Juan Carlos Texis Medina

Expediente 608/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
608/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
29/03/2021

Partes del expediente

  • Juan Carlos Texis Medina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, en la que se determinó por una parte sobreseer en el presente juicio de amparo y por otra negar el mismo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. Valoración del expediente. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo; POR HABERSE NEGADO, POR UNA PARTE, LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y los demás documentos que considere el titular el titular del órgano jurisdiccional, los cuales deberán ser transferidos a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Dado que el presente juicio carece de relevancia documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberán transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurran los plazos que disponen los artículos 18, penúltimo párrafo y 27 del Acuerdo General referido. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Devolución de documentos. Sin que haya lugar a devolver documentos originales al no obrar estos en autos.

  2. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, nueve de diciembre de dos mil veinte. Alegatos. Agréguese el escrito signado por la tercera interesada Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Trata de Personas adscrita al Departamento de Investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, mediante el cual realiza diversas manifestaciones; en consecuencia, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele haciendo dichas manifestaciones a manera de alegatos, los que serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno.

  3. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, siete de diciembre de dos mil veinte. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que aún se encuentra transcurriendo el plazo establecido en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, recibido en proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Diferimiento de audiencia incidental. Por tanto, para dar margen a ello y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON VEINTIOCHO MINUTOS DEL SIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Informe justificado. Agréguese el oficio y anexos signado por el Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Pruebas autoridad responsable. De igual forma, se tiene por ofrecida la documental que anexa la autoridad responsable, consistente en copia auténtica del índice cronológico y resoluciones emitidas en audiencia inicial celebrada el once de octubre del año en curso dentro de la causa penal 277/2020 de su índice, las cuales serán relacionadas en la audiencia constitucional, en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo. Asimismo, téngase remitiendo un disco versátil digital (DVD), el que refiere contiene la audiencia inicial de once de octubre de dos mil veinte, extraída de los registros del sistema de grabación de ese Juzgado relativa a la causa penal 277/2020 de su índice, mismo que se ordena guardar en este secretaría debidamente identificado y para evitar su deterioro. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga."

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