Juan Carlos Sánchez Zamora
Expediente 591/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 591/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/07/2019
Partes del expediente
- Juan Carlos Sánchez Zamora
Actuaciones
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veintitrés de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la misma ley, en contra del auto de cinco del mes y año en curso, en el que se desechó la demanda de garantías promovida por el quejoso con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado estado. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que no existen recursos pendientes por resolver, mandatos por cumplimentar ni promociones por acordar; por tanto, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por lo que con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
II...Matamoros, Tamaulipas, cinco de julio de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito de demanda de amparo signado por Juan Carlos Sánchez Zamora, a través del cual, comparece ante este órgano jurisdiccional solicitando el amparo y protección de la justicia federal, contra el acto y la autoridad que ahí menciona; en consecuencia, regístrese la demanda bajo el número 591/2019-II, en el libro de gobierno que para juicios de amparo se lleva en este tribunal. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que se recibe, en el entendido de que dicho precepto faculta al órgano jurisdiccional para desecharla de plano cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, se precisa que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Así las cosas, la parte quejosa señala como autoridad responsable, a la siguiente: Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el estado, con sede en Valle Hermoso, Tamaulipas. Asimismo, como acto reclamado: "Se reclama como tal, el auto de doce de junio de dos mil diecinueve, mediante el cual previene a la aquí Tercera Interesada, para que proporcione los datos de la institución que habrá de realizar la prueba biológica de ADN, es decir, en contra de la admisión de dicha probanza, por considerar que no existen elementos suficientes que acrediten la necesidad de la misma dentro del expediente 139/2019 relativo a la preparación de acción sobre investigación de la filiación a fin de determinar paternidad promovido en mi contra por Iliana Aceveth Fraga Castillo en representación de la menor Astrid Alely Fraga Castillo ante la autoridad señalada como responsable." Igualmente, como antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, aseveró: "1. Ante la autoridad que hoy se tilda como responsable, la señora Iliana Aceveth Fraga Castillo en representación de su hija me demandó la preparación de acción sobre investigación de la filiación a fin de determinar la paternidad del suscrito para con la menor Astrid Alely Fraga Castillo. 2. En tiempo y forma legal, produje mi contestación, negando la pretendida paternidad. 3. Es el caso, que el pasado 12 de junio del presente año, y sin mediar más nada que la manifestación de la representante de la menor de que el suscrito soy el padre de su hija y la negación de mi parte de que no lo soy, la aquí responsable, emitió el acto de molestia que mediante el presente juicio constitucional se combate; dicha actuación por cuanto interesa es del tenor literal siguiente: "Téngase por recibido el escrito signado por el C. licenciado Juan Manuel Sánchez Carreón, en su carácter de abogado autorizado de Iliana Aceveth Fraga Castillo, quien comparece dentro de los autos del expediente número 139/2019, relativo al juicio ordinario civil sobre posesión de estado de hijo, que promueve en contra de Juan Carlos Sánchez Zamora. Y del análisis de su libelo de cuenta, se le dice que en cuanto a la prueba biológica del ADN, se le previene para que proporcione el nombre, el domicilio de la institución que haya sido certificada, razón social con capacidad para realizar el tipo de prueba por la Secretaría de Salud del Estado, y en todo caso el costo de la prueba biológica será a cargo y por cuenta del promovente de conformidad con el artículo 433 bis VI del Código de Procedimientos Civiles en vigor. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 22, 98, 108 y 433 Bis VI del Código de Procedimientos Civiles vigentes en el estado. Notifíquese y cúmplase.- Así lo acordó y firma." 4. Cabe hacer mención, que el acto reclamado transcrito en el párrafo que antecede, se le promovió el correspondiente recurso de revisión de conformidad con la legislación ordinaria; sin embargo, BAJO ESTRICTA PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto que he promovido el desistimiento correspondiente. Lo anterior en virtud de que no suspende el curso del juicio, de conformidad con el artículo 917 de legislación Adjetiva Civil del Estado, y ante el temor fundado de que se materialice el acto reclamado, es la razón por la que se solicita la protección constitucional. (sic) Así las cosas, de las anteriores transcripciones, se desprende que el motivo de disentimiento del peticionario de amparo es el auto de doce de junio de dos mil diecinueve, mediante el cual previene a la aquí tercera interesada, para que proporcione los datos de la institución que habrá de realizar la prueba biológica de ADN, dentro del expediente 139/2019, relativo a la preparación de acción sobre investigación de la filiación a fin de determinar paternidad promovido por Iliana Aceveth Fraga Castillo en representación de la menor Astrid Alely Fraga Castillo. Ahora, es de precisarse que en el auto reclamado, el juez de origen acordó respecto a la prueba de ADN, prevenir a Iliana Aceveth Fraga Castillo para que proporcione el nombre, el domicilio de la institución que haya sido certificada, razón social con capacidad para realizar el tipo de prueba ofrecida; sin embargo, no la ha admitido, por lo que no afecta algún derecho al quejoso. Al respecto, a juicio del suscrito, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que amerita su desechamiento, pues no se trata de un acto que tenga una ejecución que sea de imposible reparación, ni afecta a las partes en grado predominante o superior, en atención a las siguientes consideraciones. Los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, respectivamente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. ." Cabe destacar que sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó la jurisprudencia P./J. 24/92, consultable en la página 11 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 56, Agosto de 1992, Materia Común, del siguiente rubro y texto: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Acorde con el criterio sustentado en la referida jurisprudencia, los elementos de dicha definición no se dan en el acto reclamado, porque con él sólo se pueden afectar derechos procesales en cuanto a la admisión de la prueba que ofreció su contraparte en el juicio de origen, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva, en razón de lo siguiente. Según afirma la parte quejosa, en el juicio natural la parte actora ofreció la prueba biológica del ADN, lo que el juez responsable previno para que proporcionara información respecto a la institución que realice dicha probanza, sin admitirla. Como puede verse, el referido acto no constituye una afectación directa e inmediata a derechos sustantivos, ni tampoco tiene una ejecución tan grave o de efectos exorbitantes que objetivamente analizada amerite sujetarla al control constitucional inmediato sin esperar a que se dicte la sentencia relativa en contra del cual procede el amparo directo, toda vez que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos. Así es, el acto que se reclama del juez responsable no priva a la parte quejosa, en el caso particular, en su carácter de parte demandada en el juicio de origen, del derecho de defensa que en todo procedimiento civil o mercantil tienen consagrado las partes ni altera las cuestiones debatidas en los mismos, ya que el auto de mérito únicamente puede constituir, en su caso, la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales. Se afirma lo anterior, porque como quedó precisado, la ejecución de imposible reparación de un acto jurisdiccional, para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto, sólo se da cuando por sí o a través de sus consecuencias, se afectan derechos sustantivos pero en modo alguno los adjetivos o procesales, cuyos efectos y consecuencias pueden desaparecer, sin dejar huella, si el afectado obtiene su pretensión en el fondo; por lo que si el acto que se reclama, esencialmente, el auto de doce de junio de dos mil diecinueve, mediante el cual previene a la aquí tercera interesada, para que proporcione los datos de la institución que habrá de realizar la prueba biológica de ADN, dentro del expediente 139/2019, relativo a la preparación de acción sobre investigación de la filiación a fin de determinar paternidad promovido por Iliana Aceveth Fraga Castillo en representación de la menor Astrid Alely Fraga Castillo, es evidente que no existe una afectación a sus derechos sustantivos, ya que no afecta, se reitera, algún derecho de carácter sustantivo de la parte inconforme, pues simplemente se limita a declarar aspectos de carácter adjetivo o procesal; lo que hace indudable que el acto reclamado no causa un perjuicio de carácter irreparable, requisito para la procedencia del juicio de garantías biinstancial, actualizándose de esta forma la causal de improcedencia a que se refiere el precepto 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Cierto, el acto que por esta vía se intenta combatir sólo tiene efectos intraprocesales ya que no afecta directa e inmediatamente derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales, ya que no se trata de un acto que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, pues en todo caso las violaciones que pudiera entrañar esa admisión de pruebas puede ser remediada en la sentencia que se llegara a dictar en el expediente de origen y, en caso de que resulte perjudicial a la ahora inconforme, podrá impugnarlo en amparo directo, en el que alegará el acto que ahora reclama como violación al procedimiento en términos de lo dispuesto en el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo. Es aplicable a la anterior consideración la jurisprudencia I. 1°.A.E. J/5 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, materia Común, Décima Época, fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 29, abril de 2016, Tomo III, página 1902, que señala lo siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución" En el caso, se debe destacar que si bien es cierto procede el amparo indirecto tratándose de un acto que sea de imposible reparación, que puede afectar los derechos fundamentales, como lo es la prueba pericial en genética del ácido desoxirribonucleico, también es cierto que dicha probanza aún no ha sido admitida por el juzgado de origen, toda vez que el auto que combate el quejoso versa sobre una prevención que realizó la autoridad responsable a la parte actora, por lo que dicho proveído tendente a requerirla respecto a determinados requisitos que debe de cumplir ésta, no le afecta al impetrante de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número LVII/2004, emitida por mayoría de votos del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión privada celebrada el treinta de septiembre de dos mil cuatro, cuyo rubro y texto se transcribe: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aún obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen un ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Igualmente, la jurisprudencia 1a./J. 17/2003, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochenta y ocho, Tomo XVII, Abril de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 184431, que dice: "PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO TIENEN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN SUSCEPTIBLE DE AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS DE LA PERSONA. Cuando en un juicio ordinario civil en el que se ventilan cuestiones relacionadas con la paternidad, se dicta un auto por el que se admite y ordena el desahogo de la prueba pericial para determinar la huella genética, con el objeto de acreditar si existe o no vínculo de parentesco por consanguinidad, dicho proveído debe ser considerado como un acto de imposible reparación, que puede afectar los derechos fundamentales del individuo, por lo que debe ser sujeto a un inmediato análisis constitucional, a través del juicio de amparo indirecto, en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, por la especial naturaleza de la prueba, ya que para desahogarla es necesario la toma de muestras de tejido celular, por lo general de sangre, a partir del cual, mediante un procedimiento científico, es posible determinar la correspondencia del ADN (ácido desoxirribonucleico), es decir, la huella de identificación genética, lo cual permitirá establecer no sólo la existencia de un vínculo de parentesco, sino también otras características genéticas inherentes a la persona que se somete a ese estudio, pero que nada tengan que ver con la litis que se busca dilucidar y, no obstante, puedan poner al descubierto, contra la voluntad del afectado, otro tipo de condición genética hereditaria, relacionada por ejemplo con aspectos patológicos o de conducta del individuo, que pertenezcan a la más absoluta intimidad del ser humano. En esas condiciones, al haberse actualizado ese motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Sánchez Zamora. Es aplicable a la anterior consideración la jurisprudencia P./J. 128/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 803 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Octubre de 2001, Materia Constitucional, Novena Época, que a continuación se cita: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el indicado en su escrito de demanda y, como lo solicita, se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Flavio Eliel Ramírez Chapa, quien se encuentra registrado en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal y, en lo que toca a Francisco Javier Estrada Aguilera, se le autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos dado que no se encuentra registrado en el sistema aludido. Por otra parte, respecto a la solicitud de que se autorice a Flavio Eliel Ramírez Chapa para que pueda consultar el expediente electrónico por medio de internet, en términos del artículo 77 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a las tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se autoriza a la nombrada profesionista para que tenga acceso al expediente electrónico, por encontrarse registrada ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, bajo el nombre de usuario "feramirez". Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público; es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales; asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
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