Juan Carlos Rodríguez Reyes
Expediente 954/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 13 actuaciones registradas, la última del 6 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 954/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 06/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Juan Carlos Rodríguez Reyes
- Comandante del Grupo Fuerza Coahuila, Grupo de Proximidad Social. C4. Ciudad.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto de siete de enero de dos mil diecinueve (fojas 74 a 78), a través del cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia. Sin que sea necesario computar el término para la interposición del recurso de revisión al resto de las partes, toda vez que no les produce agravio el sentido de la resolución. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XX. J/74, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página ochenta y cuatro, Tomo ochenta y tres, del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, o bien en el IUS2003 bajo el número de registro 209890, cuyo rubro es: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 81, fracción I inciso d) y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de amparo, ha causado estado. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y se ordena archivar el presente juicio como asunto concluido. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, como lo establece la fracción IV del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción; sin que en el mismo se encuentren documentos originales que devolver a las partes; además, carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo cual, es clasificado como archivo reciente, debiendo ser enviado al archivo de este órgano jurisdiccional y conservado en el mismo por el término de tres años; una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
- Principal
I. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante acuerdos de veintisiete de noviembre y tres de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 59 y 71), se tuvieron, entre otros, por recibido el informe justificado y el oficio 8037/2018, por medio de los cuales el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, informó la situación jurídica del quejoso ***, con motivo de la causa penal 1056/CA/2018-PJ-COA-002*NM-584, que se le instruye al referido quejoso, por el delito de posesión simple de narcóticos, previsto y sancionado por los artículos 477 y 479 de la Ley General de Salud. Asimismo, refirió que el dieciocho de noviembre de dos mil dieciocho, se le dictó auto de vinculación a proceso, se decretó la suspensión condicional por un plazo de seis meses, se ordenó su inmediata libertad, y para apoyar dicha información remitió copia certificada del acta de audiencia inicial y del oficio 07817/2018, que libró al Director del Centro Penitenciario Varonil de la localidad (fojas 68 a 70). II. Presentación de la demanda de amparo indirecto y ratificación. En el caso concreto, mediante comparecencia de , ante la Secretaria de guardia de este juzgado, el quince de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 1 y 2), se le tuvo promoviendo juicio de amparo indirecto en favor de ****, contra las autoridades responsables siguientes: Autoridad responsable: Encargado, Jefe y/o Comandante del Grupo Fuerza Coahuila, Grupo de Reacción. Ciudad. Comandante del Grupo Fuerza Coahuila, Grupo de Proximidad Social. C4. Ciudad. Delegado de la Fiscalía General del Estado, Región Norte I. Ciudad. Coordinador de las Unidades de Investigación de Tramitación Masiva de Casos de la Fiscalía General del Estado. Ciudad. Coordinador de las Unidades de Investigación de Atención Temprana con Detenidos de la Fiscalía General del Estado, Región Norte I. Ciudad. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Tramitación Masiva de Casos, Mesa I. Ciudad. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Tramitación Masiva de Casos, Mesa II. Ciudad. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Tramitación Masiva de Casos, Mesa III. Ciudad. Inspector de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado. Ciudad. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Temprana con Detenido Mesa I de la Fiscalía General del Estado, Región Norte I. Ciudad. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Temprana con Detenido Mesa II de la Fiscalía General del Estado, Región Norte I. Ciudad. Comisario de Seguridad Pública Municipal. Ciudad. Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral. Ciudad. Por el acto reclamado consistente en la privación de la libertad, llevada a cabo por las autoridades señaladas como responsables. En la citada fecha, se ordenó por conducto del Actuario de la adscripción, la búsqueda del quejoso directo y en su caso, la ratificación de la demanda, ordenándose suspender de plano los actos reclamados. Por ello, se ordenó su registro en el Libro de Gobierno con el número 954/2018; se requirió por conducto del Actuario de la adscripción, la ratificación del quejoso y la notificación de la suspensión de plano a las autoridades responsables del acto reclamado. En esa tesitura, de la constancia de notificación de dieciséis de noviembre del año próximo pasado (foja 12), se advierte que el quejoso directo ***, ratificó la demanda de amparo instaurada en su nombre. Al respecto, conviene digitalizar la notificación actuarial. Además, el Actuario adscrito hizo constar que al interrogarlo agregó que no fue objeto de maltrato, golpes, intimidación, tortura ni de cualquier otro acto prohibido por la ley; por tal motivo, al no haberse acreditado la existencia de los citados actos, quedaron fuera de la litis constitucional planteada, y se tuvo únicamente como acto reclamado la privación de la libertad reclamada. III. Admisión. Con motivo de lo anterior, de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 13 a 16), se admitió a trámite la demanda de amparo de referencia; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. IV. Informe justificado. Ahora bien, del estado procesal de los autos, en particular de los proveídos de veintisiete de noviembre y tres de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 59 y 71), se tuvieron por recibidos el informe justificado y el oficio 8037/2018, a través de los cuales la Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, informó que el dieciocho de noviembre de dos mil dieciocho, tuvo verificativo la audiencia inicial dentro de la causa penal 001056/2018, que se le instruye al aquí quejoso ***, por el delito de posesión simple de narcóticos, a quien se le dictó auto de vinculación a proceso, además, obtuvo el beneficio de la suspensión condicional del proceso, ordenando su libertad, para ello, remitió copia certificada del acta de audiencia inicial y del oficio 07817/2018, que libró al Director del Centro Penitenciario Varonil de la localidad (fojas 68 a 70). V. Causal de sobreseimiento. Ahora bien, del análisis del presente juicio de amparo este Juzgador considera que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Dichos preceptos prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente ". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobreventa alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior...". Cuando por regla general, se producen los supuestos siguientes: a) El acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) No pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y d) Exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Orientan esta interpretación en lo conducente, los criterios jurisprudenciales sustentados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visibles a fojas doscientos diecinueve y ciento noventa y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomos IV, Diciembre de mil novecientos noventa y seis, y VIII-Septiembre, de la Novena y Octava Épocas, respectivamente, que textualmente dicen: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SUS REQUISITOS. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN X, DEL ARTÍCULO 73, DE LA LEY DE AMPARO. Una vez examinados los supuestos en los cuales los tribunales de amparo han estimado aplicable esta causal de improcedencia, puede afirmarse que para configurarla se necesita de la reunión de los siguientes requisitos: 1) que se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial (civil, familiar, penal) o administrativo (en strictu sensu, fiscal o agrario); 2) que al promoverse el amparo se encuentre colocado el quejoso en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; 3) que después de admitida la demanda sobrevenga, en el mismo procedimiento, otro acto, cualquiera que sea la autoridad que lo dicte; 4) que el acto sobrevenido sea autónomo, es decir, que entre el acto reclamado y el nuevo acto no exista una relación de causalidad tal que la ilegalidad del primero traiga aparejada la irregularidad del segundo y 5) que al producirse el nuevo acto se agoten los efectos del reclamado, creando frente al quejoso una nueva situación jurídica que no derive de este último." En este caso particular, es evidente que se actualiza uno a uno los elementos esenciales que integran la causal de improcedencia invocada. Ello es así, porque el acto reclamado se resume sustancialmente en la privación de la libertad del quejoso, por parte de las autoridades responsables, y en la actualidad la situación jurídica del impetrante se rige por una causa penal instaurada en su contra, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, en esta ciudad, púes, se le vinculó a proceso. Entonces ha operado un cambio de situación jurídica en relación con el peticionario, porque primigeniamente la afectación de su libertad, fue en razón de haber sido detenido en flagrancia; sin embargo, al haber sido puesto a disposición del citado Juzgado, hace que en el caso concreto se actualice la causal de improcedencia en estudio; por tanto, el acto reclamado que impugnó la parte quejosa, no puede válidamente analizarse en este juicio de amparo, pues la nueva situación jurídica constituye un obstáculo legal para que se emita pronunciamiento alguno respecto de la privación ilegal de la libertad que se reclamó, sin que se afecte en su caso la nueva situación jurídica del aquí quejoso ***. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis IV.2o.P.43 P, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Octubre de dos mil nueve, de la Novena y Octava Época, con número de registro 166233, que textualmente dicen: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS DENTRO DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA Y EL MINISTERIO PÚBLICO YA EJERCITÓ LA ACCIÓN PENAL (ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO). Cuando en un juicio de garantías biinstancial se reclaman actos materia de una averiguación previa y se demuestra que la autoridad responsable, agente del Ministerio Público, consignó los hechos ante un Juez, a quien solicitó el libramiento de la correspondiente orden de aprehensión, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, debe sobreseerse en el juicio de garantías, toda vez que, al ejercitarse la acción penal quedaron consumadas de modo irreparable las posibles violaciones acaecidas en la etapa de investigación, porque la situación jurídica del impetrante ahora queda sometida a la potestad del Juez penal que tendrá a cargo la instauración de la causa respectiva. En consecuencia, ya no podrá analizarse en el amparo la constitucionalidad de dichos actos, sin afectar la nueva situación jurídica generada por tal consignación". Resulta aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se reproduce: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto". Documentales que por tener el carácter de públicas se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." En tales circunstancias, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, respecto del acto reclamado, al actualizarse la citada causal de improcedencia, con fundamento en el 61, fracción XVII, de la Ley de la materia. La anterior determinación, impide entrar al estudio de los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, de conformidad con la tesis de jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 24, Tercera Parte, de la Séptima Época, número de registro 239006, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, con apoyo en el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. VI. Audiencia constitucional. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos del once de enero de dos mil diecinueve (foja 73).
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, en especial el acuerdo de tres de diciembre del año en curso, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días, a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes en el presente juicio, se impongan de las documentales que remitió el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral, con residencia en esta ciudad. Lo anterior es así, dado que, según consta la notificación del acuerdo de tres de diciembre de dos mil dieciocho, se efectúo por lista de acuerdos, el cuatro de los actuales. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las diez horas con cincuenta minutos del once de enero de dos mil diecinueve, para su celebración.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos, el oficio 8037/2018, signado por el Juez del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, y anexo que acompaña; en su atención, se provee: Téngase al oficiante, desahogando el requerimiento que se le hizo por oficio 34184/2018-MM, de veintisiete de noviembre del año en curso (fojas 59 y 60), y al respecto remite copia certificada de la constancia relativa a la puesta en libertad del quejoso; en consecuencia, pónganse a la vista de las partes, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Además, la documental de referencia se tiene por desahogada en atención a su propia naturaleza, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 119 de la ley en cita.
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