Juan Carlos Ramírez Cruz

Expediente 2200/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de septiembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
2200/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
14/09/2015

Partes del expediente

  • Juan Carlos Ramírez Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE AVISO JUDICIAL DE 15/09/2015 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE 14/09/2015, QUE EN LO CONDECENTE DICE: Visto; el informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable, del cual se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa no existe; en esa virtud, y tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)." De la anterior transcripción legal se desprende que en el juicio de amparo se sobresee cuando aparece de autos que el acto reclamado es inexistente. Ahora, en el caso que nos ocupa el acto reclamado se hizo consistir en la orden de aprehensión y/o comparecencia en contra de JUAN CARLOS RAMÍREZ CRUZ, así como los actos tendientes a ejecutarla a las autoridades siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES SENTIDO DE INFORME JUSTIFICADO FOJA (s) 1 JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL DE QUERÉTARO NIEGA (16) 2 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL DE QUERÉTARO 3 DIRECTOR DE LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 4 COMANDANTE DEL GRUPO DE APREHENSIONES "2 A" DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO 5 COMANDANTE DEL GRUPO DE APREHENSIONES "2 B" DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO En mérito de lo anterior, del informe justificado, rendido por la autoridad responsable, se desprende claramente que el acto reclamado es inexistente, asimismo, la parte quejosa no probó la existencia del mismo. De ahí que, el acto que en esta vía se combate, al día en que insto el juicio constitucional, no existe. Esto es así, tomando en consideración que la promoción del presente juicio de amparo por parte del quejoso, fue por existir simple sospecha de la existencia del acto reclamado, el cual, como se ve, no es cierto. No pasa inadvertido que el Juez Primero de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, al rendir su informe justificado negando la existencia de los actos reclamados, haya agregado que existe radicada la causa penal 165/2015 de su índice, instruida en contra de Juan Carlos Ramírez Cruz, en la cual el Fiscal Investigador solicitó se girara orden de aprehensión del mismo, por haberse acreditado el cuerpo del delito de Incumplimiento de las Obligaciones Asistencia Familiar, cometido en agravio de la Familia y Lesivo del menor Juan Pablo Ramírez López; sin embargo, dicha autoridad aún no entra al estudio de la orden que le fue solicitada, es decir, a la fecha no se ha girado orden de aprensión alguna. De ahí que se insiste que no existe orden privativa de libertad. Consecuentemente, al actualizarse dicha hipótesis legal, lo que procede es sobreseer el presente juicio de garantías, fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del más Alto Tribunal del País, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo del 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83 fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previa posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia prevista por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionado estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causa de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impedirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Similar criterio se sostiene respecto de las autoridades responsables Director de la Investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro y Comandantes del Grupo "2 A" y "2 B" de la Dirección de Investigación del Delito, -ejecutoras- ya que si bien a la fecha en que se emite este acuerdo, no rindieron su informe justificado; sin embargo, es innecesario postergar la presente resolución dada la celeridad que conlleva conforme lo dispuesto en el dispositivo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo expuesto, en virtud de que la ordenadora negó la existencia de los actos reclamados, de ahí que no puede tener ejecución material una orden de aprehensión inexistente, por lo tanto, también se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos atribuidos a estas autoridades. Tiene aplicación al caso por analogía, la jurisprudencia número 653, visible a foja 434. Tomo VI, Materia Común del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, de 1917-1995 cuyo rubro y texto dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. FALTA DE INFORME DE LAS. Si las autoridades ejecutoras no rinden informe, pero aquellas a quienes se les atribuye haber ordenado el acto lo niegan, es incuestionable que no pudieron ejecutar una orden inexistente, y por lo mismo, la falta de informe no trae la presunción que establece el artículo 149 de la Ley de Amparo." En las condiciones anotadas, es dable dejar sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional fijada para las ONCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DOS MIL QUINCE. . .V

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se aprecia que transcurrió el plazo otorgado al quejoso GILDARDO LEDESMA MOLINA, por acuerdo de uno de septiembre de dos mil quince, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al oficio a través del que las autoridades responsables informaron que dieron cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, sin que realizara manifestación alguna, no obstante estar apercibido que ante esa conducta este tribunal resolvería sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. En esa medida, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse sobre si las autoridades responsables dieron o no, cumplimiento a la sentencia de amparo, en principio es pertinente precisar: que por sentencia de treinta y uno de julio de dos mil quince, este juzgado determinó en su segundo punto resolutivo conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a GILDARDO LEDESMA MOLINA, en contra del acto que reclamó a la Legislatura Constitucional del Estado de Querétaro y otras autoridades, para los efectos apuntados en el considerando séptimo de la sentencia, que señala: "[.] I. Se le devuelva a la parte quejosa la cantidad enterada en aplicación de las contribuciones referidas, por el Secretario de Finanzas del Municipio de Querétaro, pues la concesión del amparo contra la ley por considerarla inconstitucional, debe comprender también el acto de su aplicación, por tanto, deberá devolverse las cantidades que pagó, del Impuesto para la Educación y Obras Públicas Municipales ($867.03 ochocientos sesenta y siete pesos 03/100 Moneda Nacional) y $14,625.00 (catorce mil seiscientos veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional); según obra en los comprobantes de pago Z-2552313 y Z-2552324, de dieciocho de mayo de dos mil quince. [.] Mediante acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil quince, se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió al Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, en su carácter de autoridad responsable, así como al Titular de esa Secretaría, en su carácter de superior jerárquico, para que dieran cumplimiento al fallo protector. Luego, mediante oficio SF/CNF/7755/2015, recibido por este Juzgado el treinta y uno de agosto de dos mil quince, las mencionadas autoridades por conducto de su delegado, exhibieron el cheque número 0025848, librado a favor del quejoso GILDARDO LEDESMA MOLINA, por la cantidad de $15,492.03 (QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 03/100 MONEDA NACIONAL), cantidad correspondiente al pago que éste erogó con motivo del Impuesto para la Educación y Obras Públicas Municipales, reflejado en los recibos de pago Z-2552313 y Z-2552324. Es así, que este juzgador estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, ya que restituyó al quejoso el numerario enterado con motivo del pago de la obligación tributaria declarada inconstitucional por jurisprudencia temática, lo cual constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa. En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo que se analiza; consecuentemente, hágase del conocimiento de las partes este proveído, asimismo, dese vista con lo aquí determinado al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado para que manifieste lo que a su Representación Social corresponda; y al no haber actos pendientes por cumplimentar con fundamento en el artículo 214 Íbidem, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento (cuaderno principal), con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma OSCAR PALOMO CARRASCO, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, ante la Secretaria Gabriela Zárate Martínez, que autoriza y da fe.Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se aprecia que transcurrió el plazo otorgado al quejoso GILDARDO LEDESMA MOLINA, por acuerdo de uno de septiembre de dos mil quince, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al oficio a través del que las autoridades responsables informaron que dieron cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, sin que realizara manifestación alguna, no obstante estar apercibido que ante esa conducta este tribunal resolvería sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. En esa medida, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse sobre si las autoridades responsables dieron o no, cumplimiento a la sentencia de amparo, en principio es pertinente precisar: que por sentencia de treinta y uno de julio de dos mil quince, este juzgado determinó en su segundo punto resolutivo conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a GILDARDO LEDESMA MOLINA, en contra del acto que reclamó a la Legislatura Constitucional del Estado de Querétaro y otras autoridades, para los efectos apuntados en el considerando séptimo de la sentencia, que señala: "[.] I. Se le devuelva a la parte quejosa la cantidad enterada en aplicación de las contribuciones referidas, por el Secretario de Finanzas del Municipio de Querétaro, pues la concesión del amparo contra la ley por considerarla inconstitucional, debe comprender también el acto de su aplicación, por tanto, deberá devolverse las cantidades que pagó, del Impuesto para la Educación y Obras Públicas Municipales ($867.03 ochocientos sesenta y siete pesos 03/100 Moneda Nacional) y $14,625.00 (catorce mil seiscientos veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional); según obra en los comprobantes de pago Z-2552313 y Z-2552324, de dieciocho de mayo de dos mil quince. [.] Mediante acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil quince, se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió al Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, en su carácter de autoridad responsable, así como al Titular de esa Secretaría, en su carácter de superior jerárquico, para que dieran cumplimiento al fallo protector. Luego, mediante oficio SF/CNF/7755/2015, recibido por este Juzgado el treinta y uno de agosto de dos mil quince, las mencionadas autoridades por conducto de su delegado, exhibieron el cheque número 0025848, librado a favor del quejoso GILDARDO LEDESMA MOLINA, por la cantidad de $15,492.03 (QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 03/100 MONEDA NACIONAL), cantidad correspondiente al pago que éste erogó con motivo del Impuesto para la Educación y Obras Públicas Municipales, reflejado en los recibos de pago Z-2552313 y Z-2552324. Es así, que este juzgador estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, ya que restituyó al quejoso el numerario enterado con motivo del pago de la obligación tributaria declarada inconstitucional por jurisprudencia temática, lo cual constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa. En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo que se analiza; consecuentemente, hágase del conocimiento de las partes este proveído, asimismo, dese vista con lo aquí determinado al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado para que manifieste lo que a su Representación Social corresponda; y al no haber actos pendientes por cumplimentar con fundamento en el artículo 214 Íbidem, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento (cuaderno principal), con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. . .III

  3. Incidental

    SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. . . ARCHÍVESE EL EXPEDIENTE COMO ASUNTO ENTERAMENTE CONCLUIDO. . .ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN POR NO CONSIDERARSE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. . .VI

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