Juan Cerezo Gonzalez
Expediente 1019/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1019/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Conciliación en Calpulalpan, Tlaxcala, de la Procuraduria de Justicia del Estado de Tlaxcala.
- Juan Cerezo Gonzalez
Actuaciones
- Principal
Vistos los presentes autos, y tomando en consideración que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del auto de treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, por el que se desechó la demanda de amparo; por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, hágase del conocimiento de la parte quejosa tal circunstancia. Ahora, de autos se obtiene que este expediente está concluido y que es de aquellos a los que se refiere el Capítulo Quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por tanto, en términos de lo establecido en el punto segundo, fracción VI, cuarto, noveno, fracción I, décimo, fracción I, décimo primero, párrafo segundo y vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 en comento, se autoriza la destrucción de este dado que no existen actuaciones pendientes, ni se está dentro de alguna de las causas de excepción a que se refiere el acuerdo en cita y al tratarse de un asunto concluido remítase al archivo, sin que pueda calificarse de relevancia documental, valor jurídico e histórico, inclusive, no contiene información reservada, conforme al punto vigésimo tercero, Capítulo Quinto del acuerdo citado; datos que deberán insertarse en la carátula del expediente en conformidad con el punto décimo primero, segundo párrafo, de la normatividad en consulta, en el entendido de que la destrucción de este expediente procederá transcurridos cinco años posteriores a la notificación del presente; por tanto, inclúyase en la relación de asuntos susceptibles de destrucción; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes. Dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Finalmente, a pesar de que la parte promovente nada manifestó con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio, deberán suprimirse los datos sensibles y demás constancias; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve Juan Cerezo González, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Conciliación en Calpulalpan, Tlaxcala, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1019/2017-VII. Ahora, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo procede desechar de plano la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora el siguiente criterio: . Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del diverso 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con los siguientes criterios del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido."(Novena Época, Registro: 196923, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, Enero de 1998, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 9/98, Página: 898.) "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa."(Novena Época, Registro: 188643, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, Octubre de 2001, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 128/2001, Página: 803.) Bajo esa óptica, cabe señalar que la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo, que promueve la parte inconforme, deriva precisamente de que la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión de dar contestación al escrito presentado el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, dentro del acta de hechos HUICAL/3/843/2016, del índice del Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Conciliación en Calpulalpan, Tlaxcala, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, a través del cual solicita, "se sirva girar invitación señalando día y hora a efecto de que se lleve a cabo la diligencia de conciliación en el presente asunto", situación que revela que el acto fue promovido con motivo de la violación del derecho de petición contenido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tal motivo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra aquellos actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, esto es así, pues como noción fundamental presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional, para demandar el cese de esa violación, pues ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico o legítimo que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. Al respecto conviene señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 132/2012, entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, en apoyo del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, sostuvo que tratándose de delitos perseguibles por querella, la omisión del Ministerio Público en la averiguación previa de informar al inculpado y a la víctima u ofendido de la existencia de la mediación y de la conciliación como medios alternativos de autocomposición, y de realizar las diligencias necesarias para que voluntariamente se acojan a cualquiera de ellos, no implica una violación a la garantía de defensa del inculpado, y por ende, al debido proceso legal, pues dichas actuaciones no se traducen en una obligación para el representante social, sino que únicamente se trata de una facultad potestativa, como lo establece el artículo 5° de la Ley que Regula el Sistema de Mediación y Conciliación en el Estado de Tlaxcala; por las razones que a continuación se precisan en la ejecutoria de mérito: "(.) De la relación de antecedentes se desprende que la temática de la presente contradicción de tesis implica definir si tratándose de los procedimientos alternativos de solución de controversias en el Estado de Tlaxcala (mediación y conciliación), es obligación del Ministerio Público que durante la tramitación de la averiguación previa por delitos perseguibles por querella, cite a las partes para informarles de la existencia de los mismos. Dicho en otras palabras, ¿en el Estado de Tlaxcala, la omisión del Ministerio Público, durante la tramitación de la averiguación previa por delitos de querella, de procurar la mediación o conciliación entre las partes, citándolas al efecto para informarles de la existencia de dichos mecanismos alternativos de solución de controversias y realizar las diligencias necesarias para que voluntariamente se acojan a una de ellas y pongan fin a la controversia, viola la garantía de defensa del inculpado en términos del artículo 20, apartado A, fracciones V y IX, de la Constitución Federal y como consecuencia el debido proceso legal? (.) (.) Por fines prácticos, para la resolución del presente asunto no se hará una transcripción de la resolución de referencia; sin embargo, se partirá de la misma, a fin de estimar si sus consideraciones se adaptan o no a la legislación del Estado de Tlaxcala. En la resolución de referencia se establece que gramaticalmente, la palabra conciliación proviene del latín conciliatio,-onis mediatio, mediationis, que significa "acción y efecto de conciliar"; lo cual entre otras acepciones, significa comparecencia de las partes desavenidas ante el Juez de Paz o municipal, para ver si pueden avenirse y excusar el litigio. También se señala que la conciliación en materia penal es un mecanismo para la resolución de conflictos, con la ayuda de un tercero calificado, con la que se evita iniciar o continuar la integración de la averiguación previa, la cual podría culminar con la radicación de la misma ante el Juez de la causa. Se agrega que su naturaleza jurídica es la de una diligencia que busca un pacto entre la víctima u ofendido y el imputado que lleva como resultado la solución del conflicto que tiene el efecto de concluir el procedimiento; es decir, es una salida alternativa en cuya virtud el imputado y la víctima convienen formas de reparación satisfactorias de las consecuencias dañosas del hecho punible y que produce como consecuencia la extinción de la acción penal que pudiera ejercer el Ministerio Público, en los casos de que el delito sea perseguible por querella. Con ello, la conciliación pretende instaurar una nueva orientación en el derecho penal, pues se postula como una alternativa frente a las corrientes clásicas meramente retributivas del delito a través de la imposición de la pena y de las utilitaristas que procuran la readaptación social del delincuente, ya que en el caso de la conciliación se procura reparar el daño causado a la víctima, antes de ejercer la acción penal ante el Juez de proceso, solamente tratándose de los delitos perseguibles por querella. En cuanto a las características del procedimiento de conciliación, la doctrina ha establecido las siguientes: La solución del conflicto se lleva de forma extrajudicial. Se trata de una confrontación entre la víctima y el indiciado, para que de manera voluntaria lleguen a un acuerdo. Busca una solución adecuada al problema de manera rápida y eficaz. Sólo es aplicable en delitos perseguidos por querella y de los considerados como no graves. Ante todo se procura la compensación de la víctima. Respecto de la finalidad que persigue la mediación, la referida doctrina ha definido lo siguiente: Es un sistema alternativo a las sanciones tradicionales. Busca mejorar la eficiencia de la justicia y la asistencia a la víctima. Es un derecho penal orientado a la reparación. Participa la víctima en el sistema penal. Se reducen las penas de prisión. Se responsabiliza al delincuente de sus actos. Pasemos a la aplicación de dicha figura en el Estado de Tlaxcala. Debe precisarse que la legislación adjetiva, esto es el Código de Procedimientos Penales del Estado, no hace referencia a las figuras de la conciliación y la mediación, entre las partes, como sí lo hacía el artículo 155 del ordenamiento adjetivo penal que fue interpretado en la jurisprudencia antes citada; es decir, el artículo 1o. de dicho código sólo refiere que el procedimiento penal se inicia cuando llega a conocimiento de un funcionario del Ministerio Público o de cualquiera de sus auxiliares un hecho que pueda ser considerado como delito; igualmente el artículo 8 Bis del mismo ordenamiento, únicamente establece los delitos que requieren querella de parte agraviada para su investigación. Ahora bien, el artículo 3o., fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público del Estado de Tlaxcala, prevé lo siguiente: "Artículo 3o. Al Ministerio Público como autoridad en la investigación y persecución de delitos y de las conductas tipificadas como delitos atribuidas a adolescentes le corresponde: "... "VIII. Procurar la conciliación en los delitos y en las conductas tipificadas como delitos atribuidas a adolescentes, de conformidad con la ley aplicable." El verbo procurar significa, de conformidad con el Diccionario Larousse Ilustrado, décima edición: "hacer diligencias, esfuerzos", etcétera, "para conseguir algo", "proporcionar o facilitar a alguien una cosa o intervenir para que la tenga". Conviene acudir a la Ley que regula el Sistema de Mediación y Conciliación en el Estado de Tlaxcala, con el fin de verificar si la anterior atribución del Ministerio Público tendría que armonizarse con las disposiciones de la ley señalada en primer término mediante una interpretación sistémica y teleológica: "Artículo 1. Las disposiciones de esta ley tienen como finalidad regular la mediación y la conciliación como formas de autocomposición asistida de las controversias entre las partes, cuando esas controversias recaigan sobre derechos de los cuales puedan los particulares disponer libremente, sin afectar el orden público, en el Estado de Tlaxcala." "Artículo 2. Para efectos de esta ley se entenderá por: I. Mediación: El procedimiento voluntario, confidencial y flexible, iniciado a petición de uno de los interesados y aceptado voluntariamente por el otro, con el propósito de que éstas formulen sus pretensiones y lleguen por sí a un acuerdo voluntario, y II. Conciliación. El acto mediante el cual le presentan a las partes, alternativas de solución viables que armonicen sus intereses, a fin de elaborar el convenio respectivo que ponga fin a sus controversias." "Artículo 4. La mediación o conciliación será aplicable: "... "II. En materia penal, sólo será aplicable en delitos que se persigan por querella o cuando así lo señale la ley, y ..." "Artículo 5. ... Antes o durante la averiguación previa, la mediación y conciliación podrá ser realizada por el Ministerio Público, quien en lo conducente se ajustará al procedimiento regulado en esta ley." "Artículo 7. La mediación y la conciliación podrán ser realizadas por los integrantes de instituciones privadas constituidas para proporcionar tales servicios o por personas físicas. "Las instituciones privadas deberán contar con autorización previa; los mediadores y conciliadores privados que realicen sus funciones individualmente o adscritos a las citadas instituciones deberán contar con certificación. Tanto la autorización como la certificación serán otorgadas por el Tribunal Superior de Justicia, con base en lo dispuesto por esta ley y en las normas jurídicas aplicables." "Artículo 14. Los mediadores y conciliadores podrán ser oficiales o privados, oficiales son aquellos que se encuentren adscritos a la Unidad de Mediación y Conciliación o a los juzgados municipales, o que integren las agencias del Ministerio Público. Privados son las personas físicas o morales que hayan sido autorizadas mediante una certificación por la Unidad de Mediación y Conciliación para desempeñar estas funciones, las cuales podrán realizar en forma individual o como integrantes de una institución de mediación y conciliación privada." "Artículo 27. Las personas sujetas al procedimiento de mediación y conciliación tendrán los derechos siguientes: I. Solicitar la intervención de la unidad, de los Jueces municipales o del Ministerio Público en los términos de esta ley: ... VI. Rehusarse voluntariamente a continuar con el procedimiento de mediación o conciliación." La redacción de los artículos transcritos anteriormente, a juicio de esta Sala, en cuanto a la finalidad que persiguen, no permite establecer que la atribución que le otorga al representante social la Ley Orgánica del Ministerio Público de la misma entidad en el artículo 3, fracción VIII, de procurar entre las partes la conciliación en los delitos constituya una obligación que permita concluir que su omisión afecta al debido proceso, en tratándose de delitos perseguibles por querella, previstos en el artículo 8 Bis del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tlaxcala. Si bien, el objetivo de la citada ley es regular la mediación y conciliación como formas de autocomposición asistida de las controversias entre las partes, siempre que éstas se refieran a derechos respecto de los cuales los particulares puedan disponer libremente; sin embargo, la facultad que se le da al representante social se hace en la ley orgánica de referencia, de procurar la conciliación en los delitos, no necesariamente se traduce en una obligación. Así pues, el hecho de que el Ministerio Público no les informe a las partes que pueden conciliar, no es violatorio de sus garantías, porque de acuerdo con dicha ley, a ellas voluntariamente les corresponde buscar el acercamiento para conciliar. Se sostiene de ese modo, porque en términos del artículo 2 de la Ley de Mediación, la conciliación es "El acto mediante el cual le presentan a las partes, alternativas de solución viables que armonicen sus intereses, a fin de elaborar el convenio respectivo que ponga fin a sus controversias". Es decir, mientras no haya petición expresa de los interesados el Ministerio Público carece de atribuciones para de propia autoridad iniciar la conciliación. Además, si se parte de los fines que fueron pretendidos por el legislador local al establecer los medios alternativos de autocomposición para resolver las controversias, en función de ellos es posible entender cuál fue la intención al crearlos y diseñar la participación del Ministerio Público en la fase indagatoria desde la perspectiva de la atribución de procurar la conciliación, dado que la mediación, como un procedimiento voluntario, confidencial y flexible, si bien se inicia a petición de uno de los interesados y aceptado voluntariamente por el otro, con el propósito de que éstas formulen sus peticiones y lleguen por sí a un acuerdo voluntario; mientras que la conciliación es el acto mediante el cual le presentan a las partes, alternativas de solución viables a fin de elaborar el convenio respectivo que ponga fin a sus controversias, aun cuando ambos tienen como precedente la atribución del representante social de procurar que tratándose de delitos de querella se llegue a la conciliación de las partes, hacerles saber que existen esos medios alternativos de solución de conflictos, así como el derecho que tienen de acceder a ellos, no es una obligación legal del Ministerio Público, cuya omisión afecte el debido proceso como se dijo. Esto es, aunque la diferencia entre ambos procedimientos radica en el papel que juega el tercero interventor, ya que en la mediación su actitud es totalmente pasiva, pues sólo escucha a las partes y procura que lleguen a un acuerdo; mientras que en la conciliación, el tercero tiene un papel activo, ya que encabeza la audiencia y propone alternativas de solución a las partes para que éstas lleguen a un convenio, la conclusión a la que se llega no es distinta. Dicho de otra forma, para que ello pueda darse no es necesaria la participación del órgano del Estado encargado de la investigación de los delitos al desplegar la función de procurar el avenimiento de los involucrados para entonces concluir con esa etapa del procedimiento penal. En efecto, conviene aclarar que las normas transcritas de la Ley que Regula el Sistema de Mediación y Conciliación en el Estado de Tlaxcala regulan un procedimiento aplicable en todas las materias, siempre que no se altere el orden público ni se controvierta alguna disposición legal o se afecten derechos de terceros, y en la penal, como ya se anticipó se limita a delitos que son perseguibles por querella. También establece que la autoridad competente para llevarlo a cabo es la Unidad de Mediación y Conciliación, que es un órgano dependiente del Tribunal Superior de Justicia, quien actuará a través de mediadores y conciliadores adscritos a dicha unidad y a los Jueces municipales. No obstante lo anterior, la propia ley establece la posibilidad de que intervengan otras figuras: 1. Integrantes de instituciones privadas. 2. Personas físicas. 3. El Ministerio Público. En cuanto a las dos primeras figuras señaladas, el artículo 7 de la propia ley, establece requisitos previos que tendrán que cumplir para poder intervenir, esto es, ese procedimiento puede ser agotado por particulares en todas sus fases, siempre que estén autorizados o certificados, según sea el caso. Respecto al Ministerio Público se advierte que si bien se le da intervención antes o durante una averiguación previa, ya que dentro del proceso penal la mediación y conciliación estará a cargo de la unidad referida, o, en su caso del Juez municipal; sin embargo, procurar la conciliación no es una obligación como se dijo, pues el artículo 5 de la ley especial citada dispone que antes o durante la averiguación previa, la mediación y conciliación podrá ser realizada por el Ministerio Público, quien en lo conducente se ajustará al procedimiento regulado en esta ley. Es decir, sobre el entendido de que la figura de la mediación y conciliación, en materia penal, no está condicionada a que se practique en una de las etapas del procedimiento penal, sino que puede aplicarse antes de que inicie y hasta que no se haya dictado en segunda instancia, con la limitante de que el acusado no se oponga y se trate de delitos perseguibles por querella previstos en el artículo 8 Bis del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tlaxcala, donde la figura del perdón tiene efecto decisivo dentro del procedimiento, pues éste dará lugar al sobreseimiento de la acción penal. Por tanto, se reitera, que el procedimiento de mediación y conciliación si bien puede practicarse en cualquier etapa del procedimiento penal, siendo que la diferencia se establece a partir de la autoridad que tendrá intervención en aquél; pues, el Ministerio Público tendrá injerencia antes de que se presente la querella, esto es, que dé inicio la averiguación previa o durante ésta, hasta el momento en que se haga la consignación ante la autoridad jurisdiccional, que es el acto mediante el cual ejercita la acción penal, por lo que una vez agotada esa etapa el representante social ya no podrá intervenir en tal procedimiento. En ese tenor, el hecho de que el representante social omita notificar al inculpado y al agraviado la existencia de las formas de autocomposición previstas en la señalada ley, de ninguna forma implica una violación al debido proceso, por las siguientes razones: a) Se trata de un procedimiento alternativo para resolver conflictos lo que implica que no existe disposición alguna que obligue a agotarlo. b) La sujeción a tal procedimiento es voluntaria, y ésta debe ser por ambas partes, es decir, tanto por sujeto pasivo como activo, siendo suficiente que uno de ellos no desee agotarlo para que no se lleve a cabo, por o que el Ministerio Público no tiene obligación para iniciarlo, sólo para conducirlo antes o durante la averiguación previa. c) Si el inculpado considera que es más benéfico para sus intereses sujetarse a tal procedimiento; entonces, en todo el juicio penal, incluso en segunda instancia, tiene facultad de iniciarlo, bajo la limitación de que la contraparte así lo quiera, ambos lo continúen y no se emita sentencia en la última instancia. d) La garantía de defensa del inculpado no se ve mermada, pues dentro del procedimiento penal, tiene la facultad de ofrecer pruebas y repudiar o desvirtuar la acusación realizada por el fiscal, o que concluirá en una sentencia en la que determinará si se demostraron los elementos del delito y su plena responsabilidad, por lo que durante la etapa de la instrucción podrá aportar todos los elementos necesarios para afrontar plenamente el proceso, además se le dará vista con las conclusiones del Ministerio Público y podrá impugnarlas y, finalmente, podrá promover los medios de impugnación correspondientes en caso de que no obtenga una sentencia favorable. A diferencia de lo anterior, el procedimiento de conciliación se configura como una posibilidad alterna, donde no se analizan pruebas, ni se determina si el cuerpo del delito se encuentra comprobado y tampoco los elementos del hecho antijurídico y la probable o plena responsabilidad, ya que no se busca indagar sobre la realidad histórica de los hechos para determinar si acontecieron o no, sino que se trata de poner a las partes de frente para que traten de llegar a un acuerdo que ponga fin al juicio penal (mediación), y si no se logra, intervendrá un tercero que hará propuesta a ambos (conciliación), y de llegar a un arreglo, éste tendrá los efectos de un perdón legal y sobreseerá la acción penal. Esto es, se trata de una posible solución a su conflicto, de manera extrajudicial, buscando que sea voluntaria, rápida y eficaz; y de ser posible si se lleva ante el representante social, antes de la etapa de la instrucción, es obvio que generará mayores beneficios al inculpado. Así, dichas figuras no se deben advertir como un mecanismo de defensa del procesado en contra de la acusación realizada en su contra, sino que se trata de un medio alterno de posible solución de conflictos, con la clara finalidad de evitar que se lleve a cabo un juicio en su contra, o en su caso que se dicte una sentencia, mas no se debe pretender que sea una forma de defenderse de la acusación realizada por el fiscal. En ese orden de ideas, en el Estado de Tlaxcala, aun cuando no se hizo del conocimiento del inculpado, dentro de la averiguación previa o preinstrucción, la posibilidad de someterse a las figuras de la mediación y conciliación, no implica que se le prive de su derecho a la defensa. (.) (.) Al ser así, si en el Estado de Tlaxcala, no existe un precepto similar al numeral 155 de la ley adjetiva penal del Estado de México, que fue interpretado por esta Sala en la jurisprudencia señalada, que obligue al Ministerio Público a agotar la conciliación como requisito previo de la acción penal, sino que se establece como una facultad potestativa del mismo, por lo que dicho criterio jurisprudencial no puede ser aplicado por analogía en el presente caso, pues aquél parte de la existencia de un precepto que impone esa obligación, en tanto que en la legislación en análisis, no existe un precepto de igual contenido. En estas condiciones, la omisión del Ministerio Público de informar a los involucrados la existencia de los medios alternos de solución de conflicto previsto en la ley correspondiente, y de citarlos a la audiencia de mediación o conciliación, no genera una violación a las garantías individuales del procesado previstas en las fracciones V y IX del apartado A del numeral 20 constitucional, conforme al texto anterior a la reforma de junio de dos mil ocho, ya que no lo priva de ejercer a plenitud su derecho de defensa, de modo que no se traduce en infracción al debido proceso legal, en tanto que en el artículo 5 de la ley especial citada dispone que antes o durante la averiguación previa, la mediación y conciliación podrán ser realizadas por el Ministerio Público, quien en lo conducente se ajustará al procedimiento regulado en esta ley."(.) . En esas tesitura, no puede estimarse que la omisión del Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Conciliación en Calpulalpan, Tlaxcala, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, de dar contestación al escrito que presentó el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, dentro del acta de hechos HUICAL/3/843/2016, a través del cual solicita, "se sirva girar invitación señalando día y hora a efecto de que se lleve a cabo la diligencia de conciliación en el presente asunto", implique una violación al debido proceso legal. Por tanto, debe decirse que la parte quejosa carece de interés jurídico y legítimo para promover el juicio de amparo contra la omisión que reclama. Cabe destacar que el sentido de la presente resolución no contraviene las jurisprudencias sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 553/2012, en sesión del seis de marzo de 2013, la cual se encuentra pendiente de publicación; por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1221, del tomo XX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de 2004; y, por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 884, del tomo XI, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a marzo de 2000, que respectivamente dicen: . Lo anterior es así, pues si bien en las jurisprudencias transcritas se sustentó, a grosso modo, que no es necesario que el interés legítimo o el jurídico esté plenamente probado al presentarse la demanda y que la falta de dicho interés no es motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo cierto es que hacen referencia a los casos en que "no se tenga la plena certeza que los actos reclamados no afectan los intereses jurídicos del amparista", donde el interés jurídico "puede acreditarse durante el procedimiento del juicio de amparo y hasta la audiencia constitucional", porque el motivo de improcedencia no sea claro y evidente, sino que es susceptible de desvirtuarse durante el lapso procesal, esto es, se refiere a los casos en que no se han aportado los medios de prueba suficientes para acreditar la afectación, pero que existe la posibilidad de que esto se realice durante el procedimiento. Por tanto, el ejercicio de esta facultad inicial de análisis no implica necesariamente que este órgano jurisdiccional deba admitir el juicio, pues el resultado de esa valoración puede llevar al desechamiento de la demanda, como acontece en el presente asunto, al ser notoria y manifiesta la improcedencia de la acción constitucional intentada. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número CXXIII/2013 (10ª), de rubro y textos siguientes: . En ese orden, para robustecer lo anterior, se ha establecido que el derecho fundamental de petición que se consagra en el numeral 8°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se traduce en que, ante una petición elevada por escrito y en forma respetuosa, la autoridad correspondiente está obligada a emitir una respuesta congruente en un plazo razonable, haciéndosela saber al solicitante, sin que ello implique que la contestación deba ser en el sentido expresado por el interesado, pues atendiendo al principio de legalidad, la autoridad únicamente podrá resolver respecto de aquellas cuestiones que sean de su competencia, y en los términos que fundada y motivadamente estime conducentes. Asimismo, es pertinente destacar que si bien el derecho de petición no obliga a la autoridad a contestar en los términos que solicita el particular, sí tiene como alcance que ésta resuelva de forma congruente con lo planteado por el gobernado, esto es, atendiendo a la cuestión que le fue planteada y dando una respuesta coherente a ella, o bien, manifestando la imposibilidad que se tiene para hacerlo; en consecuencia, no puede considerarse que se cumple con tal derecho cuando la autoridad emite resoluciones que evaden o difieren injustificadamente la resolución de lo pedido sin abordar la petición manifestada. Por tanto, si en el juicio de amparo la parte quejosa alegó violaciones al derecho de petición, el estudio de constitucionalidad del acto reclamado no deberá atender sólo si a la petición formulada por el gobernado le recayó una respuesta, sino si ésta guarda una mínima congruencia con lo solicitado por el quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 480 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Abril de 2015, Décima Época, que dice: . En tales términos, es dable sostener que el derecho de petición constituye una prerrogativa constitucional a favor de los particulares, cuando formulan una petición por escrito y en forma respetuosa ante una autoridad, la cual está obligada a emitir una respuesta congruente en un plazo razonable, haciendo saber al solicitante, de ahí que no sea dable que la parte quejosa en su calidad de autoridad pueda ejercitar la acción de amparo respecto de un derecho que únicamente se encuentra consagrado a favor de los particulares. En las relatadas circunstancias, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la misma ley, SE DESECHA DE PLANO la demanda promovida por Juan Cerezo González, contra el Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Conciliación en Calpulalpan, Tlaxcala, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, de quien reclama la omisión de dar contestación al escrito que presentó el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, dentro del acta de hechos HUICAL/3/843/2016, a través del cual solicita, "se sirva girar invitación señalando día y hora a efecto de que se lleve a cabo la diligencia de conciliación en el presente asunto" Por otro lado, en términos del artículo 12 de la ley de la materia se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señala para tales efectos, ya que si bien en el escrito de demanda, se advierte el domicilio particular del quejoso, lo cierto es que el mismo es en cumplimiento a lo establecido en la fracción I, del artículo 108 de la Ley de Amparo; teniéndose como autorizado en términos amplios del citado numeral, a Rogelio Rodríguez Atriano, toda vez que cuenta con cédula profesional debidamente registrada en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales. Sin que pase inadvertido para el suscrito juzgador el hecho que, del escrito de demanda, en el proemio se citó el nombre del autorizado "Rogelio Rodríguez Triano"; sin embargo, tal imprecisión se considera un error mecanográfico, toda vez que, del resultado de la búsqueda en el módulo de consulta del sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales, aparece con el nombre de "Rogelio Rodríguez Atriano", lo que evidencia que este último es el nombre correcto, pues la cédula profesional es la misma a la señalada en el libelo constitucional. Asimismo, se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a Teófilo Reyes Guerrero y Lucio Ahuactzin Ahuactzin, por no estar registrados en el referido sistema. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. .
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete: Vista la demanda de amparo que promueve Juan Cerezo González, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Conciliación en Calpulalpan, Tlaxcala, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1019/2017-VII. Ahora, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo procede desechar de plano la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora el siguiente criterio: . Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del diverso 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con los siguientes criterios del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido."(Novena Época, Registro: 196923, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, Enero de 1998, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 9/98, Página: 898.) "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa."(Novena Época, Registro: 188643, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, Octubre de 2001, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 128/2001, Página: 803.) Bajo esa óptica, cabe señalar que la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo, que promueve la parte inconforme, deriva precisamente de que la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión de dar contestación al escrito presentado el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, dentro del acta de hechos HUICAL/3/843/2016, del índice del Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Conciliación en Calpulalpan, Tlaxcala, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, a través del cual solicita, "se sirva girar invitación señalando día y hora a efecto de que se lleve a cabo la diligencia de conciliación en el presente asunto", situación que revela que el acto fue promovido con motivo de la violación del derecho de petición contenido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tal motivo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra aquellos actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, esto es así, pues como noción fundamental presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional, para demandar el cese de esa violación, pues ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico o legítimo que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. Al respecto conviene señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 132/2012, entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, en apoyo del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, sostuvo que tratándose de delitos perseguibles por querella, la omisión del Ministerio Público en la averiguación previa de informar al inculpado y a la víctima u ofendido de la existencia de la mediación y de la conciliación como medios alternativos de autocomposición, y de realizar las diligencias necesarias para que voluntariamente se acojan a cualquiera de ellos, no implica una violación a la garantía de defensa del inculpado, y por ende, al debido proceso legal, pues dichas actuaciones no se traducen en una obligación para el representante social, sino que únicamente se trata de una facultad potestativa, como lo establece el artículo 5° de la Ley que Regula el Sistema de Mediación y Conciliación en el Estado de Tlaxcala; por las razones que a continuación se precisan en la ejecutoria de mérito: "(.) De la relación de antecedentes se desprende que la temática de la presente contradicción de tesis implica definir si tratándose de los procedimientos alternativos de solución de controversias en el Estado de Tlaxcala (mediación y conciliación), es obligación del Ministerio Público que durante la tramitación de la averiguación previa por delitos perseguibles por querella, cite a las partes para informarles de la existencia de los mismos. Dicho en otras palabras, ¿en el Estado de Tlaxcala, la omisión del Ministerio Público, durante la tramitación de la averiguación previa por delitos de querella, de procurar la mediación o conciliación entre las partes, citándolas al efecto para informarles de la existencia de dichos mecanismos alternativos de solución de controversias y realizar las diligencias necesarias para que voluntariamente se acojan a una de ellas y pongan fin a la controversia, viola la garantía de defensa del inculpado en términos del artículo 20, apartado A, fracciones V y IX, de la Constitución Federal y como consecuencia el debido proceso legal? (.) (.) Por fines prácticos, para la resolución del presente asunto no se hará una transcripción de la resolución de referencia; sin embargo, se partirá de la misma, a fin de estimar si sus consideraciones se adaptan o no a la legislación del Estado de Tlaxcala. En la resolución de referencia se establece que gramaticalmente, la palabra conciliación proviene del latín conciliatio,-onis mediatio, mediationis, que significa "acción y efecto de conciliar"; lo cual entre otras acepciones, significa comparecencia de las partes desavenidas ante el Juez de Paz o municipal, para ver si pueden avenirse y excusar el litigio. También se señala que la conciliación en materia penal es un mecanismo para la resolución de conflictos, con la ayuda de un tercero calificado, con la que se evita iniciar o continuar la integración de la averiguación previa, la cual podría culminar con la radicación de la misma ante el Juez de la causa. Se agrega que su naturaleza jurídica es la de una diligencia que busca un pacto entre la víctima u ofendido y el imputado que lleva como resultado la solución del conflicto que tiene el efecto de concluir el procedimiento; es decir, es una salida alternativa en cuya virtud el imputado y la víctima convienen formas de reparación satisfactorias de las consecuencias dañosas del hecho punible y que produce como consecuencia la extinción de la acción penal que pudiera ejercer el Ministerio Público, en los casos de que el delito sea perseguible por querella. Con ello, la conciliación pretende instaurar una nueva orientación en el derecho penal, pues se postula como una alternativa frente a las corrientes clásicas meramente retributivas del delito a través de la imposición de la pena y de las utilitaristas que procuran la readaptación social del delincuente, ya que en el caso de la conciliación se procura reparar el daño causado a la víctima, antes de ejercer la acción penal ante el Juez de proceso, solamente tratándose de los delitos perseguibles por querella. En cuanto a las características del procedimiento de conciliación, la doctrina ha establecido las siguientes: La solución del conflicto se lleva de forma extrajudicial. Se trata de una confrontación entre la víctima y el indiciado, para que de manera voluntaria lleguen a un acuerdo. Busca una solución adecuada al problema de manera rápida y eficaz. Sólo es aplicable en delitos perseguidos por querella y de los considerados como no graves. Ante todo se procura la compensación de la víctima. Respecto de la finalidad que persigue la mediación, la referida doctrina ha definido lo siguiente: Es un sistema alternativo a las sanciones tradicionales. Busca mejorar la eficiencia de la justicia y la asistencia a la víctima. Es un derecho penal orientado a la reparación. Participa la víctima en el sistema penal. Se reducen las penas de prisión. Se responsabiliza al delincuente de sus actos. Pasemos a la aplicación de dicha figura en el Estado de Tlaxcala. Debe precisarse que la legislación adjetiva, esto es el Código de Procedimientos Penales del Estado, no hace referencia a las figuras de la conciliación y la mediación, entre las partes, como sí lo hacía el artículo 155 del ordenamiento adjetivo penal que fue interpretado en la jurisprudencia antes citada; es decir, el artículo 1o. de dicho código sólo refiere que el procedimiento penal se inicia cuando llega a conocimiento de un funcionario del Ministerio Público o de cualquiera de sus auxiliares un hecho que pueda ser considerado como delito; igualmente el artículo 8 Bis del mismo ordenamiento, únicamente establece los delitos que requieren querella de parte agraviada para su investigación. Ahora bien, el artículo 3o., fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público del Estado de Tlaxcala, prevé lo siguiente: "Artículo 3o. Al Ministerio Público como autoridad en la investigación y persecución de delitos y de las conductas tipificadas como delitos atribuidas a adolescentes le corresponde: "... "VIII. Procurar la conciliación en los delitos y en las conductas tipificadas como delitos atribuidas a adolescentes, de conformidad con la ley aplicable." El verbo procurar significa, de conformidad con el Diccionario Larousse Ilustrado, décima edición: "hacer diligencias, esfuerzos", etcétera, "para conseguir algo", "proporcionar o facilitar a alguien una cosa o intervenir para que la tenga". Conviene acudir a la Ley que regula el Sistema de Mediación y Conciliación en el Estado de Tlaxcala, con el fin de verificar si la anterior atribución del Ministerio Público tendría que armonizarse con las disposiciones de la ley señalada en primer término mediante una interpretación sistémica y teleológica: "Artículo 1. Las disposiciones de esta ley tienen como finalidad regular la mediación y la conciliación como formas de autocomposición asistida de las controversias entre las partes, cuando esas controversias recaigan sobre derechos de los cuales puedan los particulares disponer libremente, sin afectar el orden público, en el Estado de Tlaxcala." "Artículo 2. Para efectos de esta ley se entenderá por: I. Mediación: El procedimiento voluntario, confidencial y flexible, iniciado a petición de uno de los interesados y aceptado voluntariamente por el otro, con el propósito de que éstas formulen sus pretensiones y lleguen por sí a un acuerdo voluntario, y II. Conciliación. El acto mediante el cual le presentan a las partes, alternativas de solución viables que armonicen sus intereses, a fin de elaborar el convenio respectivo que ponga fin a sus controversias." "Artículo 4. La mediación o conciliación será aplicable: "... "II. En materia penal, sólo será aplicable en delitos que se persigan por querella o cuando así lo señale la ley, y ..." "Artículo 5. ... Antes o durante la averiguación previa, la mediación y conciliación podrá ser realizada por el Ministerio Público, quien en lo conducente se ajustará al procedimiento regulado en esta ley." "Artículo 7. La mediación y la conciliación podrán ser realizadas por los integrantes de instituciones privadas constituidas para proporcionar tales servicios o por personas físicas. "Las instituciones privadas deberán contar con autorización previa; los mediadores y conciliadores privados que realicen sus funciones individualmente o adscritos a las citadas instituciones deberán contar con certificación. Tanto la autorización como la certificación serán otorgadas por el Tribunal Superior de Justicia, con base en lo dispuesto por esta ley y en las normas jurídicas aplicables." "Artículo 14. Los mediadores y conciliadores podrán ser oficiales o privados, oficiales son aquellos que se encuentren adscritos a la Unidad de Mediación y Conciliación o a los juzgados municipales, o que integren las agencias del Ministerio Público. Privados son las personas físicas o morales que hayan sido autorizadas mediante una certificación por la Unidad de Mediación y Conciliación para desempeñar estas funciones, las cuales podrán realizar en forma individual o como integrantes de una institución de mediación y conciliación privada." "Artículo 27. Las personas sujetas al procedimiento de mediación y conciliación tendrán los derechos siguientes: I. Solicitar la intervención de la unidad, de los Jueces municipales o del Ministerio Público en los términos de esta ley: ... VI. Rehusarse voluntariamente a continuar con el procedimiento de mediación o conciliación." La redacción de los artículos transcritos anteriormente, a juicio de esta Sala, en cuanto a la finalidad que persiguen, no permite establecer que la atribución que le otorga al representante social la Ley Orgánica del Ministerio Público de la misma entidad en el artículo 3, fracción VIII, de procurar entre las partes la conciliación en los delitos constituya una obligación que permita concluir que su omisión afecta al debido proceso, en tratándose de delitos perseguibles por querella, previstos en el artículo 8 Bis del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tlaxcala. Si bien, el objetivo de la citada ley es regular la mediación y conciliación como formas de autocomposición asistida de las controversias entre las partes, siempre que éstas se refieran a derechos respecto de los cuales los particulares puedan disponer libremente; sin embargo, la facultad que se le da al representante social se hace en la ley orgánica de referencia, de procurar la conciliación en los delitos, no necesariamente se traduce en una obligación. Así pues, el hecho de que el Ministerio Público no les informe a las partes que pueden conciliar, no es violatorio de sus garantías, porque de acuerdo con dicha ley, a ellas voluntariamente les corresponde buscar el acercamiento para conciliar. Se sostiene de ese modo, porque en términos del artículo 2 de la Ley de Mediación, la conciliación es "El acto mediante el cual le presentan a las partes, alternativas de solución viables que armonicen sus intereses, a fin de elaborar el convenio respectivo que ponga fin a sus controversias". Es decir, mientras no haya petición expresa de los interesados el Ministerio Público carece de atribuciones para de propia autoridad iniciar la conciliación. Además, si se parte de los fines que fueron pretendidos por el legislador local al establecer los medios alternativos de autocomposición para resolver las controversias, en función de ellos es posible entender cuál fue la intención al crearlos y diseñar la participación del Ministerio Público en la fase indagatoria desde la perspectiva de la atribución de procurar la conciliación, dado que la mediación, como un procedimiento voluntario, confidencial y flexible, si bien se inicia a petición de uno de los interesados y aceptado voluntariamente por el otro, con el propósito de que éstas formulen sus peticiones y lleguen por sí a un acuerdo voluntario; mientras que la conciliación es el acto mediante el cual le presentan a las partes, alternativas de solución viables a fin de elaborar el convenio respectivo que ponga fin a sus controversias, aun cuando ambos tienen como precedente la atribución del representante social de procurar que tratándose de delitos de querella se llegue a la conciliación de las partes, hacerles saber que existen esos medios alternativos de solución de conflictos, así como el derecho que tienen de acceder a ellos, no es una obligación legal del Ministerio Público, cuya omisión afecte el debido proceso como se dijo. Esto es, aunque la diferencia entre ambos procedimientos radica en el papel que juega el tercero interventor, ya que en la mediación su actitud es totalmente pasiva, pues sólo escucha a las partes y procura que lleguen a un acuerdo; mientras que en la conciliación, el tercero tiene un papel activo, ya que encabeza la audiencia y propone alternativas de solución a las partes para que éstas lleguen a un convenio, la conclusión a la que se llega no es distinta. Dicho de otra forma, para que ello pueda darse no es necesaria la participación del órgano del Estado encargado de la investigación de los delitos al desplegar la función de procurar el avenimiento de los involucrados para entonces concluir con esa etapa del procedimiento penal. En efecto, conviene aclarar que las normas transcritas de la Ley que Regula el Sistema de Mediación y Conciliación en el Estado de Tlaxcala regulan un procedimiento aplicable en todas las materias, siempre que no se altere el orden público ni se controvierta alguna disposición legal o se afecten derechos de terceros, y en la penal, como ya se anticipó se limita a delitos que son perseguibles por querella. También establece que la autoridad competente para llevarlo a cabo es la Unidad de Mediación y Conciliación, que es un órgano dependiente del Tribunal Superior de Justicia, quien actuará a través de mediadores y conciliadores adscritos a dicha unidad y a los Jueces municipales. No obstante lo anterior, la propia ley establece la posibilidad de que intervengan otras figuras: 1. Integrantes de instituciones privadas. 2. Personas físicas. 3. El Ministerio Público. En cuanto a las dos primeras figuras señaladas, el artículo 7 de la propia ley, establece requisitos previos que tendrán que cumplir para poder intervenir, esto es, ese procedimiento puede ser agotado por particulares en todas sus fases, siempre que estén autorizados o certificados, según sea el caso. Respecto al Ministerio Público se advierte que si bien se le da intervención antes o durante una averiguación previa, ya que dentro del proceso penal la mediación y conciliación estará a cargo de la unidad referida, o, en su caso del Juez municipal; sin embargo, procurar la conciliación no es una obligación como se dijo, pues el artículo 5 de la ley especial citada dispone que antes o durante la averiguación previa, la mediación y conciliación podrá ser realizada por el Ministerio Público, quien en lo conducente se ajustará al procedimiento regulado en esta ley. Es decir, sobre el entendido de que la figura de la mediación y conciliación, en materia penal, no está condicionada a que se practique en una de las etapas del procedimiento penal, sino que puede aplicarse antes de que inicie y hasta que no se haya dictado en segunda instancia, con la limitante de que el acusado no se oponga y se trate de delitos perseguibles por querella previstos en el artículo 8 Bis del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tlaxcala, donde la figura del perdón tiene efecto decisivo dentro del procedimiento, pues éste dará lugar al sobreseimiento de la acción penal. Por tanto, se reitera, que el procedimiento de mediación y conciliación si bien puede practicarse en cualquier etapa del procedimiento penal, siendo que la diferencia se establece a partir de la autoridad que tendrá intervención en aquél; pues, el Ministerio Público tendrá injerencia antes de que se presente la querella, esto es, que dé inicio la averiguación previa o durante ésta, hasta el momento en que se haga la consignación ante la autoridad jurisdiccional, que es el acto mediante el cual ejercita la acción penal, por lo que una vez agotada esa etapa el representante social ya no podrá intervenir en tal procedimiento. En ese tenor, el hecho de que el representante social omita notificar al inculpado y al agraviado la existencia de las formas de autocomposición previstas en la señalada ley, de ninguna forma implica una violación al debido proceso, por las siguientes razones: a) Se trata de un procedimiento alternativo para resolver conflictos lo que implica que no existe disposición alguna que obligue a agotarlo. b) La sujeción a tal procedimiento es voluntaria, y ésta debe ser por ambas partes, es decir, tanto por sujeto pasivo como activo, siendo suficiente que uno de ellos no desee agotarlo para que no se lleve a cabo, por o que el Ministerio Público no tiene obligación para iniciarlo, sólo para conducirlo antes o durante la averiguación previa. c) Si el inculpado considera que es más benéfico para sus intereses sujetarse a tal procedimiento; entonces, en todo el juicio penal, incluso en segunda instancia, tiene facultad de iniciarlo, bajo la limitación de que la contraparte así lo quiera, ambos lo continúen y no se emita sentencia en la última instancia. d) La garantía de defensa del inculpado no se ve mermada, pues dentro del procedimiento penal, tiene la facultad de ofrecer pruebas y repudiar o desvirtuar la acusación realizada por el fiscal, o que concluirá en una sentencia en la que determinará si se demostraron los elementos del delito y su plena responsabilidad, por lo que durante la etapa de la instrucción podrá aportar todos los elementos necesarios para afrontar plenamente el proceso, además se le dará vista con las conclusiones del Ministerio Público y podrá impugnarlas y, finalmente, podrá promover los medios de impugnación correspondientes en caso de que no obtenga una sentencia favorable. A diferencia de lo anterior, el procedimiento de conciliación se configura como una posibilidad alterna, donde no se analizan pruebas, ni se determina si el cuerpo del delito se encuentra comprobado y tampoco los elementos del hecho antijurídico y la probable o plena responsabilidad, ya que no se busca indagar sobre la realidad histórica de los hechos para determinar si acontecieron o no, sino que se trata de poner a las partes de frente para que traten de llegar a un acuerdo que ponga fin al juicio penal (mediación), y si no se logra, intervendrá un tercero que hará propuesta a ambos (conciliación), y de llegar a un arreglo, éste tendrá los efectos de un perdón legal y sobreseerá la acción penal. Esto es, se trata de una posible solución a su conflicto, de manera extrajudicial, buscando que sea voluntaria, rápida y eficaz; y de ser posible si se lleva ante el representante social, antes de la etapa de la instrucción, es obvio que generará mayores beneficios al inculpado. Así, dichas figuras no se deben advertir como un mecanismo de defensa del procesado en contra de la acusación realizada en su contra, sino que se trata de un medio alterno de posible solución de conflictos, con la clara finalidad de evitar que se lleve a cabo un juicio en su contra, o en su caso que se dicte una sentencia, mas no se debe pretender que sea una forma de defenderse de la acusación realizada por el fiscal. En ese orden de ideas, en el Estado de Tlaxcala, aun cuando no se hizo del conocimiento del inculpado, dentro de la averiguación previa o preinstrucción, la posibilidad de someterse a las figuras de la mediación y conciliación, no implica que se le prive de su derecho a la defensa. (.) (.) Al ser así, si en el Estado de Tlaxcala, no existe un precepto similar al numeral 155 de la ley adjetiva penal del Estado de México, que fue interpretado por esta Sala en la jurisprudencia señalada, que obligue al Ministerio Público a agotar la conciliación como requisito previo de la acción penal, sino que se establece como una facultad potestativa del mismo, por lo que dicho criterio jurisprudencial no puede ser aplicado por analogía en el presente caso, pues aquél parte de la existencia de un precepto que impone esa obligación, en tanto que en la legislación en análisis, no existe un precepto de igual contenido. En estas condiciones, la omisión del Ministerio Público de informar a los involucrados la existencia de los medios alternos de solución de conflicto previsto en la ley correspondiente, y de citarlos a la audiencia de mediación o conciliación, no genera una violación a las garantías individuales del procesado previstas en las fracciones V y IX del apartado A del numeral 20 constitucional, conforme al texto anterior a la reforma de junio de dos mil ocho, ya que no lo priva de ejercer a plenitud su derecho de defensa, de modo que no se traduce en infracción al debido proceso legal, en tanto que en el artículo 5 de la ley especial citada dispone que antes o durante la averiguación previa, la mediación y conciliación podrán ser realizadas por el Ministerio Público, quien en lo conducente se ajustará al procedimiento regulado en esta ley."(.) . En esas tesitura, no puede estimarse que la omisión del Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Conciliación en Calpulalpan, Tlaxcala, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, de dar contestación al escrito que presentó el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, dentro del acta de hechos HUICAL/3/843/2016, a través del cual solicita, "se sirva girar invitación señalando día y hora a efecto de que se lleve a cabo la diligencia de conciliación en el presente asunto", implique una violación al debido proceso legal. Por tanto, debe decirse que la parte quejosa carece de interés jurídico y legítimo para promover el juicio de amparo contra la omisión que reclama. Cabe destacar que el sentido de la presente resolución no contraviene las jurisprudencias sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 553/2012, en sesión del seis de marzo de 2013, la cual se encuentra pendiente de publicación; por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1221, del tomo XX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de 2004; y, por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 884, del tomo XI, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a marzo de 2000, que respectivamente dicen: . Lo anterior es así, pues si bien en las jurisprudencias transcritas se sustentó, a grosso modo, que no es necesario que el interés legítimo o el jurídico esté plenamente probado al presentarse la demanda y que la falta de dicho interés no es motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo cierto es que hacen referencia a los casos en que "no se tenga la plena certeza que los actos reclamados no afectan los intereses jurídicos del amparista", donde el interés jurídico "puede acreditarse durante el procedimiento del juicio de amparo y hasta la audiencia constitucional", porque el motivo de improcedencia no sea claro y evidente, sino que es susceptible de desvirtuarse durante el lapso procesal, esto es, se refiere a los casos en que no se han aportado los medios de prueba suficientes para acreditar la afectación, pero que existe la posibilidad de que esto se realice durante el procedimiento. Por tanto, el ejercicio de esta facultad inicial de análisis no implica necesariamente que este órgano jurisdiccional deba admitir el juicio, pues el resultado de esa valoración puede llevar al desechamiento de la demanda, como acontece en el presente asunto, al ser notoria y manifiesta la improcedencia de la acción constitucional intentada. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número CXXIII/2013 (10ª), de rubro y textos siguientes: . En ese orden, para robustecer lo anterior, se ha establecido que el derecho fundamental de petición que se consagra en el numeral 8°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se traduce en que, ante una petición elevada por escrito y en forma respetuosa, la autoridad correspondiente está obligada a emitir una respuesta congruente en un plazo razonable, haciéndosela saber al solicitante, sin que ello implique que la contestación deba ser en el sentido expresado por el interesado, pues atendiendo al principio de legalidad, la autoridad únicamente podrá resolver respecto de aquellas cuestiones que sean de su competencia, y en los términos que fundada y motivadamente estime conducentes. Asimismo, es pertinente destacar que si bien el derecho de petición no obliga a la autoridad a contestar en los términos que solicita el particular, sí tiene como alcance que ésta resuelva de forma congruente con lo planteado por el gobernado, esto es, atendiendo a la cuestión que le fue planteada y dando una respuesta coherente a ella, o bien, manifestando la imposibilidad que se tiene para hacerlo; en consecuencia, no puede considerarse que se cumple con tal derecho cuando la autoridad emite resoluciones que evaden o difieren injustificadamente la resolución de lo pedido sin abordar la petición manifestada. Por tanto, si en el juicio de amparo la parte quejosa alegó violaciones al derecho de petición, el estudio de constitucionalidad del acto reclamado no deberá atender sólo si a la petición formulada por el gobernado le recayó una respuesta, sino si ésta guarda una mínima congruencia con lo solicitado por el quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 480 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Abril de 2015, Décima Época, que dice: . En tales términos, es dable sostener que el derecho de petición constituye una prerrogativa constitucional a favor de los particulares, cuando formulan una petición por escrito y en forma respetuosa ante una autoridad, la cual está obligada a emitir una respuesta congruente en un plazo razonable, haciendo saber al solicitante, de ahí que no sea dable que la parte quejosa en su calidad de autoridad pueda ejercitar la acción de amparo respecto de un derecho que únicamente se encuentra consagrado a favor de los particulares. En las relatadas circunstancias, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la misma ley, SE DESECHA DE PLANO la demanda promovida por Juan Cerezo González, contra el Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Conciliación en Calpulalpan, Tlaxcala, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, de quien reclama la omisión de dar contestación al escrito que presentó el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, dentro del acta de hechos HUICAL/3/843/2016, a través del cual solicita, "se sirva girar invitación señalando día y hora a efecto de que se lleve a cabo la diligencia de conciliación en el presente asunto" Por otro lado, en términos del artículo 12 de la ley de la materia se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señala para tales efectos, ya que si bien en el escrito de demanda, se advierte el domicilio particular del quejoso, lo cierto es que el mismo es en cumplimiento a lo establecido en la fracción I, del artículo 108 de la Ley de Amparo; teniéndose como autorizado en términos amplios del citado numeral, a Rogelio Rodríguez Atriano, toda vez que cuenta con cédula profesional debidamente registrada en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales. Sin que pase inadvertido para el suscrito juzgador el hecho que, del escrito de demanda, en el proemio se citó el nombre del autorizado "Rogelio Rodríguez Triano"; sin embargo, tal imprecisión se considera un error mecanográfico, toda vez que, del resultado de la búsqueda en el módulo de consulta del sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales, aparece con el nombre de "Rogelio Rodríguez Atriano", lo que evidencia que este último es el nombre correcto, pues la cédula profesional es la misma a la señalada en el libelo constitucional. Asimismo, se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a Teófilo Reyes Guerrero y Lucio Ahuactzin Ahuactzin, por no estar registrados en el referido sistema. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna.
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