Juan Carlos Martinez Vega
Expediente 370/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 38 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 370/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 38
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Juan Carlos Martinez Vega
- Lic. PAUL HERMAN PELAYO SALAZAR, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región norte del Estado, Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 38.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta de la Directora del Sistema DIF Ahome, con residencia en esta ciudad, con el cual informa que no se ha presentado el quejoso para proporcionar los datos necesarios para llevar a cabo el estudio socioeconómico por lo que solicita se apersone en sus oficinas en un horario de ocho a catorce horas de lunes a viernes e informa que su periodo vacacional inicia el quince de diciembre y reanudara sus labores el cuatro de enero de dos mil veinticuatro. Ahora, de las constancias que obran en autos, se advierte que en auto de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, se requirió del quejoso proporcionara su domicilio particular para llevar a cabo el estudio socioeconómico correspondiente, este proveído se le notificó el diez siguiente, en su lugar de reclusión. En atención a lo anterior, se le requiere al quejoso y a su defensor público, para que en el término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto (ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo), proporcionen a este juzgado de Distrito el domicilio particular del primero de los nombrados, para que la institución municipal, antes señalada, pueda llevar a cabo el estudio correspondiente, apercibido que de no hacerlo así, empezará a correr el término de veinte días previsto en el segundo párrafo del inciso b, fracción III, del artículo 27 de la Ley de Amparo. Lo anterior, a fin de allegar al juicio elementos suficientes que permitan a este juzgador ponderar las particularidades del asunto y determinar que el justiciable no cuenta con capacidad económica para cubrir los gastos de publicación de edictos; circunstancia que de evidenciarse, hará procedente la solicitud al Consejo de la Judicatura Federal, para que sufrague la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado y no dejar así, en estado de indefensión al quejoso. Finalmente, una vez que se tenga noticia del domicilio del justiciable, se le hará del conocimiento a la autoridad municipal, para que lleve a cabo el estudio encomendado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.108/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 416, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, correspondiente al mes de agosto de dos mil diez, Novena Época, con el rubro siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO." Igualmente, resulta aplicable, por las razones que contiene, la tesis 1a.CXXIII/2015(10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 1110, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro16, correspondiente al mes de marzo de dos mil quince, Tomo II, Décima Época, con el rubro siguiente: "PUBLICACIÓN DE EDICTOS SIN COSTO PARA EL QUEJOSO DE ESCASOS RECURSOS. LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO." En consecuencia para dar tiempo a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere y se señalan las nueve horas del tres de enero de dos mil veinticuatro.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, agréguense a los autos los escritos signados por el quejoso, con el primero de ellos, designa abogados y revoca a los autorizados anteriormente, y señala el domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, y proporciona el correo electrónico Defensoria.Mochis.nsip@ómail.com, así como el número telefónico 667 758 70 00, extensión 39235 y, con el segundo, informa que es una persona de escasos y que se encuentra privado de su libertad, por lo cual no le es posible cubrir los gastos relacionados con los edictos por los que solicita se aplique al caso los establecido por el artículo 27, fracción III inciso c). En atención a lo anterior, con apoyo en el precepto 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, téngase como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el ubicado en las oficinas que ocupa el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Sinaloa, ubicadas en Calle Ignacio Zaragoza numero 223 Sur, esquina con Avenida Benito Juárez, sector Centro, en los Mochis, Sinaloa, y/o las instalaciones que ocupa el Instituto de la Defensoría Pública del Estado, adjuntas al centro penitenciario mencionado y, por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Rosario Javier Castro Rubio, Benjamín Lugo Gámez, Laura Elena Ceceña Vega, Manuel De Jesús Miranda Aguilar, Mario Hilario Flores Grajeda. Por otra parte, se toma nota del número telefónico Defensoria.Mochis.nsip@ómail.com, así como el número telefónico 667 758 70 00, extensión 39235, pero solo se entablará comunicación, por estos medios, sobre temas distintos a los procesales. En cuanto a la solicitud del quejoso, a fin de corroborar lo manifestado por el quejoso respecto a su situación económica y tener certeza de la falta de solvencia económica que dice tener para cubrir los gastos de publicación de los edictos para emplazar a juicio a la tercero interesada, requiérase a la Presidenta del Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Ahome, con sede en esta ciudad, para que en auxilio y por comisión de las labores de este Juzgado, se sirva llevar a cabo un estudio socioeconómico al quejoso, para cuyo caso, al impetrante ********************, quien deberá proporcionar su domicilio particular, así como los datos que les sean requeridos por esa institución municipal, para los efectos legales conducentes. Lo anterior, a fin de allegar al juicio elementos suficientes que permitan a este juzgador ponderar las particularidades del asunto y determinar que el quejoso no cuenta con capacidad económica para cubrir los gastos de publicación de edictos; circunstancia que de evidenciarse, hará procedente la solicitud al Consejo de la Judicatura Federal, para que sufrague la publicación de los edictos para emplazar a la tercero interesada y no dejar así, en estado de indefensión al quejoso.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que el seis de octubre de dos mil veintitrés, se ordenó realizar el emplazamiento de la tercero interesada ********************, por edictos, otorgándosele a la parte quejosas, el término de veinte días para que recogerlos y hacer los trámites para su publicación; ahora, este proveído se le notificó a la justiciable el trece siguiente, esto es, está transcurriendo el término de veinte días, antes referido. En consecuencia para dar tiempo a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere y se señalan las nueve horas con diez minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés.
- Principal
SE NOTIFICA A LA QUEJOSA EL AUTO DE SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRES QUE DICE: Agréguese a los autos para que surta los efectos legales que corresponda, el oficio del Gerente de Área de Teléfonos de México con residencia en esta ciudad, con el cual da cumplimiento a lo solicitado en acuerdo de dieciocho de septiembre del año en curso, e informa que en su base de datos y sistemas relacionados con la prestación del servicio telefónico no se encuentra registrado ningún domicilio a nombre de la tercero interesada ********************. Atento a lo anterior, y tomando en consideración el estado de los presentes autos, de los que se advierte que no ha sido posible emplazar al presente juicio de amparo a la tercero interesada ********************, además que se agotó el procedimiento establecido en el artículo 27, fracción III, inciso b), primer párrafo, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en dicho precepto, en relación con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, procédase a realizar el emplazamiento de la tercero interesada ********************, por edictos, a costa de la parte quejosa, para lo cual, ésta cuenta con un plazo de veinte días, a partir de la notificación del presente proveído, para comparecer a este juzgado, con el fin de recibir los edictos ordenados en esta fecha, entregarlos para su publicación, y acreditar ante este órgano jurisdiccional su entrega (es decir, que efectuó las gestiones tendentes para su publicación) o, en su caso, informe la imposibilidad que tiene para publicarlos, con el apercibimiento, que no hacerlo así, se procederá conforme lo dispone el numeral 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo a lo expuesto la jurisprudencia P./J.27/2015 (10a.), emitida por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 27, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, correspondiente al mes de septiembre de dos mil quince, Tomo I, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo." De igual forma, cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.91/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 349, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, correspondiente al mes de julio de dos mil seis, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO EN AMPARO AGRARIO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN, NO DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, en caso de que se requiera emplazar a un tercero perjudicado de quien se desconoce su domicilio, es necesario que el juzgador agote las siguientes etapas: requerir al quejoso para que lo proporcione; de no obtener dato cierto, requerir a las autoridades responsables para que lo señalen; en caso de no obtenerse, iniciar un procedimiento de investigación requiriendo a autoridades de cualquier índole que pudieran conocerlo, y si ello no arroja un resultado satisfactorio, deberá ordenarse el emplazamiento por medio de edictos a costa del promovente del juicio. Ahora bien, derivado de tal disposición, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 64/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 211, sostuvo que el incumplimiento del quejoso de recoger los edictos, pagar su publicación y exhibirla, da lugar al sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia; sin embargo, este criterio no es aplicable en materia agraria, pues resulta evidente que si la regulación específica de la materia tiene como finalidad tutelar a los núcleos de población ejidal o comunal y a los ejidatarios y comuneros en sus derechos agrarios, así como, en su pretensión de derechos, a quienes pertenezcan a la clase campesina, ello implica la obligación del juzgador de considerar ciertos aspectos para la toma de decisiones; de manera que de presentarse los supuestos mencionados hasta ordenar el emplazamiento del tercero perjudicado a través de edictos a costa del quejoso con apercibimiento de aplicarle medidas de apremio en caso de no acatar tal decisión, y darse el caso de que el promovente comparezca a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existan indicios que confirmen tal situación, el juzgador debe, exclusivamente en este supuesto, solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que absorba el gasto relacionado con la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría a los sujetos a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Amparo en estado de indefensión."
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