Juan Carlos Uriza Zapata
Expediente 127/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 127/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/02/2022
Partes del expediente
- Juan Carlos Uriza Zapata
Actuaciones
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, tres de febrero de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso Juan Carlos Uriza Zapata, a través del cual hace diversas manifestaciones a guisa de alegatos, relacionados con la demanda de garantías que dio origen a este expediente; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como corresponda. Ahora, visto el estado del presente asunto, se advierte que mediante proveído de uno de febrero del año actual, este Juzgado de Distrito se declaró incompetente para conocer de la demanda que dio origen a este asunto; en consecuencia, una vez que se tenga conocimiento de qué autoridad conocerá de la citada demanda, remítasele el mismo para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, uno de febrero de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito de demanda que promueve Juan Carlos Uriza Zapata, a través del cual comparece ante este órgano de control constitucional solicitando la protección de la Justicia Federal, contra el acto y autoridades que ahí menciona; en consecuencia, regístrese la demanda bajo el número 127/2022-VI, en el libro de gobierno que para juicios de amparo se lleva en este Tribunal. Por otra parte, tomando en cuenta que al promoverse el presente asunto se realizó de forma física, se exhorta a la partes para que, de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; atendiendo a ello, deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que este juzgado debe haber autorizado, en el entendido de que la actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente. Sin embargo, para el caso de quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de su representante legal, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y las notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Del contenido y análisis integral de la demanda de amparo, se obtiene que el quejoso Juan Carlos Uriza Zapata, reclama el traslado involuntario que se realizó el día uno de febrero de dos mil diecinueve, del Centro de Readaptación Social Número Dos, con sede en Reynosa, Tamaulipas, al Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro, con asiento en Tepic, Nayarit. Incompetencia. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario. Por tanto, en términos de lo establecido en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional declara legalmente carecer de competencia por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo de cuenta. En efecto, del análisis al primer precepto citado, en la parte que interesa, se obtiene que es competente para conocer de una demanda de amparo el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; y, si ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue -o culmina- ejecutándose en otro, es competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Esta última regla, atendiendo que se haya presentado ante alguno con jurisdicción en esos Distritos. Lo anterior, pues la regla de competencia para conocer del juicio de amparo indirecto prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone: "Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda.", en el caso concreto que nos ocupa, no puede aplicarse literal y aisladamente para establecer que es competente cualquier juez de Distrito del país, cuando la ejecución del acto reclamado inicia en un Distrito y culmina en otro, sin apreciar cuáles son estos Distritos, porque sólo teniendo evidencia del lugar donde tiene ejecución el acto reclamado, podrá definirse la competencia del órgano jurisdiccional que debe conocer del medio de control constitucional. Apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis II.3o.P.23 K (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado En Materia Penal Del Segundo Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 76, Marzo de 2020, Tomo II, página 902, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS TENGAN EJECUCIÓN EN DOS O MÁS DISTRITOS JUDICIALES. RECAE EN EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN ALGUNO DE ELLOS, A PESAR DE QUE ANTE ÉSTE NO SE HAYA PRESENTADO LA DEMANDA (INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO). La regla de competencia para conocer del juicio de amparo indirecto prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone: "Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda.", no puede aplicarse literal y aisladamente para establecer que con apoyo en esa hipótesis es competente cualquier Juez de Distrito del país, cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito, soslayando apreciar cuáles son estos Distritos y qué evidencia que en alguno de ellos podría tener ejecución el acto reclamado, porque sólo así podrá definirse la competencia del órgano jurisdiccional que debe conocer del medio de control constitucional; por tanto, el alcance de tal porción normativa debe desentrañarse en armonía con lo que preceptúa el numeral 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que la demanda de amparo indirecto se interpondrá "... ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse..."; disposición de la que se infiere que tratándose de actos susceptibles de ejecución, siempre deberá atenderse a donde ésta tendrá lugar, como referente para determinar la competencia territorial en el amparo indirecto. De ahí que al suscitarse un conflicto competencial entre Jueces de Distrito para seguir conociendo de una demanda de amparo; uno, el que previno en el conocimiento del asunto, quien no ejerce jurisdicción en alguno de los lugares en que deban tener ejecución, traten de ejecutarse, se estén ejecutando o se hayan ejecutado los actos reclamados que así lo ameritan; y otro, el que sí ejerce jurisdicción al menos en uno de ellos; motiva que se finque la competencia para seguir conociendo de la demanda constitucional, a favor del segundo." En esas condiciones, como ya se anticipó, esta autoridad carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo, toda vez que el traslado del cual se duele el quejoso, al ser de tracto sucesivo, comenzó a ejecutarse en un Distrito (en Reynosa, Tamaulipas) y culminó en otro (en Tepic, Nayarit); empero, en ninguno de ellos tiene jurisdicción este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, con sede en Matamoros. Apoyo lo anterior, por las razones que se sostienen, la jurisprudencia 1a./J. 63/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, página 933, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA LA ORDEN PARA TRASLADAR A UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SU EJECUCIÓN NO HA INICIADO, O BIEN, HA CONCLUIDO, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, cuando se reclama una orden de traslado cuya ejecución aún no inicia, para esta Primera Sala esa circunstancia de ningún modo le quita la naturaleza jurídica de acto de tracto sucesivo, pues su ejecución se caracteriza porque se lleva a cabo en momentos subsecuentes, encaminados a un mismo fin. Esta condición, relacionada con la esencia del acto reclamado, es el factor que permite fijar, de manera objetiva, la competencia territorial de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo indirecto promovidos en su contra, sin importar si la ejecución del traslado aún no inicia, o bien ha concluido, pues ello puede variar con el transcurso del tiempo y, por consiguiente, esa circunstancia cambiante, ajena a la naturaleza del acto, no podría operar como dato decisivo para fijar la mencionada competencia, pues de ser así, se provocaría incertidumbre jurídica y retardo en la pronta impartición de la justicia. Tampoco debe confundirse la indicada naturaleza jurídica del traslado con su eventual inexistencia, pues de llegarse a resolver en el momento procesal oportuno que no es cierta, tal situación no daría lugar a la incompetencia territorial del órgano de control constitucional ante el cual se estuviera tramitando el asunto, sino al sobreseimiento en el juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la ley de la materia." De ahí que, los efectos del traslado reclamado comenzaron a surtir, con motivo del inicio de su ejecución, en el Centro de Readaptación Social Número Dos, con sede en Reynosa, Tamaulipas y culminó al ser ingresado Juan Carlos Uriza Zapata al Centro Federal de Readaptación Social Cuatro, con sede en Tepic, Nayarit, cualquiera de los jueces de Distrito con jurisdicción en el lugar de residencia de eso centro carcelarios, con base en la hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, resultaría competente para conocer de la demanda que nos ocupa. Por ende, toda vez que el quejoso actualmente se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro, con sede en Tepic, a efecto de privilegiar que el solicitante de amparo este en aptitud de mantener una comunicación ágil con el órgano constitucional de amparo y ejercer debidamente su derecho de defensa, el suscrito considera que la competencia se surte en favor del Juez de Distrito con jurisdicción en aquel lugar donde el inconforme está recluido. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en Turno, con sede en Tepic, Nayarit, el original del presente juicio de amparo, a fin de que acuerde lo que estime procedente en derecho, y tenga a bien comunicarlo a este órgano de control constitucional. Fórmese cuaderno de antecedentes. En otro aspecto, cabe destacar que el numeral 48 de la Ley de Amparo, establece que, cuando se presente una demanda ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En el caso, la orden de traslado no encuadra en alguna de las hipótesis en mención, y tampoco se considera que deba atenderse por excepción la suspensión de plano, ya que mediante Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con las órdenes de traslado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, se excluyó a las ordenes de traslado de los casos urgentes de turno. Por tanto, como en el presente asunto se reclama una orden de traslado ejecutada, este Juzgado de Distrito no se pronunciará sobre la suspensión de plano, pues como ya quedó plasmado en párrafos precedentes, las órdenes de traslado se eliminaron por Acuerdo General de los supuestos de asuntos urgentes para turno y no encuadran en alguna hipótesis del artículo 15 de la Ley de Amparo, para ello. En otro aspecto, toda vez que el agraviado se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro, con asiento en Tepic, Nayarit, es decir, fuera de la demarcación en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción; con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, envíese exhorto de la manera más atenta al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno en el estado de Nayarit, con sede en Tepic, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione al actuario adscrito a ese órgano jurisdiccional, a fin de que se constituya en el centro de reclusión aludido y notifique personalmente el presente proveído al promovente Juan Carlos Uriza Zapata. Solicitando a dicho Tribunal que una vez diligenciado lo anterior, tenga a bien remitir las actuaciones relativas, para los efectos legales consiguientes. En el entendido de que se otorga al Juzgado de Distrito exhortado, plena jurisdicción para que habilite días y horas inhábiles, a fin de que tenga verificativo la diligencia de mérito, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que actúa y da fe.
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