Juan Cinco Araya
Expediente 36/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 24 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 36/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 26/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Juan Cinco Araya
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se desprende que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días previsto en la Ley de Amparo para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión contra el auto de treinta de junio del presente año en curso, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado alguna promoción al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al primero de los Cuerpos de Leyes citados, se declara que dicha resolución ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese contexto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificada las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. De igual modo, acorde al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que mediante acuerdo de treinta de junio de dos mil veintiuno, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el pasado catorce de junio del año en curso, se recibió el oficio 1669/2021, suscrito por la Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, al que acompañó diversas documentales e informó que ese tribunal considera que se ha subsanado la omisión que motivó el presente juicio de amparo promovido por Juan Cinco Araya. Ahora bien, de las constancias que remitió la citada autoridad responsable se advierte el acuerdo de once de mayo de dos mil veintiuno, en el que, entre otras cosas, ordenó girar oficio al Representante legal y/o encargado del Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, con sede en esta ciudad, para el efecto de que se aplicara el descuento del veinte por ciento de los ingresos ordinarios y extraordinarios que reciba Ivone Torres Acosta, por su desempeño laboral, decretado por aquella juzgadora por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de la persona menor de edad I.E.C.T. (resguardo de identidad), debiendo depositar el numerario que arroje dicho porcentaje en la cuenta bancaria 5204165591626092, de la institución crediticia Banamex, aperturada a nombre de Juan Cinco Araya, quien dijo tener bajo su tutela al acreedor alimentista, y con esa facultad, ejerciendo el derecho de la institución de alimentos en representación a su hijo, quien por su minoría de edad, no cuenta con capacidad jurídica para comparecer por sí a reclamar su derecho. Asimismo, de las documentales allegadas por la autoridad responsable, se advierte el oficio 024/2021 de cuatro de junio de dos mil veintiuno, suscrito por el Jefe del Departamento de Servicios Regionales en Ahome de la SEPYC, donde informa a autoridad responsable que en cumplimiento a lo por ella ordenado se aplicó el descuento del veinte por ciento de los ingresos ordinarios y extraordinarios que recibe Ivone Torres Acosta, por su desempeño laboral, de lo que resultó la cantidad de $1,314.07 (MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.) la cual fue recibida por JUAN CINCO ARAYA mediante cheque de folio número 897416, y le indica además que le remite copia fotostática de la nómina ordinaria de pago. Por tanto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia de este juicio de amparo, cuyo análisis se hace valer de manera oficiosa por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, conforme al numeral 62 de la Ley de Amparo. Tiene observancia la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto es el siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". Así también, cobra aplicación la tesis aislada I.7o.P.13 K, visible en la página 1947, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto.". Tal proceder no vulnera el derecho humano reconocido en los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido o efectivo, ya que el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, por lo que es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tal motivo, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a su efectividad, a la oportunidad en que puede promoverse o, bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. Así lo sostuvo, el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, en la tesis III.4o.(III Región) 14 K (10a.), visible en la página 1641, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, de la literalidad que sigue: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo.". En ese tenor, se precisa que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, esto es: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". De la transcripción anterior se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando del acto reclamado hayan cesado sus efectos, en virtud de un actuar de la autoridad responsable. En efecto, en este juicio de amparo dicha causal de improcedencia se actualiza respecto del acto reclamado, toda vez que el acto atribuido a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, ha dejado de existir, por tanto, sus efectos ya no podrán surtir en perjuicio del quejoso, puesto que se le restituirá en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en relación con lo establecido por el artículo 77, fracción II del Cuerpo de Leyes en estudio. Lo anterior es así dado que, el acto reclamado por el quejoso consiste en: "1.- La omisión gravísima en la que ha incurrido al realizar las labores conducentes para que a mi menor hijo se le atribuya la pensión alimenticia que le vengo reclamando a su señora madre ya que el suscrito le dio indicaciones de donde labora la demandada del juicio principal, gestioné el oficio respectivo y se llevó a la dependencia estudiantil correspondiente, sin embargo dicha Institución se negó a recibirlo, lo cual se le dio oportuno aviso a la Autoridad señalada como responsable en esta demanda de garantías, mediante ocurso fechado el 20 de febrero de 2020, y hasta la fecha de hoy no ha realizado ninguna labor para allegarlo a la fuente de trabajo de IVONE TORRES ACOSTA; no obstante de haberle solicitado el auxilio para llevar a cabo la diligencia de entrega del oficio de referencia, sin embargo, hasta la fecha que se presenta esta demanda de garantías no ha existido respuesta ni agilización jurídica de parte de la Autoridad señalada, no obstante que tiene las facultades idóneas para impulsar esos actos, además por tratarse del INTERES SUPERIOR DEL INFANTE". Así, la autoridad responsable con las documentales que allegó subsanó la omisión que motivó el presente juicio de amparo promovido por el quejoso Juan Cinco Araya; de ahí que, los efectos del acto reclamado han cesado y ya no se causará un perjuicio para el quejoso. Cierto, al proveerse en el juicio ordinario de origen la aplicación del descuento del veinte por ciento de los ingresos ordinarios y extraordinarios de Ivone Torres Acosta, por su desempeño laboral, por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de la persona menor de edad I.E.C.T. (resguardo de identidad) -lo cual consiste en el acto reclamado-, se destruyen todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo y restituido a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos, por lo que, en caso de concluirse que el acto reclamado es inconstitucional, se tornaría jurídicamente imposible restituir al quejoso en el goce de los derechos humanos que se estimen violados, al no existir más la violación o, bien, ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria de amparo, si varió la materia del acto reclamado y se modificó sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del amparista, susceptible de reparación, lo cual impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan al gobernado y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Sobre el tópico, el artículo 77 de la Ley de Amparo establece que el juicio constitucional es un medio de control, pues tiene por objeto reparar las violaciones de derechos humanos que un acto de autoridad genere sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueve, con el fin de restituirlo en el pleno goce de los derechos que le han sido transgredidos y, si la fracción XXI, del artículo 61, de la propia Ley, previene que el juicio resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, entonces, no existe motivo legal alguno para la promoción y resolución del juicio de amparo si no puede alcanzarse su objetivo protector, ya que el propósito de esta causa se encuentra orientado hacia la imposibilidad de cristalizar el señalado fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38 del Tomo IX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". En consecuencia, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la propia legislación; por consiguiente, la audiencia constitucional programada para las diez horas con veinte minutos del ocho de julio de dos mil veintiuno, no habrá de celebrarse.
- Principal
Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por el Subprocurador Fiscal de Amparos, Investigaciones y Asuntos Penales, con sede en Culiacán, Sinaloa, mediante el cual cumple el requerimiento que se realizó mediante oficio 6654/2021, e informa que no se encontró registro a nombre de la tercero interesada Ivonne Torres Acosta en su base de datos.
- Principal
Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por la Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, mediante el cual remite documentales, las que se tienen por presentadas de conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en el momento procesal oportuno.
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