Juan Carlos Rico Paredes

Expediente 156/2014 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 37 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
156/2014
Año
2014
Actuaciones
37
Última actuación
24/12/2019

Partes del expediente

  • Juan Carlos Rico Paredes
  • Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con residencia en México, Distrito Federal
  • Juan Carlos Rico Paredes y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 37.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el homologo federal, mediante el solicita diversas constancias del expediente en que se actúa, y se le informe el estado procesal de autos. se realizó lo correspondiente sin que sea necesario requerir el acuse de recibo correspondiente, en la inteligencia que la entrega de la presente misiva, hace las veces del mismo.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que dentro del juicio de amparo en que se actúa, se formó un tomo de pruebas, con las copias certificadas del expediente CNDH/1/2014/2614/Q constancias que remitió la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que adjuntó a su informe justificado. En tal virtud, tomando en consideración que en auto de quince de diciembre de dos mil quince, se ordenó el archivo del presente asunto, devuélvase a la referida autoridad, las documentales descritas; sin que sea necesario requerirle el acuse de recibo respectivo, en la inteligencia de que la constancia de recepción de la presente comunicación hace las veces del mismo...IV

  3. Principal

    Querétaro, Querétaro, quince de diciembre de dos mil quince. Visto lo de cuenta; se tiene que la parte quejosa no desahogó la vista ordenada en proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil quince, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, por lo que este tribunal resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en autos. Ahora bien, es pertinente precisar, que por ejecutoria de uno de octubre de dos mil quince, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, en el amparo en revisión 246/2015, se modificó la sentencia emitida por este juzgado, y se determinó, entre otras cosas, conceder el amparo y la protección de la justicia federal a la parte quejosa, en los términos siguientes: "[.] "PRIMERO. En la materia del recurso se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Juan Carlos Rico Paredes contra actos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ni de la Secretaría de Relaciones Exteriores; en términos de la aclaración señalada en el considerando noveno de este fallo. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Juan Carlos Rico Paredes contra (SIC) de la Procuraduría General de la República para los efectos señalados en considerando séptimo de la sentencia recurrida; y contra actos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en términos de la parte final del último considerando de la presente ejecutoria." Por auto de quince de octubre de dos mil quince, se tuvo por recibida dicha ejecutoria y se requirió a las autoridades responsables Procurador General de la República, por conducto de su Visitadora General y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por conducto de la Primera Visitadora General, para que diera cumplimiento al fallo protector en el término de quince días. Mediante oficios CNDH/DGAJ/5213/2015 signado por el Director General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y VG/DGAI/DI/12837/2015 signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Dirección General de Asuntos Internos de la Visitaduría General de Asuntos Internos de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República, recepcionados en este juzgado el veintitrés de noviembre de dos mil quince, el primero de ellos: Remitió copia certificada del oficio 68818, de veintinueve de septiembre de último (anexo uno), suscrito por el Primer Visitador General de este Organismo Nacional, dirigido al Sr. Juan Carlos Rico Paredes y, consiste en la resolución dictada en el expediente de queja CNDH/1/2014/2614/Q, la cual se notificó al quejoso el diecisiete de noviembre de dos mil quince, al correo electrónico abogado.federal@hotmail.com, como se desprende del acuse de envío de notificación (anexo dos). Y el segundo de ellos: Informó que dieciséis de agosto de dos mil quince, en su acuerdo de conclusión determinó la improcedencia del expediente de investigación DGAI/2014/DF/2014-A, en atención a que los señalamientos mencionados por la parte quejosa carecían de sustento jurídico para atribuir una probable conducta irregular al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros, integrador de la averiguación AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/686/2013, toda vez que de constancias no se acreditó que dicho servidor público haya sido omiso en practicar todas aquellas diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos, así tampoco haya sido omiso en solicitar protección para su persona, ya que mediante oficio SEIDO/UEIDMS/FE-D/4617/2013 de treinta de octubre de dos mil trece: 1. Solicitó al encargado y Coordinador General de la Unidad Especializada en investigación de Delitos en Materia de Secuestros, considerara la propuesta para la prestación del servicio de escolta a favor del quejoso, 2. Recabó la ampliación de declaración del C. Juan Carlos Paredes Rico, a través del cónsul General en el Consulado General de México, en Sacramento, California, por medio de la cual el quejoso aportó nuevos hechos a la indagatoria de mérito, de los cuales la representación social de la federación, ya se encuentra investigando, por lo que la averiguación AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/686/2013, se encuentra en trámite. Asimismo, manifestó que si bien el quejoso señaló en su queja que sus secuestradores son servidores públicos, de las declaraciones y de las constancias que obran en la indagatoria no se advierte indicio alguno, que permita demostrar una responsabilidad penal y/o administrativa a servidor público alguno, por lo que sólo se cuenta con el dicho del quejoso, por lo que existió una carencia de indicios que llevaran a agotar otras líneas de investigación a efecto de acreditar en una primera instancia la indebida participación de servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de la República y, en consecuencia, el tres de septiembre de dos mil quince, con folio 1127/2015, fue autorizado el acuerdo de conclusión de dieciséis de agosto último y fue informado al quejoso a través del correo electrónico abogado.federal@hotmail.com, mediante oficio VG/DGAI/DI/12233/2015 de tres de noviembre de dos mil quince, mismo que fue enviado como se advierte del comprobante arrojado por el sistema, de igual forma fue enviado el diverso VG/DGAI/DI/12234/2015, al domicilio ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos, número 1016, Poniente interior 220, C.P. 38070, Celaya, Guanajuato. Para apoyar lo anterior, la autoridad responsable remite un legajo de veintinueve fojas certificadas, consistentes en el acuerdo de inicio de expediente de investigación de comento, acuerdo de recepción de documentos de seis de mayo de dos mil catorce, oficio VG7DGAI/0915/2014 que acompaña dos copias del reporte de envío, acuerdo de conclusión de diecisiete de agosto último, acuerdo de recepción de veinticinco de septiembre de dos mil quince, dictamen al acuerdo de conclusión de tres de septiembre de dos mil quince, acuerdo de recepción de documentos de cuatro de noviembre de dos mil quince, oficio VG/DGAI/3257/2015 de cuatro de noviembre de dos mil quince, con dos copias del reporte de envío, acuse de la factura de correo certificado de número de folio 085672, oficio VG/DGAI/DI/12234/2015, oficio VG/DGAI/DI/12235/2015, oficio VG/DGAI/DI/12233/2015, que obran en el expediente de investigación DGAI/214/DF/2014-A, en el archivo de la Dirección General de Asuntos Internos. -folios 1048 a 1093-. En ese contexto, este juzgador federal estima que la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, ya que el Director General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos justificó haber resulto el recurso de queja y notificado al quejoso Juan Carlos Rico Paredes dicha resolución, y el Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Dirección General de Asuntos Internos de la Visitaduría General de Asuntos Internos de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República, justificó haber resuelto el recurso de queja, en específico, por no haberse le proporcionado ayuda, asistencia, seguridad y protección, como víctima del delito de secuestro y haberlo notificado.; lo cual constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa. Sin que sea óbice a la anterior determinación, lo alegado por la parte quejosa al desahogar la vista otorgada mediante auto de veinticuatro de noviembre de dos mil quince; por lo que, en acatamiento a la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "INCONFORMIDAD. EL HECHO DE QUE EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL DE CIRCUITO, EN SU CASO, AL RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA, NO TOMEN EN CUENTA LO ALEGADO POR EL QUEJOSO AL DESAHOGAR LA VISTA, LE CAUSA UN AGRAVIO QUE DEBE REPARARSE EN AQUÉLLA." es oportuno precisar lo siguiente: Sobre el particular la parte quejosa realiza diversas manifestaciones tendentes a exponer su discordancia de que se tenga por cumplida la ejecutoria de amparo dictada en autos, pues, en lo medular, señala: Que las autoridades dieron una respuesta incongruente a lo que fue materia de queja, porque no han dado ninguna medida de seguridad y protección a fin de evitar la no repetición del secuestro en agravio del quejoso. En relación con lo anterior, este resolutor federal estima que las manifestaciones vertidas por la parte quejosa para evidenciar que el fallo protector no está cumplido son inoperantes, ya que la ejecutoria de amparo sólo constriñó al Procurador General de la República, por conducto de su Visitaduría General, para que: Procediera de inmediato a resolver, en el sentido que corresponda, el escrito de queja elevado por el quejoso Juan Carlos Rico Paredes, en el que se inconformó contra actos de diversos funcionarios públicos dependientes de la Procuraduría General de la República por desatención a la Ley General de Víctimas, en específico, por no habérsele proporcionado ayuda, asistencia, seguridad y protección, como víctima del delito de secuestro; hecho lo anterior, haga del conocimiento la decisión recaída a esa instancia y comunicara su resolución en la misma forma en que tuvo conocimiento de la inconformidad relativa (correo electrónico) o haciendo uso de instrumentos de apoyo internacional para lograr ese objetivo. De igual forma, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por Conducto de la Primera Visitaduría General, para que dictara una resolución en la que decidiera alguna de las siguientes cosas: Que ya contaba con todos los elementos suficientes para tomar una decisión sobre la materia de la queja, y de ser así, en la misma resolución acuerde lo que considere que corresponda; o, Que todavía no contaba con los elementos suficientes para tomar una decisión sobre la materia de la queja; y en tal extremo, en su caso, deberá señalar en la propia resolución, las cosas que hagan falta y las acciones que habrá de tomar para colmar esas lagunas. Por lo que con motivo de la concesión de amparo no se desprende que se vinculara a las responsable a realizar lo que en su argumentación expone (brindar medida alguna de seguridad y protección al quejoso); luego, las circunstancias alegadas son ajenas a los efectos del fallo protector, de ahí que, como se anticipó, resultan inoperantes. Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, se declara cumplida la ejecutoria de amparo que se analiza. Hágase del conocimiento de las partes quejosa el contenido de este proveído; y, dése vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado para que manifieste lo que a su representación social corresponda. Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos.

  4. Principal

    Vistos; agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en atención a la vista que se le otorgó en proveído de veinticuatro de noviembre de la presente anualidad, en relación al cumplimiento dado al fallo protector por las autoridades responsables, las que se tomarán en cuenta al emitir el proveído en donde se determine si está o no cumplida la sentencia concesoria dictada en el presente juicio de garantías...IV

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