Juan Carlos Xicotencatl Xicotencatl

Expediente 463/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
463/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
04/12/2020

Partes del expediente

  • Juan Carlos Xicotencatl Xicotencatl

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de diciembre de dos mil veinte. Visto el oficio de cuenta, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar y, en atención a su contenido, téngase a la autoridad responsable Juez de lo Penal de Cholula, Puebla acusando recibo del diverso oficio E-199-1, por medio del cual se le devolvieron las copias certificadas de la causa penal 59/2014 de su índice. Cúmplase.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido el auto de treinta de septiembre de dos mil veinte, en el cual se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoracio´n, depuracio´n, destruccio´n, digitalizacio´n, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los o´rganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio fuera de la audiencia constitucional, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió el 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en apoyo a su informe justificado consistentes en copia certificada de la causa penal 59/2014 de su estadística, se ordena devolver dicho documento a la autoridad citada; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega del documento descrito. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión; por lista a la tercera interesada; y mediante oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de octubre de dos mil veinte. Visto, agréguese a los presentes autos, para que surta los efectos legales procedentes, el escrito signado por el quejoso Juan Carlos Xicoténcatl Xicoténcatl; y, atento a su contenido, téngasele realizando diversas manifestaciones a manera de alegatos y ofreciendo pruebas de su parte; sin embargo, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento, en virtud que mediante proveído de treinta de septiembre pasado, se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. CÚMPLASE.

  4. Principal

    (publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL PROVEÍDO DE 30 DE septiembre DE 2020, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, treinta de septiembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los autos, este juzgador advierte de oficio, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)". El precepto reproducido prevé como causal de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo y del informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de San Pedro Cholula, Puebla, se advierte que el acto reclamado en este juicio de amparo lo constituye: El auto de formal prisión dictado por la autoridad responsable el dos de marzo de dos mil veinte, contra el quejoso Juan Carlos Xicotencatl Xicotencatl, en la causa penal 59/2014, de su índice, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado por los artículos 312, 323, 324, 326, fracciones I, III y IV, 328, 329, 330 y 331, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla; así como del diverso ilícito de VIOLACIÓN EQUIPARADA, previsto y sancionado por los artículos 267, 272, fracción I, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado, ambos en agravio de quien en vida llevara el nombre de MIA MICHEL CHILACA GARCÍA; en cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada en el juicio de amparo 1244/2019, del índice de este juzgado. En ese tenor, a fin de demostrar la actualización de la causal de inviabilidad aludida, conviene señalar que al juicio de amparo 1244/2019, se allegaron las documentales siguientes: a) El oficio 2719, derivado del proceso 59/2014, al que se adjuntó réplica autorizada del acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, en el que a fin de cumplir con la ejecutoria de amparo emitida en el aludido juicio 1244/2019, entre otros aspectos, dejó sin efectos el auto de formal prisión dictado al quejoso Juan Carlos Xicotencatl Xicotencatl, el dos de marzo último. b) El oficio sin número, en el que se comunicó al Director del Centro de Reinserción Social del Distrito Judicial de San Pedro Cholula, Puebla, que al justiciable Juan Carlos Xicotencatl Xicotencatl, el veintinueve de septiembre de dos mil veinte, se le decretó auto de formal prisión, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de violación equiparada y homicidio calificado, ilícito previsto y sancionado por los artículos 267, 272, fracción I, 312, 323, 324, 326, fracción I, III y IV, 328, 329, 330, 331, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, cometidos en agravio de quien en vida llevara el nombre de Mia Michell Chilaca García. Tales constancias constituyen para el suscrito juzgador un hecho notorio, en virtud que constituyen uno de los asuntos que se tramitan en este órgano de control constitucional, por lo que a efecto de evitar mayores dilaciones en la tramitación del presente juicio de amparo y en aras de una pronta y expedita impartición de justicia, garantía consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena traer a la vista los mismos, para que surtan sus efectos en este juicio de amparo 463/2020-B, agregando fotocopia, para que obren como corresponda. Documentos que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2° Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese orden de ideas, conforme a lo arriba destacado, se determina que en el presente juicio, el acto reclamado consistente en el auto de formal prisión dictado al quejoso el dos de marzo de dos mil veinte, dentro de los autos de la causa penal 59/2014, fue declarado sin efectos por la autoridad responsable en proveído de veintiocho de septiembre del presente año, y posteriormente, sustituido por diverso auto de formal prisión emitido el veintinueve del presente mes y año, por lo cual resulta incuestionable que han cesado los efectos del acto materia del presente juicio. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia III.2o.C.J/22, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Este criterio es aplicable al caso por analogía, porque la fracción XVI, del artículo 73, de la Ley de Amparo abrogada, analizada en la jurisprudencia en cita, prevé el mismo supuesto que el diverso ordinal 61, en su fracción XXI, de la ley de la materia en vigor, transcrito en supralíneas. En ese sentido, en términos de la sexta disposición transitoria de la citada legislación actual, la jurisprudencia de referencia sigue vigente porque no se opone a la reglamentación vigente. En mérito de lo expuesto, resulta evidente que se han destruido todos los efectos de la determinación combatida por Juan Carlos Xicotencatl Xicotencatl, en forma total e incondicional, como si tal resolución no hubiera dejado huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es por lo anterior que se estima actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, motivo por el cual, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en la presente contienda constitucional. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, bajo el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Sobreseimiento que se hace extensivo al acto reclamado a la diversa autoridad señalada como responsable ejecutora 2. Director del Centro de Reinserción Social de San Pedro Cholula, Puebla, ya que el acto que se le imputa no se reclama por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender del auto de formal prisión materia del sobreseimiento. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." No obsta lo anterior que, a la fecha en que se actúa, la autoridad responsable ejecutora 2. Director del Centro de Reinserción Social de San Pedro Cholula, Puebla, no ha rendido su correspondiente informe justificado; pues de esperar el informe justificado, en nada cambiaría el sentido de este auto, máxime que el retraso sería en perjuicio de la impartición de justicia pronta y expedita, garantía consignada en el artículo 17 Constitucional. En virtud de lo expuesto, se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las once horas con treinta minutos del nueve de octubre de dos mil veinte; comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese orden, no ha lugar a ordenar la diligencia de notificación en el lugar en donde el quejoso se encuentra privado de su libertad -Centro de Reinserción Social de San Pedro Cholula, Puebla-, pues en el proemio de la demanda de amparo se solicitó expresamente que las notificaciones se realizaran en el domicilio señalado para tal efecto, sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que el personal autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, en cumplimiento al cargo conferido, vigilará las notificaciones dirigidas al quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada III.2o.P.21 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO A LOS QUEJOSOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. DEBEN EFECTUARSE EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA TAL EFECTO, CON LOS AUTORIZADOS PARA RECIBIRLAS, AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL. De los artículos 26, fracción I, incisos a) y c) y 27, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se advierte que si el juzgador de amparo ordena que una notificación se realice personalmente al quejoso privado de su libertad en un centro de reclusión, y éste señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, y designó autorizados para tal efecto, la actuación relativa deberá hacerse en dicho domicilio procesal; lo anterior porque es evidente que su voluntad es que las notificaciones, aun las de carácter personal, se entiendan con sus autorizados en el domicilio señalado por él, por así haberlo solicitado expresamente; sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que serán estos últimos los que, en cumplimiento al cargo conferido, vigilarán las notificaciones dirigidas al quejoso". (Época: Décima Época, Registro: 2020992, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: III.2o.P.21 K (10a.), Página: 2436)." Así también, tiene aplicación -en lo conducente- la tesis VI.2o.P.40 P sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVISIÓN. SI EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD SEÑALA AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, Y SOLICITA QUE SE REALICEN A TRAVÉS DE LA LISTA FIJADA Y PUBLICADA EN EL LOCAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL, EL PLAZO DE DIEZ DÍAS PARA INTERPONERLO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN POR LISTA PRACTICADA A AQUÉLLOS, SIN QUE ESTO IMPLIQUE DEJARLO EN ESTADO DE INDEFENSIÓN. El plazo de diez días otorgado por el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión, por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución recurrida, atento al diverso numeral 22, debe computarse por días hábiles, y a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación -lo que sucede, según el artículo 31, fracción II, de la misma ley, desde el día siguiente de la notificación personal o al de la fijación y publicación de la lista- y se incluirá en él el del vencimiento. Luego, si el quejoso privado de la libertad señala autorizados para oír y recibir notificaciones, y solicita que se realicen a través de la lista fijada y publicada en el local del órgano jurisdiccional, es inconcuso que dicho plazo debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación por lista practicada a aquéllos, pues con fundamento en los artículos 12, 24, 26, 27 y 29 de la propia ley, incluso las notificaciones personales, deben entenderse con sus autorizados y mediante lista, por así haberlo solicitado expresamente; sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que serán estos últimos los que, en cumplimiento al cargo conferido, vigilarán las notificaciones por lista dirigidas al quejoso." (Época: Décima Época, Registro: 2014483, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, Materia(s): Común, Penal, Tesis: VI.2o.P.40 P (10a.), Página: 2986)." Notifíquese personalmente a la parte quejosa por conducto de sus autorizados; así como a la tercera interesada; por oficio a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público Federal adscrito..."

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