Juan Carlos Rico Paredes
Expediente 61/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 61/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/02/2022
Partes del expediente
- Juan Carlos Rico Paredes
Actuaciones
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, quince de febrero de dos mil veintidós. I. Causa estado. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto de diecinueve de enero del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Se ordena archivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Ampar , así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21, fracción b), del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. III. Otras consideraciones. Finalmente, se hace la aclaración que las partes no allegaron documentos que por sus características ameriten ser devueltos. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ..................; por propio derecho, contra actos de la Ministra Ejecutora adscrita al Juez Tercero Civil de Primera Instancia en Santiago de Querétaro. Creación del expediente. Fórmese expediente físico y electrónico, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el libro de gobierno correspondiente de este juzgado, bajo el número 61/2022. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. Desechamiento. De la lectura del acto reclamado, se advierte que la parte quejosa reclama en esencia, lo siguiente: [.] IV.La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; La omisión de poner en posesión material real virtual y jurídica, de manera provisional, al actor la garantía real tildada en el juicio sumario hipotecario 803/2021 de conformidad al auto de 6 de enero del 2022" [.] Al respecto, debe tomarse en consideración el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del citado precepto, se advierte, que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. Asimismo, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Que de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, la demanda no debía ser desechada, pues se estaría privando a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debía admitirse a trámite a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. La citada tesis, de registro número 186605, de la Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Actualización de causa de improcedencia. Este Juzgado advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la diversa V del numeral 107, de la Ley de Amparo, esta última porción normativa aplicada a contrario sensu. Lo anterior obedece a que los actos reclamados de acuerdo a su naturaleza no son de aquellos que producen efectos de imposible reparación por no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte. En efecto, los citados artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.; "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ello los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". En ese contexto, cabe precisar que por actos que tengan una ejecución de imposible reparación debe entenderse aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte; es decir, aquéllos que lesionen el interés de una de las partes en el juicio que perdure cualquiera que sea el sentido de la resolución que se pronuncie en éste o bien, haga imposible la prosecución del procedimiento, es decir, que cause a una de las partes un agravio no reparable en dicho fallo. En otras palabras, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos atender a aquellos que tengan una ejecución de carácter material e irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del cual se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en virtud de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Por tanto, si el acto reclamado por el impetrante en el presente juicio constituye la omisión de la Ministra Ejecutora adscrita al Juez Tercero Civil de Primera Instancia en Santiago de Querétaro, de poner en posesión material, de manera provisional, al actor -aquí quejoso- la garantía real relativa al juicio sumario hipotecario 803/2021 del índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia en Santiago de Querétaro de conformidad al auto de seis de enero de dos mil veintidós, de la lectura integral de la demanda, así como de la documental que anexó a su demanda de amparo, se advierte que en el punto "4.-" del capítulo de hechos, el promovente manifestó bajo protesta de decir verdad lo siguiente: [.] 4.- Por lo que fui a hablar con su superior, empero salió, lo mismo, y fui a hablar con el superior de su superior, le pedí que todo lo que me manifestara la ministro ejecutor, lo hiciera por escrito para imputar responsabilidades u deslindarse de estas, quien estuvo acorde, mientras ello ocurría fui a platicar con el secretario del juzgado, "quien no me permitió hablar con el juez", empero que asintió que la diligencia se llevara a cabo en los términos expuestos en el auto de data 6 de enero del 2022, por lo que le hablo (sic) a la ministro ejecutor, y me dijo que fuera ya que estaba todo arreglado, por lo que fui con la ministro ejecutor, la traslade al lugar, esta toco y nadie abrió, estaba todo cerrado, seguramente todo deshabitado, por ene en atención a el auto, la ministro ejecutor, le llamo a la fuerza, publico yo hice lo propio, llame a un cerrajero, y a personal para que apoyar en la diligencia, es el caso de que cuando el cerrajero iba a abrir, me inquirió la responsable, que se llevaría a cabo la diligencia solo y solo si me quedaba de responsable, de los bienes muebles que pudieran encontrarse o que se encontrasen en el interior, SIN FUNDAMENTACION NO (sic) MOTIVACIÓN, NI ESTAR PREVISTO EN EL AUTO DE DATA DE 6 DE ENERO DEL 2022, es el caso de que me opuse a que se me impusiera una responsabilidad de depositaria de los bienes, respecto de la posesión provisional y que fuera yo el depositaria de los bienes y que estos se quedaran en el miso bien raíz, quedando yo como depositario de estos, entonces manifesté mi negativa y oposición a que se me impusiera la carga de depositaria judicial de bienes muebles de los cuales no es mi voluntad no puede imponérseme esa carga. [.] Manifestaciones bajo protesta de decir verdad, de las cuales se advierte que el aquí quejoso y la autoridad señalada como responsable se constituyeron en el domicilio para llevar a cabo la diligencia ordenada por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia en Santiago de Querétaro; quien instruyó al ministro ejecutor a su cargo para ".poner el inmueble en posesión del actor de manera provisional quedando esta como depositaria del inmueble.", sin embargo, al momento del desahogo de la diligencia en cita, existió una oposición manifiesta por parte del promovente del amparo para ser señalado como depositario de los bienes muebles que pudieran encontrarse dentro del mismo. De lo anterior, se desprende que el acto que aquí se reclama no es una omisión por parte de la autoridad señalada como responsable; en virtud, de que como ya se asentó en párrafos precedentes, se constituyeron en el domicilio señalado para el desahogo de la diligencia encomendada, y en ese momento existió oposición manifiesta del aquí quejoso para que se cumplimentara la misma, de ahí que lo reclamado no constituye un acto de imposible reparación. Lo anterior es así, porque el amparo indirecto procede contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; sin embargo, en el presente asunto no se dan los presupuestos legales exigidos en el precitado artículo, dado que el acto que reclama, no le causa de manera material, directa e inmediata algún perjuicio cierto en sus derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del cual se derivan tales actos procesales. En efecto, de todo lo anterior se advierte que el acto reclamado no lesiona el interés del quejoso a tal grado que no pueda ser subsanado en sentencia definitiva cualquiera que sea el sentido de la resolución que se pronuncie en ésta o bien, haga imposible la prosecución del procedimiento. Aunado a lo anterior, y en razón a que, como ya se puntualizó, en el caso concreto no existe una omisión por parte de la autoridad responsable, por lo que si el quejoso atribuye vicios propios a la diligencia encomendada por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia en Santiago de Querétaro para poner el inmueble en posesión del actor de manera provisional; al ser parte material en la contienda de origen, debe agotar el incidente de nulidad de actuaciones previsto por los artículos 77 y 80 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro; lo que en el caso no ocurrió por lo que es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que establece: "[.] XVIII. Contra las resoluciones de tribuales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.]" Lo anterior se estima así, dado que el quejoso debió controvertir la diligencia que estimara de ilegal en el juicio de origen a través de los recursos ordinarios a su alcance, previo a promover el juicio de amparo, pues de sus conceptos de violación, se evidencia que combate el hecho de que al momento de intentar desahogar la diligencia encomendada por auto de seis de enero de dos mil veintidós existió oposición manifiesta de su parte por las razones que él mismo expone, a las que le atribuye el carácter de ilegales por no seguir las formalidades del procedimiento establecidas en la ley. Sirve de apoyo la tesis XXIV.1o.4 C, del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Agosto de 2004, página 1632, que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES NECESARIO AGOTAR EL INCIDENTE RELATIVO RESPECTO DE VIOLACIONES PROCESALES OCURRIDAS EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, INCLUSIVE RESPECTO DE AQUELLAS DEL PROCEDIMIENTO DE REMATE, A FIN DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NAYARIT). La interpretación sistemática de los artículos 621 y 630 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, en armonía con lo dispuesto en los numerales 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XIII y 114, fracción III, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que es necesario agotar el incidente de nulidad de actuaciones respecto de las violaciones procesales que se hubieran llevado a cabo en el procedimiento de ejecución de sentencia, para satisfacer el principio de definitividad que rige en la materia, como requisito de procedibilidad del juicio de amparo, inclusive, de aquellas violaciones del procedimiento de remate cuando se reclamen junto con la resolución en que se apruebe en definitiva, pues este incidente satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, ya que tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses de la parte quejosa. Ello porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo." En ese sentido, como se precisó, la solicitante del amparo, estaba obligada en principio a interponer el incidente nulidad de notificaciones previsto en los artículos 79 y 80 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, los cuales establecen: "Artículo 77. Las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales, de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes y cuando la ley expresamente lo determine, pero no podrá ser invocada esa nulidad por la parte que dio lugar a ella." "Artículo 80. La nulidad de una actuación deberá reclamarse en la actuación subsecuente en que intervenga la parte que promueva aquella; de lo contrario quedará revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento del demandado. Para resolver sobre las peticiones de nulidad, el Tribunal deberá atender lo siguiente: I. La nulidad no podrá ser invocada por la parte que intervino en el acto sin hacer en él la reclamación correspondiente; II. No procederá cuando el acto haya satisfecho la finalidad procesal a que estaba destinado; y III. La nulidad de una actuación no implicará la de las demás que sean independientes de ella." El anterior incidente tiene como finalidad que los actos judiciales puedan ser revisados y, en su caso, modificados o revocados, por existir en ellos un vicio cuya corrección legal procede. Ahora, por regla general, la referida nulidad se presenta contra actos emitidos antes de pronunciarse sentencia, en la instancia procesal en que se cometa la violación en cuestión, en tanto que el juzgador no está facultado para revocar sus propias determinaciones. Lo anterior no implica que la nulidad de actuaciones sólo pueda promoverse contra actos procesales anteriores a la sentencia, toda vez que con posterioridad a ésta también se presenta la necesidad de que la autoridad judicial actúe, y en caso de estimarse que se presenta una violación en tal actuación, puede sustanciarse el incidente relativo. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario; además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante la tramitación de los medios ordinarios de defensa, no pueden ser atendidas en el presente juicio de amparo. Cobra aplicación sobre el particular en lo conducente y por las razones que contiene, la tesis P. XIII/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 192, Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES. NO CABE EXIGIR LOS REQUISITOS RELATIVOS A QUE SE PREPARE SU IMPUGNACION PARA QUE PUEDAN ESTUDIARE EN EL AMPARO DIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO HAYA ESTADO EN IMPOSIBILIDAD JURIDICA DE CUMPLIRLOS. Tratándose de amparos contra sentencias definitivas en materia civil en los que también se impugnan violaciones al procedimiento, el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y correlativamente el artículo 161 de la Ley de Amparo, exigen, para que dichas violaciones procesales sean estudiadas en el amparo directo, que se agote en su contra el recurso ordinario correspondiente si se cometió en primera instancia, y si no fue reparada, que tal violación sea invocada ante el tribunal de apelación, en los agravios que sean formulados contra la sentencia de fondo de primera instancia; sin embargo, estos requisitos obedecen a una regla de carácter general y de cumplimiento obligatorio en situaciones ordinarias, pero no cuando el quejoso esté impedido jurídicamente para seguir esos lineamientos, como cuando para la fecha en que interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia en que debía insistir en el agravio respectivo, todavía se encontraba sub judice la cuestión procesal por no haberse resuelto aún la diversa apelación que sobre el particular hizo valer. En este supuesto, atendiendo al principio general de derecho de que "nadie está obligado a lo imposible", y también a los principios de equidad y justicia que campean en el juicio de amparo, debe estimarse procedente en la vía constitucional el estudio de las violaciones del procedimiento alegadas por el quejoso, aunque no se haya insistido en la violación." Además, como quedó precisado con anterioridad, la quejosa no es persona extraña al procedimiento de origen. Aunado a lo anterior, el derecho humano a un recurso judicial efectivo, está estrechamente vinculado con el principio general relativo a la efectividad de los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los instrumentos internacionales en la materia. De ahí que la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a tales derechos constituye una transgresión al derecho humano a un recurso judicial efectivo. En este sentido, para que exista dicho recurso, no basta con que lo prevea la Constitución o la ley, o que sea formalmente admisible, sino que se requiere que realmente sea idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla. De manera que no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso concreto, resulten ilusorios, esto es, cuando su inutilidad se ha demostrado en la práctica, ya sea porque el Poder Judicial carece de la independencia necesaria para decidir con imparcialidad, faltan los medios para ejecutar las decisiones que se dictan, se deniega la justicia, se retarda injustificadamente la decisión o se impida al presunto lesionado acceder al recurso judicial. Sin embargo, en el caso tales circunstancias no ocurrieron, pues como quedó precisado en párrafos que anteceden, el incidente de nulidad de notificaciones puede otorgar a la solicitante del amparo, la enmienda jurídica que pretende, es decir, son idóneos para establecer si se ha incurrido o no en una violación a los derechos humanos. Por lo que al existir en la Ley que rige el acto reclamado, recursos efectivos contra las violaciones a tales derechos, es que se estima previo a promover el amparo indirecto, debió agotar el medio ordinario de defensa contra la diligencia de veinte de febrero de dos mil veinte. Idéntica circunstancia ocurre en caso de que el quejoso le atribuya ilegalidades al auto de seis de enero de dos mil veintidós dictado por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia en Santiago de Querétaro en el juicio sumario hipotecario ................, ya que, contra dicha determinación procede el recurso de revocación, en términos de lo ordenado por el numeral 721 del citado Código de Procedimientos Civiles. Juicio en línea En otro orden de ideas, como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36 y 57 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con lo que establecen los artículos 3 y 24, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, y toda vez que la parte quejosa proporciona como nombre de usuario "..............", se autoriza la consulta del expediente electrónico en que se actúa; así como que las NOTIFICACIONES electrónicas que deriven del presente expediente, aun las de carácter personal, sea realicen a través del usuario aludido. Hágase del conocimiento lo asentado al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales a que haya lugar y comisiónese al Actuario Judicial a efecto de verifique que se lleve a cabo la debida autorización en sistema. Notificación y exhortación. Se reitera la exhortación a las partes y a sus autorizados, para que, de acuerdo a la contingencia por el virus COVID-19 en el que el país se encuentra inmerso, realicen consulta de expedientes vía remota (expediente electrónico o listas de acuerdos a su disposición en la página www.cjf.gob.mx), para lo cual, se hace de su conocimiento que tienen expedito su derecho de solicitar el acceso al expediente electrónico, para lo cual deberán proporcionar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. También se hace la precisión de que tratándose del juicio en línea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, las partes, sus representantes en los juicios o los autorizados que cuenten con facultades expresas para ello conforme al segundo párrafo del artículo 35, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. Publicación de lista de acuerdos y contacto con las partes. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; y, adicionalmente, se remitirán a la administración del edificio, para que se coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita, sin perjuicio de que puedan consultar el expediente electrónico a través de los usuarios autorizados. No obstante lo anterior, en términos de lo dispuesto en los numerales 22 y 28 del citado acuerdo general, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y/o propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Asimismo, se requiere a las partes (incluidas las autoridades responsables) para que proporcionen un número de teléfono móvil, a fin de que, en caso de ser necesario, se entable comunicación por parte del personal de este órgano jurisdiccional. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. Transparencia y acceso a la información pública. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, igualmente conforme a lo dispuesto en los artículos 1 a 5, 30, 32 y 33 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, relativo a la elaboración de versiones públicas de los expedientes judiciales. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. Notifíquese personalmente al quejoso vía electrónica.
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