Juan Carlos Trujillo Ortega

Expediente 840/2018 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 25 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
840/2018
Año
2018
Actuaciones
25
Última actuación
18/10/2019

Partes del expediente

  • Juan Carlos Trujillo Ortega
  • Cámara de Senadores. Ciudad de México.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, dieciocho de octubre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio 5125/2019, firmado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, a través del cual comunica la admisión del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia emitida en esta contienda constitucional, mismo que quedó registrado con el número 267/2019 de su orden cronológico; en tal razón, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2°, de esta última legislación, agréguese al expediente para que obre como corresponda y, como lo solicita, acúsese recibo a la superioridad vía correo electrónico. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, doce de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal del juicio de amparo en que se actúa, se desprende que mediante proveído de cinco de julio de dos mil diecinueve, se tuvo a la parte quejosa, por conducto de su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, el licenciado Moisés Núñez Mercado, interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia terminada de engrosar el veintiséis de junio de dos mil diecinueve, emitida en esta contienda constitucional, y se acordó que una vez que se contara con las constancias de notificación del fallo de referencia y de dicha providencia judicial, sería enviado el medio de impugnación de mérito, en conjunto con el expediente original, al tribunal de alzada para la substanciación del mismo. En consecuencia, toda vez que a la fecha se cuenta con las constancias que demuestran que todas las partes se encuentran notificadas de la sentencia emitida en este juicio de amparo, así como del acuerdo de cinco de julio del año en curso, remítase de inmediato al Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, en turno, el original del expediente en que se actúa; el escrito firmado por el licenciado Moisés Núñez Mercado, en su carácter de autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo por el impetrante, con el que interpuso el medio de impugnación de mérito, el diverso que contiene la expresión de agravios; así como las copias correspondientes al Fiscal de la Federación adscrito a la superioridad. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, cinco de julio de dos mil diecinueve. Ténganse por recibidos los escritos firmados por el licenciado Moisés Núñez Mercado en su carácter de autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por la parte quejosa, mediante los cuales interpone recurso de revisión con el primero de ellos, y con el segundo formula agravios en contra de la sentencia terminada de engrosar el veintiséis de junio del año en curso, en la presente contienda constitucional; en tal razón, con fundamento en lo establecido en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguense al expediente para que obre como corresponda. Atento a lo anterior, con fundamento en lo establecido en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 87, 88 y 89 de la legislación de la materia, se tiene a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión, en contra de la resolución emitida en este juicio de amparo; por tanto, una vez que se cuente con la totalidad de las constancias relativas a la notificación a las partes de dicho fallo y de este auto; remítase el expediente original al Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, en turno, así como el original del escrito de expresión de agravios y la copia correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la superioridad. Por otra parte, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo al que deberán agregarse las copias necesarias para su debida integración. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.

  4. Principal

    H. Matamoros, Tamaulipas, tres de abril de dos mil diecinueve. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 840/2018-IV, promovido por Juan Carlos Trujillo Ortega, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en ciudad de México, y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el doce de septiembre de dos mil dieciocho en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales, con residencia en Matamoros, Tamaulipas, Juan Carlos Trujillo Ortega, por su propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto en contra de los actos y autoridades que enseguida se mencionan: Autoridades responsables Congreso de la Unión. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Secretario de Gobernación. Director del Diario Oficial de la Federación. Todas con sede en Ciudad de México. Presidente del Consejo de Honor del Campo Militar número 8-E, con residencia en Matamoros, Tamaulipas. Actos reclamados: "A. La Baja del suscrito del Ejército Mexicano, con motivo del acta de fecha 23 de Agosto de 2018 emitida por el Consejo de Honor en el Campo Militar número 8-E, en este municipio de Matamoros, Tamaulipas. B. La inconstitucionalidad de los artículos 36 y 37 de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. C. La aplicación al suscrito de los artículos 36 y 37 de la Ley de Disciplina del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. D. Todos los actos y procedimientos iniciados y que se inicien y tengan como base el precepto que se impugna como inconstitucional en este amparo. De este acto, son responsables en razón de su participación en el proceso de creación, promulgación, publicación y aplicación, las autoridades antes señaladas a las que se manera específica se les reclama en dicho proceso los siguientes actos: "1. H. CONGRESO DE LA UNIÓN, se reclama la inconstitucionalidad de los artículos considerados inconstitucionales, en cuanto hace a la aprobación y expedición. 2. Del C. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Se reclama la inconstitucionalidad de los preceptos considerados inconstitucionales, en cuanto hace a la aprobación, promulgación y publicación de los mismos. 3. Del C. SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, se reclama la inconstitucionalidad de las disposiciones aludidas en el presente escrito del proemio de esta demanda, en cuanto hace al refrendo y firma. 4. Del C. DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, reclamo la publicación en dicho órgano de difusión del mencionado decreto. 5. Del C. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE HONOR EN EL CAMPO MILITAR NÚMERO 8-E, EN ESTE MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, la baja que constituye el primer acto de aplicación del precepto considerado inconstitucional." SEGUNDO. Por auto de trece de septiembre de dos mil dieciocho se admitió a trámite la demanda, se registró en el libro de gobierno bajo el número 840/2018-IV, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Por escrito de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, el licenciado Moisés Núñez Mercado, autorizado del quejoso, aclaró que la denominación de la responsable corresponde a Consejo de Honor correspondiente al Octavo Regimiento de Caballería Motorizada, con sede en esta ciudad, razón por la cual, el veintiséis siguiente, se ordenó emplazar a dicha autoridad. CUARTO. Posteriormente, al través del ocurso allegado a este juzgado el diez de octubre de dos mil dieciocho, el quejoso Juan Carlos Trujillo Ortega amplió su demanda en contra del artículo 170, fracción II, apartado D, de la Ley Orgánica del Ejército, y Fuerza Aérea, el cual atribuyó a las autoridades legislativas antes mencionadas, en tanto que su aplicación, dijo, fue ejecutada por el Director General de Caballería de la Secretaría de la Defensa Nacional, con sede en Ciudad de México, el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, al notificarle el oficio 10288 en el cual se le comunicó el inicio del procedimiento administrativo sobre la procedencia o improcedencia de su baja del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como los derechos que tiene en ese procedimiento. QUINTO. La ampliación de demanda se acordó de conformidad el once de octubre de dos mil dieciocho, ordenándose emplazar a las autoridades responsables y solicitarles su respectivo informe justificado; así, una vez integrado el expediente, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece, pues el quejoso, como primer acto de aplicación de las normas, reclama la orden de baja del Ejército, que según su dicho, está contenida en el acta veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, levantada por el Consejo de Honor, en el Campo Militar 8-E, con sede en Matamoros, Tamaulipas, lugar en donde este juzgado ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. En relación al tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis publicada en el Semanario Judicial y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Abril de 2004, Página 255, estableció lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese orden de ideas, se precisa que los actos reclamados consisten: a. La aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación de los artículos 36 y 37 de la Ley de Disciplina del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. b. La aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación del artículo 170, fracción II, apartado "D", de la Ley Orgánica del Ejército, y Fuerza Aérea. b. El primer acto de aplicación de dichas normas, consistentes en la orden de baja del Ejército de Juan Carlos Trujillo Ortega, con motivo del acta de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, levantada por el Consejo de Honor del Octavo Regimiento de Caballería Motorizada, así como el oficio 10288 al través del cual se le notificó el inicio del procedimiento para determinar si es procedente o no su baja como miembro de las fuerzas armadas, este último acto atribuido al Director General de Caballería de la Secretaría de la Defensa Nacional. TERCERO. Inexistencia de actos. Al momento de rendir su informe justificado, el Comandante del Octavo Regimiento de Caballería Motorizada, con sede en esta ciudad de Matamoros, Tamaulipas, negó la existencia del acto que le es atribuido por el quejoso Juan Carlos Trujillo Ortega, consistente en: "La Baja del suscrito del Ejército Mexicano, con motivo del acta de fecha 23 de Agosto de 2018 emitida por el Consejo de Honor en el Campo Militar número 8-E, en este municipio de Matamoros, Tamaulipas."; mismo que el promovente de este juicio aduce como primer acto de aplicación de los artículos 36 y 37 de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. En el caso, no existe prueba alguna en autos tendente a desvirtuar esa negativa; por lo que se impone sobreseer en el juicio de amparo en relación con los actos de la autoridad señalada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia 284, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, cuyo sumario, a la letra, dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Así se considera lo anterior, porque si bien es cierto que el quejoso aduce que la orden de baja se encuentra inmersa en el acta de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, también es cierto que lo acordado en dicha acta fue que el quejoso, en su calidad de elemento del Ejército Mexicano adscrito al Octavo Batallón de Caballería Motorizada, con sede en Matamoros, Tamaulipas, era responsable de diversas faltas, y en consecuencia, se solicitó la baja correspondiente al Secretario de la Defensa Nacional; esto es, el acta de audiencia antes referida, contrario a lo que refiere el quejoso, y como bien lo manifiesta la responsable, no contiene orden de baja alguna. De igual forma, en el presente asunto devienen inexistentes los actos relativos a "todos los procedimientos iniciados, que se inicien y que tengan sustento en el artículo 170, fracción II, apartado "D", de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, pues así lo manifestó el Subjefe Jurídico Contencioso y de Amparo de la Unidad de Asuntos Jurídicos dela Secretaría de la Defensa Nacional, quien rindió el informe justificado en ausencia temporal de su titular, quien actúa en representación del Director General de Caballería, sin que exista prueba alguna en contrario; por tanto, con el fundamento anotado, se sobresee en el juicio respecto de dichos actos y autoridad. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos, en el ámbito de sus atribuciones, los actos que se reclaman de la 1. Cámara de Diputados y de la 2. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, del 3. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, del 4. Secretario de Gobernación y del 5. Director del Diario Oficial de la Federación, consistentes en la discusión, votación, aprobación, expedición, promulgación y publicación de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que contiene los artículos 36 y 37 reclamados de inconstitucionales, pues así lo manifestaron dichas responsables al momento de rendir su informe justificado. De igual forma, con excepción del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, quien omitió rendir su informe justificado, dichas autoridades legislativas aceptaron, en el ámbito de sus atribuciones, la discusión, votación, aprobación, expedición, promulgación y publicación de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, que contiene el artículo 170, fracción II, apartado "D", que también se reclamada de inconstitucional. Además, con independencia de que el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos haya omitido rendir su informe justificado, el acto que le es atribuido se tiene por cierto, ya que la disposición normativa de referencia, es un hecho notorio que no se encuentra sujeto a prueba al haber sido publicada en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de amparo, por disposición expresa de su artículo 2º., y en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, Pagina 260, cuyo rubro y texto dicen: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". Por otra parte, es cierto el acto reclamado del director General de Caballería, con sede en Ciudad de México, relativo a la expedición del oficio 10288 al través del cual comunicó al quejoso Juan Carlos Trujillo Ortega el inicio del procedimiento administrativo de baja del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, pues así lo manifestó dicha responsable al rendir su informe justificado. La manifestación de certeza se encuentra robustecida, pues en este juicio de amparo existe copia simple de dicho documento, misma que el quejoso allegó a su ampliación de demanda, a la cual se le otorga valor probatorio términos del artículo 197, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo atento a su artículo 2°. QUINTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo procede analizar las causas de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que de oficio las advierta este órgano jurisdiccional, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo preceptuado en el artículo 62 de la Ley de Amparo; y de acuerdo con lo establecido en la jurisprudencia ochocientos catorce, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página quinientos cincuenta y tres, del Tomo VI, relativo a la Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, cuyo rubro y texto se exponen a continuación: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Discusión, votación, aprobación, expedición, promulgación y publicación del Decreto por el que se expide la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en específico de sus artículos 36 y 37. En lo relativo a dichos actos reclamados, atribuidos, en el ámbito de su competencia a la 1. Cámara de Diputados, 2. Cámara de Senadores, 3. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 4. Secretario de Gobernación y al 5. Director del Diario Oficial de la Federación, todos con sede en Ciudad de México, se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5o, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, pues el quejoso carece de interés jurídico para reclamarlos. Los dispositivos legales en cita establecen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" La falta de interés jurídico o legítimo prevista en dichos artículos, consiste en el derecho que asiste a los particulares para reclamar, en la vía de amparo, cualquier acto de autoridad perpetrado en su contra, que estimen violatorio de sus derechos fundamentales; es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por determinado acto de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en sus derechos o intereses. En ese contexto, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto de autoridad reclamado, de manera que, la procedencia del medio extraordinario de control constitucional, refiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado de los derechos que se invocan, sean posesorios, de propiedad o de cualquier otra clase, y sin duda, cuando un acto de autoridad causa perjuicio al quejoso, lesionándole directamente en su persona o patrimonio, es precisamente cuando puede ocurrir al juicio de garantías a fin de reclamar las violaciones cometidas en su perjuicio. Cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 364, Tomo VI, Segunda Parte-1 Julio a Diciembre de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto dicen: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." De igual forma, es pertinente señalar que uno de los principios fundamentales del juicio de garantías es el de la existencia de un agravio personal y directo, contenido en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual contempla que el ejercicio de la acción constitucional está reservada para el titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo. Por tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional a defender sus derechos. Lo anterior así se estipuló en la jurisprudencia de la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 72, Página 55, cuyo rubro y texto dicen: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial." En los términos expuestos, debe establecerse que, en el presente caso, el quejoso carece de interés jurídico y legítimo para reclamar de inconstitucional la normatividad en mención, pues al comparecer a juicio, la impugna en su carácter de heteroaplicativa y señala la orden de baja del Ejército Mexicano contenida en el acta de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, emitida por el Consejo de Honor correspondiente al Octavo Regimiento de Caballería Motorizada, con sede en esta ciudad, como primer acto de aplicación; sin embargo, como se vio en anterior considerando, al presentarse la demanda era inexistente la orden de baja como miembro del Ejército Mexicano. En ese sentido, si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de un dispositivo legal como heteroaplicativo, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, y no acredita su existencia, procede sobreseer en el juicio, por falta de interés jurídico, con fundamento además, en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis con los siguientes datos: Época: Novena Época, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Febrero de 1999, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 4/99, Página: 103, registro electrónico 194605, del rubro y texto siguientes: "LEY RECLAMADA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO SE ACREDITA DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de un dispositivo legal como heteroaplicativo, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, y no acredita su existencia, procede sobreseer en el juicio de garantías, por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." Inconstitucionalidad del artículo 170, fracción II, apartado "D", de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y su primer acto de aplicación, consistente en el oficio 10288 al través del cual, el Director General de Caballería, con sede en Ciudad de México, informó al quejoso Juan Carlos Trujillo Ortega el inicio del procedimiento administrativo para determinar sobre la procedencia o improcedencia de que cause baja del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. El artículo, fracción e inciso en mención, son reclamados, en el ámbito de sus atribuciones, de la 1. Cámara de Diputados, 2. Cámara de Senadores, 3. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 4. Secretario de Gobernación, y del 5. Director del Diario Oficial de la Federación, en tanto que el acto de aplicación se atribuye al 6. Director General de Caballería de la Secretaría de la Defensa Nacional, todos con residencia oficial en Ciudad de México. Ahora bien, respecto de tales actos y autoridades, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación al 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal, este último aplicado a contrario sensu. Los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [. ] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..." Sobre los actos de ejecución de imposible reparación la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió, sino que una vez actualizadas aún con la obtención de un fallo favorable queden irreparablemente consumadas. Asimismo, nuestro Máximo Tribunal ha considerado que también pueden resultar actos de imposible reparación las violaciones procesales que afecten a las partes en el procedimiento en grado predominante lo superior. Por asimilación robustece lo expuesto la tesis número LVII/2004, sustentada por mayoría de votos del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión privada celebrada el treinta de septiembre de dos mil cuatro, cuyo rubro y texto se transcribe: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aún obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen un ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación respectiva solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos al gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que no se obtenga un fallo favorable por parte de quien sufrió afectación a sus derechos fundamentales, está en condiciones de hacerlas valer como tales en el recurso que promueva o eventualmente en el amparo directo que se intente contra la sentencia que ponga fin al juicio, en términos del artículo 172 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso la jurisprudencia número 232 publicada en la página 157, del tomo VI, materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, del tenor siguiente: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto 'Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación.'. El alcance de tal disposición, obliga precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus defectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo". En el caso, como se indicó, el solicitante de amparo señala como acto reclamado el oficio 10288 de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, al través del cual, el Director General de Caballería de la Secretaría de la Defensa Nacional, con sede en Ciudad de México, le comunicó el inicio del procedimiento administrativo sobre la procedencia o improcedencia de que cause baja del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como la inconstitucionalidad del artículo 170, fracción II, aparatado "D", de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Pero, ese oficio no afecta directa o inmediatamente los derechos sustantivos de Juan Carlos Trujillo Ortega, pues los efectos jurídicos que produce son meramente de carácter intraprocesal, en razón de que lo reclamado consiste en un acto que no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, sino que, en todo caso, las violaciones que pudiera entrañar pueden ser remediadas si la parte agraviada obtiene resolución favorable que se pronuncie en el procedimiento administrativo de origen. Así, en la hipótesis de que la resolución definitiva resultara desfavorable a sus intereses, el ahora agraviado podrá estar en condiciones, en su caso, de hacer valer tales violaciones en el amparo que eventualmente intente contra la determinación con la que cause baja del servicio activo, porque el oficio en esta vía tildado de inconstitucional, se limita a notificar al quejoso el inicio del procedimiento de baja del Ejército Mexicano, y los derechos que le asisten en el mismo. De ahí, que se actualice la causa de improcedencia en análisis, contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Sustenta tal determinación, por las razones que la informan, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1186, Tomo XVII, correspondiente al mes de mayo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra se lee: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. En contra de lo expresado por el recurrente, el Juez de amparo estuvo en lo correcto al señalar que de la simple lectura de la demanda se desprende que el acto reclamado no tiene efectos de imposible reparación, al no lesionar de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado tutelados en la Constitución General de la República a través de los derechos subjetivos públicos que en ésta se contemplan, como son la libertad, la propiedad o la posesión; y que ese acto es de carácter intraprocesal y puede subsanarse con el hecho de obtener sentencia favorable. Como apoyo de tal consideración debe tenerse en cuenta que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo el criterio contenido en la ejecutoria dictada al resolver la contradicción de tesis número 133/89, entre las sustentadas por la Tercera y Cuarta Salas de ese Máximo Tribunal, visible en las páginas siete a cincuenta y dos, Tomo VIII, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, donde definió lo que debe entenderse como acto de imposible reparación, sosteniendo que en términos de los artículos 107, fracción III, de la Constitución General de la República y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, los actos en el juicio tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución definitiva favorable en dicho juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trata, ya que en estos casos específicos la Justicia Federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito competente, sin tener que esperar el agraviado a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación no desaparecerían en tales hipótesis, aunque la afectada obtuviese sentencia favorable a sus intereses; que no pueden ser considerados actos de imposible reparación aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son estrictamente formales. La razón de ser de tales derechos encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede los efectos de la violación procesal se reparan y desaparecen de la realidad jurídica, dejando intacta la esfera jurídica del afectado al no alterarse ya ningún derecho sustantivo contenido en las garantías individuales, haciendo surgir solamente la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado, y por esta razón es necesario esperar hasta el dictado de la resolución definitiva para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente, siempre que, como ya se dijo, se afecten las defensas del quejoso y dicha violación trascienda al resultado del fallo." En virtud de las anteriores consideraciones, la improcedencia se hace extensiva respecto de los actos reclamados consistentes en la inconstitucionalidad del artículo 170, fracción II, aparatado "D", de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Lo anterior, en virtud de que la constitucionalidad de esa norma no puede desvincularse del acto de aplicación; de ahí que, al haberse actualizado la causa de improcedencia ya estudiada en contra de éste, no se puede analizar su constitucionalidad de manera aislada y por sí sola, ya que para que fuera procedente tal estudio, en su caso, tendría que haberse reclamado en su carácter de autoaplicativa, esto es, que por su sola entrada en vigor causara una afectación en la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que no sucedió en el asunto. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 235, tomo XII, agosto de 2000 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 76 y demás relativos de la ley de la materia, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 840/2018-IV, promovido por Juan Carlos Trujillo Ortega. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, hoy veintiséis de junio de dos mil diecinueve, en que terminó su engrose, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.

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