Juan Carlos Huitzil Tehuitzil

Expediente 1340/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1340/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
28/09/2021

Partes del expediente

  • Juan Carlos Huitzil Tehuitzil

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Apertura del incidente. Como está ordenado en esta fecha en el juicio de amparo 125/2021-IV, con dos copias de la demanda de amparo, fórmese y tramítese por duplicado el incidente de suspensión promovido por Grissel Magalí Nader Bolaños, por propio derecho, contra actos de la autoridad que señala como responsable. Informe previo. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 138, fracción III, y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su correspondiente informe previo que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, y en el que expresarán si son o no ciertos los actos que se les atribuyen; de igual forma, podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Asimismo, se requiere a la autoridad responsable, a fin de que proporcione los datos que tengan a su alcance y que permitan a este órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes; para lo cual se les envía al efecto copia simple de la demanda. Se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de no cumplir con los mandatos establecidos en los párrafos anteriores, además de presumirse cierto el acto que de ellas se reclame, cuando así corresponda, se le impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo. También se informa a la autoridad responsable que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, está obligada a recibir los oficios que en relación con este juicio se les dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, siempre que no exista duda y resulte evidente la existencia de las autoridades, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y se tendrá por hecha la notificación; en la inteligencia de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además de que se le(s) impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 245 de la Ley de Amparo. Audiencia incidental. Se señalan las CATORCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia incidental. Requisitos de la suspensión. Los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 138 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el Juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que la parte quejosa debe reunir para otorgar la suspensión del acto reclamado. En ese orden de ideas, conforme al artículo 128 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario que: a. La solicite el quejoso; y b. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva. Asimismo, el juzgador de amparo deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social; entendiendo lo primero, como el conocimiento superficial del asunto dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo tal que según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado; y el segundo, si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha definido lo que debe entenderse por interés social, cabe señalar que la apreciación de su existencia depende del caso concreto, el cual debe ser analizado por el juzgador al otorgar o no la suspensión de los actos reclamados. LITIS. Parte quejosa. ********************* Autoridad(es) responsable(s). 1. Presidente de la Comisión de Vigilancia y Visitaduría del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla. Acto(s) reclamado(s). 1. La resolución dictada el tres de diciembre de dos mil veinte, emitida dentro de la queja administrativa con número de expediente 73/2020 del índice de la responsable. Efectos La parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados para: Al respecto, es oportuno precisar que este órgano jurisdiccional en atención al criterio contenido en la jurisprudencia 4/2019 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede conceder la medida cautelar para efectos y consecuencias distintas de las propuestas por la parte quejosa, siempre y cuando se trate de los actos reclamados en el juicio de amparo. Presunción de certeza de los actos reclamados. Para resolver sobre la suspensión provisional, el Juez de Distrito debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Por ende, para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional solicitada, este órgano jurisdiccional atiende a las manifestaciones de la parte quejosa formuladas en la demanda, bajo protesta de decir verdad, pues son los únicos elementos con que se cuenta para resolver sobre la medida cautelar, los cuales constituyen una confesión expresa. Sirve de fundamento a lo anterior, la siguiente tesis jurisprudencial de la Segunda Sala del Alto Tribunal: SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DE LA QUEJOSA RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones de la quejosa hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que la quejosa da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Requisitos de la suspensión. El artículo 107, fracción X, párrafo primero, de la Constitución Federal establece que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza de los actos lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Por otra parte, el artículo 128 de la Ley de Amparo establece que la suspensión se decretará siempre que la solicite el quejoso; y, además, no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Además, el artículo 138 de la Ley de Amparo señala que, para resolver sobre la suspensión, el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. Finalmente, el artículo 139 de la Ley de Amparo dispone que, en los casos en que proceda la suspensión, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Así, la suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son que no se afecte el interés social, no se contravengan disposiciones de orden público, la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en cada caso. La apariencia del buen derecho apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. El peligro en la demora se sustenta en la posible frustración de los derechos del solicitante, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. Ahora, conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 138 de la Ley de Amparo, por prelación y técnica jurídica, el estudio de la suspensión se realiza en el orden siguiente: a) Solicitud del quejoso. Que expresamente la solicite el quejoso; b) Existencia. En primer lugar, se determina si el acto es cierto; pues en caso negativo, no habría materia para suspender; c) Naturaleza jurídica. En caso de existir el acto, en segundo lugar, se analiza si éste, por su naturaleza jurídica, es susceptible de suspensión; es decir, si se trata de un acto positivo, negativo, declarativo, futuro, inminente, etcétera. d) Interés suspensional. En caso de que el acto sea suspendible, en tercer lugar, se determina si el quejoso cuenta con interés, jurídico o legítimo, para pedir su suspensión. e) Estudio simultáneo de requisitos legales, apariencia del buen derecho y peligro en la demora. En caso de que exista interés, en cuarto lugar, se deben estudiar los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, es decir, que la suspensión la solicite el quejoso y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, en forma simultánea, la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. f) Requisito de efectividad. Finalmente, en caso de que proceda conceder la suspensión, se debe analizar si debe fijarse algún requisito de efectividad de la medida cautelar; es decir, si se requiere garantizar daños y perjuicios a terceros interesados conforme al artículo 132; el interés fiscal conforme al artículo 135; o bien, imponer alguna medida de aseguramiento en materia penal de conformidad con el artículo 168, todos de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento a lo anterior, la tesis aislada 2a. XXIII/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA. De los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 128 y 138 de la Ley de Amparo, se advierte que para conceder la suspensión definitiva en el juicio de amparo se requiere que: i. Expresamente la solicite el quejoso; ii. Haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita; iii. Los actos reclamados sean susceptibles de suspensión; iv. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en el artículo 129 de la citada Ley y; v. Deba llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Así, sólo de cumplirse todos los requisitos que anteceden, el órgano jurisdiccional podrá conceder la suspensión definitiva sujetándola, en su caso, al otorgamiento de la garantía prevista en el artículo 132 de la propia Ley." a) Que expresamente la solicite el quejoso. El requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva, es decir, que cuenta con un derecho tutelado. Acorde con lo previsto artículo 131 de la Ley de Amparo, es necesario acreditar que el quejoso es agraviado y que de no concederse la suspensión se sufrirían daños y perjuicios de difícil reparación; esto es, que se aporten indiciariamente elementos de convicción tendentes a justificar que es titular de un derecho legítimamente tutelado respecto del cual se le pretende causar molestia y afectación a fin de acreditar que el acto de autoridad que reclama transgrede su esfera de derechos. Es aplicable por igualdad de razones jurídicas, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 430, del Libro 1, Tomo I, de la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de diciembre de 2013, que establece: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. AUN CUANDO OPERE LA PRESUNCIÓN DE SU EXISTENCIA, EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 132 DE LA LEY DE AMPARO, PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE LAS FRACCIONES I Y III DEL ARTÍCULO 124 DE ESE MISMO ORDENAMIENTO, DEBE DEMOSTRARSE, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TAL ACTO AGRAVIA AL QUEJOSO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Aun cuando el juicio de amparo es una institución de buena fe, no se pueden soslayar los requisitos que la propia ley establece para la procedencia de la suspensión del acto reclamado. Además, son dos situaciones distintas: una, la existencia de actos y otra, acreditar los elementos contemplados en la ley. Por ello, el hecho de que en términos del párrafo tercero del artículo 132 de la Ley de Amparo, opere la presunción de existencia del acto reclamado respecto del cual se solicite la suspensión definitiva, es inconducente para tener por demostrado el interés del quejoso a fin de obtener dicha medida cautelar y, por tanto, para tener por colmados los requisitos establecidos en las fracciones I y III del artículo 124 del mismo ordenamiento. Por ende, el otorgamiento de tal medida se encuentra condicionado a que exista en los cuadernos del incidente de suspensión, por lo menos, algún elemento de convicción que pueda demostrar, aunque sea de manera indiciaria, que tal acto agravia al quejoso, pues no debe pasarse por alto que al resolverse sobre el particular, debe decidirse si procede suspender algún acto que cause o pueda causar daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado. Esto, en el entendido de que tal demostración indiciaria implica que se tome como base un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resultará agraviado, además de que se pueda inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causarán daños y perjuicios de difícil reparación." En el caso, este requisito se encuentra acreditado, en virtud de que la parte quejosa es parte denunciante en la queja administrativa con número de expediente 73/2020 del índice de la responsable, aunado a que exhibe en copia simple las constancias de la determinación impugnada. b) Existencia. Para resolver sobre la suspensión provisional, el Juez de Distrito debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Por ende, para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, este órgano jurisdiccional atiende a las manifestaciones de la parte quejosa formuladas en la demanda, bajo protesta de decir verdad, pues son los únicos elementos con que se cuenta para resolver sobre la medida cautelar. Manifestaciones que constituyen una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno en contra de quien la asevera, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de fundamento a lo anterior la siguiente tesis jurisprudencial: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo." c) Naturaleza. En principio, cabe mencionar que la suspensión del acto reclamado, tiene por objeto mantener viva la materia del amparo, impidiendo que el acto, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, conviene recordar que la parte quejosa reclama resolución dictada el tres de diciembre de dos mil veinte, emitida dentro de la queja administrativa con número de expediente 73/2020 del índice de la responsable, y solicita la suspensión provisional a fin de que las cosas permanezcan en el estado en que se encuentran hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo del cual deriva la presente suspensión. Al respecto, los puntos resolutivos de la resolución, establecen lo siguiente: "PRIMERO.- El suscrito Magistrado y Consejero Licenciado Joel Sánchez Roldán quien preside la Comisión Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, es competente para conocer de la presente queja administrativa propuesta por Grissel Magalí Nader Bolaños, contra la encargada de la oficialía común de partes de los juzgados familiares, civiles, financieros y mercantiles de Puebla y contra María del Carmen Hernández Torres en su carácter oficial en turno. SEGUNDO.- No ha lugar a iniciar investigación y determinación de responsabilidad administrativa contra la encargada de la oficialía común de partes de los juzgados familiares, civiles, financieros y mercantiles de Puebla y contra María del Carmen Hernández Torres en su carácter oficial en turno. Esto es así, dado que, de los hechos denunciados por Grissel Magalí Nader Bolaños, no se pueden deducir de manera presuntiva la comisión de faltas administrativas previstas por los artículos 139 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla. Dado que si bien por acuerdo de treinta y uno del mes de julio de dos mil veinte, emitido por el Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, por el que se determina la ampliación de servicios de la oficialía de partes común de las salas del tribunal y de los juzgados del distrito judicial de puebla, y se autoriza su cambio de sede, se estableció que la nueva sede de la Oficialía de Partes Común de las Salas y Juzgados de la Capital del Estado, se ubique en el puente localizado en la parte superior del acceso principal de Ciudad Judicial, que la Oficialía se ocupe de la recepción, registro y turno de todos los documentos dirigidos a las Salas y Juzgados Especializados en Materia Civil, Familiar, Mercantil y Financiera del distrito judicial de Puebla, así como al Juzgado de Exhortos de la Zona Metropolitana, la que funcionará todos los días del año, a excepción de los que la Ley Orgánica establece como inhábiles y los que, por acuerdo del Consejo o de su Presidente, se declaren como no laborables, en términos del artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y que el horario de atención de la Oficialía se extenderá hasta las veinticuatro horas, para el único efecto de que de las quince a las veinticuatro horas, se reciban solo demandas y promociones de término. Bajo tales precisiones se determina que si bien el escrito de contestación de demanda formulada por la quejosa y dirigido al expediente 393/2020 tramitado en el juzgado séptimo especializado en materia mercantil del distrito judicial de Puebla, presentado el día veintiséis de noviembre de dos mil veinte a las veintitrés horas en la oficialía común si tiene el carácter promoción de término, dado que para su formulación, se le dio a la quejosa un término perentorio en el citado expediente. Sin embargo, las promociones suscritas por Grissel Magalí Nader Bolaños, y dirigidas a los expedientes 61/2014, 700/2018, 429/2019, 451/2019, 1013/2019 del juzgado octavo especializado en materia mercantil, 453/2019, 908/2019, 120/2020, 283/2019 del juzgado noveno especializado en materia mercantil, 387/2020, 603/2020, 425/2016 del juzgado sexto especializado en materia mercantil, por las que se solicita copias certificadas de los referidos expedientes, los mismos no tienen el carácter de promociones de término, dado que su presentación no está sujeta a un término perentorio otorgado en los referidos procedimientos. Esto, dado que el acuerdo de treinta y un días del mes de julio de dos mil veinte, emitido por el Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, al referir promociones de término, se refiere a escritos cuya presentación se encuentra sujeta a un plazo perentorio. Tanto más, al estar en presencia de un criterio de interpretación a una disposición, tal interpretación, no puede ser sujeta a responsabilidad administrativa. (.) De igual forma, no ha lugar a decretar el inicio de investigación respecto a los hechos narrados por la quejosa, en el sentido de que el abogado José Francisco Morales Martínez acudió el día veintisiete de noviembre de dos mil veinte a la citada oficialía común y hablo con la encargada respecto a los anteriores hechos denunciados, reiterando que las solicitudes de copias no son promociones de término. Esto es así, porque los mismos no le constan a la hoy quejosa, por no haberlos presenciarlos, dado que los mismos dicen le constan a un tercero. TERCERO. Se tiene a Grissel Magalí Nader Bolaños, señalando domicilio para recibir notificaciones en la sede de esta Comisión. CUARTO. En su momento archívese el presente expediente como asunto totalmente y definitivamente concluido." De la transcripción anterior se advierte que la autoridad responsable determinó que las promociones presentadas por Grissel Magalí Nader Bolaños, dirigidas a diversos expedientes del índice de los juzgados octavo, noveno y sexto especializados en materia mercantil, no tienen el carácter de promociones de término, dado que su presentación no está sujeta a un término perentorio otorgado en los referidos procedimientos, lo anterior dado que en acuerdo de treinta y uno de julio de dos mil veinte, emitido por el Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, al referir promociones de término, se refiere a escritos cuya presentación se encuentra sujeta a un plazo perentorio, sin que las promociones presentadas estuvieran en dicho supuesto. Por lo que la responsable determinó no iniciar investigación y determinación de responsabilidad administrativa contra la encargada de la oficialía común de partes de los juzgados familiares, civiles, financieros y mercantiles de Puebla y contra María del Carmen Hernández Torres en su carácter oficial en turno, la cual fue presentada por la parte quejosa; lo cual constituye un acto declarativo que no trae aparejada consigo una ejecución. En ese orden de ideas, por las razones expuestas y dada la conclusión alcanzada en el sentido de que el acto reclamado únicamente produce efectos declarativos y que no tiene aparejada ejecución procede negar la medida cautelar provisional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece lo siguiente: SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior. En mérito de lo anterior, no se realizará estudio alguno de los requisitos precisados en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que si bien la medida suspensional fue solicitada por la parte quejosa (fracción I del artículo 128 citado), lo cierto es que el análisis del perjuicio al interés social o la contravención de disposiciones de orden público a nada práctico conduciría dada la conclusión alcanzada. Por tanto, tampoco se precisa el estudio del requisito precisado en el primer párrafo del artículo 138 de la ley de la materia, relativo al examen ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, en atención a que, en este caso se trata de un acto declarativo, en donde como ha quedado precisado, es imposible conceder la medida cautelar solicitada. Por ende, se impone NEGAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA. Pruebas y cotejo. Se tiene por anunciada la documental adjunta a la demanda de amparo, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia incidental, de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Amparo, aún sin que exista gestión expresa de parte interesada. Sin que haya lugar a realizar la compulsa y certificación de las documentales que adjuntó a su demanda la parte justiciable, toda vez que fueron exhibidos en copia simple. Juicio en línea. En otro aspecto, en atención a su solicitud y en vista de que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se localizó el nombre de usuario "JOSAFATH" que corresponde a Isarel Josafath Barrios Reyna; de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza: A) Consultar el expediente electrónico vía internet; B) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de su firma electrónica, siempre y cuando tenga registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho; y, C) Notificarse de las resoluciones en forma electrónica, a través del módulo dispuesto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa. En el entendido que las notificaciones aun las de carácter personal se harán a la parte quejosa en términos del apartado anterior. Autorizado(s). Se tiene como autorizado(s) en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la(s) persona(s) que señala y que tenga(n) debidamente registrada(s) su(s) cédula(s) profesional(es) en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así como a la(s) persona(s) autorizada(s) en términos restringidos. ************** Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Gestiones. La Presidenta de la Junta Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, informa las gestiones que realiza a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria, en particular: A. Remite el auto de seis de septiembre de dos mil veintiuno, del juicio laboral ..., en el que señaló las once horas del veintidós de octubre de dos mil veintiuno, para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; así mismo ordenó girar nuevamente exhorto a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México el emplazamiento de los demandados ... B. Remite copia certificada del exhorto. Se toma conocimiento de lo informado. Requerimiento. En esa tesitura, requiérase a la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para que dentro del plazo de tres días, realicen lo siguiente; 1. Informe y acredite el seguimiento puntual del exhorto girado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México para el emplazamiento de los demandados ...; y, 2. Remita el emplazamiento de los demandados .... En el juicio laboral ... Requerimiento a Junta de CDMX. Ahora bien, en ese auto se giró exhorto a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, a fin de emplazar los demandados. Atento a lo anterior, se requiere a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México para que informe lo siguiente. 1. En tres días, informe el seguimiento del exhorto girado a fin de emplazar a los demandados ... en el juicio laboral ...; 2. Informe su resultado; y 3. Envíe copia certificada de las constancias respectivas. Apercibimientos. En el entendido que subsisten los apercibimientos decretados en el auto en que se declaró firme la sentencia y se inició la etapa de ejecución. Notifíquese.

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