Juan Carlos Medero Carbajal
Expediente 561/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 561/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/06/2022
Partes del expediente
- Juan Carlos Medero Carbajal
- Instituto Mexicano del Seguro Social
Actuaciones
- Principal
Mesa lV. Toluca, Estado de México, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el auto de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio en que se actúa. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicha determinación ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21 inciso a) de dicho Acuerdo. Dado que en el presente asunto obran diversos documentos originales exhibidos por la parte quejosa, con fundamento en el artículo 21 del citado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca para recoger los mismos; apercibida que de no hacerlo así se procederá a su destrucción; en la inteligencia que, a fin de garantizar las medidas de sanidad necesarias y tomar las providencias atinentes para tal efecto, deberán realizar el trámite previsto en el Acuerdo General 21/2020, a fin de generar la cita correspondiente. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo indicado en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, será destruido el presente expediente, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Mesa lV. Toluca, Estado de México, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, rinde informe justificado al presente sumario constitucional y remite copia certificada del auto de cuatro de mayo de este año, emitido en el expediente *** de su índice. Atento a lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que al efecto dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." De acuerdo con la causa de improcedencia en estudio, los efectos del acto reclamado cesan en el momento en que la autoridad responsable deroga o revoca el acto, lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o bien, a que se hubiera concedido la protección federal y se hubiera restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales que estimó vulnerados por la autoridad. La cesación de efectos del acto reclamado significa, por tanto, que éste deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar dicha actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 103, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, página 81, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la tesis 103, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Noviembre 1997, Novena época, página 71, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Este Juzgador estima lo anterior, pues de la lectura integra de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso ***, a través de su apoderado legal, reclamó del Presidente de la Junta Especial Número 29 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, la omisión de dictar laudo dentro del expediente laboral ***. Ahora bien, de las copias certificadas anexadas al oficio de cuenta, remitidas por el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículo 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, al tratarse de actuaciones de servidores públicos en ejercicio de sus atribuciones, se aprecia que los efectos de dicho acto reclamado cesaron en virtud a que la autoridad responsable en los autos del expediente 1521/2017 de su índice, el cuatro de mayo del presente año, emitió un auto por medio del cual se ordenó reinstalar al actor ***, física y materialmente en su puesto de trabajo, así como debía pagarle al aquí quejoso, salarios caídos por la cantidad de $2****) así como diversas prestaciones a su favor. De tal manera, procede sobreseer en este juicio de amparo, conforme con lo establecido en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que opera al aparecer o sobrevenir alguna de las causas de improcedencia del juicio constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en la Jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 356, cuyo contenido es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Sin que obste a lo anterior, el hecho de que tal sobreseimiento se decrete en el presente auto, ya que al advertirse la causa de improcedencia, con el fin de impartir pronta y expedita administración de justicia, las cosas no cambiarán aun cuando se sustanciara el procedimiento y éste culminara con sentencia en audiencia constitucional. Es de citarse por su aplicación, la tesis 2a./J. 10/2003, de la la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, visible en la página 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, en atención a la determinación anterior, comuníquese a las partes que la fecha señalada para la audiencia constitucional prevista para las trece horas del veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se deja insubsistente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiocho de abril de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, a través del cual Cuitlahuac López Flores realiza diversas manifestaciones a manera de alegatos. En ese sentido, de la certificación de cuenta, se advierte que la audiencia constitucional se llevó a cabo a las doce horas con quince minutos del veintisiete de abril del dos mil veintidós, sin presencia de las partes; asimismo, que de acuerdo a los datos que arroja la firma electrónica de la promoción 7199, se advierte que se recibió el veintiséis de abril de dos mil veintidós, a las veinte horas con treinta y seis minutos. Atento a lo anterior, a efecto de no transgredir algún derecho de la parte promovente, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por vertidas sus manifestaciones a manera de alegatos, las cuales serán tomadas en consideración al dictar la sentencia correspondiente.
- Principal
Toluca, Estado de México, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos del presente juicio, se advierte que se encuentra prevista la audiencia constitucional para el día de la fecha, como se determinó en auto de veinticinco de marzo del presente año; sin embargo, se desprende que por auto de veinticinco de marzo de este año se ordenó remitir el exhorto 102/2022-II (número de orden 102/2022), del cual no obra acuse en autos. Por tanto, al advertirse que el tercero interesado Martín Garduño Valdéz, tiene su domicilio en Rio Suchiate, número 335, Paseo de Cumbres, Monterrey Nuevo León, es decir, fuera de la plaza territorial sobre la cual este órgano judicial ejerce competencia, con fundamento en los artículos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, reenvíese el exhorto electrónico mencionado, al Juzgado de Distrito en Materia Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda emplace al presente juicio a Martín Garduño Valdéz, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo, del auto admisorio y del proveído de veinticinco de marzo pasado; asimismo, le haga de su conocimiento el derecho que tiene de apersonarse al mismo, ofrecer pruebas y formular alegatos si a su derecho conviene; de igual forma, lo requiera para que dentro del término de tres días, contados a partir de su legal emplazamiento, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de residencia de este Juzgado de Distrito; apercibido que de no hacerlo así, las posteriores, e incluso las de carácter personal, se les realizarán por medio de lista en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Hecho lo anterior, lo devuelva a la brevedad posible. Por tanto, a efecto de integrar debidamente el presente sumario constitucional, se difiere la audiencia constitucional fijada para esta data, y en su lugar se fijan las doce horas con treinta minutos del dieciséis de mayo de dos mil veintidós, para su verificativo.
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