Juan Carlos Mercado González
Expediente 1512/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1512/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 24/11/2023
Partes del expediente
- Juan Carlos Mercado González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ténganse por recibidos la intervención ministerial y el oficio de cuenta, a través de los cuales, con la primera, el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, realiza diversas manifestaciones a manera de alegatos y solicita copias de la resolución que recaiga en el juicio de amparo en que se actúa. Atento a lo anterior, en relación con sus manifestaciones a manera de alegatos, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por vertidas, las cuales serán relacionadas al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Luego, en relación a las copias que solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código citado, interpretado a contrario sensu, que determina que únicamente se puede autorizar la expedición de copias relativas a actuaciones que obren en autos al momento en que se formula la petición, no así de las que en el futuro se puedan emitir, no ha lugar a acordar de conformidad su petición en este momento, por lo que, en su caso, deberá solicitarlas una vez que obre en autos la actuación referida. Por otra parte, con el oficio 20602001210000T/SG/11185/2023 de cuenta, la encargada de la Secretaría en ausencia y suplencia del Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito", rinde su informe justificado. En consecuencia, con el contenido de éste, dese vista a las partes para que en el término de ocho días, manifiesten lo que a su interés convenga; sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo. Finalmente, vista la certificación de cuenta, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra programada para esta fecha; sin embargo, a efecto de dar oportunidad a que las partes tomen conocimiento del referido informe justificado, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de la fecha y para su verificativo se fijan las trece horas del veinte de diciembre de dos mil veintitrés.
- Principal
MESA IV. Toluca, Estado de México, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos de este juicio, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa, en auto de tres de octubre de dos mil veintitrés, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento que la autoridad responsable, realizó en relación al fallo protector; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento de dicho fallo. Fecha de ejecutoria Fecha del cumplimiento Fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad responsable informó el cumplimiento. Fecha de la última notificación a las partes del auto por el que se dio vista con el cumplimiento Dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Siete de septiembre de dos mil veintitrés. Dos de octubre de dos mil veintitrés. Nueve de octubre de dos mil veintitrés (parte quejosa). En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: "La omisión de emitir el laudo laboral en el expediente laboral número 3167/2019 del índice de la responsable." Previa substanciación del juicio de amparo, el veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, se dictó la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Jorge Armando Bernal Silva para el efecto de que la autoridad responsable: ".para el efecto de que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Toluca, Estado de México, dentro de los tres días, siguientes al en que cause ejecutoria la presente resolución, de no haberlo hecho ya, con plenitud de jurisdicción, emita el proyecto de laudo correspondiente en el juicio laboral 3167/2019, y lo notifique a la parte quejosa en el lugar que para tal efecto haya señalado ésta..." Después, mediante auto de dieciocho de octubre del presente año, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a la responsable para que remitiera las constancias con las que demostrara su cumplimiento. Posteriormente, en auto de veinticinco de septiembre de y tres de octubre de la presente anualidad, se tuvieron por recibidos los oficios TECA400F/104010/A.I./3982/2023 y TECA400F/104010/A.I./4095/2023 signados por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, mediante los cuales remitió copia certificada del laudo de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, emitido en el juicio laboral burocrático 3167/2019 de su índice, así como las constancias de notificación realizadas a las partes de dicho laudo, con las que acreditó el cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio, por lo que por ser documentos públicos tienen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo y, consecuentemente, se colige que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por tanto, toda vez que las autoridades responsables no incurrieron en defecto, así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitaron de lo expresamente solicitado, se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento de la parte quejosa la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, previas anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Incidental
Toluca, Estado de México, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio de cuenta; mediante el cual, la apoderada legal del Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, en atención al proveído de veintiocho de septiembre del año en curso, hace del conocimiento las gestiones que está realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente sumario, por lo que informa que el pago total de la pensión de la parte quejosa, se efectuará en la primera quincena de octubre de este año; asimismo, solicita una prórroga de dos días hábiles para dar cumplimiento a la misma. Atento a lo anterior, se tiene a la autoridad responsable informando las gestiones que se encuentra realizando a efecto de cumplir con los efectos para los cuales fue concedido el amparo a la parte quejosa; asimismo, con fundamento en los artículos 192, in fine y 193, párrafo tercero de la Ley de Amparo, por única ocasión se le otorga una prórroga por el término de dos días hábiles, a partir del presente auto, a fin de que dé cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente sumario. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de Luis Alfonso Cruz González, secretario con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que las partes del presente juicio de amparo no recurrieron dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, por la cual, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En esa virtud, con apoyo en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo requiérase al Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por conducto de su Presidente, para que dentro del plazo de tres días de cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto y remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten; apercibido que de no hacerlo, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en los preceptos en cita, en relación con los diversos artículos 192 y 258 de la ley de la materia y se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso para el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Es aplicable, la Jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), publicada en la página 19, del Libro 12, Tomo l, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de noviembre de 2014, Decima Época, con número de registro 2007918, que establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."
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