Juan Carlos Xolo Tepox

Expediente 277/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 11 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
277/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
13/11/2023

Partes del expediente

  • Juan Carlos Xolo Tepox

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por ********************, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional en materia de amparo; atento a su contenido, como lo solicita, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza la consulta vía internet del expediente, con el usuario ********************, registrado ante el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal en la dirección electrónica siguiente: http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ Lo anterior, siempre que se encuentre previamente registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por otro lado, con fundamento en los artículos 5, fracción I1, y 22, fracción II2 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado inicialmente en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte y prorrogado en cuanto a su vigencia, se tiene como medio alternativo, únicamente para efectos de entablar COMUNICACIONES NO PROCESALES, los correos electrónicos que proporciona, esto es, fernando.cesar@fgr.org.mx y belem.olvera@fgr.org.mx; sin que a través de dicha mensajería electrónica se pueda realizar notificaciones, ya que no es un medio de notificación previsto por la ley de la materia. Notifíquese en términos de ley.

  2. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 277/2023, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia autorizada el veintinueve de agosto del año en curso, en la que se negó el amparo a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es de carácter CONSERVABLE, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de resolución emitida en data veintiséis de abril de dos mil veintitrés (fojas 29 a 32 del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b) del Acuerdo General, se decreta que es CONSERVABLE en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo acordó y firma electrónicamente Macario Reyna Martínez, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo de una licencia de carácter oficial, otorgada al Titular de este órgano jurisdiccional, comprendida los días veinte y veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Autorización que fue aprobada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y notificada a este juzgado por oficio número CCJ/ST/4684/2023, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.". En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.Así lo acordó y firma electrónicamente Macario Reyna Martínez, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo de una licencia de carácter oficial, otorgada al Titular de este órgano jurisdiccional, comprendida los días veinte y veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Autorización que fue aprobada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y notificada a este juzgado por oficio número CCJ/ST/4684/2023, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia autorizada el veintinueve de agosto del año en curso, en la que se negó el amparo a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es de carácter CONSERVABLE, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de resolución emitida en data veintiséis de abril de dos mil veintitrés (fojas 29 a 32 del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b) del Acuerdo General, se decreta que es CONSERVABLE en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    con esta fecha se notifica electrónicamente al quejoso y por lista a la tercero interesada, por así estar ordenado en autos, lo siguiente: Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 277/2023, y********************R E S U L T A N D O:********************PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el diez de abril de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los juzgados de Distrito en esta ciudad, y turnado el catorce siguiente a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, Héctor de Jesús Martínez Quinto, defensor particular del directo quejoso, ********************, promovió juicio de amparo contra los actos del 1. Juez de Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XIX Distrito Judicial, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz.********************SEGUNDO. Admisión. Mediante proveído de once de abril de dos mil veintitrés (fojas 20-25) se acordó admitir a trámite la demanda de amparo; solicitar a la autoridad responsable su informe justificado; dar la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; emplazar a quienes se tuvieron como terceras interesadas, esto es, Guadalupe Ambros Caliente (victima indirecta) progenitora de Hermelinda Cobaxin Ambros (fallecida) y la Fiscal Primero Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas, y Niños y Trata de Personas, adscrito a la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial XIX, de San Andrés Tuxtla, Veracruz; lo que así se hizo (fojas 54-58 y 32) respectivamente. ********************TERCERO. Finalmente, agotada la secuela procesal, en la medida que obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable (foja 33) así como las constancias relativas al emplazamiento de las terceras interesadas (fojas 32 y 54-58) tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución yC O N S I D E R A N D O:********************PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, adicionado a través del diverso Acuerdo General 3/2021, reformado por el diverso Acuerdo General 4/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós.********************Por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de actos derivados de un proceso penal que se considera que son de imposible reparación, al estar vinculados con la libertad del aquí quejoso, al ser afectada por la prisión preventiva justificada que se impuso en la resolución que aquí se combate; lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto.********************Por razón de la materia (mixta) se es competente porque no sólo se actúa tanto como órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, sino, sobre todo, como de control constitucional al conocer del amparo indirecto en primera instancia.********************Y por cuestión del territorio, atento a que el acto reclamado es ejecutado dentro de la circunscripción territorial en que este juzgado ejerce jurisdicción, por ser el lugar en el que se encuentra cumpliendo con la medida cautelar impuesta al aquí quejoso; además que la autoridad responsable también tiene su domicilio dentro de esta misma circunscripción territorial.********************SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene que los actos reclamados en el presente juicio son: ********************La resolución de veinte de marzo de dos mil veintitrés, en la que se impone la medida cautelar de prisión preventiva justificada de un año al aquí quejoso, dentro del proceso penal número ********************, por el delito de feminicidio.********************Respecto de dicho acto reclamado se advierte que el quejoso fue notificado el mismo día de su emisión. ********************Ahora, establecida la fijación clara y precisa de los actos que se reclaman, por cuestión de método debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos su existencia se encuentra o no probada respecto de la autoridad señalada como responsable.********************TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta resolución es cierto, porque la autoridad responsable, 1. Juez de Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XIX Distrito Judicial, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz (foja 33) así lo reconoció al rendir su informe con justificación.********************Además, así se desprende de las constancias que remitió acompañadas de su informe justificado (fojas 34-43) relativas a la carpeta administrativa del proceso penal 7/2023 del índice del juzgado responsable, en las que obra la trascripción de la audiencia en la que se emitió el acuerdo impugnado (fojas 35-41) y que también se desprende del contenido del CD en que obra el audio y vídeo de la audiencia en que se emitió dicho auto (foja 43).********************Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129, 133, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, ya que se trata de documentos que fueron expedidos por servidores públicos en ejercicio de las funciones que les asigna la ley. ********************CUARTO. Procedencia del juicio. Las causas de improcedencia son de estudio preferente al análisis de fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; sin embargo, al no advertir causa de improcedencia que se actualice en la especie, y que las partes tampoco las señalan, se procede al estudio de los conceptos de violación, que se tienen por reproducidos en obvio de innecesarias repeticiones.********************Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN."********************QUINTO. Estudio. Los conceptos de violación formulados por la parte quejosa son infundados, sin que se advierta cuestión que suplir en favor de la parte quejosa en términos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 79 de la Ley de Amparo, según se verá a continuación.********************MARCO NORMATIVO.********************En torno a la figura jurídica de la prisión preventiva oficiosa, esta está prevista en la segunda parte del segundo párrafo del artículo 19 constitucional que es del contenido siguiente:********************"Artículo 19. (.)********************El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.********************(.)"********************De dicho numeral se desprende que la prisión preventiva oficiosa se impone directamente por el juez del proceso, con el simple requerimiento que de su imposición solicite la representación social, la asesoría jurídica de la víctima o ésta misma, es decir, se impone es forma "automática" por el simple hecho de encontrarse así tasada para el caso de algunos de los delitos enunciados en ese numeral, entre los cuales se encuentra el delito de feminicidio, pues de dicho numeral se desprende que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de feminicidio.********************Ahora bien, lo anterior ve reflejo en lo dispuesto en los artículos 158 y 167, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que son del contenido siguiente:********************"Artículo 158. Debate de medidas cautelares ********************Formulada la imputación, en su caso, o dictado el auto de vinculación a proceso a solicitud del Ministerio Público, de la víctima o de la defensa, se discutirá lo relativo a la necesidad de imposición o modificación de medidas cautelares."********************"Artículo 167. Causas de procedencia********************(.)********************El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. ********************(.)"********************Conforme a los numerales anteriormente trascritos, se deprende que la medida de prisión preventiva oficiosa corresponde a una forma de las medidas cautelares que se precisan en el ordenamiento procesal nacional penal, y que debe ser impuesta obligatoria y oficiosamente, entre otros, en el caso del delito de feminicidio. ********************Ahora bien, importa destacar que el Estado Mexicano ratificó la Convención Americana Sobre Derechos Humanos -Pacto de San José- el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta y uno, y aceptó el dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo cual las sentencias que ésta emite son vinculantes para el Estado Mexicano.********************De igual forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha reconocido en diversas sentencias que la prisión preventiva, en sí misma, no es contraria al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y constituye una medida que los Estados pueden adoptar siempre y cuando éstas se ajusten a los requisitos convencionales, lo cual ha fijado en cada caso contencioso resuelto sobre este tema.********************En ese contexto, cabe destacar que, en sentencia de siete de noviembre de dos mil veintidós, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México, consideró:********************".93. La Corte recuerda que el Estado reconoció parcialmente su responsabilidad en cuanto a la violación de los artículos 7, 8.2 y 25 de la Convención Americana en relación con la obligación de respetar los derechos contenidos en el mismo instrumento, en perjuicio de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López (supra párrs. 14 y 15). En ese sentido, este tribunal entendió en el capítulo IV que ha cesado la controversia con respecto a esas alegadas violaciones. Sin mengua de lo señalado, tomando en cuenta la naturaleza del caso, la Corte estima necesario referirse a algunos puntos relacionados con el derecho a la libertad personal, además de abordar el análisis de las violaciones a la Convención que no fueron reconocidas por el Estado relacionadas con las figuras del arraigo y de la prisión preventiva previstas en el ordenamiento jurídico mexicano. De acuerdo con lo anterior, en el presente acápite abordará esos puntos en el siguiente orden: 1) consideraciones generales sobre la libertad personal y el derecho a la presunción de inocencia en el marco de la investigación y del proceso penal; 2) sobre la compatibilidad de las figuras del arraigo y de la prisión preventiva con la Convención Americana, 3) sobre la aplicación del arraigo y de la prisión preventiva en el caso concreto y 4) conclusión.********************(.)********************95. De forma preliminar, corresponde recordar que los Estados tienen la obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden público dentro de su territorio, y que, en esa medida, deben emplear los medios necesarios para enfrentar la delincuencia y criminalidad organizada incluyendo medidas que impliquen restricciones o incluso privaciones a la libertad personal. Sin perjuicio de lo anterior, el poder del Estado no es ilimitado para alcanzar sus fines, independientemente de la gravedad de ciertas acciones y de la culpabilidad de sus presuntos autores. En particular, las autoridades no pueden vulnerar los derechos reconocidos en la Convención Americana tales como los derechos a la presunción de inocencia, a la libertad personal, al debido proceso y no pueden llevar a cabo detenciones ilegales o arbitrarias, entre otros.********************96. Sobre la arbitrariedad referida en el artículo 7.3 de la Convención Americana, la Corte ha determinado que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que - aun calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad. Se requiere que la ley interna, el procedimiento aplicable y los principios generales expresos o tácitos correspondientes sean, en sí mismos, compatibles con la Convención. Así, no se debe equiparar el concepto de 'arbitrariedad' con el de 'contrario a ley', sino que debe interpretarse de manera más amplia a fin de incluir elementos de incorrección, injusticia e imprevisibilidad. Por otra parte, el artículo 8.2 se refiere al derecho a la presunción de inocencia.********************97. La Corte ha considerado que, para que una medida cautelar restrictiva de la libertad no sea arbitraria y no se vea afectado el derecho a la presunción de inocencia, es necesario que: a) se presenten presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y con la vinculación de la persona procesada a ese hecho; b) esas medidas cumplan con los cuatro elementos del 'test de proporcionalidad', es decir con la finalidad de la medida que debe ser legítima (compatible con la Convención Americana), idónea para cumplir con el fin que se persigue, necesaria y estrictamente proporcional, y c) la decisión que las impone contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas.********************98. Con respecto a lo anterior, cabe recordar que estas consideraciones, en torno a los elementos que deben tomar en cuenta las autoridades a la hora de restringir la libertad personal de una persona investigada por un delito, deben estar contempladas en los ordenamientos jurídicos de los Estados, y deben también ser aplicadas de manera efectiva y de buena fe por parte de los operadores de la justicia.********************(.)********************116. Para llevar a cabo tal análisis, la Corte recuerda que el artículo 2 de la Convención obliga a los Estados Partes a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades protegidos por la Convención . Dicho deber implica la adopción de medidas en dos vertientes. Por una parte, la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención, ya sea porque desconozcan esos derechos o libertades o porque su ejercicio se ve obstaculizado. Por otra, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías.********************117. Como este tribunal ha señalado en otras oportunidades, las disposiciones de derecho interno que se adopten para tales fines han de ser efectivas (principio del effetutile), lo que significa que el Estado tiene la obligación de consagrar y adoptar en su ordenamiento jurídico interno todas las medidas necesarias para que lo establecido en la Convención sea realmente cumplido y puesto en práctica. En ese sentido, este tribunal ha indicado que los Estados no sólo tienen la obligación positiva de adoptar las medidas legislativas necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos en ella consagrados, sino que también deben evitar promulgar leyes que impidan el libre ejercicio de estos derechos y, a la vez, evitar que se supriman o modifiquen las leyes que los protegen.********************118. Por último, corresponde recordar que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados dispone en su artículo 27 que un Estado parte no puede invocar disposiciones de su derecho interno, incluyendo sus disposiciones constitucionales, para dejar sin efecto el cumplimiento de los tratados internacionales y efectuar un adecuado control de convencionalidad.********************(.)********************167. Por otra parte, en el acápite anterior, el tribunal determinó que tanto la figura del arraigo contenida en el artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia de 1996 y en el artículo 133 bis al Código Federal Procesal Penal de 1999, como la figura de la prisión preventiva contemplada en el artículo 161 del código federal procesal penal de 1999, resultaban contrarias a la Convención Americana vulnerando la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contenida en el artículo 2, en relación con los derechos a la libertad personal y presunción de inocencia establecidas en los artículos 7 y 8.2 respectivamente del mismo instrumento. En ese sentido, no cabe duda de que, al aplicar figuras que per se son contrarias a la Convención Americana, las autoridades internas vulneraron los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia en perjuicio de las víctimas incumpliendo su obligación de respeto contenida en el artículo 1.1 de la Convención Americana. (.)"****************************************Asimismo, la citada Corte Interamericana, al resolver el caso García Rodríguez y otro vs México, notificada al Estado Mexicano el doce de abril de este año, estableció:********************"156. La Corte ha considerado que para que una medida cautelar restrictiva de la libertad no sea arbitraria y no se vea afectado el derecho a la presunción de inocencia, es necesario que: a) se presenten presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y con la vinculación de la persona procesada a ese hecho; b) esas medidas cumplan con los cuatro elementos del 'test de proporcionalidad', es decir con la finalidad de la medida que debe ser legítima (compatible con la Convención Americana), idónea para cumplir con el fin que se persigue, necesaria y estrictamente proporcional, y c) la decisión que las impone contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas.********************157. En lo que se refiere al 'test de proporcionalidad', la Corte ha afirmado que corresponde a la autoridad judicial desarrollar un juicio de proporcionalidad al momento de imponer una medida privativa de la libertad. La Corte ha considerado la prisión preventiva como una medida cautelar y no una medida de carácter punitivo, la cual debe aplicarse excepcionalmente al ser la más severa que se puede imponer al procesado por un delito, quien goza del derecho a la presunción de inocencia. A su vez, este tribunal ha indicado en otros casos que la privación de libertad de un imputado o de una persona procesada por un delito no puede residir en fines preventivo-generales o preventivo- especiales atribuibles a la pena. En consecuencia, ha indicado que la prisión preventiva, por tratarse de la medida más severa, debe aplicarse excepcionalmente y la regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal.********************158. Dado lo anterior, corresponde a la autoridad judicial imponer medidas de esta naturaleza únicamente cuando acredite que:********************a) la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convención; b) que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido; c) que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto, y d) que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida.********************159. En lo que refiere al primer punto, el tribunal ha indicado que la medida solo se debe imponer cuando sea necesaria para la satisfacción de un fin legítimo, a saber: que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia. Asimismo, ha destacado que el peligro procesal no se presume, sino que debe realizarse su verificación en cada caso, fundado en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto. La exigencia de dichos fines encuentra fundamento en los artículos 7.3, 7.5 y 8.2 de la Convención. En ese sentido, corresponde recordar que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas indicó que la reclusión previa al juicio no puede ser preceptiva ante todo tipo de delito, sino que debe analizarse según las circunstancias de cada caso y que habrá de determinarse caso a caso cuándo la medida es razonable y necesaria.********************160. Respecto de la necesidad, la Corte encuentra que, al ser la privación de la libertad una medida que implica una restricción a la esfera de acción individual corresponde exigir a la autoridad judicial que imponga dicha medida, únicamente cuando considere que los demás mecanismos previstos en la ley, que impliquen un menor grado de injerencia en los derechos individuales, no son suficientes para satisfacer el fin procesal.********************161. Asimismo, esta Corte ha sostenido que las medidas alternativas deben estar disponibles y que solo se puede imponer una medida restrictiva de la libertad cuando no sea posible el uso de otras medidas para mitigar sus fundamentos, y que las autoridades deben considerar medidas alternativas para garantizar la comparecencia en el juicio. Por su parte, en el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad se refieren a la prisión preventiva como último recurso y aclara que en el procedimiento penal 'sólo se recurrirá a la prisión preventiva como último recurso, teniendo debidamente en cuenta la investigación del supuesto delito y la protección de la sociedad y de la víctima'. Además, agregan que las medidas sustitutivas de la prisión preventiva 'se aplicarán lo antes posible'. En un reciente caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que la prisión preventiva consiste en una grave injerencia en los derechos fundamentales y solo se justifica cuando los tribunales han considerado y juzgado insuficientes otras medidas menos lesivas.********************162. En el mismo sentido, la Corte ha dicho -en los casos que se impongan medidas privativas de la libertad-, que el artículo 7.5 establece límites temporales a su duración, por ende, cuando el plazo de la prisión preventiva sobrepasa lo razonable, procede limitar la libertad del imputado con otras medidas menos lesivas que aseguren la comparecencia al juicio. Los criterios que podrán ser tenidos en cuenta para determinar la razonabilidad del plazo deberán tener estrecha relación con las circunstancias particulares del caso concreto. Teniendo en cuenta lo anterior, a la luz de lo dispuesto en el artículo 7.3, 7.5 y 8.2 (presunción de inocencia), la Corte considera que las autoridades internas deben propender a la imposición de medidas alternativas a la prisión preventiva, a fin de evitar que se desvirtúe el carácter excepcional de la misma. Sobre ese punto, corresponde recordar que los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas (III) establecen que:********************a) La privación de libertad previo a una sentencia condenatoria debe ser por el tiempo mínimo necesario; b) la regla es la libertad del imputado y la excepción es la prisión preventiva; c) en ciertos casos, cuando se prolonga en demasía, los requisitos que se reputan normales o suficientes para justificarla devienen insuficientes y se requiere un mayor esfuerzo argumentativo, y d) se debe fundamentar y justificar en el caso concreto.********************163. Asimismo, la Corte ha considerado que cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente (artículo 8.1) que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, viola el artículo 7.3 de la Convención. De este modo, para que se respete la presunción de inocencia (artículo 8.2) al ordenarse medidas cautelares restrictivas de la libertad, es preciso que el Estado fundamente y acredite, de manera clara y motivada, según cada caso concreto, la existencia de los referidos requisitos exigidos por la Convención.********************(.)********************164. La Corte considera que en el presente caso fue aplicada la figura de la prisión preventiva de conformidad con lo establecido en la Constitución mexicana y lo dispuesto en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000. En ese sentido, el auto formal de prisión de 16 de abril de 2002 del Juez Quinto Penal que dispuso la prisión preventiva de Daniel García Rodríguez, así como la decisión de 30 de noviembre de 2002 del mismo juzgado mediante la cual se dispuso la prisión preventiva de Reyes Alpízar Ortiz se basaron en el artículo 19 de la Constitución vigente en el año 2002 y en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000 que preveía la posibilidad de otorgar la libertad provisional de la persona procesada bajo caución, salvo cuando se trata de 'delitos graves' (artículo 319); mientras que otras decisiones posteriores que revisaron esas medidas cautelares privativas de la libertad se basaron también en la versión revisada del artículo 19 de la Constitución mexicana que dispone la llamada prisión preventiva oficiosa (como por ejemplo la decisión de 24 de noviembre de 2011 del Juzgado Quinto Penal de Primera Instancia, supra párr. 81). De conformidad con lo anterior, corresponde que esta Corte analice la compatibilidad de la figura de la prisión preventiva contenida en el artículo 19 de la Constitución mexicana, tanto en la redacción que tenía cuando las presuntas víctimas fueron objeto de la medida cautelar, como en la redacción reformada en el año 2008, con la Convención Americana. Además, corresponde analizar la figura de la prisión preventiva en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000.********************165. Se mencionó que la Constitución Política de México vigente al momento en que tuvieron lugar los hechos del caso establecía en su artículo 19 que '[n]inguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión en el que se expresarán: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado'.********************166. Del mismo modo, la redacción de ese artículo 19 de la Constitución luego de la reforma del año 2008 agregó un segundo párrafo a continuación del mencionado supra en el que se establece que el 'Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud'.********************169. En el mismo sentido, esta Corte constata que el artículo 19 reformado de la Constitución mexicana, el cual establece que la autoridad judicial "ordenará la prisión preventiva, oficiosamente" para ciertos delitos, adolece de las mismas problemáticas que fueron señaladas para el artículo 319 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000.********************170. En ambas disposiciones legales, la preceptividad del instituto, además, limita el rol del juez afectando su independencia (porque carece de margen de decisión) y supone un acto que deviene exento de todo control real, al tener por motivación la mera aplicación de la norma constitucional, impidiendo al imputado controvertir los hechos o discutir el fundamento.********************(.)********************172. Por otra parte, se podría también analizar si la prisión preventiva oficiosa dispuesta en el artículo 19 constitucional vulnera el principio de igualdad y no discriminación establecido en el artículo 24 de la Convención Americana puesto que el mismo introduce un trato diferente entre las personas imputadas por determinados delitos con respecto a las demás. A este respecto, el Tribunal ha establecido que los Estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de iure o de facto204. Asimismo, en caso de que el trato discriminatorio se refiera a una protección desigual de la ley interna o su aplicación, el hecho debe analizarse a la luz del artículo 24 de la Convención Americana 205 en relación con las categorías protegidas por el artículo 1.1 de la Convención. La Corte recuerda que una diferencia de trato es discriminatoria cuando la misma no tiene una justificación objetiva y razonable206, es decir, cuando no persigue un fin legítimo y no existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios utilizados y el fin perseguido.********************173. En el caso de la prisión preventiva oficiosa, el trato diferenciado puede verificarse en el hecho de que quienes están imputados de cometer ciertos delitos no tendrán posibilidad de controlar ni de defenderse adecuadamente de la medida toda vez que hay un mandato constitucional que impone preceptivamente la medida cautelar privativa de la libertad. Sobre ese punto, es preciso recordar que el artículo 8.2 de la Convención estipula que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a distintas garantías mínimas del debido proceso. Para este Tribunal, es claro que la aplicación automática de la prisión preventiva oficiosa sin considerar el caso concreto y las finalidades legítimas para restringir la libertad de una persona, así como su situación diferencial respecto de otros que, también al ser imputados por delitos, no están comprendidos en el elenco del artículo 19 de la Constitución mexicana, supone necesariamente una lesión al derecho a la igualdad ante la ley vulnerando el artículo 24 de la Convención Americana, y a gozar, en plena igualdad, ciertas garantías del debido proceso vulnerando el artículo 8.2 de dicho instrumento.********************174. Por estos motivos, este Tribunal encuentra que el artículo 319 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000 y 19 de la Constitución de acuerdo a su texto reformado en el año 2008, los cuales fueron aplicados en el presente caso (supra párr. 164), contenían cláusulas, y siguen conteniendo en el caso del artículo 19 de la Constitución, que, per se, resultaban contrarias a varios derechos establecidos en la Convención Americana. Esos serían los derechos a no ser privado de la libertad arbitrariamente (art. 7.3), al control judicial de la privación de la libertad (art. 7.5), a la presunción de inocencia (art. 8.2), y a la igualdad y no discriminación (artículo 24). En esa medida, la Corte concluye que el Estado vulneró esos derechos, en relación con la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno establecida en el artículo 2 de dicho tratado, en perjuicio de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz.********************(.)********************295. En lo que se refiere a la prisión preventiva oficiosa, artículo 19 de la Constitución mexicana que había incorporado en el año 2008 la figura de la prisión preventiva oficiosa, fue modificada en el año 2019 para incorporar más delitos a la lista de los delitos para los cuales se deberá aplicar esa figura.********************Su redacción actual es la siguiente:********************[.] El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.********************296. En ese sentido, el Tribunal nota que algunos de los aspectos contrarios a la Convención Americana que habían sido señalados en el Capítulo de Fondo (supra párrs. 164 a174), aún persisten y fueron incluso ampliados en las normatividades ulteriores. Esos aspectos serían: a) no se hace referencia a las finalidades de la prisión preventiva, ni a los peligros procesales que buscaría precaver; b) tampoco deja la posibilidad de ponderar la aplicación de la medida cautelar a través de un análisis la necesidad de la misma frente a otras medidas menos lesivas para los derechos de la persona procesada como lo serían las medidas alternativas a la privación a la libertad, y c) se establece preceptivamente la aplicación de la prisión preventiva para los delitos que revisten cierta gravedad una vez establecidos los presupuestos materiales sin que se lleva a cabo un análisis de la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares del caso.********************(.)********************301. Por otra parte, en lo que se refiere a la figura de la prisión preventiva oficiosa, esta Corte ordena al Estado, como lo ha hecho en otros casos 279, adecuar su ordenamiento jurídico, incluyendo sus disposiciones constitucionales, para que sea compatible con la Convención Americana. Para tales efectos, el Estado deberá tomar en consideración lo indicado en los párrafos 154 a 163, y 184 de la presente Sentencia, en donde se establecen los requisitos que deben cumplir las medidas de esa naturaleza para que sean compatibles con el referido tratado.********************302. Por otra parte, no solo la supresión o adecuación de las normas en el derecho interno garantizan los derechos contenidos en la Convención Americana, de conformidad a la obligación comprendida en el artículo 2 de dicho instrumento. También se requiere el desarrollo de prácticas estatales conducentes a la observancia efectiva de los derechos y libertades consagrados en la misma puesto que la existencia de una norma no garantiza por sí misma que su aplicación sea adecuada. En ese sentido, es necesario que la aplicación de las normas o su interpretación, en tanto prácticas jurisdiccionales y manifestación del orden público estatal, se encuentren ajustadas al mismo fin que persigue el artículo 2 de la Convención.********************303. Conforme a lo expuesto, se recuerda que las autoridades internas, al aplicar las figuras del arraigo o de la prisión preventiva, deben ejercer un adecuado control de convencionalidad para que las mismas no afecten los derechos contenidos en la Convención Americana de las personas investigadas o procesadas por un delito, atendiendo el principio pro persona. En ese sentido, corresponde reiterar que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y juezas, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, sean estas de naturaleza constitucional o legal, por lo que - en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes- las magistraturas y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana, y en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana (.)."********************En ese sentido, la Corte Interamericana advirtió que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece las finalidades de la prisión preventiva, ni a los peligros procesales que buscaría precaver, ni tampoco la exigencia de hacer un análisis de la necesidad de la medida frente a otras menos lesivas para los derechos de la persona procesada, como lo serían las medidas alternativas a la privación a la libertad; aunado a que se limita el papel del juez y supone un acto que deviene exento de todo control real impidiendo al imputado controvertir los hechos o discutir el fundamento.********************Además, estimó que el citado artículo 19 de la Constitución, contiene disposiciones contrarias a varios derechos establecidos en la Convención Americana; tales como el relativo a no ser privado de la libertad arbitrariamente (art. 7.3), al control judicial de la privación de la libertad (art. 7.5), a la presunción de inocencia (art. 8.2), y a la igualdad y no discriminación (artículo 24).********************La Corte concluyó que el Estado Mexicano vulneró esos derechos, en relación con la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno establecida en el artículo 2 de dicho tratado, en perjuicio de las víctimas.********************En ese tenor, la Corte Interamericana declaró la inconvencionalidad de la figura jurídica de la prisión preventiva oficiosa regulada en el artículo 19 Constitucional, en su texto reformado en los años de dos mil ocho y dos mil diecinueve -incluyendo la reforma de dos mil once-, esto es, el texto constitucional que actualmente se conoce.********************En toda su línea argumentativa la Corte Interamericana sostuvo, de manera puntual, que la prisión preventiva oficiosa regulada en el precepto constitucional aludido es inconvencional porque desatiende la jurisprudencia de la Corte Interamericana -respecto a los derechos de libertad personal y presunción de inocencia reconocidos en los artículos 7.3, 7.5 y 8.2 de la Convención- en el sentido que para que una medida cautelar restrictiva de la libertad no sea arbitraria y no se vea afectado el derecho a la presunción de inocencia, es necesario que: ********************a. Se presenten presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y con la vinculación de la persona procesada a ese hecho; ********************b. Esas medidas cumplan con los cuatro elementos del "test de proporcionalidad", es decir con la finalidad de la medida que debe ser legítima (compatible con la Convención Americana), idónea para cumplir con el fin que se persigue, necesaria y estrictamente proporcional, y********************c. La decisión que las impone contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas. ********************En lo que se refiere al "test de proporcionalidad", la Corte Interamericana ha afirmado que corresponde a la autoridad judicial desarrollar un juicio de proporcionalidad al momento de imponer una medida privativa de la libertad.********************La Corte Interamericana también ha considerado la prisión preventiva como una medida cautelar y no una medida de carácter punitivo, la cual debe aplicarse excepcionalmente al ser la más severa que se puede imponer al procesado por un delito, quien goza del derecho a la presunción de inocencia.********************En consecuencia, el Tribunal Interamericano ha indicado que la prisión preventiva, por tratarse de la medida más severa, debe aplicarse excepcionalmente y la regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal.********************De ahí, que corresponde a la autoridad judicial imponer medidas de esta naturaleza únicamente, bajo los siguientes parámetros********************Cuando acredite que:********************a. La finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convención;********************b. Que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido;********************c. Que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto, y********************d. Que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida.********************En el caso del artículo 19 Constitucional, la Corte Interamericana sostuvo que dicho precepto se aparta de la jurisprudencia del Tribunal Interamericano al establecer preceptivamente la aplicación de la prisión preventiva para los delitos que revisten cierta gravedad una vez establecidos los presupuestos materiales, sin que se lleve a cabo un análisis de la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares del caso, por lo que se está frente a un tipo de prisión preventiva automática o de oficio cuando se imputan ciertos delitos sin que las autoridades tengan la posibilidad de determinar la finalidad, la necesidad o la proporcionalidad de la medida cautelar en cada caso. De esta forma el precepto constitucional limita el rol del juez afectando su independencia (porque carece de margen de decisión) y supone un acto que deviene exento de todo control real, al tener por motivación la mera aplicación de la norma constitucional, impidiendo al imputado controvertir los hechos o discutir el fundamento.********************Siguió señalando, que la prisión preventiva oficiosa dispuesta en el artículo 19 Constitucional también vulnera el principio de igualdad ante la ley y no discriminación -artículo 24 de la Convención- puesto que el precepto introduce un trato diferente entre las personas imputadas por determinados delitos con respecto a las demás, cuando el Tribunal Interamericano ha establecido que los Estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan encaminadas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación. ********************Sobre todo, porque una diferencia de trato es discriminatoria cuando la misma no tiene una justificación objetiva y razonable, es decir, cuando no persigue un fin legítimo y no existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios utilizados y el fin perseguido.********************Por tanto, concluyó que el Estado vulneró los derechos señalados, en relación con la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno establecidas en el artículo 2 de dicho tratado -Convención Americana Sobre Derechos Humanos.********************Con independencia de lo anterior, también debe precisarse en relación con la citada prisión preventiva oficiosa, que el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda autoridad de nuestro país, en el ámbito de su respectiva competencia está facultada y obligada a observar los derechos protegidos por la propia Carta Magna y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano forme parte, favoreciendo la interpretación que otorgue la protección más amplia. ********************En ejercicio de tal facultad, los jueces nacionales, tanto federales como locales, se encuentran facultados para emitir pronunciamiento en respeto y garantía de los Derechos Humanos reconocidos por la Constitución Mexicana y los Tratados Internacionales, con la limitante de que los jueces nacionales, en ejercicio de la misma, no están en posibilidad de hacer declaratoria de inconstitucionalidad de normas generales, sino sólo a inaplicarla en el caso concreto.********************Así, nuestro más Alto Tribunal del País sostuvo, entre otros, el criterio relativo a que los jueces del país, en el ámbito de su competencia, se encuentran obligados a dejar de aplicar las normas inferiores, cuando sean contrarias a las contenidas en la Constitución y los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos.********************De ahí que los tribunales que conocen del juicio de amparo (directo, indirecto o en revisión) se encuentran facultados para realizar el control difuso de constitucionalidad o convencionalidad de las normas aplicadas al acto reclamado de que se trate.********************Conforme a lo anterior, es importante precisar que, al resolver el amparo directo en revisión 243/2017, el diez de enero de dos mil dieciocho, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció en relación con el principio de contradicción en el proceso penal acusatorio, que el mismo ha sido reconocido en todos los ordenamientos jurídicos respaldados por una ideología democrática. ********************Dijo que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo prevé en su artículo 8.1 al disponer que: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter".********************Acotó que en nuestro sistema jurídico, el principio de contradicción encuentra su fundamento en los artículos 14, párrafo segundo, y 20, fracciones III, primera parte, y IV, segunda parte, ambos de la Constitución Federal, que literalmente disponen: ********************"Artículo 14. (.)********************Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho".********************"Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de (.) contradicción (.).********************A. De los principios generales:********************III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. (.).********************IV. (.). La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral".********************Estableció que, conceptualmente el principio de contradicción se manifiesta desde dos diferentes vertientes complementarias: como un derecho de defensa y como una garantía en la formación de la prueba.********************Ello, porque cuando se habla del derecho de defensa o de audiencia se hace referencia a la consideración del principio de contradicción desde la perspectiva de un derecho de todas las partes en el proceso, cuyo contenido esencial radica en la exigencia de ser oído, en el sentido de que puedan alegar y probar para conformar la sentencia, que conozcan y puedan rebatir todos los materiales de hecho y de derecho que puedan influir en la emisión del fallo judicial.********************En la vigencia del principio de contradicción, las partes del proceso penal -todas y no nada más el acusado-encuentran el fundamento que les asegura el derecho y la razonable oportunidad de hacer oír sus argumentos y ofrecer sus pruebas, así como la de refutar y controlar las del adversario. Típica característica de los sistemas adversariales, en los cuales son las partes las que tienen la responsabilidad de aportar los hechos y las pruebas al proceso, razón por la cual son ellas las que deben investigar los hechos y a quienes corresponde desarrollar los aspectos legales que los fundamenten, interpretándolos de la manera más favorable a los intereses del Estado -si se trata del Fiscal- o del acusado, si se trata de la defensa.********************En ese sentido, dijo la Primera Sala que la observancia del referido principio exige que toda afirmación, petición o pretensión formulada por una de las partes en el proceso, debe ponerse en conocimiento de la contraria para que ésta pueda expresar su conformidad u oposición manifestando sus propias razones. Desde este enfoque, se sostuvo que el principio aludido niega la posibilidad de que exista prueba oculta. El conocimiento de los elementos probatorios y de la evidencia física, que serán objeto de prueba en el juicio es la condición que permite el ejercicio del contradictorio en la audiencia de juicio. De manera que las pruebas practicadas a espaldas de las partes, que se conserven en secreto o que sean conocidas solamente por el juez antes de la sentencia, carecerán de valor probatorio, por vulnerar el derecho de defensa de la parte a quien perjudique.********************De ahí que, dijo la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, en esta vertiente, el principio de contradicción consiste en el indispensable interés de someter a refutación y contra argumentación la información, actos y pruebas de la contraparte, en un proceso jurisdiccional.********************Ahora bien, para dar cumplimiento a tal directriz debe tenerse en cuenta que, la inaplicación de la norma que prevé la citada medida precautoria de prisión preventiva oficiosa, por inconvencional, debe conllevar el consecuente reconocimiento del derecho que asiste a la víctima del delito, incluso la parte acusadora, para solicitar y acreditar una diversa medida cautelar, que puede ser la prisión preventiva justificada y que, en el caso, consideren que resulta procedente aplicar al acusado, pues sólo así se podrá dar cumplimiento a la estricta observancia del principio de igualdad procesal de las partes que, a criterio del suscrito, se deprende de la interpretación concatenada de la fracción V, en relación con la diversa X, ambas del apartado A, y fracción VI del apartado C, ambos del artículo 20 constitucional, que son de la trascripción siguientes:********************Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.********************A. De los principios generales:********************(.)********************V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente;********************(.)********************X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio.********************(.)********************C. De los derechos de la víctima o del ofendido:********************(.) ********************VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y********************(.)"********************De los numerales anteriores se deprende el derecho que, en igualdad de las partes, corresponde a la parte acusadora o a la víctima u ofendido del delito, quien podrá solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, conforme al principio de igualdad procesal y bajo el cual podrá sostener la acusación o la defensa, respectivamente, en cumplimiento de la carga de la prueba; sobre todo, cuando se trate de demostrar la procedencia de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, cuando así sea solicitada; incluso, su revisión en la audiencia correspondiente.********************Lo que no se puede concebir de forma contraria, atendiendo a que, si en principio la norma constitucional que deviene inconvencional, otorgaba el derecho a la parte acusadora, incluso la parte ofendida o la víctima del delito, para que, tratándose de los delitos precisados en dicha norma constitucional, la prisión preventiva se aplicaría oficiosamente al acusado con la sola petición de ello; es decir, de forma automática, sin requerir justificación ni acreditamiento alguno.********************De ahí que, la inaplicación de ese precepto constitucional y de su regulación ordinaria, se considera que no puede tener el alcance para desconocer o restringir el derecho de la parte acusadora, incluso la parte ofendida o la víctima del delito, para solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos; entre estas medidas, la concerniente a la prisión preventiva justificada, pues se considera que el desconocimiento convencional de la regla oficiosa en favor del acusado debe subsanarse en favor de su contraparte cuando ello implica la pérdida del derecho a la citada cautela oficiosa, sobre todo, para cumplir el principio de igualdad procesal de las partes al que se ha hecho referencia.********************Máxime que lo contrario conllevaría privilegiar a una de las partes, al proporcionarle una ventaja indebida frente a su contraparte, con lo cual se vulneraría el principio de igualdad procesal al que hace referencia la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que es del contenido siguiente:********************PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SUS ALCANCES. ********************El principio citado encuentra sustento en el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que las partes tendrán igualdad para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; principio que se relaciona, a su vez, con los diversos de igualdad ante la ley y entre las partes, previstos en los artículos 10 y 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respectivamente. Ahora bien, el principio de igualdad procesal se refiere esencialmente a que las partes tendrán los mismos derechos e idénticas expectativas, posibilidades y cargas procesales, y deriva a su vez, de la regla general de la igualdad de los sujetos ante la ley, la cual exige la supresión de cualquier tipo de discriminación que se base en la raza o el grupo étnico, el sexo, la clase social o el estatus político, esto es, la igualdad entre todas las personas respecto a los derechos fundamentales es el resultado de un proceso de gradual eliminación de discriminación y, por consiguiente, de unificación de todo aquello que venía reconociendo como idéntico, una naturaleza común del ser humano por encima de toda diferencia de sexo, raza, religión, etcétera. En esos términos, las partes procesales que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación y la defensa, según sea el caso. Razón por la cual, los Jueces durante el proceso penal deberán emprender las acciones y verificar que existan las condiciones necesarias tendentes a garantizar un trato digno e idéntico a las partes sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos previstos en la Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes que de ellos emanen, de manera que no pueden privilegiar a un sujeto en el debate con algún acto procesal que le proporcione una ventaja indebida frente a su contrario, pues de ser así, se vulneraría el principio de mérito.********************Además, la conclusión anterior se considera que tiene congruencia con la alcanzada en la ejecutoria relativa al amparo en revisión 315/2021 del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues en ésta se precisó, sustancialmente, que la prisión preventiva oficiosa es una restricción constitucional a la libertad personal, que bajo la normatividad internacional debe ser una medida excepcional para su imposición, por lo que se puede afirmar que ni el legislador de la Constitución ni el legislador ordinario propiciaron distinción alguna de aquella figura en cuanto a la posibilidad de su revisión, cese o prolongación, a los dos años de su imposición.********************Por tanto, en caso de que el plazo de duración de la prisión preventiva oficiosa deba prolongarse, esta decisión de la autoridad jurisdiccional deberá estar sujeta a un escrutinio elevado en justificación, que evitará que esta medida cautelar se extienda innecesariamente. ********************De conformidad con los estándares internacionales y los precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para realizar este escrutinio, las autoridades respectivas tomarán en cuenta tres elementos: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y, c) la conducta de las autoridades. ********************En el entendido de que corresponde al Fiscal la carga de probar ante la autoridad judicial que, en el caso concreto, se actualizan dichos elementos, esto es, que el asunto es complejo, que la actividad procesal del interesado es la detonante de la dilación para la culminación del proceso y que la conducta de las autoridades ha sido diligente en la conducción del proceso. Y, en su caso, el Ministerio Público deberá acreditar la necesidad de que continúe la medida cautelar. ********************Ahora bien, la consecuencia de no demostrar debidamente lo anterior, se concluyó que será el cese de la prisión preventiva oficiosa y dará lugar, entonces, a que se debata en la audiencia respectiva la imposición de otra u otras de las medidas cautelares que prevé el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 161 y demás aplicables de dicho código procesal. La prisión preventiva (en cualquier modalidad) es profundamente restrictiva del derecho a la libertad personal de los imputados en el proceso penal acusatorio y, por tanto, debe ser revisable********************Lo anterior, se plasmó en el contenido de la tesis de jurisprudencia que es del contenido siguiente:********************PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. PROCEDE REVISAR SU DURACIÓN EN EL PLAZO DE DOS AÑOS, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 20, APARTADO B, FRACCIÓN IX, CONSTITUCIONAL Y, EN SU CASO, DETERMINAR SI CESA O SE PROLONGA SU APLICACIÓN.********************Hechos: Una persona fue vinculada a proceso por el delito de privación de la libertad para cometer el delito de robo; consecuentemente, se le impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa. Durante el desarrollo del procedimiento, la defensa solicitó audiencia para debatir el cese y sustitución de la medida cautelar, al haber transcurrido más de dos años sin que le fuera dictada sentencia; la Jueza de Control determinó negar la petición, lo que fue confirmado en apelación. En contra de la anterior determinación, la defensa promovió juicio de amparo indirecto, el cual se negó por el Tribunal Unitario de Amparo bajo el argumento de que no puede analizarse el párrafo segundo, de la fracción IX, apartado B, del artículo 20 de la Constitución General sin considerar lo que a su vez establece el diverso 19 del mismo ordenamiento, respecto a tal medida excepcional y la justificación de la prisión preventiva oficiosa, cuya imposición obedece a diversos factores tales como el tipo de delito cometido y los medios comisivos.********************Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que de la exposición de motivos que permite conocer el origen causal de la creación de la prisión preventiva oficiosa, prevista en el artículo 19 constitucional, así como de la interpretación que esta Primera Sala ha fijado respecto al artículo 20, apartado B, fracción IX, constitucional, no se advierte impedimento constitucional o legal alguno para que la prisión preventiva, impuesta oficiosamente por un Juez de Control en el sistema penal acusatorio, pueda ser revisada en el plazo de dos años posterior a su aplicación, para el efecto de que dicha autoridad determine su cese o prolongación.********************Justificación: Bajo el entendimiento de que la prisión preventiva oficiosa es una restricción constitucional a la libertad personal, que bajo la normatividad internacional debe ser una medida excepcional para su imposición, se puede afirmar que ni el legislador de la Constitución ni el legislador ordinario propiciaron distinción alguna de aquella figura en cuanto a la posibilidad de su revisión, cese o prolongación, a los dos años de su imposición. Por tanto, en caso de que el plazo de duración de la prisión preventiva oficiosa deba prolongarse, esta decisión de la autoridad jurisdiccional deberá estar sujeta a un escrutinio elevado en justificación, que evitará que esta medida cautelar se extienda innecesariamente. De conformidad con los estándares internacionales y los precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para realizar este escrutinio, las autoridades respectivas tomarán en cuenta tres elementos: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y, c) la conducta de las autoridades. En el entendido de que corresponde al Fiscal la carga de probar ante la autoridad judicial que, en el caso concreto, se actualizan dichos elementos, esto es, que el asunto es complejo, que la actividad procesal del interesado es la detonante de la dilación para la culminación del proceso y que la conducta de las autoridades ha sido diligente en la conducción del proceso. Y, en su caso, el Ministerio Público deberá acreditar la necesidad de que continúe la medida cautelar. La consecuencia de no demostrar debidamente lo anterior, será el cese de la prisión preventiva oficiosa y dará lugar, entonces, a que se debata en la audiencia respectiva la imposición de otra u otras de las medidas cautelares que prevé el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 161 y demás aplicables de dicho código procesal. La prisión preventiva (en cualquier modalidad) es profundamente restrictiva del derecho a la libertad personal de los imputados en el proceso penal acusatorio y, por tanto, debe ser revisable.********************Hasta aquí las consideraciones de la normatividad aplicable.********************ANTECEDENTES********************Los antecedentes de los actos reclamados que se desprenden de las documentales que se allegaron al presente asunto en justificación de los actos de la autoridad judicial responsable (fojas 34-72 y CD); así como de las manifestaciones realizadas por éste en la demanda del presente juicio, son de la relación siguiente.********************1.- El proceso penal número 32/2020 del índice del Juzgado de Proceso y Procedimientos Penal Oral de San Andrés Tuxtla, Veracruz, se sigue en contra del aquí quejoso, JUAN CARLOS XOLO TEPOX, por la posible comisión del delito de feminicidio, cometido en agravio de la víctima directa Hermelinda Cobaxin Ambros, representada por su madre, la ofendida Guadalupe Ambros Caliente.********************2.- El veintitrés de marzo de dos mil veinte, en audiencia inicial, se formuló imputación en donde le dieron a conocer los hechos por lo que se le investiga al quejoso, JUAN CARLOS XOLO TEPOX.********************3.- En continuación de la audiencia, específicamente en el segmento de audiencia de debate de medidas cautelares que se llevó a cabo el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, el juez responsable impuso la prisión preventiva oficiosa al aquí quejoso, con una vigencia de diez meses.********************4.- En fecha veintinueve de marzo dos mil veinte, nuevamente en continuación de la audiencia inicial, se decretó el auto de vinculación a proceso al aquí quejoso, JUAN CARLOS XOLO TEPOX.********************5.- A continuación, en la audiencia de cierre de investigación complementaria de veintinueve de marzo de dos mil veinte, se decretó como plazo para el cierre de dicha investigación complementaria el de cuatro meses.********************6.- Luego, en audiencia de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, se llevó a cabo audiencia de revisión de medida cautelar en donde resuelve imponerle nuevamente la prisión preventiva oficiosa por un tiempo de seis meses más, misma que se le había impuesto el veintitrés de marzo de dos mil veinte, pero con una vigencia de diez meses, señalando que se habían realizado diversas ampliaciones de esta medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.********************7.- El dieciocho de marzo de dos mil veintidós, se llevó a cabo audiencia de revisión de medida cautelar en donde resuelve imponerle nuevamente la prisión preventiva oficiosa por un tiempo de un año más.********************8.- En fecha veinte del mes de marzo de dos mil veintitrés, luego de fijar fechas y horas para la celebración de "jornadas" en que tendría lugar el desahogo de la audiencia de debate del juicio, se desahogó la correspondiente de revisión de medida cautelar ante el juez de enjuiciamiento, ahora dentro del proceso penal 07/2023, misma que fuera solicitada por el ministerio público y en la cual, tras levantar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y que se otorgara el derecho a la representación social para que, en su caso, solicitara y acreditara la aplicación de una diversa, finalmente se impuso al quejoso, JUAN CARLOS XOLO TEPOX, la prisión preventiva justificada de un año; lo que se precisó al tenor de la paráfrasis siguiente:********************".Tengo por hechas las manifestaciones de las partes, voy a emitir una resolución con lo expuesto, ha lugar a imponer la prisión preventiva de carácter justificada en los términos que viene solicitando la institución de Ministerio público y la asesoría jurídica toda vez que el hecho por el que es acusado el señor ******************** se castiga con pena de prisión, primer requisito para poder imponer esta medida cautelar, además esta medida cautelar de prisión preventiva es proporcional al hecho por el cual está siendo acusado, como bien expuso el ministerio público tiene reservada una punibilidad de 40 a 70 años de prisión. Esto aunado a los fines para los cuales fueron establecidos en la legislación procesal y desde luego bajo la perspectiva de derechos humanos que sustentó la Corte lnteramericana de Derechos humanos en el caso Tzompaxtle Tecpile y Robles vs México, así como otros ya referidos por parte del defensor particular, si bien es cierto él alude haberse perdido en el debate, él refiere que el ministerio público no realizó una nueva solicitud de revisión de medida; difiero de sus manifestaciones, precisamente el de la voz manifestó en primer lugar inaplicar la prisión preventiva de carácter oficiosa, esto por la inconvencionalidad de la misma en los términos expuestos; esto, por compartir el de la voz ese criterio que se sustentó por el máximo intérprete de la Convención Americana de Derechos Humanos en los numerales 7.2, 7.3, donde establece ese derecho que tiene toda persona a la libertad y esto desde luego con la obligación de este juzgador como operador de justicia en el estado mexicano que fue condenado en esta sentencia y desde luego con esa obligación fue que el ministerio publico debía justificar esa necesidad, excepcionalidad y proporcionalidad de la medida que viene pidiendo; esto lo encuentro, aun cuando el señor ******************** goza de ese principio de presunción de inocencia, de ese derecho a la libertad, en el caso encuentro que debe cautelarse el riesgo de que el señor se evada de la acción de la justicia; es decir existe un riesgo de sustracción derivado de que, aun cuando argumenta que desde su datos generales él ha establecido un domicilio en este distrito judicial, esto es contrario a lo expuesto en los datos personales que se mantienen bajo resguardo, de donde encuentro no se estableció esto así; si bien es cierto se pudo haber establecido en otras etapas del proceso, en la que hoy atiendo, el señor ******************** proporcionó datos que debo entender son correctos y en ningún momento me establece un domicilio en este distrito judicial; aunado a ello tampoco se establece el asiento de su familia; tampoco se establece su residencia antes de estar recluido; es cierto que lleva tres años en lo que estaba cumpliendo la prisión preventiva de carácter oficioso y aun así no se estableció cuál era su domicilio ahorita, el asiento de su familia, tampoco se pudo establecer que las trece medidas cautelares que establece el numeral 155 fueran suficientes para cautelar ese riesgo para que se evada de la acción de la justicia, como bien refiere el asesor jurídico en sus intervenciones; la parte ofendida o víctimas indirectas tienen ese derecho a la verdad, a la impartición de justicia y eso se agotará una vez concluido el proceso. Los fines que persigue el proceso está en el artículo 20, en su apartado A, sabiendo el señor ******************** que el ministerio publico estableció una acusación, que este órgano jurisdiccional se ha constituido como Tribunal Unitario de enjuiciamiento, que se ha señalado fecha y hora para la audiencia de debate, es factible que de imponerle cualquier otra medida cautelar que establecen las trece fracciones anteriores a la decimocuarta del artículo 155 de la ley adjetiva, podría sustraerse de la acción de la justicia; además, el máximo de la pena que pudiera imponérsele por el delito del que se trata efectivamente me permite establecer ese peligro de sustracción y que, además, no es ese sólo argumento el que me orilla a encontrar ese peligro de sustracción, sino además el hecho que el acusado pudiera tornarse en una actitud agresiva o evitar que los testigos que fueron admitidos para el proceso, ellos referidos en el oficio 815 y 816 de elementos de policía ministerial, pudiera el acusado atentar contra estos y esto es factible porque precisamente dada la etapa en la que nos encontramos se ha realizado el descubrimiento probatorio; tiene acceso a cada uno de los antecedentes de investigación; conoce cada uno de los medios de prueba que el ministerio publico ofertó y se le admitieron, y pretende llevar a la audiencia de debate en juicio, la cual ya se señaló, y esto desde luego es un riesgo que debe cautelarse. Efectivamente, como bien afirmaba el defensor particular en su argumentación previa a esta resolución, que la Corte Interamericana que esta medida más grave y última ratio sólo debe imponerse cuando sea estrictamente necesaria para cautelar riesgos, dadas todas estas consideraciones, el de la voz advierte que sí existe esa necesidad, sí existe proporcionalidad en relación al hecho por el cual fue acusado y sí existe esa excepcionalidad, pues considera el de la voz que ninguna de las que establece la ley procesal permitiría agotar cada una de las etapas del proceso y cumplir con el objeto del proceso penal en México. Por lo anterior, deberá mantenerse en el centro penitenciario ZAMORA a ********************, por el término de un año contado a partir de esta fecha; este término se considera el suficiente y estrictamente necesario para agotar la audiencia de debate en juicio; en su caso emitir una resolución y, sin prejuzgar, dará lugar a conocer de la segunda instancia, y si fuera el señor absuelto en la audiencia correspondiente se levantaría esa medida cautelar y se dejaría sin ningún efecto, pues un fallo absolutorio así lo obligaría; esto no se considera una pena anticipada ni violenta la presunción de inocencia, gírese el oficio correspondiente." ********************La resolución a que se refiere el antecedente anterior de esta relatoría constituye el acto reclamado en el presente juicio y hasta aquí la narración de los antecedentes vinculados con los actos reclamados.********************SUBSUNCIÓN********************Del escrito de demanda de amparo se advierte que el quejoso sostiene tres violaciones esenciales que el suscrito identifica: dos de ellas en cuanto a la oportunidad que fue otorgada por el juez responsable, para solicitar la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva justificada (violación a los principios de seguridad jurídica y de imparcialidad) y una más, dirigida a desvirtuar la legalidad de la medida impuesta al quejoso, no obstante no haber quedado acreditada (violación al criterio de mínima intervención); mismas que, en el orden propuesto, se hicieron consistir en las que son de la paráfrasis siguiente:********************VIOLACIÓN A LA SEGURIDAD JURÍDICA.********************En ningún momento se otorgó y reconoció el derecho humano de la seguridad jurídica de mi representado, generando una amenaza permanente sobre el derecho a un debido proceso.********************De ahí que:********************- No garantizó estabilidad en esta situación jurídica;********************- No dio confianza en la institucionalidad democrática trastocando al estado de derecho;********************- No hizo efectiva la certeza de los derechos:********************- Se originó por un aspecto legal y/o una práctica estatal que reduce la confianza pública de la institución judicial en el goce de los derechos.********************Sobre todo, porque el JUEZ DE ENJUICIAMIENTO fue parcial y arbitrario al abrir un segundo debate así como también al pasar por alto la aplicación del criterio de mínima intervención y con ello garantizar la TUTELA JUDICIAL EFECTIVA en su segunda y tercera vertiente, de mi representado, QUE ES LA JUDICIAL, QUE VA DESDE EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO HASTA LA ULTIMA ACTUACION YA LA QUE CORRESPONDEN LAS GARANTIAS DEL DEBIDO PROCESO y la de UNA RESOLUCION EFICAZ.********************VIOLACIÓN AL CRITERIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN********************Tratándose de la imposición de medidas cautelares el juez deberá tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Publico realice, aplicando el criterio de mínima intervención, el cual debe ir encaminado a que la aplicación de la prisión preventiva es la última Ratio, la excepción a la regla, encontrando estrecha relación con el principio de proporcionalidad, pues lo que se busca como resultado es la eficacia, por lo que lo proporcional se basa en que la gravedad sea suficiente para lograr el fin de aplicación, significando que esa excepción es, porque no existe en el ámbito jurídico ningún otro instrumento que resulte menos lesivo o porque las demás alternativas de control han fallado, advirtiendo a las autoridades a que, todo lo que rebase será desproporcionado.********************De ahí que, el ministerio público, en ningún momento manifestó de manera objetiva por qué se tenga que establecer y seguir subsistiendo la prisión preventiva, sólo hizo alusión a la cuestión del ejercicio de defensa de los dos o casi dos años para justificar que a la fecha hay tres años y casi dos años fueron por el ejercicio de defensa; pero en ningún momento refirió por qué tenía que seguir subsistiendo la prisión preventiva; más sin embargo, en su momento, que fue el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, el otrora juez conocedor de las etapas previas impuso como medida cautelar la prisión preventiva de manera oficiosa; esto, por encontrarse en el catálogo del artículo 19, párrafo segundo, de nuestra Constitución; es decir, por ser el delito de Feminicidio.********************No obstante, el ministerio público en el primer debate y siendo éste el que debe de prevalecer, no dio argumento alguno donde diera a conocer a la autoridad responsable una base objetiva para que siga subsistiendo la prisión preventiva, no demostró en este caso concreto, la finalidades de la prisión preventiva, ni de las peligros procesales que buscaría precaver, ni tampoco a la exigencia de hacer un análisis de la necesidad de la medida frente a otras menos lesivas para las derechos de la persona procesada, como lo serían las medidas alternativas a la privación a la libertad. Además, su solicitud la realizó sin que se llevara a cabo un análisis de la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares de este caso.********************El simple hecho de que hiciera mención a que se vencía la vigencia de la medida cautelar y aunado a ello justificara que a la fecha llevamos tres años de prisión preventiva oficiosa, y que casi dos años son debido al ejercicio de defensa, y por ello solicitaba que se prorrogara y subsistiera la misma, por ser prisión preventiva oficiosa, por un año más, fue muy subjetivo y totalmente contrario a la convención de derechos humanos del pacto de San José en sus artículos 2, 7.3, 7.5 y 8.2.********************Hasta ese momento el ministerio público no había demostrado una base objetiva para que esa imposición de prisión preventiva subsista, se limitó genérica y subjetivamente que es suficiente para seguir con el proceso y porque se encuentra en el artículo 19 párrafo segundo constitucional y porque a la fecha si hay tres años de prisión preventiva, casi dos años fueron por el ejercicio de defensa; siendo contrario a derecho si tomamos en consideración el numeral 7.3 de la convención americana sobre derechos humanos donde se establece la detención o encarcelamiento arbitrario.********************Así, contrario a la representación social, considera que la defensa demostró que las circunstancias habían variado de manera objetiva, puesto que el artículo 19, párrafo segundo, de nuestra Constitución ha sido declarado inconvencional por la corte interamericana sobre derechos humanos en el caso Tzompaxtle Tecpile y Robles vs México, por lo tanto, el juez primigenio tenía que haber modificado la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a ********************.********************Ahora bien, en un segundo debate totalmente arbitrario, donde el juez actuó de manera parcial y sin un criterio de mínima intervención, permitió que el ministerio público realizara una nueva solicitud, donde solicitó la imposición de prisión preventiva justificada por el riesgo de sustracción del imputado por la cuestión del arraigo, que por llevar recluido tres años en el penal Zamora no se tiene la certeza que hasta este momento cuente con un domicilio en este Distrito Judicial; además que se tiene que considerar la máxima de la pena que se le puede imponer por este delito de feminicidio que es de 40 a 70 años de presión, aunado a que se le han dado a conocer los testigos de cargo y él tiene conocimiento de quienes son y lo que van a decir; dónde viven y trabajan; teniendo con ello el riesgo que pueden correr estos testigos y las víctimas en el caso que el acusado obtenga su libertad, pues conoce el oficio de investigación 815 y 816 realizado por los policías ministeriales a los testigos de cargo.********************Además, sostiene que en ningún momento le corrieron traslado de la existencia de una evaluación de riesgo que le hayan realizado a mi representado para que haya acreditado la peligrosidad y que efectivamente corran riesgo la víctima o los testigos de manera objetiva; el hecho de que se diga que se conocen los nombres de los que van a deponer como de la víctima, eso es muy subjetivo, así como que se puede sustraer de la acción de la justicia por que la penalidad es muy cuantiosa; es de pleno conocimiento que este argumento atenta el principio de presunción de inocencia por ponderar un principio de culpabilidad, y en cuanto al arraigo, si bien es cierto lleva tres años recluido en el CERESO Zamora, de acuerdo a un deber de lealtad, mi representado en todo lo que va el proceso, y en la carpeta de investigación, ha proporcionado uno que concuerda plenamente con su credencial de elector, siendo este domicilio de Puerta Nueva, Municipio de San Andrés Tuxtla, Ver., por lo que todas esas manifestaciones fueron subjetivas para que se tomaran en cuenta para imponer una prisión preventiva justificada; el ministerio púbico no volvió hacer alusión por qué esa medida cautelar cumple con la finalidad del proceso, por qué la excepcionalidad a la regla, por qué de la 1 a la 13 no cumplen con esa finalidad, en ningún momento ha satisfecho los requisitos para que se imponga la prisión preventiva justificada.********************De ahí que solamente puede aplicarse cuando se analizan los peligros procesales que buscaría precaver para la necesidad de la medida frente a otras menos lesivas para los derechos de la persona procesada.********************VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD********************En la especie, de manera arbitraria el juez abrió un nuevo debate en donde le dio la oportunidad al ministerio público de plantear nuevamente su solicitud sobre la medida cautelar que ya había sido debatida con anterioridad, en donde ya se había vertido un debate, donde hubo un argumento, contra argumento, replica y duplica, incluso la autoridad responsable ya había emitido una resolución, pues la representación social ya había tenido en su momento la oportunidad de solicitar y de debatir sobre la revisión de medida cautelar, por lo que el A Quo debió resolver en base a ese primer debate y no así permitir un segundo debate en donde fue obvio que el juez le dio la oportunidad nuevamente al ministerio público de realizar su solicitud; lo cierto es que, el primer debate correspondía a la solitud de revisión de medida cautelar que hiciera el ministerio público para esa audiencia de 20 de marzo de 2023 y en base a ello tenía el juez que resolver modificar la medida cautelar; ese segundo debate fue arbitrario, ello hubiera sido valido ante una nueva solicitud de revisión de medida cautelar en otro momento, por lo que se aprecia a la luz del derecho que el juez, como rector del proceso penal, no actuó en un plano de neutralidad; mostró interés en favorecer a la representación social y con ello perjudico a ********************; implicando que concedió ventajas y privilegios ilegales al ministerio público.********************Los anteriores motivos de disenso devienen infundados. ********************Lo anterior es así, ya que, en cuanto a la violación al principio de seguridad jurídica y al principio de imparcialidad que debe revestir el juez del proceso -que se atienden en forma simultánea, al tener como base similar argumento fáctico en que éstas se sostienen, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Amparo- fundamentalmente, porque considera que, luego de que decretara la inaplicación de la norma que en su momento sustentó la prisión preventiva oficiosa, sin sustento jurídico alguno y trasgrediendo la imparcialidad con la que se debe conducir en proceso, el juez de los autos abrió un nuevo debate y le otorgó a la representación social acusadora el derecho para solicitar la prisión preventiva justificada.********************Sin embargo, como se dijo, los anteriores motivos de disenso devienen infundados, pues se considera que el argumento de la parte quejosa tiene como origen una premisa inexacta, esto es, que el juez de los autos no podía otorgar el derecho a la parte acusadora para que solicitara la prisión preventiva justificada, y que, tal proceder, trasgrede la parcialidad con que se debe conducir en proceso el juez responsable.********************Lo anterior es así, pues ante la inaplicación de la norma constitucional que sustentó la prisión preventiva oficiosa, así como sus leyes ordinarias que regulan tal aspecto, entonces es que se considera que el juez de los autos tuvo en cuenta que, dicha inaplicación conlleva el consecuente reconocimiento del derecho que asiste a la víctima del delito, incluso la parte acusadora, para solicitar y acreditar la eventual prisión preventiva justificada que consideren que en el caso resulta procedente aplicar al acusado, pues sólo así se daría cumplimiento al principio de igualdad procesal de las partes que, en el caso de la medida cautelar de prisión preventiva justificada se desprende de la interpretación concatenada de la fracción V, en relación con la diversa X, ambas del apartado A, y fracción VI del apartado C, ambos del artículo 20 constitucional.********************Y es que el derecho que en igualdad procesal de las partes corresponde a la parte acusadora o a la víctima u ofendido del delito, según se desprende de los numerales anteriores, reconoce que éstas podrán solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, pues bajo tal principio se podrá sostener la acusación o la defensa, respectivamente en cumplimiento de la carga de la prueba, sobre todo, cuando se trate de demostrar la procedencia de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, cuando ésta sea solicitada, incluso su revisión en la audiencia correspondiente.********************Lo que no se puede concebir de forma contraria, como se dijo, atendiendo a que, la norma constitucional que se estima inconvencional otorgaba implícitamente el derecho a la parte acusadora, incluso a la parte ofendida o la víctima del delito, para que, tratándose de los delitos precisados en dicha norma constitucional, con la sola petición se aplicaría oficiosamente al acusado esa medida cautelar, sin requerir justificación ni acreditamiento alguno.********************Sin embargo, la inaplicación de ese precepto constitucional, y de su regulación ordinaria, se considera que no pueden tener el alcance para tener por precluido o coartar el derecho a solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, como lo es, entre estas medidas, la concerniente a la prisión preventiva justificada, pues ante tal inaplicación, tal derecho debe ser atendido a fin de no trasgredir en perjuicio de esa parte el principio de igualdad procesal que rige en tal proceso.********************De lo anterior se sigue lo infundado de los conceptos de violación que en torno a la seguridad jurídica y la imparcialidad con que se debe conducir el juez del proceso.********************Por otra parte, se considera igualmente infundado el concepto de violación que esgrime la parte quejosa, en torno a la legalidad del acto reclamado. ********************Lo anteriormente es así, pues si bien es cierto que la imposición de una prisión preventiva justificada no puede sostenerse sobre la premisa de la penalidad y gravedad de un hecho con apariencia de delito, lo cierto es que, contrario al parecer del aquí quejoso, se considera que está apegada a derecho la decisión del juez responsable al imponer dicha medida sobre la base de que, a ese estado procesal, aún se encuentra pendiente la audiencia de debate en la que tendrá lugar el desahogo de las pruebas testimoniales ofrecidas y admitidas a la parte acusadora y que, por su previo ofrecimiento y admisión, ya son del conocimiento del quejoso los nombre de los ofrecidos en tal carácter.********************De ahí que la necesidad de cautela respecto de la prevalencia para que los citados atestes asistan al desahogo de la prueba testimonial ofrecida a su cargo; sobre todo, con la tranquilidad de sentirse seguros en sus personas, hasta en tanto no se lleve a cabo dicho desahogo, que se considera no podría tener ese mismo efecto, de saber que el aquí quejoso estuviera gozando de una libertad provisional que pueda generar no lograr el desahogo de dichas pruebas; sobre todo, atendiendo la gravedad que conlleva la existencia de un hecho como el que se investiga.********************Así pues, se considera que es apegada a derecho la decisión del juez responsable, pues en términos de lo dispuesto en el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable, para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento.********************Por tanto, si la finalidad de la imposición de la prisión preventiva se justificó para garantizar la seguridad de los testigos ofrecidos y, con ello, evitar la obstaculización del procedimiento, entonces la decisión analizada en la especie se considera apegada a derecho, y de ello deviene lo infundado de los argumentos de la parte quejosa.********************CONCLUSIÓN******************** Por tanto, al resultar infundados los conceptos de violación que esgrime la parte quejosa, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado.********************SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y. ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia.******************** Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República; 73 a 79 y demás relativos de su ley reglamentaria, seRESUELVE:PRIMERO. La Justicia Federal NO ampara NI protege a *********, contra la resolución de veinte de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el proceso penal número****, del índice del juzgado responsable; lo anterior, por los motivos y razones expuestos en el considerando quinto de este fallo.SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación del presente fallo.Notifíquese en términos de ley.

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