Juan Carlos Olguin Serrano
Expediente 923/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 12 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 923/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Juan Carlos Olguin Serrano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
1. Cumple prevención. Visto el escrito de cuenta, signado por la ********************, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, por medio del cual da cumplimiento a la prevención de veintitrés de agosto del año en curso, que subsistió en proveído de treinta de octubre de dos mil veintitrés. 2. Desechamiento. Sin embargo, previo a proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. 2.1 Actos reclamados. La parte quejosa en esencia señala como actos reclamados el auto de vinculación a proceso de veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, dictado por el Juez de Control del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral, con residencia en esta ciudad, dentro de la causa penal ********************, de su índice, así como los argumentos y demás consideraciones que se atendieron en la audiencia y motivaron esa determinación. 2.2 Causal de improcedencia. En el caso, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo 2.3 Premisas argumentativas con relación a la improcedencia. Ahora bien, de acuerdo con la causal establecida en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo y de conformidad con la citada fracción, el juicio de amparo es improcedente cuando no se promueve dentro del plazo previsto para ello en la ley de la materia. En ese sentido, con la finalidad de sostener la actualización de la causal de improcedencia en cita, es menester hacer referencia que los numerales 17 y 18 de la ley de la materia. 2.4 Oportunidad de la presentación de la demanda. De estos numerales se evidencia que el plazo al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días, contado de la forma que estatuye el numeral 18 de la citada ley, que por regla general es la siguiente: i) A partir del día siguiente al en que hubiese surtido efectos la notificación al quejoso del acto reclamado de acuerdo con la ley que rija el acto reclamado; ii) A partir del día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, iii) A partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. La primera, se deriva la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, se hace saber al agraviado el acto reclamado, esto es, mediante una notificación practicada de manera legal y por ende, válida para efectos del aludido cómputo, mientras no se demuestre su nulidad o ilegalidad. La segunda manera para computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve la certeza de que éste tuvo conocimiento, en determinada fecha de los actos reclamados; empero, ese conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de amparo conoció en forma directa, plena y completa el acto reclamado, es decir, de manera integral. La tercera forma establece que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo, se contará desde el día siguiente al que se ostente sabedor del acto reclamado o, de su ejecución, lo que implica una aceptación del quejoso a través de la cual manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que entraña una confesión expresa que evidencia la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2008, consideró que conforme al artículo 21 de la abrogada Ley de Amparo, correlativo ahora al numeral 18 de la legislación vigente, el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo reclamado o, bien, desde el día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. De esa ejecutoria surgió la jurisprudencia 115/2010 del Pleno Suprema Corte de Justicia de la Nación. También se precisó la intención clara del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio biinstancial, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo cual se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, pues basta con la actualización de uno de esos supuestos (el que cronológicamente se presente primero), para su operancia. Además, la esencia del referido artículo 18, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, pues es suficiente que en la demanda, el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado para que se constituya el punto de partida para la contabilización del cómputo que ha de constituirse como la oportunidad de interposición del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre un dato diverso. Así entonces, el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado se hace del conocimiento a los agraviados en fecha precisa, por conducto de la autoridad responsable, entendiéndose por esto, cuando la demanda de amparo se presente fuera del término de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 invocado, prevén las excepciones a la regla general, respecto de la oportunidad para presentar la demanda de amparo. Esto es: i) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, será de treinta días. ii) Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, será de ocho años. iii) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. iv) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, se podrá presentar en cualquier tiempo. En el caso, los actos reclamados no entrañan un ataque a la libertad personal, tampoco involucran actos relacionados con las diversas hipótesis enumeradas, por ende, no se está en alguno de los casos de excepción previstos en este numeral, debido a que el acto reclamado emana de un procedimiento en materia penal en el cual la parte quejosa tiene el carácter de imputado vinculado a proceso; lo cual conduce a determinar que el término para presentar la demanda de amparo es de quince días. 2.5 Presentación extemporánea. En ese contexto, la causa que torna inejercitable la acción de amparo en el caso que nos ocupa respecto del acto reclamado, tiene lugar cuando éste no se promovió dentro del plazo genérico de quince días que consagra el artículo 17 de la Ley de Amparo, cuando no se está en algunas de las excepciones que pueden llegar a la imprescriptibilidad de la acción de amparo, pues tal numeral contiene una presunción juris tantum que admite prueba en contrario, dado que el legislador consideró que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda de derechos fundamentales, significa que consintió una u otro de forma tácita. Lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional (fuera de los casos en que la vida o la integridad física se encontrare comprometida), no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de la garantía de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular, cobra con el transcurso del tiempo. Del estudio integral de la demanda de amparo y escritos aclaratorios, se advierte que el quejoso estuvo presente el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en la audiencia que se dictó en su contra el auto de vinculación a proceso. Con la precisión de que lo reclamado en esta instancia constitucional se atendió en esa fecha en los autos de la causa penal ********************, dictándole auto de vinculación por los delitos de ********************,********************,********************, por el Juez de Control del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral, con residencia en esta ciudad. Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las notificaciones personales, entre otras formas, se practican en la misma audiencia, surtiendo efectos al día siguiente de que fueron practicadas. Por tanto, si dicha resolución fue dictada el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, inobjetablemente en esa fecha fue notificado el quejoso de esa determinación. En consecuencia, si la demanda de amparo fue presentada hasta el veintidós de junio esta anualidad, ante el Juzgado Cuarto de Distrito de La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, resulta inconcuso que, sin necesidad de llevar a cabo una operación aritmética, el término de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, ya había transcurrido, por lo que es evidente que no se presentó dentro del plazo que permite la ley, sino que se hizo de manera extemporánea. 3. Desechamiento. En mérito de lo expuesto, se desecha de plano la demanda de garantías que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. 4. Exhorto. Toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Penitenciario Federal número dieciocho "CPS Coahuila", con sede en Ramos Arizpe, con fundamento en los numerales 298 al 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el capítulo segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, gírese atento exhorto vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al Juzgado de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, en turno, con residencia en Saltillo, con la finalidad de que notifique el presente proveído al quejoso ********************, previo cercioramiento de ser la persona indicada en el centro de reclusión. 4.1 Habilitación de días y horas inhábiles. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario adscrito a dicho juzgado practique la diligencia correspondiente en el presente asunto, a fin de evitar dilaciones en el procedimiento. 5. Conocimiento a defensora Pública del quejoso. Finalmente, comuníquese la presente determinación vía oficio a la licenciada ********************, en su carácter de Defensora Pública del quejoso en el presente juicio de amparo.
- Principal
1. Promoción. Agréguese a los autos el oficio y anexo, que remite el Encargado de la Administración Postal de Correos de Piedras Negras, Coahuila, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del acuse de recibo relativo al oficio 15894/2023, dirigido a la Defensora Pública adscrita a la Unidad de Defensa Penal del Instituto de Defensoría Pública, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza. 1.1 Acuerdo. Atento a lo anterior, téngase a dicha dependencia dando cumplimiento al requerimiento de nueve de los actuales, para los efectos legales a los que haya lugar.
- Principal
1. Promoción. Agréguese a los autos el oficio que remite el Encargado de la Administración de Correos de México, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa las gestiones que está realizando para dar cumplimiento al requerimiento que se le hizo por auto de nueve de los actuales. 1.1 Acuerdo. En tales condiciones, téngase a la referida dependencia informando las gestiones que se encuentra realizando para remitir el acuse del oficio 15894/2023, dirigido a la licenciada ****** Defensora Pública adscrita a la Unidad de Defensa Penal del Instituto Estatal de Defensoría Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, de lo que este órgano jurisdiccional toma nota para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
1. Estado procesal. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que no obra la tarjeta postal del acuse de recibo del oficio 15894/2023, dirigido a la Defensora Pública adscrita a la Unidad de Defensa Penal del Instituto de Defensoría Pública, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, que contienen inserto el acuerdo de treinta de octubre del año en curso. 1.1 Requerimiento a Correos. En consecuencia, se requiere al Administrador de Correos, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, remita a este Juzgado de Distrito la pieza postal acuse de recibo referente al comunicado de que se trata; o en su defecto, un duplicado del mismo, o bien informe si tiene algún impedimento para su remisión, en la inteligencia de que dicho oficio fue depositado en la oficina a su cargo en factura seis de noviembre del presente año. 1.2 Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo concedido, o de no informar oportunamente la causa legal que se lo impida, se le impondrá una multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.
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