Juan Carlos Martínez Aguilar y Otros.

Expediente 591/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 70 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
591/2020
Año
2020
Actuaciones
70
Última actuación
11/03/2022

Partes del expediente

  • Juan Carlos Martínez Aguilar y Otros.
  • Juan Carlos Martínez Aguilar
  • óscar Rosales Vázquez y Otros.
  • Secretaria de Gobernación de la República Mexicana con residencia en la Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 70.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, once de marzo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito, de cuenta; a través del cual el quejoso ***, solicita copias simples del escrito inicial de demanda, de los informes rendidos por las autoridades, del recurso 104/2021 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, de la resolución del juicio de amparo en que se actúa, y le sean la entregadas en su lugar de reclusión. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, expídanse las copias simples que solicita. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 1a./J. 27/2014 (10a.), publicada en la página 347, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Décima Época, cuyo rubro y contenido son: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO. ES PROCEDENTE LA ENTREGA DE LAS MISMAS EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. La gratuidad de la justicia que consagra el artículo 17 constitucional consiste en que las personas no tienen que efectuar ninguna erogación a los tribunales por la impartición de la justicia, lo cual genera como efecto la prohibición para que éstos exijan retribución por la función que desempeñan dentro del Estado. Este principio constitucional busca evitar que los obstáculos económicos vulneren el derecho de tutela judicial efectiva, los que han de entenderse como todos aquellos costos que los justiciables deben afrontar para acceder a la tutela jurisdiccional, los cuales dificultan el ejercicio del derecho fundamental. En ese tenor, si bien el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2o. de la Ley de Amparo abrogada, es claro al imponer al interesado la obligación de cubrir a quien las solicita el costo de las copias certificadas, en aras de respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso para la emisión de su determinación, en respuesta a la petición formulada. De manera que si el quejoso comparece a manifestar su impedimento para cubrir tal gasto y tanto de su afirmación como de autos, se desprende que se encuentra privado de su libertad con motivo de la imposición de una pena, pues su condición jurídica ocasiona la suspensión de derechos políticos y civiles, es obvio que, salvo prueba en contrario, no cuente con ingreso alguno; por tanto, el cobro por la expedición de las copias referidas, incluso por concepto de los materiales necesarios, será gratuita con la condición de que con claridad se soliciten las constancias respecto de las que requiera copias y sean de utilidad para su defensa, quedando a criterio del juzgador la determinación de ser o no conducentes. Asimismo, si el peticionario de garantías manifiesta, sin que de autos se advierta lo contrario, que no tiene designada persona autorizada para las actuaciones judiciales derivadas del proceso, hace evidente su impedimento físico de allegarse por su cuenta de las copias certificadas solicitadas, por lo que resulta materialmente imposible que tenga a la vista las referidas documentales, puesto que al estar recluido y no contar con persona autorizada para imponerse de los autos, no es factible que consulte los mismos de forma personal como tampoco que acuda a recibir los documentos solicitados en caso en que hubiera sido obsequiada su petición. Por tanto, procede que se ordene entregar dichas copias en el lugar donde se encuentra recluido." En ese sentido, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos, para que hagan la entrega de dichas constancias en el lugar de reclusión del referido quejoso.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, uno de marzo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual, se advierte que el servicio de mensajería acelerada "Estafeta", devuelve la misiva 1392/2022 de la estadística de este Juzgado de Distrito, dirigida a la autoridad responsable Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la que se desprende tanto en la misiva en la parte superior derecha, así como etiqueta de la guía con código de rastreo un sello de acuse de recibo con fecha dieciocho de febrero del año en curso; por tanto, únicamente agréguese para constancia legal.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual, se advierte que el servicio de mensajería acelerada "Estafeta", devuelve la misiva 1392/2022 de la estadística de este Juzgado de Distrito, dirigida a la autoridad responsable Titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal con sede en la Ciudad de México, de la que se aprecia que en la etiqueta de visita y control está marcado el recuadro de "D03 ÍTEM rechazado por el destinatario" y la leyenda "Se rehusa por termino Judicial" (sic). En ese sentido, del estado de autos se advierte que en proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, se tomó conocimiento de que la denominación correcta es Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; por tanto, obvio de mayores dilaciones procesales, reenvíese el oficio referido en el párrafo precedente a la autoridad responsable con la denominación correcta, para que tenga conocimiento de la determinación emitida por este órgano jurisdiccional el dieciocho de enero del año en curso.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, diez de febrero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio 1393/2022, de la estadística de este Juzgado de Distrito, dirigido al "Comandante de la Guardia Nacional", devuelto por el servicio de mensajería estafeta, del que se advierte marcada la casilla D03 "Ítem rechazado por el destinatario", con la leyenda "Rehusado por término judicial". En consecuencia, reenvíese la citada misiva, a la autoridad descrita en el párrafo anterior, para lo cual se comisiona al actuario judicial de la adscripción, a fin de que la envíe por correo electrónico oficial asentando la razón de ello y en caso de que no sea posible se remita mediante el servicio de mensajería acelerada, al domicilio actual y correcto de la autoridad citada. Finalmente, si el envío del oficio aludido se realiza mediante el servicio de mensajería, se apercibe a la autoridad de que se trata que, de rehusarse su recibo sin causa justificada, se tendrá por hecha la notificación, de conformidad con lo previsto en el numeral 28, fracción I, de la Ley de Amparo, aplicado por identidad jurídica.

Quedan 66 actuaciones en este expediente

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