Juan Carlos Madero Cortés

Expediente 1897/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1897/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
30/10/2019

Partes del expediente

  • Juan Carlos Madero Cortés

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, treinta de octubre de dos mil diecinueve. Causa estado desechamiento. Estado procesal. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto del quince de octubre de dos mil diecinueve, por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar de plano la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto de referencia, que establece: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos en los que se haya dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido...." Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desecharla de plano, y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Destrucción de constancias. Finalmente, en proveído siete de octubre de dos mil diecinueve, se ordenó formar el anexo 1 con el sobre cerrado que anexó a su demanda, por tanto, se estima innecesaria su conservación y, por ende, se ordena su destrucción inmediata. Notifíquese.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Juan Carlos Madero Cortes, mediante el cual da cumplimiento a lo requerido en auto del siete de octubre de dos mil diecinueve, y al efecto informa que también controvierte la notificación de la resolución de nueve de julio del presente año, dictado en el toca de apelación ..., del índice de la Tercera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. En consecuencia, con base en el estudio exhaustivo de la demanda de amparo, su escrito aclaratorio y las constancias remitidas por la referida Sala, se provee lo conducente. Del análisis de la demanda de amparo procede desecharla por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la ley de la materia autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción. Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. También es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora es importante destacar que la parte quejosa reclama esencialmente los siguientes actos: 1. La resolución del nueve de julio de dos mil diecinueve , dictada en el toca de apelación 647/2018 del índice de la Tercera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla que dejó insubsistente la sentencia dictada en el juicio de alimentos 1182/2016, del índice del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Matamoros, y ordenó la reposición del procedimiento para recabar diversas pruebas. 2. La notificación de la resolución en comento. Sentado lo anterior, por razón de técnica jurídica se procede a estudiar lo relativo a la notificación reclamada, respecto a la cual oficiosamente se aprecia que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, entre otros actos, contra resoluciones judiciales respecto de las cuales la ley conceda recurso o medio de defensa legal dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aunque la agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo que se afecten a personas terceras extrañas a juicio, que el acto reclamado afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal cuando importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. En efecto, el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la quejosa debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes, así como de actos que afectan la libertad personal, y la proposición en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, debe decirse que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que el afectado los haga valer, y solo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses legales, tiene la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración de justicia local. Sentado lo anterior, en cuanto a la notificación de la resolución del nueve de julio de dos mil diecinueve dictada en el toca de apelación 647/2018, se estima que el quejoso estuvo en aptitud de interponer el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla y para justificar lo anterior conviene traer a colación lo dispuesto en el artículo 74 de dicha legislación, que establece: "Artículo 74. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este Capítulo, o se omitiere, se aplicarán las disposiciones siguientes: I. La parte agraviada podrá promover ante el Tribunal que conozca del juicio, incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, a partir de la notificación impugnada; II. El incidente de nulidad se tramitará conforme a las reglas generales que para los incidentes establece este Código; pero si antes de resolverse la cuestión principal, se cita para sentencia en el juicio principal, se suspenderá el procedimiento en éste, para que ambas cuestiones se resuelvan en una sola sentencia y, si se declara la nulidad, se declarará también no estar el principal en estado de fallarse; III. El ejecutor que hubiere omitido o realizado en forma ilegal la notificación, será responsable administrativa, civil y penalmente, y IV. No obstante lo prevenido en este artículo si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la resolución, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviere legalmente hecha." Del citado precepto normativo, se desprende que cuando se omita hacer una notificación o se haga en contravención a lo señalado en la ley adjetiva civil podrá impugnarse mediante el incidente sobre declaración de nulidad de todo lo actuado, a partir de la notificación impugnada, el cual se tramitará conforme a las reglas generales para los incidentes. En este contexto, es incuestionable que el quejoso debió de promover el incidente de nulidad en contra de la notificación de la resolución del nueve de julio de dos mil diecinueve, dictada en el toca de apelación 647/2018, habida cuenta que resulta el medio de defensa idóneo para lograr su nulificación, pero al no haberlo agotado de manera previa al juicio de amparo, inobservó el principio de definitividad, lo que actualiza la causa de improcedencia en estudio. No se soslaya que según lo expresado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de casos en los que se controviertan actos en los que estén involucrados menores de edad, solo están obligados a agotar el principio de definitividad cuando el recurso respectivo contempla la suspensión de los actos, pues de otra forma el medio de impugnación se torna ineficaz para alejar a los niños de una posible situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. En ese contexto, si bien la notificación reclamada se efectuó en un toca de apelación en donde se confirmó la sentencia pronunciada en un juicio de alimentos en donde una menor figura como parte y aun cuando el incidente de nulidad de notificaciones no prevé la suspensión de los actos, lo cierto es que en la especie no es aplicable el criterio transcrito, en virtud de que el quejoso es el deudor alimentario y promueve esta instancia constitucional por propio derecho y no en representación de su menor hijo. Por lo antes expuesto, se estima actualizada la causa de improcedencia del juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, respecto de la notificación practicada por lista el seis de agosto de dos mil diecinueve, dentro del toca registrado con el número 647/2018 del índice de la Tercera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Ahora, tomando en cuenta que se desechó la demanda de amparo respecto de la notificación de la resolución del nueve de julio de dos mil diecinueve, al no haberse agotado en su caso el incidente de nulidad de notificaciones, entonces es dable concluir que tal notificación subsiste con plenos efectos legales, por lo que debió tomarse en consideración para determinar si el presente medio de control constitucional se presentó oportunamente en cuanto a dicha sentencia. En ese contexto, respecto del segundo acto reclamado consistente en la resolución dictada en el toca de apelación 647/2018 del índice de la Tercera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, oficiosamente se aprecia que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo que establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en la propia ley. Asimismo, respecto a tales actos oficiosamente se advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." La lectura de los preceptos legales trascritos revela la existencia de tres hipótesis para el cómputo de los quince días relativos, excluyentes entres sí, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; c) A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, de conformidad con el artículo 17 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite a la parte quejosa promoverlo desde el día hábil siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, en que se haya ostentado sabedor de los mismos; hipótesis que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. En ese contexto, si la demanda respectiva se promueve fuera del plazo general señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo es improcedente el juicio constitucional, por consentimiento tácito. Una vez establecidos los tres supuestos normativos previstos para el cómputo del plazo de quince días para promover el juicio de amparo, se colige que el acto reclamado en el presente juicio de amparo se ubica en la primera de las hipótesis, esto es, que el plazo se deberá computar a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto la notificación a la parte quejosa del acuerdo que reclama. Se dice lo anterior, toda vez que la parte promovente reclama la sentencia dictada en el toca de apelación 647/2018; no obstante, de las constancias que remitió la autoridad responsable a las cuales por ser documentales públicas se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, se desprende que la notificación de dicha resolución se realizó el seis de agosto de dos mil diecinueve (foja 72 vuelta). Tal y como se aprecia de la siguiente reproducción: Entonces el plazo de quince días para interponer juicio de amparo en contra de la resolución reclamada debe contarse a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de ésta, y para determinar ese momento debe atenderse al contenido de los artículo 51, último párrafo del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla que estipula: Artículo 51. La notificación es el acto procesal mediante el cual los tribunales dan a conocer el contenido de una resolución judicial a las partes. Salvo disposición expresa en esta Ley, las notificaciones surten efectos el día en que se practican... Del precepto legal transcrito se desprende que las notificaciones en materia civil, salvo disposición expresa, surtirá efectos desde el día que se practique, en tales condiciones, si el seis de agosto de dos mil diecinueve se notificó a la parte quejosa la resolución reclamada, surtió sus efectos en esa misma fecha y en términos de lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, el plazo para la interposición de la demanda empezó a correr a partir del día hábil siguiente, esto es, el siete de agosto posterior y culminó el veintisiete de agosto de dos mil diecinueve. En consecuencia, si el plazo para la interposición de la demanda transcurrió del siete al veintisiete de agosto de este año y esta se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla hasta el tres de octubre de dos mil diecinueve, según el sello de recibido, es inconcuso que su presentación es extemporánea. En ese orden de ideas, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 todos de la Ley de Amparo; en forma manifiesta e indudable y, por tanto, se desecha de plano la demanda amparo indirecto, en cuanto a la resolución del nueve de julio de dos mil diecinueve, dictada en el toca de apelación ... del índice de la Tercera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, conforme al artículo 113 de la propia Ley de Amparo.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, once de octubre de dos mil diecinueve. ? Autoridad solicita prórroga. Visto el oficio de la Jefa de la Oficina de Juicios Civiles, Asuntos Especiales y Penales del Instituto Mexicano del Seguro Social; mediante el cual solicita una prórroga a fin de estar en aptitud de proporcionar la información requerida en proveído de uno de octubre de dos mil diecinueve. En consecuencia, se autoriza un plazo de cinco días, contado a partir de la notificación del presente proveído, para que remita la información correspondiente a los terceros interesados siguientes: .. Asimismo, en el término indicado, deberá remitir la información solicitada en proveído de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, correspondiente a los terceros interesados: .. Se apercibe a la mencionada institución que de no cumplir con lo que se le solicita se le impondrá una medida de apremio consistente en una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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