Juan Carlos Rodríguez Reyes
Expediente 160/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 12 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 160/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 24/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Juan Carlos Rodríguez Reyes
- Todas las Partes
- Inspector de la Agencia de Investigación Criminal, Región Norte I. Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Causa Estado y Archivo. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no se inconformó con el acuerdo de treinta de abril de dos mil diecinueve (fojas 46 a 50), en el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, toda vez que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que interpusiera el recurso de revisión contra dicho proveído. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 81, fracción I, inciso d), y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo citada, se declara que el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, ha causado estado. Sin que sea necesario computar el término para la interposición del recurso de revisión al resto de las partes en este juicio, toda vez que no les produce agravio el sentido del citado acuerdo. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno; y se ordena archivar el presente expediente como asunto concluido. II. Devolución de disco compacto y tomo de pruebas. Extráigase del cuarto de valores el disco compacto que acompañó el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana con Detenidos del Cuarto Turno, Región Norte I, con residencia en esta ciudad, como complemento a su informe (fojas 33 y 34), y devuélvasele por conducto del Actuario de la adscripción. III. Valoración del expediente principal. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, como lo establece la fracción II del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante acuerdo de nueve de abril del año en curso (foja 40), se tuvo por recibido el oficio 2342/2019, por medio del cual la Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, informó la situación jurídica del quejoso ***, con motivo de la causa penal 227/2019, que se le instruye por el delito de posesión simple de narcóticos. Asimismo, refirió que el ocho de marzo de dos mil diecinueve, tuvo verificativo la audiencia inicial, donde se calificó de ilegal la detención del aquí quejoso, ordenando su inmediata libertad, y para apoyar dicha información remitió copia certificada del acta de audiencia inicial y del oficio 1461/2019-CJPN, que libró al Director del Centro Penitenciario Varonil de la localidad (fojas 41 y 42). II. Presentación de la demanda de amparo indirecto y ratificación. En el caso concreto, mediante comparecencia de ***, ante la Secretaria de guardia de este juzgado, el cinco de marzo de dos mil diecinueve (foja 1), se le tuvo promoviendo juicio de amparo indirecto en favor de ***, contra la autoridad responsable Inspector de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, Región Norte I, con residencia en esta ciudad. Por el acto reclamado consistente en la privación de la libertad, llevada a cabo por las autoridades señaladas como responsables. En la citada fecha, se ordenó por conducto del Actuario de la adscripción, la búsqueda del quejoso directo y en su caso, la ratificación de la demanda, ordenándose suspender de plano los actos reclamados. Por ello, se ordenó su registro en el Libro de Gobierno con el número 160/2019; se requirió por conducto del Actuario de la adscripción, la ratificación del quejoso y la notificación de la suspensión de plano a las autoridades responsables del acto reclamado. En esa tesitura, de la constancia de notificación de dieciséis de noviembre del año próximo pasado (foja 11), se advierte que el quejoso directo ***, ratificó la demanda de amparo instaurada en su nombre. Al respecto, conviene digitalizar la notificación actuarial. Además, el Actuario adscrito hizo constar que al interrogarlo le manifestó que no fue objeto de maltrato, golpes, intimidación, tortura ni incomunicación; por tal motivo, al no haberse acreditado la existencia de los citados actos, quedaron fuera de la litis constitucional planteada, y se tuvo únicamente como acto reclamado la privación de la libertad reclamada. III. Admisión. Con motivo de lo anterior, el seis de marzo del presente año (fojas 13 a 16), se admitió a trámite la demanda de amparo de referencia; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Luego, mediante diversos acuerdos se recibió el informe respecto a la suspensión de plano decretada, así como el justificado solicitado a la autoridad responsable. III. Causal de sobreseimiento. Ahora bien, del estado procesal de los autos, en particular del proveído de nueve de abril del año en curso (foja 43), se advierte que se tuvo por recibido el oficio 2342/2019, a través del cual la Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, informó a este órgano jurisdiccional que el ocho de marzo de dos mil diecinueve, tuvo verificativo la audiencia inicial dentro de la causa penal 227/2019, que se le instruye al aquí quejoso ***, por el delito de posesión simple de narcóticos, donde se calificó de ilegal la detención ordenando su inmediata libertad, y para apoyar dicha información remitió copia certificada del acta de audiencia inicial y del oficio 1461/2019-CJPN, que libró al Director del Centro Penitenciario Varonil de la localidad (fojas 41 y 42). Documentales que por tener el carácter de públicas se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Conforme a lo dispuesto por los artículos 64 y 65 de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia. Sirve de apoyo el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trecientos ochenta y seis, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 184572, cuyo tenor literal es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En el caso concreto, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Como ilustración de los supuestos en que se actualiza de la causal en comento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus resoluciones ha pronunciado diversos criterios entre los cuales se tiene, el siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos." Igualmente, sirve de ejemplo la tesis del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales de la parte quejosa, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce del derecho fundamental transgredido retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, como si nunca se hubiera realizado. Sustenta lo anterior, la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Como se adelantó, en el caso se actualiza la causal de improcedencia en estudio, dado que la Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, informó que el ocho de marzo de dos mil diecinueve, tuvo verificativo la audiencia inicial dentro de la causa penal 227/2019, que se le instruye a ***, por el delito de posesión simple de narcóticos, donde se calificó de ilegal la detención ordenando su inmediata libertad, y a su vez, en la citada fecha, dirigió el oficio 1461/2019-CJPN, al Director del Centro Penitenciario Varonil, con residencia en esta ciudad, a fin de que el aquí quejoso fuera excarcelado del lugar de reclusión (foja 42). Lo anterior implica la desaparición total del acto reclamado y sus consecuencias, pues la autoridad de que se trata, restituyó al quejoso en el pleno goce de sus garantías, como si se hubiese concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, actualizándose así la causal que se invoca. Apoya lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 2a. /J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pagina treinta y ocho, tomo IX, Junio, de mil novecientos noventa y nueve, del Seminario Judicial de la Federación, registro 193758, con rubro y contenido siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, del invocado ordenamiento. IV. Audiencia constitucional. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con cuarenta minutos del ocho de mayo de dos mil diecinueve (foja 39 vuelta).
- Principal
El día de hoy queda debidamente notificada la parte quejosa por medio de lista de acuerdos del auto de treinta de abril del año en curso; lo anterior, por no acudir a notificarse de manera personal.
- Principal
Vista la cuenta, agréguese a los autos, el oficio número 2342/2019, signado por la Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad; por medio del cual desahoga el requerimiento que se le formuló mediante acuerdo de uno de abril del año en curso (fojas 33 y 34), y al efecto informa la situación jurídica del aquí quejoso ***, de lo que este Juzgado queda enterado para los efectos legales conducentes. A su vez, de conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad de mérito la documental que acompaña en su oficio de cuenta; probanza que se admite y se tiene por desahogada dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional.
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