Juan Carlos Olivera del Valle

Expediente 717/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 17 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
717/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
11/07/2022

Partes del expediente

  • Juan Carlos Olivera del Valle

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, once de julio de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos para que obre como corresponda el oficio 4269 signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito mediante el cual remite el testimonio de resolución constante de catorce fojas emitida en el amparo en revisión 331/2021, interpuesto por Juan Carlos Olivera del Valle, parte quejosa en el presente asunto, contra la sentencia de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, emitido por este Juzgado Federal; ejecutoria de la cual se advierte que la citada Superioridad, en su resolutivo primero, confirmó la sentencia impugnada, en el resolutivo segundo, sobreseyó en el juicio de amparo y en el punto resolutivo tercero no amparo ni protegió al quejoso en el presente asunto. Acúsese recibo. Asimismo, se ordena archivar este expediente como asunto totalmente concluido, previas anotaciones que se realicen en el libro de gobierno correspondiente. Por otra parte, toda vez que en la sentencia firmada el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, en el punto resolutivo primero se sobreseyó por los actos y las razones que se precisaron en el considerando cuarto y, en el resolutivo segundo, la justicia de la unión no amparó ni protegió al quejoso por los actos y las razones que se precisaron en el considerando sexto, en el presente juicio de amparo no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la observación que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, debiendo conservarse únicamente la demanda y la sentencia. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación aplicable, de conformidad con el oficio de autorización número CCJ/ST/C/1268/2022 de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, ante el licenciado Sergio Manuel López Hernández, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de enero de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio remitido por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, mediante el cual acusa de recibo el expediente 717/2021 de este índice e informa que el catorce de enero del año en curso, dicho tribunal consideró formalmente integrado el toca A.R 331/2021, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por el quejoso Jua******************** contra la sentencia firmada el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, once de octubre de dos mil veintiuno. Se agrega para que obre como legalmente corresponda, el memorial suscrito por el quejoso Juan Carlos Olivera del Valle, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia firmada el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, en el juicio de amparo 717/2021-VIII. En tal virtud, con apoyo en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se agrega a estos autos una copia del memorial de cuenta y distribúyanse las demás entre las partes. Oportunamente remítase el original de dicho ocurso, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, para que la citada Superioridad acuerde lo que legalmente proceda, así como la copia destinada al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Tribunal Colegiado. Con transcripción de este acuerdo, gírese atento oficio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, el que deberá remitirse a su correo institucional, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    V i s t o s, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 717/2021; y, R e s u l t a n d o: Primero. Por escrito que se presentó el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, Juan Carlos Olivera del Valle solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra el acto que reclamó de la Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Segundo. Por auto de veintinueve de abril de dos mil veintiuno se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio a la representante social de la federación adscrita a este Juzgado de Distrito la intervención legal que le compete y se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; todo lo cual se hizo en sus términos, fijándose fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional la cual tuvo verificativo, conforme al acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 1º, y 36 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por tratarse de un juicio de amparo que se promovió contra un acto omisivo que deriva de un procedimiento que se sigue ante una autoridad que reside dentro del ámbito territorial en donde ejerce jurisdicción este Juzgado. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, cabe precisar que de la lectura de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama: De la Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado: El acuerdo de ocho de abril de dos mil veintiuno que dictó en el expediente 1407/2003, en el que se tuvo por depositado el saldo del remate del predio número seiscientos ochenta y siete de la calle setenta y tres del Fraccionamiento Ciudad Caucel de Mérida, Yucatán y se requirió al quejoso para que exhiba el título del predio en mención y otorgue la escritura de propiedad al rematador, con el apercibimiento que de no hacerlo, la Juez la otorgaría en su nombre y rebeldía. Y como violaciones cometidas durante "ese procedimiento de ejecución", también reclamó como actos destacados los siguientes: La notificación de los autos de cuatro de junio de dos mil dieciocho y diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, en los que se presentaron los avalúos de los peritos designados; así como sus efectos. La notificación del auto de trece de junio de dos mil diecinueve, en el que se tuvieron por aprobados los avalúos de los peritos valuadores; así como sus efectos. Auto de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, en el que se fijó como fecha de remate en primera almoneda el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve; y sus efectos. La audiencia de remate en primera almoneda de fecha veintidós de noviembre de dos mil diecinueve; la cual no se llevó a cabo por no haberse presentado postor alguno. Auto de veintidós de enero de dos mil veinte en el cual se fijó fecha de remate en segunda almoneda; así como sus consecuencias. Auto de ocho de junio de dos mil veinte en el que se fijó como fecha de remate en segunda almoneda el veintinueve de septiembre de dos mil veinte; así como sus efectos. La audiencia de remate de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, en el que se adjudicó al postor Julio Alberto Martínez Euan, el predio número seiscientos ochenta y siete de la calle setenta y tres del Fraccionamiento Ciudad Caucel de Mérida, Yucatán; así como sus efectos. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado, la Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado aceptó la existencia de los actos reclamados; lo cual se justifica con las constancias que remitió en apoyo a su informe. En consecuencia, se tienen por existentes los actos reclamados a la autoridad responsable. Cuarto. Análisis de causal de improcedencia. Previo al estudio del fondo, deben analizarse las causas de improcedencia que se adviertan oficiosamente o propongan las partes, toda vez que éstas son de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En su demanda de amparo la parte quejosa señaló como actos destacados: La notificación de los autos de cuatro de junio de dos mil dieciocho y diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, en los que se presentaron los avalúos de los peritos designados; así como sus efectos. La notificación del auto de trece de junio de dos mil diecinueve, en el que se tuvieron por aprobados los avalúos de los peritos valuadores; así como sus efectos. Auto de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, en el que se fijó como fecha de remate en primera almoneda el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve; y sus efectos. La audiencia de remate |en primera almoneda de fecha veintidós de noviembre de dos mil diecinueve; la cual no se llevó a cabo por no haberse presentado postor alguno. Auto de veintidós de enero de dos mil veinte en el cual se fijó fecha de remate en segunda almoneda; así como sus consecuencias. Auto de ocho de junio de dos mil veinte en el que se fija como fecha de remate en segunda almoneda el veintinueve de septiembre de dos mil veinte; así como sus efectos. La audiencia de remate de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, en el que se adjudicó al postor Julio Alberto Martínez Euan, el predio número seiscientos ochenta y siete de la calle setenta y tres del Fraccionamiento Ciudad Caucel de Mérida, Yucatán; así como sus efectos. En el caso se advierte que respecto de los anteriores actos se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, último párrafo, este aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo se colige que la improcedencia del juicio de amparo no solo se actualiza por los casos específicos a que alude dicho numeral, sino de igual forma cuando resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo. El diverso numeral 107, fracción IV, último párrafo, del propio ordenamiento legal establece que el juicio biinstancial será procedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, siendo que en los procedimientos de remate la última resolución es aquella que ordena la escrituración del bien inmueble rematado o bien su entrega. Así lo sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 13/2016, consultable en la página 1066, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Décima Época, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, y con registro digital 2011474, de rubro y texto siguientes: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial. Y en la jurisprudencia 1a./J. 57/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 110 del Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I, Materias Común, Civil, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de texto: "ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo. De lo anterior se obtiene, en términos generales, que si el juicio de amparo indirecto procede únicamente contra la última resolución tratándose del procedimiento de remate, entonces todas aquellas que no se encuentren en ese supuesto no serán combatibles en la vía indirecta de amparo. Sobre esas bases jurídicas, lo que procede es sobreseer en el juicio respecto de los actos que se señalaron como reclamados destacados, consistente en la notificación de los autos de cuatro de junio de dos mil dieciocho, diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, y trece de junio de dos mil diecinueve; auto de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve; audiencia de remate en primera almoneda de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve -la cual no se llevó a cabo por no haberse presentado postor alguno-; auto de veintidós de enero de dos mil veinte en el cual se fijó fecha de remate en segunda almoneda; auto de ocho de junio de dos mil veinte en el que se fijó como fecha de remate en segunda almoneda el veintinueve de septiembre de dos mil veinte; la audiencia de remate de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, en el que se adjudicó al postor Julio Alberto Martínez Euan, el predio número seiscientos ochenta y siete de la calle setenta y tres del Fraccionamiento Ciudad Caucel de Mérida, Yucatán; así como sus efectos. Actuaciones que incluso el quejoso reconoce tuvieron lugar dentro del procedimiento de remate, y en consecuencia no corresponde a la última resolución, lo que conduce a establecer que el juicio de amparo es improcedente en su contra. De ahí que respecto del particular se actualice la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, último párrafo, este aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; por lo que, como se anticipó lo procedente es sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Quinto. Litis. Es de trascendental importancia destacar que aun cuando se ha sobreseído en el juicio respecto de los actos reclamados que tuvieron lugar dentro del procedimiento de remate, las violaciones que la parte quejosa haya hecho valer en su contra, pueden analizarse a la luz de los conceptos de violación, siempre que jurídicamente no exista imposibilidad técnica que lo impida, lo cual, en su caso, será motivo de análisis al resolver el amparo. Cierto, de conformidad con el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo las violaciones cometidas durante el procedimiento de remate pueden invocarse al promover el amparo indirecto contra la última resolución -siempre que el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del procedimiento de remate a través del recurso o medio de defensa que la ley ordinaria correspondiente señale-. De ahí que si en la demanda de amparo se reclamó el acuerdo de ocho de abril de dos mil veintiuno que dictó en el expediente 1407/2003, en el que se requirió al quejoso para que exhiba el título del predio en rematado y otorgue la escritura de propiedad, el juicio de amparo indirecto resulta procedente respecto de dicho acto reclamado por ser la última resolución dentro del procedimiento de remate. Pero además, las violaciones hechas valer en contra de la notificación de los autos de cuatro de junio de dos mil dieciocho, diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, y trece de junio de dos mil diecinueve; auto de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve; audiencia de remate en primera almoneda de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve -la cual no se llevó a cabo por no haberse presentado postor alguno-; auto de veintidós de enero de dos mil veinte en el cual se fijó fecha de remate en segunda almoneda; auto de ocho de junio de dos mil veinte en el que se fijó como fecha de remate en segunda almoneda el veintinueve de septiembre de dos mil veinte; la audiencia de remate de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, en el que se adjudicó al postor Julio Alberto Martínez Euan, el predio número seiscientos ochenta y siete de la calle setenta y tres del Fraccionamiento Ciudad Caucel de Mérida, Yucatán; al tratarse de actuaciones dentro del procedimiento de remate, podrán ser analizadas vía conceptos de violación, en caso de ser procedente, pero no pueden reclamarse como actos destacados en el juicio de amparo. Únicamente para orientación respecto de la posibilidad de estudiar vía conceptos de violación las relacionadas con el procedimiento de remate, sin que se tengan como actos reclamados destacados, sirve de orientación por similitud de razón, la tesis VIII/2018, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2016000, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 50, enero de 2018, tomo I, página 279, Décima Época, del siguiente texto: "OBLIGACIÓN DE PREPARAR LAS VIOLACIONES PROCESALES A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 171 DE LA LEY DE AMPARO. ES ACORDE AL TEXTO CONSTITUCIONAL. El principio de definitividad tiene sustento en el hecho de que el amparo es un juicio cuyo objetivo se centra en erradicar la violación a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, por tanto su naturaleza es extraordinaria; de ahí que a éste sólo debe acudirse cuando el acto reclamado ya no es susceptible de modificación, revocación o invalidación ante las autoridades de instancia; así, aunque las violaciones procesales no pueden reclamarse como acto destacado en el juicio de amparo directo, a éstas también les es exigible el principio en cuestión, por tanto, para que el Tribunal Colegiado de Circuito pueda ocuparse de una violación procesal -si no se está en las excepciones que el propio numeral contempla-, es indispensable que la violación procesal reclamada haya sido combatida a través del recurso que la ley ordinaria respectiva señale. Ésta es una regla institucional del propio sistema procesal, a través de la cual se favorece que las autoridades judiciales de instancia solucionen las controversias que se sujetan a su jurisdicción, y sólo en caso de que ello no sea posible, dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen el control de la jurisdicción constitucional, de ahí que al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder al juicio de amparo; esta regla no debe ser considerada como un mero requisito de carácter formal, pues encuentra su razón en el hecho de que permite delimitar los casos que realmente ameritan ser resueltos por el tribunal de amparo, convirtiéndose así en una regla operativa de tal importancia, que incluso se encuentra prevista en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, si el requisito contenido en el artículo 171 de la Ley de Amparo, el cual exige agotar los recursos ordinarios cuando en el amparo directo se reclama una violación de carácter procesal, encuentra sustento en la propia norma fundamental, es claro que esa exigencia por su naturaleza no puede resultar inconstitucional, máxime cuando el propio precepto establece una serie de hipótesis en que ese requisito no es exigible.". En conclusión, cuando el quejoso promueva su demanda de amparo y manifieste que durante el procedimiento de remate existieron violaciones en su perjuicio, no es necesario que se señalen como actos destacados, pues para que el Juzgado esté en aptitud de analizar esas violaciones al momento de dictar la sentencia, únicamente requiere que el impetrante las alegue en vía de conceptos de violación y que, en su caso, haya hecho valer en su momento los medios ordinarios de defensa. Sexto. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa expresó como conceptos de violación, los contenidos en su escrito de demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos sin que sea necesario transcribirlos, dado que no existe en la Ley de Amparo precepto alguno que así lo establezca. Sirve de orientación la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, visible en la página 830 con el rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Por cuestión de técnica jurídica los conceptos de violación serán analizados en un orden diferente al propuesto. Así, los conceptos de violación identificados como segundo, tercero, cuarto y quinto, son inoperantes. En el segundo de sus conceptos de violación la parte quejosa hace valer violaciones relacionadas con los avalúos que sirvieron de base para fijar el precio en el remate del predio número seiscientos ochenta y siete de la calle setenta y tres del Fraccionamiento Ciudad Caucel de Mérida, Yucatán, pues en esencia aduce que tienen una vigencia temporal y que por lo tanto, debieron ser actualizados. En el tercer concepto de violación la parte quejosa sostiene que debió notificársele personalmente los autos a través de los cuales se le dio vista de los avalúos exhibidos en el procedimiento de remate. Asimismo, hace valer la falta de fundamentación y motivación del proveído de trece de junio de dos mil diecinueve, en el que se aprobaron "los inventarios y avalúos" exhibidos por el perito que la parte actora designó y por el diverso que la juez nombró en rebeldía del quejoso. A través del cuarto concepto de violación, la parte quejosa alega una violación al debido proceso pues aduce que en los avalúos que los peritos exhibieron en el procedimiento de remate, no se siguieron los lineamientos previstos por normas oficiales mexicanas, pese a que dice, rigen en todo el territorio nacional; que con motivo de lo anterior, no existe certeza en los referidos avalúos y que además el valor del precio en el remate que se fijó con base en ellos, no es acorde al valor real del predio. Por otra parte, como quinto concepto de violación, la parte quejosa acusa una violación al debido proceso de remate consistente en la inobservancia a la formalidad relativa a la recepción del certificado de gravamen, pues pese a que se ordenó recabarlo, éste no se exhibió, por lo que a decir del quejoso no debió tener verificativo la audiencia de remate en segunda almoneda. Como se anticipó los anteriores conceptos de violación resultan inoperantes pues pese a que guardan relación con actuaciones que tuvieron lugar dentro del procedimiento del remate, lo cierto es que no pueden ser analizadas a través del presente juicio de amparo, pues para ello era imperativo que la parte quejosa hubiere preparado su defensa, lo cual no hizo. Cierto, conforme al artículo 466 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, el auto aprobatorio de remate es apelable. Por lo tanto, en preparación de su defensa, la parte quejosa estaba obligada a interponer el recurso de apelación en contra del auto aprobatorio de remate del predio, para hacer valer ante la autoridad de segunda instancia todas aquellas violaciones que acusa tuvieron lugar en el procedimiento de remate, pues el Tribunal de apelación es el competente para conocer y resolver en la jurisdicción ordinaria, todas aquellas cuestiones de legalidad en ese procedimiento. Como la parte quejosa no recurrió el auto aprobatorio de remate del predio, este órgano de amparo está imposibilitado para examinar el fondo de los conceptos de violación que lo controvierten, pues en virtud del carácter extraordinario de la vía constitucional, debió preparar su defensa contra esas violaciones dentro del procedimiento de remate que ahora alega; ello de conformidad con el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, de las copias certificadas del juicio de origen, se advierte que el quejoso no interpuso recurso de apelación, contra la audiencia de remate de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, en donde pudo hacer valer vía agravios todas las violaciones que afirma se cometieron durante el procedimiento de remate. En tales condiciones, es claro que al no haber planteado esas alegaciones a la Sala de apelación, existe un impedimento técnico para que este Juzgado emprenda su análisis, pues el tribunal de apelación no estuvo en la aptitud de analizarlos, ni de pronunciarse al respecto, por no haberse interpuesto el recurso de apelación. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 12/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. TIENEN ESTA CALIDAD SI SE REFIEREN A CUESTIONES NO ADUCIDAS EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE APELACIÓN Y NO SE DEJÓ SIN DEFENSA AL APELANTE. En atención a los principios dispositivo, de igualdad de las partes y de congruencia que rigen en el proceso civil, y en virtud de que el objetivo del recurso de apelación es que el tribunal de segunda instancia examine la sentencia recurrida en función de los agravios propuestos por el apelante, resulta inconcuso que aquél no debe modificar o ampliar los agravios en beneficio de éste; de ahí que si en ellos no se invoca una violación cometida por el a quo, se estimará consentida y quedará convalidada, con la consecuente pérdida del derecho a impugnarla posteriormente, a causa de la preclusión, por lo cual la parte quejosa en el juicio de amparo directo no debe impugnar una irregularidad consentida tácitamente con anterioridad. Sin que obste a lo anterior que con el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo se haya ampliado la figura de la suplencia de la queja deficiente al especificar las hipótesis en que opera, pues el juicio de garantías sigue rigiéndose por el principio de estricto derecho contenido en el artículo 2o. de dicha Ley, y no es un instrumento de revisión de las sentencias de primera instancia impugnables mediante algún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, en acatamiento del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. Por tanto la falta de expresión de agravios imputable al apelante no actualiza el supuesto de la fracción VI del indicado artículo 76 Bis, que permite a los tribunales federales suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, inclusive en la materia civil, excepto cuando se advierta que contra el quejoso o el particular recurrente ha habido una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. En este orden de ideas, se concluye que deben declararse inoperantes los conceptos de violación cuando se refieren a cuestiones no aducidas en los agravios del recurso de apelación si contra el recurrente no existió una violación manifiesta de la ley que lo hubiere dejado sin defensa, sino que voluntariamente o por negligencia no expresó los agravios relativos, cuya circunstancia no es atribuible a la autoridad responsable que pronunció la sentencia de segunda instancia reclamada; de manera que es improcedente examinar los conceptos de violación o conceder el amparo por estimarse que la sentencia que resolvió la apelación es violatoria de garantías sobre una cuestión que de oficio no podía analizar la autoridad responsable, ante la ausencia de agravios." En esas condiciones, aun cuando no se discute que por regla general, el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución dictada en el procedimiento de remate, en el que podrán analizarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, también lo es, que ese estudio procede siempre y cuando el promovente hubiere agotado los medios ordinarios de defensa procedentes contra tales violaciones adjetivas; lo cual en el caso no aconteció. Por lo tanto, si el quejoso no observó el principio de definitividad respecto de las violaciones procesales planteadas en esta instancia constitucional, como lo establece el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este órgano de amparo no está en la aptitud de examinar el fondo de los argumentos propuestos, en atención a la naturaleza extraordinaria del juicio de amparo; deviniendo inoperantes sus conceptos de violación por no haber preparado su defensa. En similares términos se pronunció el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito al resolver el amparo en revisión 191/2020 de su índice. Superado el tema, lo que procede es el estudio del concepto de violación hecho valer en contra del auto en el que se tuvo por exhibido el saldo correspondiente. En su primer concepto de violación la parte quejosa aduce que con fundamento en el artículo 469 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, se debió declarar sin efecto el remate, como consecuencia no haberse exhibido el saldo del remate. Como sustento de su agravio la parte quejosa aduce que el postor rematador ofreció por el inmueble afecto la cantidad de doscientos veintiocho mil seiscientos cuarenta y un pesos, y que exhibió como postura legal la cantidad de cincuenta y siete mil ciento sesenta pesos con veinticinco centavos -según se lee en el escrito que presentó en el juicio natural-; posteriormente, mejoró su postura por un mil pesos más -cantidad que exhibió en la audiencia de remate-, por lo que el precio del predio rematado ascendió a doscientos veintinueve mil seiscientos cuarenta y un pesos. El quejoso continúa señalando que sobre las anteriores bases, se tiene que el saldo del remate corresponde a la cantidad de ciento setenta y un mil cuatrocientos ochenta pesos con setenta y cinco centavos y no la diversa de ciento setenta y un mil cuatrocientos cuarenta y un pesos que se exhibió; y que al existir una diferencia entre el saldo del remate y la cantidad que se exhibió por ese concepto, al resultar inferior esta última, afirma que debió declararse sin efecto aquél. Lo anterior es infundado. Esto es así porque la parte quejosa al realizar sus operaciones aritméticas parte de la falsa premisa de que el postor que se adjudicó el predio rematado exhibió como postura legal la cantidad de cincuenta y siete mil ciento sesenta pesos con veinticinco centavos, por ser el importe que señaló como tal en su escrito; sin embargo, al reverso del propio escrito (foja 135 del cuaderno auxiliar) se lee que la cantidad que entregó al Juzgado corresponde a cincuenta y siete mil doscientos pesos; y que en la audiencia de remate exhibió la cantidad adicional de un mil pesos. De lo anterior resulta que con motivo del remate, el postor que se adjudicó el predio entregó la cantidad de cincuenta y ocho mil doscientos pesos, lo cual también se corrobora del recibo que por esa cantidad expidió el fondo auxiliar para la administración de justicia (foja 136 del cuaderno auxiliar). Luego, si el precio del inmueble rematado ascendió a la suma de doscientos veintinueve mil seiscientos cuarenta y un pesos, y la suma que exhibió el postor rematador el día de la audiencia correspondió a cincuenta y ocho mil doscientos pesos; entonces, de acuerdo a las operaciones aritméticas conducentes, el saldo del precio de remate es de ciento setenta y un mil cuatrocientos cuarenta y un pesos; la cual corresponde a la que se exhibió por ese concepto. De ahí que resulte infundado el concepto de violación en el que se aduce que fue inexacta la suma que se tuvo por constituida en el auto reclamado. En esas circunstancias, al haber resultado inoperantes e infundado los conceptos de violación hecho valer, lo que procede es negar la protección de la justicia federal que la parte quejosa solicitó respecto del acto reclamado consistente en el auto de ocho de abril de dos mil veintiuno que se dictó en el juicio de origen. Séptimo. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no serán objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo por los actos y las razones que se precisaron en el considerando cuarto de esta sentencia constitucional. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Juan Carlos Olivera del Valle, contra el acto que se reclamó a la Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, consistente en el acuerdo de ocho de abril de dos mil veintiuno que se dictó en el juicio de origen, por los motivos precisados en el sexto considerando de esta resolución. Tercero. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la Secretaria Karen Azalia Mendoza Sánchez, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado..

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