Juan Carlos Palomo León

Expediente 1733/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1733/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
04/10/2023

Partes del expediente

  • Juan Carlos Palomo León

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio de la Secretaria de Acuerdos de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, con el que acusa de recibo los autos originales del toca 610/2019 de su índice, el cual se ordena agregar a estos autos para que obre como corresponda. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo y toda vez que en su momento la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, remitió copia Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en los autos originales del toca ******************** de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán; en consecuencia, remítase a dicha autoridad los anexos de cuenta, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. Se agrega a estos autos incidentales únicamente para que obre como corresponda y sin mayor proveído, el informe previo que pretende rendir Ricardo Armando Ceballos Trejos, quien se ostenta apoderado legal de la Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, autoridad señalada como responsable en los presentes autos, en virtud de que la citada autoridad ya había rendido su informe previo y mediante interlocutoria de trece de diciembre de dos mil diecinueve se resolvió la suspensión definitiva en los presentes cuadernos. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que inmediatamente antecede, se agrega el oficio número 6837 de la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, deducido del amparo directo 659/2019, mediante el cual informa que dicho Tribunal Colegiado declaró la incompetencia para conocer de la demanda de garantías promovida por Juan Carlos Palomo León, contra actos de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, por lo que ordenó la remisión de la misma, así como de los autos originales del toca 610/2019. Acúsese recibo. En esas condiciones, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, acepta la competencia declinada y por ende se avoca al conocimiento del juicio de amparo de que se trata. Fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número de expediente 1733/2019-VI, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Ahora bien, vista la demanda de garantías promovida por Juan Carlos Palomo León, contra actos de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, lo procedente es desechar la demanda, al actualizarse la causa de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, 170, fracción I, 172, fracción XII y 113 todos de la Ley de Amparo. Los citados dispositivos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII.En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley". "Artículo 107. ..El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicios cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinara el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se advierte que el juicio de amparo biinstancial sólo es procedente cuando los actos reclamados sean de imposible reparación. Por su parte, los artículos 170, fracción I, y 172, fracción XII, de la ley de la materia, dispone: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control;." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: - - - (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." Lo anterior evidencia, que no todas las violaciones cometidas dentro de un procedimiento son susceptibles de impugnarse en la vía constitucional, pues si se trata de aquellas que lesionan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y que de manera enunciativa señala el artículo 172 de la Ley de Amparo, procederá el amparo directo; o bien el indirecto, si se actualizan las que tienen una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas a juicio. Los actos en juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y que por ende son susceptibles de impugnarse en amparo biinstancial, son aquellos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución, también llamados derechos fundamentales, de los que no se podrá privar ni restringir al gobernado, sino en los casos y cumpliendo los requisitos que impone la Carta Magna; siendo el juicio de amparo indirecto el medio para hacer efectiva esa finalidad, mediante la restitución a la parte quejosa en el goce de esos derechos fundamentales en los que sufra una perturbación, restricción, privación, etcétera, pero nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales. En el caso en particular, el acto reclamado consiste en la resolución dictada el cuatro de octubre de dos mil diecinueve, por la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, en el toca 610/2019 que decretó la caducidad de la instancia del recurso de apelación, que interpuso el aquí quejoso, en contra del auto de tres de abril del año en curso, dictado por la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en el juicio ordinario civil 531/2018, en el que no se admitió el recurso de revocación contra el diverso auto de veintiuno de marzo del año actual, en el que a su vez se le tuvo contestando fuera de tiempo la reconvención o contrademanda instaurada en su contra. Así las cosas, el suscrito considera que el acto reclamado señalado con antelación, no constituye acto de imposible reparación, con el que se transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no se traduce en una infracción de derechos sustantivos, sino en una violación de derechos adjetivos, que sólo produce efectos formales o intraprocesales. Lo anterior es así, toda vez que el auto que tuvo contestando fuera de tiempo la reconvención o contrademanda instaurada en su contra, no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que dicho acuerdo sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si la parte hoy quejosa, obtiene sentencia favorable, máxime que el hecho de tener por contestada fuera de tiempo la reconvención, no entraña necesariamente una sentencia condenatoria, porque el Juez, tiene la obligación de examinar la procedencia de la acción y determinar si se configuraron o no sus elementos. En tal virtud, la determinación dictada en esos términos constituye una violación procesal reclamable en amparo directo, como concepto de violación, si es que eventualmente se dicta sentencia adversa a la afectada, pues es innegable que tal violación, en el supuesto de ser ilegal, afectaría sus defensas, trascendiendo al resultado del fallo. Máxime que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, establecen expresamente que las violaciones a las leyes procesales serán analizadas en el amparo que se promueva contra la sentencia definitiva que ponga fin al juicio, es decir, mediante el amparo directo, tal y como lo previenen los artículos 170 y 174, ambos de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por su sentido y alcance, en la tesis aislada VII.2o.T.43 L (10a.), publicada en la página 2786, del Tomo IV, mayo de 2016, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, que es del texto y rubro siguiente: "DEMANDA EN EL JUICIO LABORAL. EL AUTO QUE DESECHA SU CONTESTACIÓN Y LA TIENE POR CONTESTADA EN SENTIDO AFIRMATIVO, NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE, EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 107, fracción V, 170 y 172 de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, procede el amparo directo, siempre que afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación; entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, al ser esa afectación susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia o laudo favorable en el juicio, por haberse consumado la violación al derecho fundamental de que se trate, en términos de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno del Más Alto Tribunal, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).".* Por tanto, no pueden considerarse como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene una sentencia o laudo favorable. En consecuencia, en el juicio laboral el auto que desecha la contestación de demanda y la tiene por contestada en sentido afirmativo (de conformidad con el artículo 879 de la Ley Federal del Trabajo) no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que dicho acuerdo sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene laudo favorable, máxime que el hecho de tener por contestada la demanda en sentido afirmativo, no entraña necesariamente un laudo condenatorio, porque las Juntas, al igual que cualquier otro tribunal, tienen la obligación de examinar la procedencia de la acción y determinar si se configuraron o no sus elementos. En tal virtud, la resolución dictada en esos términos constituye una violación procesal reclamable en amparo directo, como concepto de violación, si es que se dicta laudo adverso al afectado, pues es innegable que tal violación, en el supuesto de ser ilegal, afectaría sus defensas, trascendiendo al resultado del fallo. Asimismo, es aplicable al caso, la siguiente jurisprudencia, publicada el dos de mayo de dos mil catorce en el Semanario Judicial de la Federación y cuyo rubro es: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013". Sin que lo antes expuesto contravenga las disposiciones de derecho internacional contenidas en los artículos 10 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y 8.1, 25.1 y 25.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), pues en el caso no se le está vedando al quejoso su derecho de acceso a la justicia ni a un recurso efectivo. El establecimiento de requisitos o presupuestos formales establecidos por el legislador en la Ley de Amparo en vigor, para instar el citado medio extraordinario de defensa, como son las causas de improcedencia del juicio de amparo, no constituye en sí mismo, una violación a los derechos fundamentales de la parte quejosa, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados, deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Lo anterior, obedece a razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, por lo que los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, para instar un juicio o recurso, incluido el amparo indirecto. Orienta a lo anterior, en lo atinente, el criterio aislado 1a. CCLXXV/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Materia Constitucional, página 525, del tenor literal siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." Así, los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta de que en opinión de la que esto resuelve, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Viene al caso citar, en lo conducente, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448, Novena Época, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada". Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes, y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Palomo León, contra actos de la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por actualizarse la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, y 170, fracción I, 172, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en su demanda de amparo y como sus autorizados los señalados en la demanda de amparo, en los términos restringidos a los que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo, lo anterior en virtud de que no acreditan ante este Juzgado Federal, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con los artículos del 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado como lo exige el citado artículo 12 de la Ley de la materia; sin embargo, en el momento que pretendan ejercer alguna de las facultades amplias a las que refiere dicho precepto, verifíquese si están inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Consejo de la Judicatura Federal, y de ser así, podrán realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos de la parte autorizante. Finalmente, de conformidad con los lineamientos para la integración del expediente judicial y su modalidad electrónica, publicados en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil catorce, y con el fin de facilitar el manejo del presente juicio de amparo, se ordena formar un cuaderno auxiliar con las constancias remitidas junto con el oficio de la autoridad ordenadora, en el entendido que los cuadernos auxiliares de referencia quedan formalmente vinculados al presente juicio de amparo, para los efectos legales correspondientes, y a disposición de las partes para su consulta. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por licencia del Titular, de conformidad con lo establecido en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.

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