Juan Caso Bahena
Expediente 411/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 12 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 411/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 25/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Juan Caso Bahena
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 411/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: ".Boca del Río, Veracruz, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de dicha ley, se declara que la sentencia de treinta de septiembre de dos mil veintidós, en la que se SOBRESEYÓ el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (definitiva) tal y como se aprecia de la resolución interlocutoria de diecisiete de mayo de dos mil veintidós (fojas 19 a 22), respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, el suscrito estima innecesario que continúe en este Juzgado un tomo de prueba que se formó, derivado de las copias certificadas remitidas por la autoridad responsable Juez Sexto de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz, en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de dicha ley, se declara que la sentencia de treinta de septiembre de dos mil veintidós, en la que se SOBRESEYÓ el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (definitiva) tal y como se aprecia de la resolución interlocutoria de diecisiete de mayo de dos mil veintidós (fojas 19 a 22), respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, el suscrito estima innecesario que continúe en este Juzgado un tomo de prueba que se formó, derivado de las copias certificadas remitidas por la autoridad responsable Juez Sexto de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz, en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
- Principal
I. Con esta fecha se notifica por este conducto a la parte tercera interesada la sentencia engrosada el treinta de septiembre de dos mil veintidós, misma que a la letra dice: SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 411/2022, promovido por Juan Caso Bahena, y RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado a través de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el veintisiete de abril de dos mil veintidós y turnado a este juzgado el mismo día, la parte quejosa promovió demanda de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 1 - 4). SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintiocho de abril siguiente, se acordó: admitir la demanda de amparo; requerir a la autoridad responsable su informe justificado, y, dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional (fojas 5 a 8). Una vez agregado en autos el informe justificado de la autoridad responsable (fojas 16 y 17) e integrado que estuvo el asunto, se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional (foja 5) la cual se llevó a cabo en el horario y día señalados. Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I, y 107, fracción II, inciso b), constitucionales, 37, primer párrafo, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de un acto que es susceptible de afectar directa e irreparablemente garantías fundamentales relacionadas con la legalidad, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil, administrativa, y de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y por cuestión del territorio, toda vez que el acto reclamado produce efectos en la jurisdicción donde ejerce competencia por territorio este Juzgado. SEGUNDO. Fijación de acto. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que el mismo consiste en: Acuerdo que determinó la orden de embargo decretada en el expediente 136/2021 del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz, respecto a la cuenta bancaria 50036307168 relativa al Grupo Financiero Inbursa, S.A. de C.V, (la cual tuvo conocimiento el quejoso el trece de abril de dos mil veintidós, según lo confesó éste en su escrito de demanda). Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de actos. Son ciertos los actos atribuidos a la autoridad responsable Juez Sexto de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz (foja 16 y 17) en razón que al rendir su informe justificado reconoció la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora en razón que el Juez responsable remitió copia certificada de las constancias que integran el expediente 136/2021 (mismas que obran en un tomo de pruebas) las cuales tienen valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su artículo 2°. Son aplicables al caso las jurisprudencias de los rubros siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." y, "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Improcedencia del juicio. Las causas de improcedencia son de estudio preferente al análisis del fondo, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; por tanto, se procede al estudio de las que de oficio se pudieran advertir en el caso concreto. En el caso, sobreviene el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en razón de que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Lo que se estima así, pues se observa que no hizo valer contra el acuerdo que determinó el embargo de la cuenta bancaria 50036307168 relativa al Grupo Financiero Inbursa, S.A. de C.V., el medio ordinario de defensa consistente en el recurso de revocación previsto en el artículo 1183 del Código de Comercio, susceptible de revocarlo, como enseguida se verá. MARCO NORMATIVO En el caso concreto el suscrito juzgador advierte que ha sobrevenido la causa prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que al respecto señala: ""Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Como se observa, la disposición transcrita prevé el principio de definitividad que regula la procedencia del juicio de amparo contra actos jurisdiccionales, el cual obliga a los agraviados a que, antes de la promoción del juicio constitucional, agoten los recursos o medios ordinarios de defensa establecidos en la ley que rija esos actos y que puedan tener por efecto modificarlos, revocarlos o nulificarlos, lo que tiende a evitar que se tramiten al mismo tiempo diversos medios de impugnación (uno ordinario y otro extraordinario) que tengan un mismo objetivo, previniendo con ello el dictado de decisiones contradictorias. En ese sentido, un acto no puede ser motivo de estudio en el juicio de amparo, si procede contra éste algún recurso o medio de defensa ante la potestad común, que pueda nulificar sus efectos, dejando al juicio constitucional sin materia de análisis, de manera que debe agotarse dicho recurso o medio ordinario de defensa, para acatar el citado principio rector de definitividad. Por ello, se impone al gobernado la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son simples exigencias formales para retardar la impartición de justicia, sino instrumentos idóneos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en la resolución combatida; lo que es acorde con el derecho fundamental de acceso a la justicia, que implica contar con un recurso idóneo que garantice la protección y defensa de los derechos de los gobernados. Lo que es así, porque la exención para cumplir con dicho requisito sólo se actualizaría si la ley ordinaria no contemplara el recurso o medio de impugnación, éste no fuera adecuado y eficaz, no se le permitiera al justiciable agotarlo, o bien, promoviéndolo, las autoridades no lo tramitaran con la debida diligencia y no hubieren producido una decisión definitiva en un plazo razonable, considerando la naturaleza de los hechos del caso, o la propia norma permitiera al interesado renunciar a él; pero si se tuvo a disposición un recurso adecuado, eficaz, expedito, oportuno y obligatorio, para ser oído y, eventualmente, protegido por el órgano superior y no se agotó, entonces no será legítimo dejar de observar la regla de la definitividad. Aunado a lo anterior, cabe señalar que la Ley de Amparo prevé las causas de excepción al aludido principio de definitividad, contenidas en el artículo 61, fracción XVIII, a saber: "(.) Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" En ese sentido, teniendo en cuenta que el amparo es un juicio extraordinario, por ser un medio de control constitucional, sólo puede acudirse a él cuando previamente se han agotado los recursos ordinarios previstos en la ley aplicable, de manera que es procedente únicamente respecto de actos definitivos, con las excepciones antes destacadas. Sirven de apoyo a lo anterior las siguientes tesis de jurisprudencia: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad." "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCION XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." II). Reclamación de providencias precautorias en el Código Comercio Por otra parte, se precisa que el juicio del que deriva el embargo parcial precautorio reclamado, se tramita conforme al Código de Comercio. Partiendo de ello, se tiene que los artículos 1168, 1169, 1167, 1181 y 1183 del aludido ordenamiento legal, disponen: "Artículo 1168.- En los juicios mercantiles únicamente podrán dictarse las medidas cautelares o providencias precautorias, previstas en este Código, y que son las siguientes: I. Radicación de persona, cuando hubiere temor fundado de que se ausente u oculte la persona contra quien deba promoverse o se haya promovido una demanda. Dicha medida únicamente tendrá los efectos previstos en el artículo 1173 de éste Código; II. Retención de bienes, en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando exista temor fundado de que los bienes que se hayan consignado como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar una acción real, se dispongan, oculten, dilapiden, enajenen o sean insuficientes, y b) Tratándose de acciones personales, siempre que la persona contra quien se pida no tuviere otros bienes que aquellos en que se ha de practicar la diligencia, y exista temor fundado de que los disponga, oculte, dilapide o enajene. En los supuestos a que se refiere esta fracción, si los bienes consisten en dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, u otros bienes fungibles, se presumirá, para los efectos de este artículo, el riesgo de que los mismos sean dispuestos, ocultados o dilapidados, salvo que el afectado con la medida garantice el monto del adeudo. Tratándose de la retención de bienes cuya titularidad o propiedad sea susceptible de inscripción en algún registro público, el Juez ordenará que se haga la anotación sobre el mismo. Artículo 1169.- Las disposiciones del artículo anterior comprenden, no solo al deudor, sino también a los tutores, socios y administradores de bienes ajenos. Artículo 1175.- El juez deberá decretar de plano la retención de bienes, cuando el que lo pide cumpla con los siguientes requisitos: I. Pruebe la existencia de un crédito líquido y exigible a su favor; II. Exprese el valor de las prestaciones o el de la cosa que se reclama, designando ésta con toda precisión; III. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, las razones por las cuales tenga temor fundado de que los bienes consignados como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar la acción real serán ocultados, dilapidados, dispuestos o enajenados. En caso de que dichos bienes sean insuficientes para garantizar el adeudo, deberá acreditarlo con el avalúo o las constancias respectivas; IV. Tratándose de acciones personales, manifieste bajo protesta de decir verdad que el deudor no tiene otros bienes conocidos que aquellos en que se ha de practicar la diligencia. Asimismo, deberá expresar las razones por las que exista temor fundado de que el deudor oculte, dilapide o enajene dichos bienes, salvo que se trate de dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, o de otros bienes fungibles, y V. Garantice los daños y perjuicios que pueda ocasionar la medida precautoria al deudor, en el caso de que no se presente la demanda dentro del plazo previsto en este Código o bien porque promovida la demanda, sea absuelta su contraparte. El monto de la garantía deberá ser determinado por el juez prudentemente, con base en la información que se le proporcione y cuidando que la misma sea asequible para el solicitante Artículo 1181.- Ejecutada la providencia precautoria antes de ser promovida la demanda, el que la pidió deberá presentarla dentro de tres días, si el juicio hubiere de seguirse en el lugar en que aquélla se dictó. Si debiere seguirse en otro lugar, el juez aumentará a los tres días señalados, los que resulten de acuerdo al último párrafo del artículo 1075. El que pidió la medida precautoria deberá acreditar ante el juzgador que concedió la providencia la presentación de la demanda ante el juez competente, dentro de los tres días siguientes a que se venza cualquiera de los plazos del párrafo anterior. Artículo 1183.- En contra de la resolución que decrete una providencia precautoria procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos de los artículos 1339,1345, fracción IV, y 1345 bis 1 de este Código. Sin perjuicio de lo anterior, la persona contra quien se haya dictado una providencia precautoria, puede en cualquier tiempo, pero antes de la sentencia ejecutoria, solicitar al juez su modificación o revocación, cuando ocurra un hecho superveniente. Lo subrayado es propio de esta ejecutoria. De los aludidos numerales se desprende que, en contra de quien se decrete una providencia precautoria de ese tipo, puede en cualquier tiempo, pero antes de la sentencia ejecutoria, solicitar al juez su modificación o revocación, previsto en los artículo 1181 y 1183 del código de comercio. Pero además, como se ve, procede recurso de apelación, que será de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos de los artículos 1339,1345, fracción IV, y 1345 bis 1, del código de comercio. Hasta aquí las premisas normativas. ANTECEDENTES Para una mejor comprensión del asunto, se destacan los antecedentes que dieron origen al acto reclamado, los cuales se desprenden de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable: 1. Mediante escrito presentado el diecisiete de febrero del dos mil veintiuno, Rodolfo Frías Ovalle, Susana Ramírez Rojas y Karen Mabel Molina Martínez, en su calidad de representantes y apoderados de Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, solicitaron las providencias precautorias de embargo y radicación de personas en los medios preparatorios a juicio de Sotavento Construcciones y Administraciones, S.A. de C.V., así como de los solidarios obligados Bárbara Morales Macías y Juan Caso Bahena (fojas 2 - 148). 2. El doce de marzo de dos mil veintiuno, la encargada del despacho del Juzgado Sexto de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz, radicó las providencias precautorias de embargo, registrándolo bajo el número 136/2021, de su índice y previno a la parte actora (fojas 149 - 151). 3. En acuerdo de trece de mayo del mismo año, decretó el embargo parcial precautorio por la cantidad de $1'662,197.08 (un millón seiscientos sesenta y dos mil ciento noventa y siete pesos 08/100 Moneda Nacional) sobre el dinero que se encontrara en cuentas bancarias de Sotavento Construcciones y Administraciones, S.A. de C.V., así como de los obligados solidarios Bárbara Morales Macías y Juan Caso Bahena (fojas 160 - 161). 4. El nueve de diciembre de dos mil veintiuno se agregó al expediente 136/2021 del índice del Juzgado responsable, el acuse de demanda en la vía juicio oral mercantil, promovida por Rodolfo Frías Ovalle y Karen Mabel Molina Martínez en contra de Sotavento Construcciones y Administraciones S.A. de C.V., así como a los obligados solidarios Juan Caso Bahena y Bárbara Morales Macías, radicada en el Juzgado Décimo Sexto de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz (fojas 239, 246 - 252). 5. En acuerdo de dos de mayo de dos mil veintidós, se tuvo al Grupo Financiero Inbursa, S.A. de C.V., informando que en relación a Juan Caso Bahena, localizó las siguientes cuentas bancarias: 50036307168 y 50034258350, por lo que procedió al embargo precautorio de las mismas (fojas 264 - 266). Hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN Como se vio, la parte quejosa reclama el acuerdo en el que se decretó la providencia precautoria de embargo y radicación de persona, dictado en el expediente 136/2021 del índice del Juzgado responsable que, ordenó el bloqueo de la cuenta bancaria con número 50036307168 del Grupo Financiero Inbursa, S.A. de C.V., que se encuentra a nombre del aquí quejoso Juan Caso Bahena. En su demanda de amparo, la parte quejosa pretende la revocación de dicho auto porque sostiene que afecta su derecho fundamental a las formalidades esenciales al procedimiento, al considerar que el Juez responsable no le notificó respecto al bloqueo de su cuenta bancaria. En esas condiciones, es inconcuso que la parte quejosa previo a instar la acción constitucional debió agotar el recurso de apelación mencionado en el apartado de premisas de esta sentencia, máxime que la persona contra quien se haya dictado la providencia precautoria, puede en cualquier momento, solicitar al juez su modificación o revocación. Por tanto, si contra el acto reclamado en esta instancia constitucional procede un medido ordinario de impugnación, el cual es el recurso idóneo para revocar la actuación reclamada, es incuestionable que previo a acudir a esta instancia constitucional era necesario que la solicitante del amparo hiciera valer el medio de defensa en la vía ordinaria (recurso de revocación) a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Lo anterior, pues se estima que no se concreta algún de los supuestos de excepción previstos en el párrafo segundo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón de que el acto reclamado no lo constituyen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento penal, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al ejército. Tampoco se está ante una orden de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos. Mucho menos se promovió el presente asunto contra actos relativos a una orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Tampoco se advierte que el acto reclamado se trate del auto de vinculación a proceso y que la parte quejosa se trate de persona extraña al procedimiento, pues es parte demandada en el juicio del cual emana el acto reclamado. Aunado a que, la procedencia del recurso de apelación aludido delimita las reglas para resolverse y la forma de substanciación, por lo que la legislación aplicable no requiere interpretación adicional alguna. De lo anterior, sirve de apoyo la jurisprudencia de la Primer Sala, Décima Época, Materias(s): Común, Civil, Tesis: 1a./J. 40/2018 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 886, que dice lo siguiente: "MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN EL JUICIO MERCANTIL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS OTORGA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA EN EFECTO DEVOLUTIVO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1345, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, POR LO QUE EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El Código de Comercio, en sus artículos 1168 a 1193, establece un sistema completo, expreso y cerrado de medidas cautelares, que sólo comprende las denominadas "providencias precautorias", consistentes en la radicación de persona y la retención de bienes, exclusivamente bajo los supuestos fácticos y jurídicos allí establecidos, y cuya concesión puede impugnarse mediante el recurso de apelación en términos de los preceptos 1183, 1339, 1345, fracción IV, y 1345 Bis 1 de dicho código. En ese sentido, ante la falta de regulación de otro tipo de medidas cautelares distintas a las anteriores, con base en los artículos 1054 y 1063 del código aludido, puede aplicarse supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles a efecto de dictar en los juicios mercantiles las medidas de aseguramiento, para preservar una situación de hecho existente reguladas en este ordenamiento. Ahora bien, el artículo 384 de este último código prevé entre sus enunciados, que no se admitirá recurso alguno contra la resolución que decrete la medida de aseguramiento; sin embargo, esa porción normativa no cobra aplicación de manera supletoria cuando la medida se dicta en el juicio mercantil, pues si en el Código de Comercio se establece la procedencia del recurso de apelación contra las providencias precautorias que regula, ello permite sostener la existencia de un principio de impugnabilidad predicable para toda clase de medidas cautelares como especie, que pudieren dictarse en el proceso mercantil, por lo que la aplicación de la regla supletoria referida sería contraria a ese principio de recurribilidad y, por tanto, no se satisfacen plenamente los requisitos para que opere la supletoriedad de la ley, entre los cuales se contempla precisamente el relativo a que la legislación supletoria sea congruente y no contraríe los principios y bases del ordenamiento a suplir. Así, debe considerarse que contra la resolución que otorga la medida de aseguramiento en un juicio mercantil procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos del artículo 1345, fracción IV, del Código de Comercio, por lo que en observancia al principio de definitividad, ese recurso debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto." CONCLUSIÓN En consecuencia, al actualizarse el motivo de improcedencia analizado del juicio constitucional, con apoyo en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución, al no reclamarse por vicios propios. Al decretarse el sobreseimiento en el asunto, no resulta permitido el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio del fondo del asunto, puesto que éste sólo puede estudiarse de resultar procedente el juicio de amparo, según la jurisprudencia del rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." QUINTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73 a 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se, RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Juan Caso Bahena, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación del presente fallo. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con esta fecha se notifica por lista de acuerdos a la parte quejosa la sentencia engrosada el treinta de septiembre de dos mil veintidós, misma que a la letra dice: SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 411/2022, promovido por Juan Caso Bahena, y RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado a través de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el veintisiete de abril de dos mil veintidós y turnado a este juzgado el mismo día, la parte quejosa promovió demanda de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 1 - 4). SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintiocho de abril siguiente, se acordó: admitir la demanda de amparo; requerir a la autoridad responsable su informe justificado, y, dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional (fojas 5 a 8). Una vez agregado en autos el informe justificado de la autoridad responsable (fojas 16 y 17) e integrado que estuvo el asunto, se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional (foja 5) la cual se llevó a cabo en el horario y día señalados. Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I, y 107, fracción II, inciso b), constitucionales, 37, primer párrafo, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de un acto que es susceptible de afectar directa e irreparablemente garantías fundamentales relacionadas con la legalidad, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil, administrativa, y de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y por cuestión del territorio, toda vez que el acto reclamado produce efectos en la jurisdicción donde ejerce competencia por territorio este Juzgado. SEGUNDO. Fijación de acto. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que el mismo consiste en: Acuerdo que determinó la orden de embargo decretada en el expediente 136/2021 del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz, respecto a la cuenta bancaria 50036307168 relativa al Grupo Financiero Inbursa, S.A. de C.V, (la cual tuvo conocimiento el quejoso el trece de abril de dos mil veintidós, según lo confesó éste en su escrito de demanda). Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de actos. Son ciertos los actos atribuidos a la autoridad responsable Juez Sexto de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz (foja 16 y 17) en razón que al rendir su informe justificado reconoció la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora en razón que el Juez responsable remitió copia certificada de las constancias que integran el expediente 136/2021 (mismas que obran en un tomo de pruebas) las cuales tienen valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su artículo 2°. Son aplicables al caso las jurisprudencias de los rubros siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." y, "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Improcedencia del juicio. Las causas de improcedencia son de estudio preferente al análisis del fondo, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; por tanto, se procede al estudio de las que de oficio se pudieran advertir en el caso concreto. En el caso, sobreviene el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en razón de que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Lo que se estima así, pues se observa que no hizo valer contra el acuerdo que determinó el embargo de la cuenta bancaria 50036307168 relativa al Grupo Financiero Inbursa, S.A. de C.V., el medio ordinario de defensa consistente en el recurso de revocación previsto en el artículo 1183 del Código de Comercio, susceptible de revocarlo, como enseguida se verá. MARCO NORMATIVO En el caso concreto el suscrito juzgador advierte que ha sobrevenido la causa prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que al respecto señala: ""Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Como se observa, la disposición transcrita prevé el principio de definitividad que regula la procedencia del juicio de amparo contra actos jurisdiccionales, el cual obliga a los agraviados a que, antes de la promoción del juicio constitucional, agoten los recursos o medios ordinarios de defensa establecidos en la ley que rija esos actos y que puedan tener por efecto modificarlos, revocarlos o nulificarlos, lo que tiende a evitar que se tramiten al mismo tiempo diversos medios de impugnación (uno ordinario y otro extraordinario) que tengan un mismo objetivo, previniendo con ello el dictado de decisiones contradictorias. En ese sentido, un acto no puede ser motivo de estudio en el juicio de amparo, si procede contra éste algún recurso o medio de defensa ante la potestad común, que pueda nulificar sus efectos, dejando al juicio constitucional sin materia de análisis, de manera que debe agotarse dicho recurso o medio ordinario de defensa, para acatar el citado principio rector de definitividad. Por ello, se impone al gobernado la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son simples exigencias formales para retardar la impartición de justicia, sino instrumentos idóneos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en la resolución combatida; lo que es acorde con el derecho fundamental de acceso a la justicia, que implica contar con un recurso idóneo que garantice la protección y defensa de los derechos de los gobernados. Lo que es así, porque la exención para cumplir con dicho requisito sólo se actualizaría si la ley ordinaria no contemplara el recurso o medio de impugnación, éste no fuera adecuado y eficaz, no se le permitiera al justiciable agotarlo, o bien, promoviéndolo, las autoridades no lo tramitaran con la debida diligencia y no hubieren producido una decisión definitiva en un plazo razonable, considerando la naturaleza de los hechos del caso, o la propia norma permitiera al interesado renunciar a él; pero si se tuvo a disposición un recurso adecuado, eficaz, expedito, oportuno y obligatorio, para ser oído y, eventualmente, protegido por el órgano superior y no se agotó, entonces no será legítimo dejar de observar la regla de la definitividad. Aunado a lo anterior, cabe señalar que la Ley de Amparo prevé las causas de excepción al aludido principio de definitividad, contenidas en el artículo 61, fracción XVIII, a saber: "(.) Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" En ese sentido, teniendo en cuenta que el amparo es un juicio extraordinario, por ser un medio de control constitucional, sólo puede acudirse a él cuando previamente se han agotado los recursos ordinarios previstos en la ley aplicable, de manera que es procedente únicamente respecto de actos definitivos, con las excepciones antes destacadas. Sirven de apoyo a lo anterior las siguientes tesis de jurisprudencia: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad." "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCION XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." II). Reclamación de providencias precautorias en el Código Comercio Por otra parte, se precisa que el juicio del que deriva el embargo parcial precautorio reclamado, se tramita conforme al Código de Comercio. Partiendo de ello, se tiene que los artículos 1168, 1169, 1167, 1181 y 1183 del aludido ordenamiento legal, disponen: "Artículo 1168.- En los juicios mercantiles únicamente podrán dictarse las medidas cautelares o providencias precautorias, previstas en este Código, y que son las siguientes: I. Radicación de persona, cuando hubiere temor fundado de que se ausente u oculte la persona contra quien deba promoverse o se haya promovido una demanda. Dicha medida únicamente tendrá los efectos previstos en el artículo 1173 de éste Código; II. Retención de bienes, en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando exista temor fundado de que los bienes que se hayan consignado como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar una acción real, se dispongan, oculten, dilapiden, enajenen o sean insuficientes, y b) Tratándose de acciones personales, siempre que la persona contra quien se pida no tuviere otros bienes que aquellos en que se ha de practicar la diligencia, y exista temor fundado de que los disponga, oculte, dilapide o enajene. En los supuestos a que se refiere esta fracción, si los bienes consisten en dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, u otros bienes fungibles, se presumirá, para los efectos de este artículo, el riesgo de que los mismos sean dispuestos, ocultados o dilapidados, salvo que el afectado con la medida garantice el monto del adeudo. Tratándose de la retención de bienes cuya titularidad o propiedad sea susceptible de inscripción en algún registro público, el Juez ordenará que se haga la anotación sobre el mismo. Artículo 1169.- Las disposiciones del artículo anterior comprenden, no solo al deudor, sino también a los tutores, socios y administradores de bienes ajenos. Artículo 1175.- El juez deberá decretar de plano la retención de bienes, cuando el que lo pide cumpla con los siguientes requisitos: I. Pruebe la existencia de un crédito líquido y exigible a su favor; II. Exprese el valor de las prestaciones o el de la cosa que se reclama, designando ésta con toda precisión; III. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, las razones por las cuales tenga temor fundado de que los bienes consignados como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar la acción real serán ocultados, dilapidados, dispuestos o enajenados. En caso de que dichos bienes sean insuficientes para garantizar el adeudo, deberá acreditarlo con el avalúo o las constancias respectivas; IV. Tratándose de acciones personales, manifieste bajo protesta de decir verdad que el deudor no tiene otros bienes conocidos que aquellos en que se ha de practicar la diligencia. Asimismo, deberá expresar las razones por las que exista temor fundado de que el deudor oculte, dilapide o enajene dichos bienes, salvo que se trate de dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, o de otros bienes fungibles, y V. Garantice los daños y perjuicios que pueda ocasionar la medida precautoria al deudor, en el caso de que no se presente la demanda dentro del plazo previsto en este Código o bien porque promovida la demanda, sea absuelta su contraparte. El monto de la garantía deberá ser determinado por el juez prudentemente, con base en la información que se le proporcione y cuidando que la misma sea asequible para el solicitante Artículo 1181.- Ejecutada la providencia precautoria antes de ser promovida la demanda, el que la pidió deberá presentarla dentro de tres días, si el juicio hubiere de seguirse en el lugar en que aquélla se dictó. Si debiere seguirse en otro lugar, el juez aumentará a los tres días señalados, los que resulten de acuerdo al último párrafo del artículo 1075. El que pidió la medida precautoria deberá acreditar ante el juzgador que concedió la providencia la presentación de la demanda ante el juez competente, dentro de los tres días siguientes a que se venza cualquiera de los plazos del párrafo anterior. Artículo 1183.- En contra de la resolución que decrete una providencia precautoria procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos de los artículos 1339,1345, fracción IV, y 1345 bis 1 de este Código. Sin perjuicio de lo anterior, la persona contra quien se haya dictado una providencia precautoria, puede en cualquier tiempo, pero antes de la sentencia ejecutoria, solicitar al juez su modificación o revocación, cuando ocurra un hecho superveniente. Lo subrayado es propio de esta ejecutoria. De los aludidos numerales se desprende que, en contra de quien se decrete una providencia precautoria de ese tipo, puede en cualquier tiempo, pero antes de la sentencia ejecutoria, solicitar al juez su modificación o revocación, previsto en los artículo 1181 y 1183 del código de comercio. Pero además, como se ve, procede recurso de apelación, que será de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos de los artículos 1339,1345, fracción IV, y 1345 bis 1, del código de comercio. Hasta aquí las premisas normativas. ANTECEDENTES Para una mejor comprensión del asunto, se destacan los antecedentes que dieron origen al acto reclamado, los cuales se desprenden de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable: 1. Mediante escrito presentado el diecisiete de febrero del dos mil veintiuno, Rodolfo Frías Ovalle, Susana Ramírez Rojas y Karen Mabel Molina Martínez, en su calidad de representantes y apoderados de Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, solicitaron las providencias precautorias de embargo y radicación de personas en los medios preparatorios a juicio de Sotavento Construcciones y Administraciones, S.A. de C.V., así como de los solidarios obligados Bárbara Morales Macías y Juan Caso Bahena (fojas 2 - 148). 2. El doce de marzo de dos mil veintiuno, la encargada del despacho del Juzgado Sexto de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz, radicó las providencias precautorias de embargo, registrándolo bajo el número 136/2021, de su índice y previno a la parte actora (fojas 149 - 151). 3. En acuerdo de trece de mayo del mismo año, decretó el embargo parcial precautorio por la cantidad de $1'662,197.08 (un millón seiscientos sesenta y dos mil ciento noventa y siete pesos 08/100 Moneda Nacional) sobre el dinero que se encontrara en cuentas bancarias de Sotavento Construcciones y Administraciones, S.A. de C.V., así como de los obligados solidarios Bárbara Morales Macías y Juan Caso Bahena (fojas 160 - 161). 4. El nueve de diciembre de dos mil veintiuno se agregó al expediente 136/2021 del índice del Juzgado responsable, el acuse de demanda en la vía juicio oral mercantil, promovida por Rodolfo Frías Ovalle y Karen Mabel Molina Martínez en contra de Sotavento Construcciones y Administraciones S.A. de C.V., así como a los obligados solidarios Juan Caso Bahena y Bárbara Morales Macías, radicada en el Juzgado Décimo Sexto de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz (fojas 239, 246 - 252). 5. En acuerdo de dos de mayo de dos mil veintidós, se tuvo al Grupo Financiero Inbursa, S.A. de C.V., informando que en relación a Juan Caso Bahena, localizó las siguientes cuentas bancarias: 50036307168 y 50034258350, por lo que procedió al embargo precautorio de las mismas (fojas 264 - 266). Hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN Como se vio, la parte quejosa reclama el acuerdo en el que se decretó la providencia precautoria de embargo y radicación de persona, dictado en el expediente 136/2021 del índice del Juzgado responsable que, ordenó el bloqueo de la cuenta bancaria con número 50036307168 del Grupo Financiero Inbursa, S.A. de C.V., que se encuentra a nombre del aquí quejoso Juan Caso Bahena. En su demanda de amparo, la parte quejosa pretende la revocación de dicho auto porque sostiene que afecta su derecho fundamental a las formalidades esenciales al procedimiento, al considerar que el Juez responsable no le notificó respecto al bloqueo de su cuenta bancaria. En esas condiciones, es inconcuso que la parte quejosa previo a instar la acción constitucional debió agotar el recurso de apelación mencionado en el apartado de premisas de esta sentencia, máxime que la persona contra quien se haya dictado la providencia precautoria, puede en cualquier momento, solicitar al juez su modificación o revocación. Por tanto, si contra el acto reclamado en esta instancia constitucional procede un medido ordinario de impugnación, el cual es el recurso idóneo para revocar la actuación reclamada, es incuestionable que previo a acudir a esta instancia constitucional era necesario que la solicitante del amparo hiciera valer el medio de defensa en la vía ordinaria (recurso de revocación) a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Lo anterior, pues se estima que no se concreta algún de los supuestos de excepción previstos en el párrafo segundo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón de que el acto reclamado no lo constituyen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento penal, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al ejército. Tampoco se está ante una orden de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos. Mucho menos se promovió el presente asunto contra actos relativos a una orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Tampoco se advierte que el acto reclamado se trate del auto de vinculación a proceso y que la parte quejosa se trate de persona extraña al procedimiento, pues es parte demandada en el juicio del cual emana el acto reclamado. Aunado a que, la procedencia del recurso de apelación aludido delimita las reglas para resolverse y la forma de substanciación, por lo que la legislación aplicable no requiere interpretación adicional alguna. De lo anterior, sirve de apoyo la jurisprudencia de la Primer Sala, Décima Época, Materias(s): Común, Civil, Tesis: 1a./J. 40/2018 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 886, que dice lo siguiente: "MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN EL JUICIO MERCANTIL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS OTORGA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA EN EFECTO DEVOLUTIVO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1345, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, POR LO QUE EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El Código de Comercio, en sus artículos 1168 a 1193, establece un sistema completo, expreso y cerrado de medidas cautelares, que sólo comprende las denominadas "providencias precautorias", consistentes en la radicación de persona y la retención de bienes, exclusivamente bajo los supuestos fácticos y jurídicos allí establecidos, y cuya concesión puede impugnarse mediante el recurso de apelación en términos de los preceptos 1183, 1339, 1345, fracción IV, y 1345 Bis 1 de dicho código. En ese sentido, ante la falta de regulación de otro tipo de medidas cautelares distintas a las anteriores, con base en los artículos 1054 y 1063 del código aludido, puede aplicarse supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles a efecto de dictar en los juicios mercantiles las medidas de aseguramiento, para preservar una situación de hecho existente reguladas en este ordenamiento. Ahora bien, el artículo 384 de este último código prevé entre sus enunciados, que no se admitirá recurso alguno contra la resolución que decrete la medida de aseguramiento; sin embargo, esa porción normativa no cobra aplicación de manera supletoria cuando la medida se dicta en el juicio mercantil, pues si en el Código de Comercio se establece la procedencia del recurso de apelación contra las providencias precautorias que regula, ello permite sostener la existencia de un principio de impugnabilidad predicable para toda clase de medidas cautelares como especie, que pudieren dictarse en el proceso mercantil, por lo que la aplicación de la regla supletoria referida sería contraria a ese principio de recurribilidad y, por tanto, no se satisfacen plenamente los requisitos para que opere la supletoriedad de la ley, entre los cuales se contempla precisamente el relativo a que la legislación supletoria sea congruente y no contraríe los principios y bases del ordenamiento a suplir. Así, debe considerarse que contra la resolución que otorga la medida de aseguramiento en un juicio mercantil procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos del artículo 1345, fracción IV, del Código de Comercio, por lo que en observancia al principio de definitividad, ese recurso debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto." CONCLUSIÓN En consecuencia, al actualizarse el motivo de improcedencia analizado del juicio constitucional, con apoyo en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución, al no reclamarse por vicios propios. Al decretarse el sobreseimiento en el asunto, no resulta permitido el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio del fondo del asunto, puesto que éste sólo puede estudiarse de resultar procedente el juicio de amparo, según la jurisprudencia del rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." QUINTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73 a 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se, RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Juan Caso Bahena, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación del presente fallo. Notifíquese en términos de ley.
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- Juan Cruz Orozco Rochín493/2020
- Juan Cruz Sánchez415/2016
- Juan Daniel Terreno Vázquez62/2016
- Juan Daniel Terreno Vázquez63/2016