JUAN CARLOS OLIVERA DEL VALLE y Otros.

Expediente 851/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
851/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
23/10/2020

Partes del expediente

  • JUAN CARLOS OLIVERA DEL VALLE y Otros.
  • Juan Carlos Olivera del Valle

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra del auto de dos de octubre de dos mil veinte, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en el aludido auto se desechó la demanda de amparo, es evidente que este asunto constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, por lo que al no existir documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, encuadra en el supuesto previsto en el artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, la relativa a la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado encargado del Despacho por licencia del Titular de conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de octubre de dos mil veinte. Vista la cuenta que antecede, se agrega a estos autos para que obre como legalmente corresponde, el memorial suscrito por el quejoso Juan Carlos Olivera del Valle, mediante el cual da cumplimiento a la prevención que se le formuló en proveído de veintidós de septiembre del año en curso. Ahora, visto el escrito de cuenta en conjunto con el escrito de demanda, se desecha de plano la demanda de amparo, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la cual debe ser examinada de oficio, en observancia a lo dispuesto por el artículo 62 del citado ordenamiento legal. En efecto, en el caso, de la lectura integral de la demanda y escrito aclaratorio se advierte que la especie la parte quejosa reclama la falta o ilegal notificación del acuerdo dictado el ocho de julio de dos mil veinte, en las diligencias de jurisdicción voluntaria 1407/2003, en las que el aquí quejoso es parte, en el que se fijó fecha y hora para la audiencia de remate del bien inmueble que refiere es de su propiedad y que fue embargado en el procedimiento de origen; así como su ejecución y consecuencias. Por tanto, es evidente que respecto del acto que se reclama se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional, prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual en su fracción XVIII, establece lo siguiente: "Artículo 61. El Juicio de Amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." El numeral transcrito con anterioridad contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, en lo referente a la notificación que el quejoso dice no le fue legalmente realizada, se actualiza la mencionada causal de improcedencia, pues a criterio de esta autoridad, estuvo en aptitud de promover el incidente sobre declaración de nulidad, previsto en el artículo 227 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán. Al respecto, conviene destacar para una mejor comprensión de la conclusión a la que se llegará, que el aludido principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos, legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal, por lo que la parte quejosa está ante la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, agotando los medios ordinarios de defensa procedentes. En ese orden de ideas, es evidente que el principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. Es decir, de acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la parte agraviada consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios, juicios o medios de defensa legal tendientes a revocar, modificar o nulificar los actos lesivos. Sustenta la anterior consideración, lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis visible a página 128, Tomo XXIV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, cuyo rubro y texto señalan: "RECURSOS ORDINARIOS. Los recursos ordinarios que, por no interponerse, hacen improcedente el amparo, son aquellos que concede la ley, y por los cuales, mediante determinado procedimiento, se obtiene que la autoridad misma o su superior, reformen o revoquen la resolución motivo del amparo; pero cuando este medio de modificar o reformar el acto que se reclama, está constituido por una verdadera contienda judicial, entonces no puede considerarse ya que existe el recurso ordinario que hace improcedente el amparo." Igualmente, debe señalarse que tales recursos, juicios o medios de defensa, deben tener una existencia legal, esto es, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y por otra, para que tenga el quejoso la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley que rige el acto impugnado. Ilustra la anterior consideración, la Jurisprudencia 2ª./J. 115/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 448 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, Materias Común, Administrativa, relativa a la Novena Época, que dice: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." Para demostrar la actualización de la causal de improcedencia aludida, en principio es de señalarse que el acto reclamado emana de unas diligencias de jurisdicción voluntaria de naturaleza familiar promovidas por Flor Helena Ancona Barceló, en contra del aquí quejoso y que se instruyen ante el Juzgado Primero de lo Familiar del Primero Departamento Judicial del Estado; juicio cuya tramitación se encuentra regulada por el Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán. Ahora, en primer lugar tenemos que el artículo 227 del Código de Procedimientos Familiares del Estado aplicable, dispone lo siguiente: "Artículo 227. Las notificaciones que se practiquen en forma distinta de la prevenida en este capítulo son nulas y el servidor público que las autorice, se hace acreedor de una multa de diez a treinta unidades de medida y actualización, y debe además responder de los daños y perjuicios que se hayan originado por su culpa. La parte agraviada puede promover ante el mismo juez que conozca del asunto el incidente sobre declaración de nulidad, dentro de los tres días siguientes a aquél en que tenga conocimiento de la notificación. Este incidente no suspende el curso del procedimiento." Del precepto antes transcrito, se advierte que cuando el acto reclamado en el amparo lo constituye la falta de una notificación o una notificación realizada en contravención a lo establecido en la propia ley, en un juicio de naturaleza familiar, como el que nos ocupa, el juicio de amparo es improcedente, porque dicho acto puede ser modificado por la autoridad que conozca del juicio natural, mediante el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado de conformidad con el numeral 227 antes señalado, el cual debe agotarse previamente a intentarse el juicio de amparo, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo. En este orden de ideas, al no haber agotado el promovente el incidente sobre declaración de nulidad, previo al ejercicio de la acción de amparo, es evidente que respecto del acto consistente en la falta o ilegal notificación del acuerdo de ocho de julio de dos mil veinte, en el que se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia de remate del bien que fue embargado en el procedimiento de origen, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En ese sentido, en el caso en particular, el amparista sí estaba en aptitud de interponer en forma oportuna el incidente sobre declaración de nulidad en contra de la falta o ilegal notificación aquí impugnada, pues según se advierte de lo manifestado en su demanda bajo protesta de decir verdad, es parte demandada en el procedimiento natural y existe la certeza de tal medio de impugnación. De tal manera que, al no haberse agotado de forma oportuna, antes de la promoción de la demanda de amparo, el referido medio ordinario de defensa legal, no se cumple con el principio de definitividad, el cual es presupuesto básico para la procedencia del amparo, pues sólo es factible cuando se hayan agotado efectivamente los recursos o medios de defensa por virtud de los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados. Bajo las anteriores consideraciones, deriva que el presente juicio de amparo indirecto es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al no ser el acto reclamado en este juicio, susceptible de análisis por esta vía, en virtud que respecto del mismo previamente debía interponerse y sustanciarse el medio ordinario de defensa que la ley prevé, siendo en este caso, el incidente sobre declaración de nulidad, conforme lo establecido en el numeral 227 del Código de Procedimientos Familiares del Estado. Tiene aplicación, en lo conducente y por analogía, la tesis de jurisprudencia XIX.2o.13 K, Tribunales Colegiados del Circuito, visible en la página 340, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Enero de 1996, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto: "RECURSOS ORDINARIOS (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 114, FRACCIÓN IV Y 73, FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE AMPARO). La interpretación armónica de los artículos 114, fracción IV y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, llevan a concluir que tratándose de actos emanados de los tribunales judiciales, aun cuando su sentido de afectación pudiese tener la connotación de "irreparable" por aludir a derechos sustantivos, no excluye a los gobernados de la obligación de agotar los recursos ordinarios que establezcan las leyes procesales, siempre y cuando éstos tengan el alcance de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; pues la citada fracción XIII, del artículo 73, sólo prevé como excepciones: "Los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos...". Ahora, debe decirse que en la especie no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, para la procedencia del presente juicio, puesto que el anterior acto reclamado no constituye un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, excluyendo a las sentencias definitivas en el proceso penal. Asimismo, no se advierte que la parte quejosa sea persona extraña al procedimiento de origen, sino que es parte formal en el mismo, tal y como se advierte de su escrito de demanda y de las constancias anexas, pues de éstas aparece que es parte demandada. Por último, tampoco se advierte que con el acto reclamado se vean afectados los derechos de algún menor de edad, pues aun cuando el juicio de origen es de naturaleza familiar, lo cierto es que el acto reclamado guarda relación con una falta o ilegal notificación del auto en que se señaló fecha y hora para la audiencia de remate del bien embargado al deudor alimenticio, aquí quejoso, por lo que es a éste a quien afecta dicho acto y no a menor alguno, máxime que tampoco se alegó en la demanda y escrito aclaratorio tal aspecto. En ese orden de ideas, en contra del acto reclamado consistente en la falta o ilegal notificación del acuerdo dictado el ocho de julio de dos mil veinte en el juicio de origen, procedía el incidente sobre declaración de nulidad, el cual la parte quejosa estuvo en aptitud de agotar oportunamente; y al no haberlo hecho así, el juicio de amparo indirecto es improcedente al no ser susceptible de analizarse actos respecto de los cuales previamente debió interponerse y tramitarse el incidente que la ley prevé para ello, actualizándose así, la causal de improcedencia contemplada en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes, y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo aplicable, se reitera, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Olivera del Valle. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de septiembre de dos mil veinte. Vista la copia autorizada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien....se hace la observación de que el cuaderno original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que en los presentes autos se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, por lo que deberá conservarse los acuerdos y resoluciones relativas a su otorgamiento, así como que el duplicado del mismo deberá ser destruido una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de que fue dictada la resolución que resolvió la suspensión definitiva antes citada. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo. Por último, toda vez que aún obran en la Secretaría de este juzgado diversas documentales que la parte quejosa exhibió en los presentes cuadernos incidentales, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 18 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se hace del conocimiento a la parte quejosa que cuenta con un término de noventa días hábiles para que comparezca a este juzgado a recoger los referidos documentos, apercibida que de no hacerlo serán destruidos. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.

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