Juan Carlos Perez Leyva

Expediente 109/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 11 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
109/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
05/07/2023

Partes del expediente

  • Juan Carlos Perez Leyva
  • Centro de Conciliación Y Registro Laboral de la Zona Norte del Estado de Sinaloa, Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, cinco de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de treinta y uno de mayo del año en curso, mediante el cual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En esa virtud, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de siete de junio de dos mil veintitrés, se precisa que este asunto es susceptible de conservación, dado que en resolución constitucional de veintisiete de abril del año en curso, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno Electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo de trámite en términos de los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, relativo a la clasificación del archivo judicial. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido; y, no tiene relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional ni contra la humanidad, tampoco se trataron delitos contra la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, no se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni verso sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, tampoco se trata de un asunto generado por los Plenos Regionales en el que se haya establecido jurisprudencia; no es de materia agraria; y, finalmente, tampoco la sentencia emitida en este asunto integró jurisprudencia de los Tribunales de Circuito. En el entendido, que una vez transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la orden de archivo, con apoyo en los artículos 26, 27 y 28 del Acuerdo General citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al depósito documental que sea designado por el Área Coordinadora de Archivos, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que elabore el Área Coordinadora de Archivos. Por otra parte, de conformidad con el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el incidente de suspensión es susceptible de destrucción, dado que se negó al quejoso la suspensión definitiva de los actos reclamados. Finalmente, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 20, 21, 22 y 23 del Acuerdo General citado, este juzgado procederá a la destrucción del incidente que nos ocupa.

  2. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa por sí o a través de sus autorizados legales no desahogó la vista personal ordenada mediante acuerdo de dieciocho de mayo del año en curso, en relación con el oficio y documental allegados por la autoridad responsable Directora General del Centro de Conciliación y Registro Laboral de la Zona Norte del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no obstante que tal determinación le fue notificada personalmente a Cindy Yaressy Valenzuela Verdugo -autorizada de la parte quejosa únicamente para oír y recibir notificaciones-, el pasado veintidós de mayo, por la fedataria judicial de la adscripción; por tanto, procede analizar si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad responsable. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar, debe indicarse que por sentencia dictada el veintisiete de abril del año en curso, en el presente juicio de amparo, se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso ********************, para el efecto de que: "Con libertad de jurisdicción, reciba el escrito de solicitud de conciliación laboral y provea lo que en derecho corresponda.". En el entendido, que el efecto de la concesión del amparo, no implica que la autoridad emita su respuesta precisamente en el sentido pretendido por la parte quejosa, pues tal derecho sólo las obliga a recibir y contestar en breve término y de manera congruente, por escrito, las solicitudes o promociones que se le presente; así como a hacerla saber al promovente. Pues bien, del escrito presentado por el quejoso se desprende que reclama a la responsable omisión de recibir la solicitud y fecha y hora para la celebración de la audiencia prejudicial para cada una de las codemandadas, en la solicitud de conciliación, del índice del Centro de Conciliación y Registro Laboral de la Zona Norte del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad. Ahora bien, la autoridad responsable Centro de Conciliación y Registro Laboral de la Zona Norte del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, el ocho de mayo de dos mil veintitrés, remitió copia del acuerdo de cinco de mayo del año en curso, al que anexó diversas constancias de las cuales se advierte que la responsable recibió y dio respuesta a la petición realizada por la parte quejosa el pasado veinte de febrero, misma que fue notificada al autorizado del quejoso el tres de mayo de dos mil veintitrés, por conducto de su autorizado legal. Cabe destacar que este Juzgado cuenta con las más amplias facultades para determinar oficiosamente si el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese sentido, de lo dispuesto en el artículo 77 fracciones I y II, de la Ley de Amparo se advierte que el fin último de la sentencia amparadora es el de restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, retrotrayendo las cosas al estado que guardaban antes de la trasgresión, cuando se trate de actos que impliquen un hacer positivo de la autoridad; o bien, el de obligar a la responsable a actuar en apego a la garantía que se estime infringida, en caso de que el acto reclamado haya consistido en una negativa o en un actuar u omisión por parte de esta. De tal modo que las autoridades responsables, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, deben realizar aquellos actos que abonen a la consecución del fin último de la sentencia amparadora. Se ha dicho que existe defecto en la ejecución cuando la autoridad responsable no se ciñe estrictamente a los términos de la ejecutoria de amparo, esto es, cuando su actuación es parcial o incompleta, en la medida que no obedece de manera cabal lo mandado. Existe exceso, en cambio, cuando las autoridades responsables sobrepasan lo que manda la sentencia de amparo, extralimitándose en su ejecución. En esta línea, contrastando la petición incoada a la responsable consistente en la omisión de recibir la solicitud y fecha y hora para la celebración de la audiencia prejudicial para cada una de las codemandadas, en la solicitud de conciliación, del índice del Centro de Conciliación y Registro Laboral de la Zona Norte del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad. En contestación a ello, la autoridad responsable el ocho de mayo de dos mil veintitrés, remitió copia del acuerdo de cinco de mayo del año en curso, al que anexó diversas constancias de las cuales se advierte que la responsable recibió y dio respuesta a la petición realizada por la parte quejosa el pasado veinte de febrero, misma que fue notificada al autorizado del quejoso el tres de mayo de dos mil veintitrés, por conducto de su autorizado legal. Lo anterior, se reitera contrastando la petición con la respuesta otorgada por la responsable: Fundó y motivó su actuar, ante la petición del aquí quejoso. Por tanto, al haber atendido la responsable la petición que le fue realizada, atinente a la omisión de recibir la solicitud y fecha y hora para la celebración de la audiencia prejudicial para cada una de las codemandadas, precisando la fundamentación y motivación para ello, es inconcuso que la respuesta es congruente con lo peticionado. Esto es, el escrito de la parte quejosa consistió en solicitar la fecha y hora para la celebración de la audiencia prejudicial para cada una de las codemandadas, y la autoridad responsable atendió dicho aspecto. Así las cosas, el amparo se otorgó para el efecto de que la autoridad responsable, en observancia del derecho de petición consagrado en el artículo 8° de la Constitución de la República, diera respuesta a la solicitud elevada por la parte quejosa, lo cual así aconteció. Si bien, el derecho de petición no constituye un derecho a la obtención de una repuesta favorable a los intereses del peticionario, sino solamente a obtener una respuesta por escrito, tampoco puede la autoridad contestar de cualquier forma, sino tendrá que hacerlo de manera congruente con lo solicitado (congruencia entre lo pedido y la respuesta obtenida). En otra palabras, el derecho de petición precisa no solamente de una respuesta, sino que ésta debe ser en el sentido de ceñirse a lo que está pidiendo y, además debe ser de tal manera clara que no produzca confusión en el peticionario, a fin de que éste cuente con los elementos indispensables para impugnar en la vía que corresponda, la legalidad de esa respuesta. Por ilustrativa se cita la Tesis (aislada), con registro 252257 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 123, Volumen 115-120, Sexta Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que indica: "PETICION, DERECHO DE. RESPUESTAS AMBIGUAS. El artículo 8o. constitucional garantiza, como derecho constitucional de los gobernados, que a toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacer conocer ese acuerdo en breve término al peticionario. Ahora bien, si ese derecho constitucional debe tener algún sentido y no ser una mera norma hueca e inoperante, es claro que cuando la petición elevada a la autoridad contiene la solicitud de una conducta de dar o de hacer a la que el peticionario estima tener derecho, y si esa petición se funda y motivo, la respuesta de la autoridad no debe ser evasiva, o sibilina, o limitarse a dar largas al asunto, ni a embrollarlo, sino que en forma clara y directa debe resolver sobre la pretensión deducida. Si las autoridades consideran que la pretensión es infundada, así deben decirlo claramente, expresando también claramente, por qué estiman improcedente o infundada la petición, a fin de dar al peticionario una respuesta congruente con su petición, en un sentido o en otro, pero en un sentido que ese peticionario pueda acatar o impugnar con pleno y cabal conocimiento de causa. Resultaría contrario al espíritu de la norma constitucional que si la petición no cuenta con el beneplácito de la autoridad, dicha petición se tenga por contestada, incongruentemente, con respuestas evasivas, o ambiguas, imprecisas: eso no es satisfacer el derecho de petición, sino disfrazar la negativa a satisfacerlo, y deja al peticionario en situación de indefensión, violándose de paso el debido proceso legal que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales. Es decir, para que no se respire un clima de opresión y de decisiones no sujetas a derecho, sino un clima de paz y precisamente el correspondiente a un estado de derecho, es menester que las autoridades resuelvan las peticiones en forma franca clara, dando razón completa del por qué no se otorga lo solicitado, y dando al gobernado los elementos para aceptar o impugnar su negativa, de manera que dichas autoridades tengan por mayor interés que sus conflictos con los gobernados sean compuestos (aun judicialmente) en cuanto al mérito de sus pretensiones, que negar lo que no quieren conceder mediante el camino de las imprecisiones los laberintos, lo que más bien da impresión de que se pretende obstaculizar la petición del quejoso y el que pueda llegar a plantearla sólidamente ante los tribunales, o sea, el prevalecer de la potestad sobre el derecho. Y es fundada la argumentación del quejoso de que la respuesta recaída a su petición no es congruente con ella, si esa respuesta no resuelve sobre si procede o no, conceder la pretensión que deduce, sino que en forma ambigua, imprecisa, se limita a decir que una vez que se cumpla con los requisitos de ciertos preceptos "y demás relativos" se procederá en los términos que ordenan los mismos. Para que la respuesta hubiera sido congruente, debió decirse con toda claridad y precisión cuáles eran todos los preceptos aplicables, qué requisitos concretos debió satisfacer el peticionario en opinión de la autoridad, y cuáles serían las consecuencias de satisfacerlos o no, a fin de que con esa respuesta el gobernado supiese ya a qué atenerse respecto a su pretensión, o del acatamiento o de la impugnación de la respuesta recibida.". De los medios de convicción remitidos por la autoridad responsable entorno al cumplimiento de la sentencia constitucional, mismos que tienen valor probatorio pleno en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo, se obtiene que efectivamente, la autoridad responsable cumplió de manera completa con los efectos de la concesión del amparo, pues se dio a conocer al quejoso la la fecha y hora para la celebración de la audiencia prejudicial para cada una de las codemandadas; por tanto atendió la solicitud del impetrante y como consecuencia la sentencia constitucional ha sido cumplida. Es aplicable la jurisprudencia 14/2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, Décima Época, Materia Común, página 717, registro 2010983, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces.". Por tanto, es evidente que con ello se colma la garantía seguridad jurídica por cuya infracción se concedió el amparo solicitado, motivo por el cual se debe declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Hágase del conocimiento del quejoso este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUT DE TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRES QUE DICE: Los Mochis, Sinaloa, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa por sí o a través de sus autorizados legales no desahogó la vista personal ordenada mediante acuerdo de dieciocho de mayo del año en curso, en relación con el oficio y documental allegados por la autoridad responsable Directora General del Centro de Conciliación y Registro Laboral de la Zona Norte del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no obstante que tal determinación le fue notificada personalmente a Cindy Yaressy Valenzuela Verdugo -autorizada de la parte quejosa únicamente para oír y recibir notificaciones-, el pasado veintidós de mayo, por la fedataria judicial de la adscripción; por tanto, procede analizar si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad responsable. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar, debe indicarse que por sentencia dictada el veintisiete de abril del año en curso, en el presente juicio de amparo, se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso ********************, para el efecto de que: "Con libertad de jurisdicción, reciba el escrito de solicitud de conciliación laboral y provea lo que en derecho corresponda.". En el entendido, que el efecto de la concesión del amparo, no implica que la autoridad emita su respuesta precisamente en el sentido pretendido por la parte quejosa, pues tal derecho sólo las obliga a recibir y contestar en breve término y de manera congruente, por escrito, las solicitudes o promociones que se le presente; así como a hacerla saber al promovente. Pues bien, del escrito presentado por el quejoso se desprende que reclama a la responsable omisión de recibir la solicitud y fecha y hora para la celebración de la audiencia prejudicial para cada una de las codemandadas, en la solicitud de conciliación, del índice del Centro de Conciliación y Registro Laboral de la Zona Norte del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad. Ahora bien, la autoridad responsable Centro de Conciliación y Registro Laboral de la Zona Norte del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, el ocho de mayo de dos mil veintitrés, remitió copia del acuerdo de cinco de mayo del año en curso, al que anexó diversas constancias de las cuales se advierte que la responsable recibió y dio respuesta a la petición realizada por la parte quejosa el pasado veinte de febrero, misma que fue notificada al autorizado del quejoso el tres de mayo de dos mil veintitrés, por conducto de su autorizado legal. Cabe destacar que este Juzgado cuenta con las más amplias facultades para determinar oficiosamente si el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese sentido, de lo dispuesto en el artículo 77 fracciones I y II, de la Ley de Amparo se advierte que el fin último de la sentencia amparadora es el de restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, retrotrayendo las cosas al estado que guardaban antes de la trasgresión, cuando se trate de actos que impliquen un hacer positivo de la autoridad; o bien, el de obligar a la responsable a actuar en apego a la garantía que se estime infringida, en caso de que el acto reclamado haya consistido en una negativa o en un actuar u omisión por parte de esta. De tal modo que las autoridades responsables, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, deben realizar aquellos actos que abonen a la consecución del fin último de la sentencia amparadora. Se ha dicho que existe defecto en la ejecución cuando la autoridad responsable no se ciñe estrictamente a los términos de la ejecutoria de amparo, esto es, cuando su actuación es parcial o incompleta, en la medida que no obedece de manera cabal lo mandado. Existe exceso, en cambio, cuando las autoridades responsables sobrepasan lo que manda la sentencia de amparo, extralimitándose en su ejecución. En esta línea, contrastando la petición incoada a la responsable consistente en la omisión de recibir la solicitud y fecha y hora para la celebración de la audiencia prejudicial para cada una de las codemandadas, en la solicitud de conciliación, del índice del Centro de Conciliación y Registro Laboral de la Zona Norte del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad. En contestación a ello, la autoridad responsable el ocho de mayo de dos mil veintitrés, remitió copia del acuerdo de cinco de mayo del año en curso, al que anexó diversas constancias de las cuales se advierte que la responsable recibió y dio respuesta a la petición realizada por la parte quejosa el pasado veinte de febrero, misma que fue notificada al autorizado del quejoso el tres de mayo de dos mil veintitrés, por conducto de su autorizado legal. Lo anterior, se reitera contrastando la petición con la respuesta otorgada por la responsable: Fundó y motivó su actuar, ante la petición del aquí quejoso. Por tanto, al haber atendido la responsable la petición que le fue realizada, atinente a la omisión de recibir la solicitud y fecha y hora para la celebración de la audiencia prejudicial para cada una de las codemandadas, precisando la fundamentación y motivación para ello, es inconcuso que la respuesta es congruente con lo peticionado. Esto es, el escrito de la parte quejosa consistió en solicitar la fecha y hora para la celebración de la audiencia prejudicial para cada una de las codemandadas, y la autoridad responsable atendió dicho aspecto. Así las cosas, el amparo se otorgó para el efecto de que la autoridad responsable, en observancia del derecho de petición consagrado en el artículo 8° de la Constitución de la República, diera respuesta a la solicitud elevada por la parte quejosa, lo cual así aconteció. Si bien, el derecho de petición no constituye un derecho a la obtención de una repuesta favorable a los intereses del peticionario, sino solamente a obtener una respuesta por escrito, tampoco puede la autoridad contestar de cualquier forma, sino tendrá que hacerlo de manera congruente con lo solicitado (congruencia entre lo pedido y la respuesta obtenida). En otra palabras, el derecho de petición precisa no solamente de una respuesta, sino que ésta debe ser en el sentido de ceñirse a lo que está pidiendo y, además debe ser de tal manera clara que no produzca confusión en el peticionario, a fin de que éste cuente con los elementos indispensables para impugnar en la vía que corresponda, la legalidad de esa respuesta. Por ilustrativa se cita la Tesis (aislada), con registro 252257 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 123, Volumen 115-120, Sexta Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que indica: "PETICION, DERECHO DE. RESPUESTAS AMBIGUAS. El artículo 8o. constitucional garantiza, como derecho constitucional de los gobernados, que a toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacer conocer ese acuerdo en breve término al peticionario. Ahora bien, si ese derecho constitucional debe tener algún sentido y no ser una mera norma hueca e inoperante, es claro que cuando la petición elevada a la autoridad contiene la solicitud de una conducta de dar o de hacer a la que el peticionario estima tener derecho, y si esa petición se funda y motivo, la respuesta de la autoridad no debe ser evasiva, o sibilina, o limitarse a dar largas al asunto, ni a embrollarlo, sino que en forma clara y directa debe resolver sobre la pretensión deducida. Si las autoridades consideran que la pretensión es infundada, así deben decirlo claramente, expresando también claramente, por qué estiman improcedente o infundada la petición, a fin de dar al peticionario una respuesta congruente con su petición, en un sentido o en otro, pero en un sentido que ese peticionario pueda acatar o impugnar con pleno y cabal conocimiento de causa. Resultaría contrario al espíritu de la norma constitucional que si la petición no cuenta con el beneplácito de la autoridad, dicha petición se tenga por contestada, incongruentemente, con respuestas evasivas, o ambiguas, imprecisas: eso no es satisfacer el derecho de petición, sino disfrazar la negativa a satisfacerlo, y deja al peticionario en situación de indefensión, violándose de paso el debido proceso legal que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales. Es decir, para que no se respire un clima de opresión y de decisiones no sujetas a derecho, sino un clima de paz y precisamente el correspondiente a un estado de derecho, es menester que las autoridades resuelvan las peticiones en forma franca clara, dando razón completa del por qué no se otorga lo solicitado, y dando al gobernado los elementos para aceptar o impugnar su negativa, de manera que dichas autoridades tengan por mayor interés que sus conflictos con los gobernados sean compuestos (aun judicialmente) en cuanto al mérito de sus pretensiones, que negar lo que no quieren conceder mediante el camino de las imprecisiones los laberintos, lo que más bien da impresión de que se pretende obstaculizar la petición del quejoso y el que pueda llegar a plantearla sólidamente ante los tribunales, o sea, el prevalecer de la potestad sobre el derecho. Y es fundada la argumentación del quejoso de que la respuesta recaída a su petición no es congruente con ella, si esa respuesta no resuelve sobre si procede o no, conceder la pretensión que deduce, sino que en forma ambigua, imprecisa, se limita a decir que una vez que se cumpla con los requisitos de ciertos preceptos "y demás relativos" se procederá en los términos que ordenan los mismos. Para que la respuesta hubiera sido congruente, debió decirse con toda claridad y precisión cuáles eran todos los preceptos aplicables, qué requisitos concretos debió satisfacer el peticionario en opinión de la autoridad, y cuáles serían las consecuencias de satisfacerlos o no, a fin de que con esa respuesta el gobernado supiese ya a qué atenerse respecto a su pretensión, o del acatamiento o de la impugnación de la respuesta recibida.". De los medios de convicción remitidos por la autoridad responsable entorno al cumplimiento de la sentencia constitucional, mismos que tienen valor probatorio pleno en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo, se obtiene que efectivamente, la autoridad responsable cumplió de manera completa con los efectos de la concesión del amparo, pues se dio a conocer al quejoso la la fecha y hora para la celebración de la audiencia prejudicial para cada una de las codemandadas; por tanto atendió la solicitud del impetrante y como consecuencia la sentencia constitucional ha sido cumplida. Es aplicable la jurisprudencia 14/2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, Décima Época, Materia Común, página 717, registro 2010983, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces.". Por tanto, es evidente que con ello se colma la garantía seguridad jurídica por cuya infracción se concedió el amparo solicitado, motivo por el cual se debe declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Hágase del conocimiento del quejoso este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, a fin de que las partes en este juicio interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, mediante la cual se concedió el amparo y la protección de la justicia de la unión al quejoso Juan Carlos Pérez Leyva, contra los actos reclamados al Centro de Conciliación y Registro Laboral de la Zona Norte del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad; por tanto, con fundamento en los numerales 2, 86 y 192, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 356, fracción II, del Código Federal de procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de la Materia, en términos de mencionado artículo 2, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Ahora bien, no es el caso, requerir a la autoridad responsable señalada, por el cumplimiento de la sentencia, en razón que mediante oficio CCLESIN/389/2023 de su índice, remitió diversas documentales, de las que se advierte el cumplimiento dado a la misma. Por lo tanto, dese vista al quejoso con el oficio número CCLESIN/389/2023 y sus anexos, a fin de que en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento dado a la sentencia dictada, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.

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