Juan Carlos Sánchez Prexedis

Expediente 910/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
910/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
19/10/2016

Partes del expediente

  • Juan Carlos Sánchez Prexedis

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto del veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, se declara que el auto de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes.

  2. Principal

    Agréguese el oficio y anexo signado por la Presidenta y Representante del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; por el cual, rinde su informe justificado, y remite copia certificada de la resolución de treinta de junio de dos mil dieciséis, dictada en el expediente laboral 208/2015-B, por lo que se ordena agregarlos a los presentes autos para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de los anexos de cuenta se advierte que el treinta de junio de dos mil dieciséis, el Tribunal responsable, dictó la resolución correspondiente, misma que fue notificada a los quejosos Juan Carlos Sánchez Praxedis y Alberto Ordóñez Padilla, el trece de septiembre del año en curso, documentales a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2º. Lo expuesto pone de relieve que en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues al emitir la resolución correspondiente, cesó la omisión reclamada; circunstancia que impone sobreseer el juicio fuera de la audiencia de ley. ... Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, tal como se precisó, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: ... De conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie a la quejosa; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Ahora, para mejor comprensión del presente acuerdo, debe analizarse la naturaleza del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: No dictar el laudo dentro del expediente 208/2015-B. Lo que puede vulnerar el derecho fundamental establecido en el artículo 17, párrafo segundo, constitucional, que prevé: ... Del precepto constitucional transcrito se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; asimismo, que su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que la Presidenta y Representante del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, remitió copia certificada de la resolución de treinta de junio de dos mil dieciséis, por medio del cual se dictó el laudo dentro del expediente 208/2015-B, promovido por Juan Carlos Sánchez Praxedis y Alberto Ordóñez Padilla, misma que le fue notificada el trece de septiembre de dos mil dieciséis, circunstancia que se acredita con las copias certificadas que anexa a su oficio de mérito y su respectiva constancia de notificación. De lo anterior se desprende la cesación de efectos del acto reclamado, toda vez que la responsable dictó el laudo correspondiente el treinta de agosto de dos mil dieciséis, misma que le fue notificada al quejoso el trece de septiembre del año en curso. ... Por ende, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. En este orden de ideas, es indudable que se surte la causa de improcedencia señalada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto al acto reclamado por Juan Carlos Sánchez Praxedis y Alberto Ordóñez Padilla. ... En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional respecto del acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por tanto, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON DOS MINUTOS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.

  3. Principal

    NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LOS PROMOVENTES JUAN CARLOS SÁNCHEZ PRAXEDIS Y ALBERTO ORDOÑEZ PADILLA, EL CONTENIDO DE LA DETERMINACIÓN DE NUEVE DE AGOSTO DEL AÑO DE DOS MIL DIECISÉIS, DICTADA DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 910/2016-iV, QUE ESTABLECE: " Vista la demanda de amparo que promueve Juan Carlos Sánchez Praxedis y Alberto Ordóñez PadillaJuan Carlos Sánchez Prexedis, por propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, de quienes reclama la omisión de dictar laudo dentro del expediente de origen 208/2015-B. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 910/2016-IV. En este tenor, debe destacarse que el artículo 108 de la Ley de Amparo en vigor prevé los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto, entre los que se encuentran el establecido en la fracción III, que a la letra dicen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;" Ahora, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la demanda de amparo y con fundamento en los artículos 108, fracciones III, así como el diverso 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad: Diga si es su deseo señalar como autoridad responsable al Secretario del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Tlaxcala, de ser así, mencionar que acto se le reclama. Mencione si son actores o apoderados de la parte actora en el juicio de origen del cual emana el acto reclamado. Lo primero se requiere de esa forma pues en su capítulo de conceptos de violación, en la última página de su demanda, se advierte que se duele de la actuación del Secretario del Tribunal, al señalar lo siguiente: "(.) Y consecuentemente el C. Secretario del Tribunal ha sido omiso en engrosar el laudo y también ha omitido recoger las firmas de los miembros del Tribunal que votaron el negocio, incumpliendo con lo dispuesto por los diversos 152 de la Ley Laboral en comento, con el consiguiente perjuicio que ello ha ocasionado a la quejosa." Lo segundo se requiere en atención a que de su demanda de amparo no se desprende si les reviste el carácter de actores o apoderados de la parte actora, en caso de ser el segundo supuesto deberán acreditarlo con las constancias conducentes, para estar en condiciones de darle a la demanda el trámite legal que corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 43/96, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 48, tomo IV, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a julio de 1996, de rubro y texto: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: 'PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER', para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." En el entendido que deberá anexar las copias necesarias de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 36/2001, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, tomo XIII, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2001, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Se le apercibe que en caso de no dar cumplimiento a los requerimientos formulados en el plazo de cinco días contados a partir de que surta sus efectos la notificación de este proveído, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo vigente. Por otro lado, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de los quejosos, el que señala para tales efectos; teniéndose como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a Juan Carlos Hernández Serrano y Keivin Hernández Serrano por haberlo solicitado expresamente y por no encontrarse debidamente registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, se tiene como representante común a Juan Carlos Sánchez Praxedis, en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que posteriormente pueda ser sustituido. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Asimismo, se autoriza a cualquier Secretario(a) adscrito(a) a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se informa a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la inclusión de sus datos personales en la publicación de las actuaciones y resolución que se emitan en este asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las mismas se publiquen sin supresión de datos."

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