que fueron varias así plasmarlo, lo que va a depender de las pruebas que obren en el sumario penal. c) Hecho lo anterior, respecto al elemento del tipo penal señalado con el número tres, deberá precisar si el sujeto activo obligó, procuró, facilitó, indujo, fomentó, proporcionó o favoreció al menor de edad a realizar: (a) actos sexuales (primera hipótesis) o (b) de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales, reales o simulados (segunda hipótesis). d) Deberá prescindir de señalar como elemento del tipo penal el consistente en 'b) Que dicha acción genere como resultado afectación a la integridad física o psicológica o de ambas, en el agraviado'. e) Deberá analizar de acuerdo a las pruebas que obran en la causa penal de la que deriva el acto reclamado con qué medios de prueba se acredita cada uno de elementos del cuerpo del delito de corrupción de menores, debiendo expresar las razones lógico jurídicas en que se apoye su conclusión, además de otorgarles valor probatorio a cada prueba en particular, las cuales deberá relacionar con cada elemento del delito y concatenarlas en forma individual o circunstancial, de forma tal que exponga las razones por las cuales considera se demuestra el cuerpo de dicho ilícito, lo que implica precisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar. f) Deberá considerar de acuerdo a su facultad si procede alguna reclasificación del delito si fuera el caso, atendiendo a la jurisprudencia 1a./J. 3/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Febrero de 2008, Materia Penal, registro 170391, página 151, del rubro siguiente: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EN LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO EN SU CONTRA PUEDE RESERVARSE PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE RECLASIFIQUE EL DELITO POR EL CUAL SE EJERCIÓ LA ACCIÓN PENAL.". (fojas 143 y 144). Resolución que el once de agosto de dos mil dieciséis causó ejecutoria, por lo que se requirió el cumplimiento de la misma a la autoridad responsable sustituta Juez Octavo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla (fojas 205 a 208). Ahora bien, mediante oficio 5699 de diecisiete de agosto de dos mil dieciséis (fojas 221 a 237), el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla (como autoridad sustituta -fojas 179 y 180-), remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha, dictada en la causa penal de origen 269/2016 de su índice (antes ********************), de la que se advierte que, siguiendo los lineamientos de la sentencia amparadora realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos la resolución reclamada de tres de marzo de dos mil dieciséis (foja 223). - Con la libertad de jurisdicción que le fue otorgada, volvió a decretar en contra del aquí quejoso Juan Clemente Domínguez Pascual, Juan Clemente Domínguez Tepazcualt, Juan Domínguez Yánez o Juan Domínguez Llañez, AUTO DE FORMAL PRISIÓN, respecto del delito de corrupción de menores, previsto y sancionado por el artículo 217, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio del menor Enrique Vicente Reyes Luna representado por su progenitora Candelaria Reyes Luna. Resolución en la cual, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, estableció los elementos del cuerpo del delito de corrupción de menores, previsto y sancionado por el artículo 217, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla, al establecer lo siguiente: "1. Quien con relación a un menor de dieciocho años de edad. 2. Procure. 3. A realizar actos sexuales reales." (foja 221). Prescindiendo de señalar como elemento del tipo penal el consistente en "b) Que dicha acción genere como resultado afectación a la integridad física o psicológica o de ambas, en el agraviado." Asimismo, el juez de la causa estableció los medios de prueba con los cuales se acredita cada uno de los elementos del cuerpo del delito en estudio, así como valorarlos en términos de ley, al referir que dicho tipo penal se acredita con la declaración de Candelaria Reyes Luna, así como de su menor hijo Enrique Vicente Reyes Luna, adminiculada con la inspección ocular en el lugar de los hechos; medios de prueba que valora en términos de los artículos 56, 61, fracción II, 65 y 178, fracción I del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla, y con lo cual acredita las circunstancias de lugar, tiempo y modo del delito imputado (fojas 221 a 229), así como la procuración de realizar actos sexuales sobre el menor (foja 232). Igualmente, toma en consideración la fe de estado psicofisiológico, proctocológico y andrológico, que valora en términos de los artículos 66, fracción I y 199 del código procesal de la materia, con lo cual determina que el menor agraviado representa signos de penetración antigua (foja 230). Por otra parte, para corroborar dicha agresión sexual y determinar la minoría de edad del agraviado, el juez de la causa tomó en consideración el dictamen médico número 1600, realizado al menor ofendido, por la perito adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, María Virginia del Valle Meléndez, que valora en términos del artículo 200 del código procesal de la materia, quien concluyó lo siguiente: "1. Al momento de la revisión el menor Enrique Vicente Reyes Luna, de 14 catorce años de edad, se encuentra consciente y orientado. 2. No presenta lesiones nivel extragenital ni recientes ni antiguas. 3. A la revisión proctológica, presenta signos de penetración antigua." (foja 230). Y, para corroborar los anteriores elementos del cuerpo del delito, también toma en consideración el dictamen en psicología número 1203, y el diverso en trabajo social número 1186, practicados al menor agraviado por parte de la psicóloga Aide Rojas de la Luz, y por la trabajadora social Mónica Javier Bravo, ambas adscritas a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General d Justicia del Estado de Puebla; medios de prueba que valora en términos del numeral 200 del código procesal de la materia (foja 230 vuelta). Por otro lado, el juez A Quo expresa las razones lógico-jurídicas en que apoyó su conclusión, estableciendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar del delito atribuido al quejoso (fojas 221 a 233). Igualmente, una vez que precisó la hipótesis normativa contenida en el tipo penal y que se actualiza en el caso, precisó que el medio que utilizó el sujeto activo para desplegar la conducta tipificada como delito, fue que el sujeto activo procuró al menor de edad para que realizara actos sexuales reales, esto al establecer lo siguiente: "En el caso particular, siendo menor de dieciocho años el sujeto pasivo, el activo procuró iniciarlo en la vida sexual, alterando sus normas de conducta de modo que se pueda producir practicas prematuras en el ámbito sexual." (foja 231). Por otro lado, se advierte que el juez de la causa no consideró la reclasificación del delito imputado al amparista de corrupción de menores, previsto y sancionado por el artículo 217, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla, por otro diverso al referir lo siguiente: "En consecuencia, los elementos del delito en comento se hayan debidamente justificados al tenor de los siguientes medios de convicción." (foja 224). Bajo ese orden de ideas, al concatenar de manera lógica y natural el cúmulo de probanzas analizadas a lo largo de este apartado, llegamos a la convicción de que en la especie se encuentra demostrada la corporeidad del delito de CORRUPCIÓN DE MENORES, por el cual ejercita acción penal el Agente del Ministerio Público, pues se demuestra que en reiteradas ocasiones, toda vez que existe la correspondiente acción por parte del sujeto activo, realizó de forma consciente y voluntaria, diversos actos encaminados a realizar actos sexuales sobre la corporeidad del menor, esto es introducir su miembro viril en el ano del menor, realizando tal actuar en diversas ocasiones, provocando con ello una alteración en el sano desarrollo psicosexual del menor, transgrediendo de esta forma el bien jurídico tutelado por la norma penal; de ahí que se reitere concluyentemente que en autos QUEDARON PLENAMENTE ACREDITADOS LOS ELEMENTOS CONFIGURATIVOS DEL DELITO DE CORRUPCIÓN DE MENORES." (foja 233). Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la suspensión provisional solicitada, con fundamento en la fracción III, párrafo segundo del punto vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido cinco años, para lo cual se deberán conservar todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo se establece que es susceptible de destrucción, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses, procédase a su incineración. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por Antonio Rodríguez Flores autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo y, visto su contenido, se provee: Como lo solicita, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en los diversos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, según su artículo 2, expídanse a su costa las copias certificadas de las constancias que indica, por conducto de las personas que para tal efecto autoriza debiendo comparecer con identificación oficial y vigente (y copia simple de la misma), en el horario comprendido de las diez a las doce horas de los días hábiles, por así permitirlo las labores de este órgano jurisdiccional.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio y anexo signado por el Juzgado Octavo de lo Penal de la ciudad de Penal y, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta y anexo dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."

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