Juan Carlos Xolo Tepox
Expediente 448/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 448/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 08/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Juan Carlos Xolo Tepox
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
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Boca del Río, Veracruz, ocho de noviembre de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia dictada el catorce de octubre de dos mil veintiuno, en la que se negó el amparo a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General, sin que sea el caso requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
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VIII. Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa y por lista de acuerdos a la tercera interesada, la sentencia engrosada el catorce de octubre de dos mil veintidós, misma que a la letra dice: Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 448/2022, y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el doce de mayo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los juzgados de Distrito en esta ciudad, y turnado al día siguiente a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, Juan Carlos Xolo Tepox promovió juicio de amparo contra los actos de la autoridad que serán precisados posteriormente. SEGUNDO. Mediante proveído de dieciséis de mayo de dos mil veintidós (fojas 26-30) se acordó admitir a trámite la demanda de amparo; solicitar a la autoridad responsable su informe justificado; dar la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; emplazar a los terceros interesados, Guadalupe Ambros Caliente, víctima del delito, y el Fiscal Primera Especializada en la Investigación de Delios de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños de Trata de Personas, adscrito a la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XIX Distrito Judicial, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz -lo que así se hizo, en cuanto a la primera de ellos, mediante despacho que se giró para tal efecto (fojas 117-126) y respecto de la segunda, a través de oficio telegráfico que se le giró para tal efecto (foja 38); pero sin que hubieran comparecido al presente juicio-. TERCERO. Agotada la secuela procesal, en la medida que obran en autos el informe justificado de la autoridad responsable (fojas 39 y 60) así como las constancias relativas al emplazamiento de la parte tercera interesada (fojas 38 y 117-126) y tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución, y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de un acto intraprocesal dictado en un proceso penal, susceptible de afectar el derecho a la libertad y seguridad jurídica del quejoso, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. Por razón de la materia (mixta) en razón de que actúa tanto como órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como de control constitucional al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Y por cuestión del territorio, atento a que el acto reclamado no conlleva ejecución alguna y la demanda de amparo se presentó ante esta autoridad judicial; de ahí la competencia por territorio que le corresponde. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene que los actos reclamados en el presente juicio son: Del 1. Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XIX Distrito Judicial de San Andrés Tuxtla, Veracruz: La resolución de veinte de abril de dos mil veintidós, dictado dentro del proceso penal 32/2020 del índice del juzgado responsable, que resolvió el incidente de nulidad promovido por el aquí quejoso. (Esta resolución fue notificada al aquí quejoso el veinte de abril de dos mil veintidós) Establecida la fijación clara y precisa de los actos que se reclaman, por cuestión de método debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de las autoridades señaladas como responsables. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta resolución es cierto. En principio, porque así lo reconoció la autoridad responsable 1. Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XIX Distrito Judicial de San Andrés Tuxtla, Veracruz, al rendir su informe con justificación (fojas 39 y 60). Pero, además, porque así se desprende de la reproducción del único disco óptico remitido por la autoridad responsable, en el cual se advierte que dentro de la audiencia que se llevó acabo el veinte de abril de dos mil veintidós, celebrada dentro del proceso penal 32/2020 del índice del juzgado responsable, se dictó la resolución que resolvió el incidente de nulidad promovido por el aquí quejoso. Tales constancias merecen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 188, 197, 202, 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, cuentan con pleno valor probatorio, por tratarse, los primeros, de audiovisuales en formato DVD, considerado descubrimiento de la ciencia, en tanto que la documental es pública, por haber sido emitida por autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo anterior acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente y, con apoyo en la Jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), que se lee: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Procedencia del juicio. No se advierte causa de improcedencia, ni las partes señalan que se actualice alguna; por tanto, se estudiarán los conceptos de violación, los que se tienen por reproducidos, en obvio de innecesarias repeticiones. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." QUINTO. Análisis de constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación formulados son infundados, sin que se advierta queja que suplir que en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, que beneficie al quejoso; según se verá con posterioridad en la presente resolución. MARCO NORMATIVO. En primer término se impone destacar que todo acto de autoridad debe cumplir con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal, el cual establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Ello, pues para que la afectación que sufre el inculpado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, el auto de referencia debe reunir, además de los requisitos citados, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial competente, se encuentre fundado y motivado y que se dicte respecto de un delito castigado con pena corporal; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que la referencia que tal precepto hace en relación con la competencia no implica a la legitimidad de un funcionario ni cómo es que éste se incorpora a la función pública, sino que se está dirigido a los límites predeterminados para su actuación ante los titulares de los bienes y derechos que tutela ese precepto, es decir, únicamente se refiere a los límites fijados a la autoridad para su actuación frente a los particulares. Por esta razón se considera que los tribunales primarios, ni aun los de amparo, pueden conocer de la legitimidad de funcionarios públicos, cualquiera que sea la causa de irregularidad alegada, pues ello conllevaría a la pérdida de la autonomía de los Estados; aunado a la circunstancia de que, en todo caso, el artículo 16 constitucional debería referirse no sólo a la "autoridad competente", sino también de "autoridad legítima"; pero sobre todo, porque el juicio de amparo está previsto para analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, tal como aparezca probado ante la autoridad responsable; de ahí que no compete a los órganos del Poder Judicial de la Federación entrar en apreciaciones sobre si la autoridad responsable está capacitada o impedida para dictar la resolución que se le reclama. Lo anterior se orienta por la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: SERVIDORES PÚBLICOS. NO PUEDEN, VÁLIDAMENTE, CONOCER DE SU LEGITIMIDAD LOS TRIBUNALES DE AMPARO NI LOS ORDINARIOS DE JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. La noción de "incompetencia de origen" nació para significar los problemas que entrañaban la ilegitimidad de las autoridades locales por infracciones a las normas reguladoras de su designación o elección. Dicha incompetencia se distinguía de las irregularidades examinadas en el contexto de control de legalidad de los actos de autoridad, porque su conocimiento por los tribunales federales se traduciría en una intervención injustificada en la soberanía de las entidades federativas, y redundaría en el empleo del juicio de amparo como instrumento para influir en materia política. Sin embargo, la referida noción, limitada al desconocimiento de autoridades locales de índole política o judicial, se hizo extensiva a todos los casos en que por cualquier razón se discutiera la designación de un funcionario federal o local perteneciente, inclusive, al Poder Ejecutivo, o la regularidad de su ingreso a cualquier sector de la función pública, introduciéndose una distinción esencial entre la incompetencia de origen y la incompetencia derivada del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de lo que derivó que frente a los funcionarios de jure, se creó una teoría de los funcionarios de facto, es decir, aquellos cuya permanencia en la función pública es irregular, ya sea por inexistencia total o existencia viciada del acto formal de designación, o por ineficacia sobrevenida del título legitimante, frecuentemente debida a razones de temporalidad e inhabilitación. Ahora bien, el examen de la legitimidad de un funcionario y de la competencia de un órgano supone una distinción esencial, pues mientras la primera explica la integración de un órgano y la situación de una persona física frente a las normas que regulan las condiciones personales y los requisitos formales necesarios para encarnarlo y darle vida de relación orgánica; la segunda determina los límites en los cuales un órgano puede actuar frente a terceros. En ese sentido, el indicado artículo 16 no se refiere a la legitimidad de un funcionario ni a la manera como se incorpora a la función pública, sino a los límites fijados para la actuación del órgano frente a los particulares, ya que son justamente los bienes de éstos el objeto de tutela del precepto, en tanto consagra una garantía individual, y no un control interno de la organización administrativa. Por tanto, los tribunales de amparo ni los ordinarios de jurisdicción contenciosa administrativa federal pueden conocer, con motivo de argumentos sobre incompetencia por violación al artículo 16 constitucional, de la legitimidad de funcionarios públicos, cualquiera que sea la causa de irregularidad alegada, sin perjuicio de la posible responsabilidad administrativa o penal exigible a la persona sin investidura o dotada de una irregular. Por lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia 20/2000 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: AUTO DE FORMAL PRISIÓN O DE SUJECIÓN A PROCESO. EN EL DICTADO DE DICHA RESOLUCIÓN PUEDEN VIOLARSE GARANTÍAS INDIVIDUALES DISTINTAS A LAS CONSAGRADAS EN EL ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL. El hecho de que el artículo 19 de la Constitución Federal establezca los requisitos de fondo y de forma que todo auto de formal prisión o de sujeción a proceso debe contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con lo previsto en el mencionado precepto constitucional. Ello es así, porque para que la afectación que sufre el inculpado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, el auto de referencia debe reunir, además de los requisitos citados, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial, se encuentre fundado y motivado y que se dicte respecto de un delito castigado con pena corporal; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud, debe decirse que en el dictado del auto de término constitucional pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las garantías de seguridad jurídica contempladas en la Ley Fundamental. Así como también, por el criterio aislado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, cuyo contenido es el siguiente: COMPETENCIA DE ORIGEN. LA LEGITIMIDAD DE LA DESIGNACIÓN DE UN JUEZ COMO COMISIONADO PARA INTEGRAR UNA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ, NO PUEDE SER MATERIA DE ANÁLISIS EN EL JUICIO DE AMPARO, AL TRATARSE DE UN TEMA RELATIVO A AQUÉLLA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en el juicio de amparo no es susceptible de analizarse la competencia de origen de la autoridad responsable, es decir, la legitimidad de su nombramiento; pues en aquél sólo se estudia la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, por ende, no compete a los órganos del Poder Judicial de la Federación entrar en apreciaciones sobre si la autoridad responsable está capacitada o impedida para dictar la resolución que se le reclama. Lo anterior es así, toda vez que la competencia que puede ser analizada vía jurisdiccional a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es aquella por razón de materia, grado y territorio de las autoridades, puesto que la obligación de la autoridad de cumplir en el acto de que se trate, con la fundamentación y motivación requeridas por dicho precepto constitucional, se colma en esos términos. En tales condiciones, el examen de la legitimidad de un funcionario -competencia de origen- y de la competencia de un órgano supone una distinción esencial, pues mientras la primera explica la integración de un órgano y la situación de una persona física frente a las normas que regulan las condiciones personales y los requisitos formales necesarios para encarnarlo y darle vida de relación orgánica; la segunda determina los límites en los cuales un órgano puede actuar frente a terceros. Así, el artículo 16 constitucional, no se refiere a la legitimidad de un funcionario ni a la manera como se incorpora a la función pública, sino a los límites fijados para la actuación del órgano frente a los particulares, ya que son justamente los bienes de éstos su objeto de tutela del precepto, en tanto consagra una garantía individual, y no un control interno de la organización administrativa. En ese tenor, no pueden ser materia de análisis por parte de los órganos del Poder Judicial de la Federación en el juicio de amparo -sea vía indirecta o directa- los argumentos del quejoso en que cuestiona la legitimidad -competencia de origen- de la designación por parte del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz de un Juez como comisionado para integrar una Sala de dicho órgano, cualquiera que sea la causa de la irregularidad aducida. Ello, con independencia de la posible responsabilidad administrativa o penal en que pudiera incurrir una persona dotada de una investidura irregular o carente de ella. ANTECEDENTES Para apreciar con claridad los actos reclamados, se relatan los siguientes antecedentes del acto reclamado, obtenidos de las documentales y del disco compacto enviado por el juez responsable, a saber: 1.- La causa penal 32/2020 se sigue en contra del aquí quejoso por delito de feminicidio. 2.- Durante la secuela procesal, se aduce que el licenciado Roberto Santos Maldonado Morales, fungiendo como Juez de Control con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, giró orden de aprehensión en contra del aquí quejoso y, posteriormente, resolvió su situación jurídica en un inicio. 3.- Por otra parte, la licenciada Maritza Zulema López Griego, con el carácter de Jueza de Control con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, presidió la celebración de dos audiencias en la fase intermedia que se llevaron a cabo el veinticinco de noviembre y ocho de diciembre, ambos de dos mil veinte. Así también, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio 217/2021 de este índice, la antes citada jueza de control presidió las audiencias de reposición de la audiencia inicial que se realizaron los días veintiséis de agosto, siete y ocho de septiembre de dos mil veintiuno, en la que, tras subsanar las deficiencias que provocaron la concesión de amparo, dictó nuevamente el auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso. De igual forma, la referida jueza de control presidió la audiencia de revisión de la medida cautelar que se llevó a cabo el veinte de septiembre de dos mil veintiuno. 4.- Mediante escrito presentado el veintidós de abril de dos mil veintidós, y con base en el artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el aquí quejoso solicitó al Juez de Control con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, audiencia de Nulidad de Actos por Violación a Derechos Humanos; ello, bajo el argumento toral siguiente: Que la autoridad competente no cumplió con la obligación de proteger los derechos humanos del procesado, toda vez que designó los mencionados jueces de control referidos en los antecedentes que preceden, quienes presidieron en diferentes segmentos de audiencias y dentro de los autos de ese proceso penal, pero sin que cumplieran los requisitos que establece el artículo 58, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Veracruz, por lo cual solicitó la nulidad del proceso penal y, en consecuencia, la inmediata libertad del aquí quejoso. Para tal efectos ofreció como pruebas de su parte los registros de cédulas profesionales de los licenciados Roberto Santos Maldonado Morales y Maritza Zulema López Griego; el oficio 356/2020 de veintitrés de marzo de dos mil veinte; Discos versátiles dl juzgado e control, audios y vídeos de las audiencias celebradas en el proceso 32/2020 que presidieron, respectivamente, los citados licenciados, Roberto Santos Maldonado Morales y Maritza Zulema López Griego; el oficio 0515 de veintinueve de septiembre de dos mil veinte. 5.- El veinte de abril de dos mil veintidós se celebró la audiencia solicitada por el aquí quejoso, misma que se declaró improcedente el citado incidente de nulidad de actos, lo que se hizo bajo los argumentos que son de las consideraciones sustanciales del orden siguiente: Contrario a las consideraciones del quejoso, el juez primario no advirtió violación a los derechos humanos del incidentista, atento a que las actuaciones que pretende anular fueron materia de análisis constitucional en el juicio de amparo 217/2021. Además, adujo que los jueces que le anticiparon en el conocimiento de etapas anteriores del proceso penal de origen, tuvieron un nombramiento emitido por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, mismo que dijo desconocer en los términos en que les fueron otorgados, y si al respecto tuvieron alguna dispensa en relación con esos; razones por las cuales consideró no dar la razón al incidentista, porque a dichas personas se les tomó protesta cuando adquirieron el encargo. Ahora, por cuanto al oficio 015115 de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, signado por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, dirigido a la licenciada, Maritza Zulema López Griego, el juez responsable también precisó desconocer su procedencia y si bien se destaca de ese que en términos del artículo 58 bis, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Veracruz, se hizo del conocimiento de la citada funcionaria judicial que se dejó sin efecto el nombramiento y que a partir del veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno se dio por concluido su encargo, sin embargo, consideró que la citada juez estuvo actuando legalmente durante el periodo, mismo que abraca, incluso, el día ocho de septiembre de dos mil veintiuno, en el que, adujo verbalmente el defensor del aquí quejoso, se llevó a cabo la sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, en la que sugiere que se determinó la revocación del nombramiento. Así también, consideró ser improcedente conceder la nulidad promovida, puesto que ello equivale a dejar sin efecto todo lo actuado en dos años, aproximadamente, en el proceso penal de origen; lo que dejaría también en estado de indefensión a todos los ciudadanos. Máxime que considera que no está facultado para declarar esa nulidad, ni aun de oficio, como se pretende, pero sobre todo, que tuvo en cuenta que se encontraba pendiente el recurso de inconformidad que se interpuso contra la resolución que declaró cumplida la ejecutoria del amparo indirecto que promovió el incidentista y por lo cual aún no se ha tenido por cumplida la ejecutoria de amparo dictada en ese juicio constitucional, lo que también ha impedido celebrar la audiencia relativa a la etapa intermedia del citado proceso. Por otro lado dijo el juez responsable, que tampoco se trasgrede el derecho a la debida defensa del aquí quejoso, así como diversos derechos fundamentales en términos del artículo 1º constitucional, en virtud de que éste ha ejerciendo sus derechos de defensa; pero sobre todo, porque no se puede desatender que también se encuentra la parte ofendida, quien cuenta con el derecho humano a que se le repare justicia. Además, destacó el juez primario, que el incidentista aun cuenta con la presunción de inocencia que señala el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción I, hasta en tanto no se dicte sentencia definitiva; ello sin soslayar la observancia de las medidas cautelares prevista en el artículo 19 constitucional y que considera de aplicación acorde al asunto, atendiendo a la gravedad del hecho atribuido y que implica la prisión preventiva oficiosa. La resolución a que se refiere este punto constituye el acto reclamado en el presente juicio. SUBSUNCIÓN En la especie, del contenido de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa sostiene que el acto es ilegal, al considerar que el juez responsable no atendió al derechos humanos a la Seguridad Jurídica y Tutela Judicial Efectiva en favor del quejoso; esto es así, porque no se otorgó y reconoció el derecho humano de la seguridad jurídica del quejoso, generando una amenaza permanente sobre el derecho a un debido proceso y constituyendo un factor de mayor inseguridad jurídica para el gobernado, al no tutelarse de manera efectiva el goce de ese derecho humano, ya que en términos del principio de seguridad jurídica, es necesario materializar los derechos de los gobernados a través de la institucionalidad democrática para crear un mecanismo efectivo de ese derecho en la práctica. Por otra parte, aduce la ilegalidad del acto reclamado, al sostener que existe un agravio al derecho humano de la seguridad jurídica del quejoso, puesto que no se ve asegurada, en tanto no exista confianza que los derechos y libertades fundamentales serán respetados y garantizados a todas las personas bajo la jurisdicción de un Estado. En otra parte más, sostiene que no se garantizó de forma efectiva por el Poder Judicial del Estado de Veracruz, impactando en el proceso penal seguido en contra del quejoso, afectando la seguridad jurídica y tampoco fue respetado ni garantizado a través de una Tutela judicial efectiva ese derecho humano que trasciende en su libertad personal por no hacer una análisis exhaustivo y completo de los datos de prueba y lo argumentado por esta defensa. Es decir, se advierte de la demanda de amparo, que los conceptos de violación se reducen sustancialmente a la reiteración, ampliada, de los argumentos que fueron expuestos ante la autoridad responsable y que se traduce en la violación de derechos fundamentales del quejoso, en sus vertientes de seguridad jurídica y tutela judicial efectiva, al haberse seguido en su contra un proceso penal por jueces cuya competencia de origen no colma los requisitos establecidos en la constitución local, para sustentar ese cargo. Lo anterior es infundado. Se sostiene lo anterior, porque al margen de las consideraciones que sostuvo el juez responsable, lo cierto es que el juez primario responsable no podía analizar la competencia de origen de los jueces involucrados con las actuaciones cuya nulidad se pide; incluso, ni aun el suscrito puede llevarlo a cabo en esta vía de amparo. Lo anterior es así, ya que la trasgresión de los aludidos derechos de seguridad jurídica y tutela judicial efectiva, subyace al análisis de la competencia de origen de los jueces que participaron en el proceso seguido en su contra, lo cual está impedido realizar el juez responsable, así como el suscrito juzgador, puesto que la competencia a que hace referencia el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no implica a la legitimidad de un funcionario ni cómo es que éste se incorpora a la función pública, sino que se está dirigido a los límites predeterminados para su actuación ante los titulares de los bienes y derechos que tutela ese precepto. De ahí que los tribunales primarios, así como los de amparo, no pueden conocer de la legitimidad de funcionarios públicos, cualquiera que sea la causa de irregularidad alegada, pues ello conllevaría a la pérdida de la autonomía de los Estados, aunado a la circunstancia de que, en todo caso, el artículo 16 constitucional debería referirse no sólo a la "autoridad competente", sino también de "autoridad legítima". CONCLUSIÓN En consecuencia, al estar impedido para analizar la competencia de origen de los jueces aludidos, entonces el argumento toral que sobre dicho análisis se expone el quejoso, resulta inatendible y por tanto, lo procedente es negar el amparo solicitado. SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y. ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República; 73 a 79 y demás relativos de su ley reglamentaria, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia Federal NO AMPARA NI PROTEGE a Juan Carlos Xolo Tepox, contra los actos y las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo y tercero, por los motivos expuestos en el considerando quinto de este fallo. Notifíquese en términos de ley.Así lo resolvió y firma el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, hoy catorce de octubre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este juzgado, asistido del secretario, Macario Reyna Martínez, con quien actúa y da fe. Doy fe.Macario Reyna Martínez
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Boca del Río, Veracruz, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por el Juez de Control Adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XIX Distrito Judicial, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, con el cual da cumplimiento a lo solicitado mediante proveído del quince de agosto pasado, ya que remite lo ahí solicitado; en tal sentido, se ordena dar vista con lo anterior a las partes para que manifiesten lo que a derecho corresponda, dentro del plazo de ocho días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional, como lo ordena el artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.
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Boca del Río, Veracruz, quince de agosto de dos mil veintidós. Del estado de autos se obtiene que al rendir su informe justificado el Juez de Control y Enjuiciamiento Adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial XIX, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, remitió unas copias certificadas respecto del acto reclamado, sin embargo, de un análisis preliminar del asunto, se estiman insuficientes para dictar la sentencia en el presente juicio de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en concordancia con el diverso 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a la autoridad arriba antes citada, para que dentro del plazo de TRES DÍAS contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, envíe a este juzgado, copias certificadas, íntegras y legibles del índice cronológico de las audiencias desahogadas a efecto de poder dictar el incidente de nulidad de veinte de abril de dos mil veintidós, dictado en contra de Juan Carlos Xolo Tepox, en el proceso penal 32/2020 de su índice administrativo, en el que se advierta el orden en que intervinieron cada una de las partes en la misma, lo anterior con fundamento en los artículos 117 y 178 último párrafo, ambos de la Ley de Amparo. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá multa de cien hasta mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) según sea el caso, de conformidad con la fracción II, del artículo 260 de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, ante la posibilidad de diferir oficiosamente la audiencia constitucional, en términos de lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de Amparo, es que el suscrito determina diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, como nueva fecha para su verificativo. Notifíquese en términos de ley.
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