Juan Cruz Antonio

Expediente 651/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
651/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
12/06/2017

Partes del expediente

  • Juan Cruz Antonio

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de junio de dos mil diecisiete. Visto, agréguese a los presentes autos, para los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta signado por el Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa de Enríquez, por medio del cual acusa recibo del oficio IV-0611-G (por el que se le remitieron los autos originales del juicio de amparo 651/2017-B) e informa que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada por este Juzgado de Distrito y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Juan Cruz Antonio, Mario Israel Espinoza López y Nereo Mejía Quintana. Ahora bien, háganse las anotaciones de ley y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que este órgano jurisdiccional se declaró incompetente no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos seis meses, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo del ordenamiento en cita. Finalmente, visto el estado procesal de autos, de los que se advierte que mediante proveído de ocho de junio pasado, se reservó proveer respecto del oficio telegráfico remitido por el 1. Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con residencia en Villa Aldama Veracruz, hasta en tanto, este órgano jurisdiccional tuviera conocimiento de qué Juez de Distrito con sede en Xalapa Veracruz, de la incompetencia planteada por la Suscrita Juzgadora; por lo que colmada dicha circunstancia, remítase el citado oficio al Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa de Enríquez, para lo que tenga a bien determinar, solicitando atentamente el acuse de recibo correspondiente.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos el oficio 20917/2017, con anexo, signado por el Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, por medio del cual devuelve parcialmente diligenciado el exhorto 69/2017 (orden 491/2017) del índice de este órgano jurisdiccional, mediante el que se le encomendó que, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, notificara en el lugar de su reclusión a los aquí quejosos Juan Cruz Antonio, Mario Israel Espinoza López y Nereo Mejía Quintana. En consecuencia, dese de baja la comunicación oficial en comento, acúsese el recibo correspondiente y háganse las anotaciones de ley en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, toda vez que de la comunicación oficial recibida vía electrónica el seis de junio de dos mil diecisiete, se advierte que no se pudo llevar a cabo la notificación del acuerdo dictado por éste órgano jurisdiccional el cinco de junio del actual, al diverso quejoso Mario Israel Espinoza López, pues el guarida jurídico adscrito al Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, con sede en Villa Aldama, Veracruz, le manifestó al Fedatario Judicial adscrito al Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, que dicho quejoso fue canalizado al Hospital Regional "Dr. Luis F. Nachón", con motivo del oficio 13683/2017, de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. En consecuencia, a fin de evitar dilaciones procesales necesarias, y toda vez que dicho nosocomio se encuentra ubicado en calle Rendón, número uno, colonia Centro, 91000 Xalapa de Enríquez, Veracruz, mismo que se ubica fuera de la circunscripción de este juzgado Federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27, fracción II y 116, segundo párrafo de la Ley de Amparo, 144, 145 y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los numerales 298, 300 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo y, en términos del Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en Turno en Veracruz, con residencia en Xalapa, a fin de que, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, instruya al Actuario de su adscripción, a efecto de que notifique a los quejosos el presente acuerdo, para lo cual deberá ceñirse a las formalidades establecidas en el artículo 27, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, esto es, única y exclusivamente, deberá realizar lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Hospital Regional "Dr. Luis F. Nachón", ubicado en calle Rendón, número uno, colonia Centro, 91000 Xalapa de Enríquez, Veracruz; b) Busque, por conducto del personal correspondiente, al aquí quejoso Mario Israel Espinoza López, y se cerciore de su identidad; c) Les haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como el número de expediente - juicio de amparo 651/2017-B d) Notifique a la parte quejosa el auto de cinco de junio del actual, así como el presente proveído; e) Le corra traslado con copia autorizada del presente auto; y, f) Asiente razón en el sentido de si el quejoso de referencia quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de dicha diligencia. Así mismo, se solicita al Juez Federal exhortado que de no tener inconveniente legal alguno, se sirva remitir las constancias que acrediten la diligenciación de la comunicación oficial de mérito a la brevedad posible. Queda a cargo del Secretario encargado de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. Asimismo, de conformidad al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, envíense de inmediato vía electrónica las presentes actuaciones; y se autoriza a la licenciada Nahieli Avendaño Palacios, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal para que sea la encargada del envío de dicha comunicación oficial. Finalmente, intégrese a las presentes actuaciones el diverso oficio 20842/2017, signado por el Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, mediante el cual acusa recibo del exhorto 69/2017 de este juzgado, mismo que quedó registrado bajo el número 181/2017 (número de orden 252/2017) de su índice; sin embargo, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento, en virtud de que en esta propia fecha se tuvo por recibida parcialmente diligenciada la comunicación oficial de mérito.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de junio de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Juan Cruz Antonio, Mario Israel Espinoza López y Nereo Mejía Quintana por propio derecho, contra actos del 1. Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco, con residencia en Villa Aldama, Veracruz y 2. Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social en Melchor Ocampo, Número Ciento Setenta y Uno, Colonia Tlaxpana, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 651/2017-B. Signifíquese a las partes que el presente asunto se tramitará de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que los quejosos Juan Cruz Antonio, Mario Israel Espinoza López y Nereo Mejía Quintana reclaman la orden de traslado del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz a un diverso centro penitenciario, así como la ejecución de la misma por parte de las autoridades responsables. En tales condiciones, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, toda vez que tratándose de actos reclamados que conllevan una ejecución material, el juez de Distrito competente para conocer de dichos actos será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, tal como lo dispone el artículo 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, que establece: "(.) Artículo 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. (.)" En ese orden de ideas y tomando en consideración que el acto reclamado por los promoventes se ejecutará en Villa Aldama, Veracruz; entonces, es claro que en el caso no existe autoridad en esta entidad federativa que ejecute el acto reclamado, pues la orden de traslado reclamada tendrá su ejecución en Villa Aldama, Veracruz, entonces, debe conocer de la demanda de garantías que se analiza, el Juez de Distrito cuya residencia se encuentra en Xalapa, Veracruz, al formar parte de su jurisdicción. Lo anterior es así, pues cuando el acto reclamado requiera de ejecución material, respecto de la orden de traslado, es competente para conocerlo el Juez de Distrito del lugar donde se materialice la orden respectiva o se realice el primer acto de ejecución que, en la especie, se actualiza las manifestaciones vertidas por los aquí quejosos, partiendo de lo vertido por los mismos en el proemio de su escrito inicial de demanda de amparo, toda vez que manifestaron que se encuentran actualmente recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Cinco Oriente, con residencia en Villa Aldama, Veracruz; por lo que , en todo caso, la ejecución del acto reclamado debe acontecer, dada su naturaleza, precisamente en donde físicamente se ubican los agraviados, o sea, en el Estado de Veracruz, ya que para ello debe atenderse al lugar en que el acto de aplicación ha tenido o deba tener ejecución por parte de la autoridad señalada como responsable. Sustenta lo anterior, las jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se citan: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades. No se inadvierte que la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la República, en los criterios transcritos, interpretó el contenido del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada; sin embargo, ello no es impedimento para que se arribe a la determinación acordada en líneas precedentes, pues de conformidad con el artículo sexto transitorio de la ley de la materia vigente, los criterios integrados conforme a la ley de amparo anterior tiene vigor siempre y cuando no se oponga a lo dispuesto por la nueva ley de Amparo, como ocurre en el caso, además de que, de un análisis comparativo entre los artículos 36 de la Ley de Amparo abrogada y 37 de la Ley de Amparo vigente, se puede desprender que son de singular contenido, pues ambos establecen que el juez competente es aquél que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; asimismo, ambos preceptos manejan una misma extensión a lo establecido, es decir, disponen que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda, difiriendo únicamente en la excepción sobre el tema de la ejecución del acto combatido, esto es, el primer dispositivo señalado de la ley de la materia abrogada preceptúa que es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material y el segundo precepto mencionado reza que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; empero, esto último no fue materia de estudio en los criterios reseñados. En consecuencia, ante la evidencia de que el acto reclamado, no tiene ejecución material en la circunscripción territorial a la que pertenece este juzgado Federal, sino al de Xalapa, Veracruz, en razón de que la autoridad responsable ejecutora reside dentro de su jurisdicción, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este órgano constitucional declara carecer de competencia legal para conocer del presente juicio de garantías, y la declina a favor del Juez de Distrito en Turno en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, quien ejerce jurisdicción en la residencia de las referidas autoridades responsables. Por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, y el Punto Cuarto fracción I del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se ordena remitir al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa el juicio de amparo 651/2017-B; asimismo, una vez turnado al órgano jurisdiccional respectivo, se solicita atentamente al juez de Distrito al que corresponda conocer de la demanda de amparo, se sirva informar la determinación que adopte respecto a si acepta o no la competencia planteada, así como el acuse de recibo correspondiente; mientras tanto, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Ahora bien, en atención al contenido de la demanda de amparo presentada, se advierte que los quejosos imputan a las citadas autoridades responsables: a) La orden de traslado del Centro Federal de Readaptación Social Cinco Oriente, con residencia en Villa Aldama, Veracruz, en el que se encuentran recluidos, a diversos centros penitenciarios. En ese tenor, atento a los actos reclamados atribuidos a las autoridades ordenadoras no jurisdiccionales: 1. Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco, con residencia en Villa Aldama, Veracruz y 2. Comisionado del órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social en Melchor Ocampo, Número Ciento Setenta y Uno, Colonia Tlaxpana, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, se provee: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.) y 1a./J. 83/2015 (10a.), estableció, respectivamente, que la orden de traslado de un recluso de un centro penitenciario a otro produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta; y, que cuando dicha orden se ejecuta sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso o de la fase de ejecución de sentencia, no puede estimarse que se trate de un acto emitido en razón del procedimiento. Así mismo, la citada Sala, al resolver la contradicción de tesis 154/2016, tomó en consideración lo determinado en las citadas jurisprudencias y, de una interpretación del artículo 126 de la Ley de Amparo, concluyó que cuando se reclame una orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida por autoridades de carácter administrativo, es inconcuso que debe concederse la suspensión de oficio y de plano, aun cuando ésta únicamente afecte la libertad personal del recluso de manera indirecta, al haberse generado fuera de procedimiento. En ese contexto, con fundamento en los artículos 126 y 161 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de oficio y de plano a los quejosos Juan Cruz Antonio, Mario Israel Espinoza López y Nereo Mejía Quintana, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no se traslade a los agraviados del Centro Federal de Readaptación Social Cinco Oriente, con residencia en Villa Aldama, Veracruz, a otro centro penitenciario o a un lugar distinto del de su reclusión, incluso dentro del propio centro penitenciario, si con ello corre peligro su vida o integridad física; lo que deberá tomar en consideración la responsable para dictar las medidas más adecuadas en relación con las condiciones en que debe permanecer recluido. Sustenta el criterio de la suscrita jueza de Distrito la jurisprudencia 1a./J. 58/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.) y 1a./J. 83/2015 (10a.), (1) ha establecido, respectivamente, que la orden de traslado de un recluso de un centro penitenciario a otro produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta; y, que cuando dicha orden se ejecuta sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso o de la fase de ejecución de sentencia, no puede estimarse que se trate de un acto emitido en razón del procedimiento. Luego, si la literalidad del artículo 126 de la Ley de Amparo precisa que la suspensión de plano y de oficio se concederá cuando se trate de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, las condiciones para actualizar el supuesto son precisamente las que de manera clara y concreta se establecen en el propio precepto y consisten solamente en: a) que se trate de un acto que conlleve privación de la libertad personal; y, b) que tal acto sea dictado fuera de procedimiento, sin que sea dable añadir como requisito que la afectación a la libertad se deba verificar de manera directa o indirecta, pues adicionar un nuevo requisito para la procedencia de la suspensión de plano a través de una interpretación sería en detrimento del derecho fundamental de tutela judicial efectiva. En ese sentido, si el precepto de que se habla únicamente refiere que se debe tratar de un acto que ataque a la libertad personal y que dicho acto se emita fuera de procedimiento, lo que tiene lugar, precisamente, en el caso de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro cuando es emitida por autoridades de carácter administrativo, es inconcuso que respecto de la mencionada orden debe concederse la suspensión de oficio y de plano, aun cuando ésta únicamente afecte la libertad personal del recluso de manera indirecta." Ahora bien, la media cautelar concedida no surtirá efectos en los casos siguientes: 1. Si la orden de traslado fue dictada mediante resolución administrativa en términos del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución, es decir: a) En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; b) En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, c) En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. Porque de concederse soslayando tales aspectos, se causaría un perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, en términos del artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo. En este supuesto, deberán remitir copia certificada de la determinación del juez que calificó de legal o no la orden administrativa de traslado. 2. Si la orden de traslado fue dictada por una autoridad judicial. 3. Si la suspensión de la orden de traslado que se reclama es materia de una medida cautelar dictada dentro de un diverso juicio de amparo o en su incidente de suspensión. 4. Si la orden de traslado ya fue ejecutada. Hágase del conocimiento de las autoridades administrativas señaladas que deberán acatar dicha suspensión bajo su más estricta responsabilidad y deberán informar a este Juzgado de Distrito de manera inmediata, dentro del término de veinticuatro horas, las medidas tomadas al respecto y justificarlas con copia certificada de las constancias que correspondan. Se apercibe a las autoridades responsables que de no cumplir con lo anterior dentro de un veinticuatro horas, se les impondrá a cada una y por separado una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Así mismo, se hace del conocimiento de las indicadas autoridades que la violación de este mandamiento constituye un delito federal, conforme al artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el inicio del proceso penal correspondiente en su contra. Además, debe indicarse a las autoridades responsables, que la medida aquí decretada tampoco impide la aplicación de las correcciones disciplinarias previstas en el Reglamento Interior de dicho Centro de Reinserción Social (Centro Federal de Readaptación Social Cinco Oriente, con residencia en Villa Aldama, Veracruz); debiendo en su caso, las autoridades responsables, remitir de inmediato las constancias correspondientes. Finalmente, toda vez que los quejosos manifestaron que se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Cinco Oriente, con residencia en Villa Aldama, Veracruz, el cual se encuentra fuera de la circunscripción de este juzgado Federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27, fracción II y 116, segundo párrafo de la Ley de Amparo, 144, 145 y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los numerales 298, 300 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo y, en términos del Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en Turno en Veracruz, con residencia en Xalapa, a fin de que, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, instruya al Actuario de su adscripción, a efecto de que notifique a los quejosos el presente acuerdo, para lo cual deberá ceñirse a las formalidades establecidas en el artículo 27, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, esto es, única y exclusivamente, deberá realizar lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social Cinco Oriente, con residencia en Villa Aldama, Veracruz; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, a los aquí quejosos Juan Cruz Antonio, Mario Israel Espinoza López y Nereo Mejía Quintana, y se cerciore de su identidad; c) Les haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como el número de expediente - juicio de amparo 651/2017-B d) Notifique a la parte quejosa el presente proveído; e) Les corra traslado con copia autorizada del presente auto; y, f) Asiente razón en el sentido de si los quejosos quisieron o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de dicha diligencia. Así mismo, se solicita al Juez Federal exhortado que de no tener inconveniente legal alguno, se sirva remitir las constancias que acrediten la diligenciación de la comunicación oficial de mérito a la brevedad posible. Queda a cargo del Secretario encargado de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. Asimismo, de conformidad al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, envíense de inmediato vía electrónica las presentes actuaciones; y se autoriza a la licenciada Nahieli Avendaño Palacios, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal para que sea la encargada del envío de dicha comunicación oficial. Con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II. 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.

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