JUAN CARLOS MARTINEZ DIAZ y Otros.

Expediente 714/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
714/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
04/07/2022

Partes del expediente

  • JUAN CARLOS MARTINEZ DIAZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, cuatro de julio de dos mil veintidós. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos y al advertirse que no se interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia de diez de junio de dos mil veintidós, mediante la cual se sobreseyó en el juicio, no fue recurrida por la parte quejosa, que es a quien en todo caso le pudiera perjudicar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una resolución que determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; (...)" Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia que determinó sobreseer en el juicio y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Andrés Cholula, Estado de Puebla, a las diez horas del diez de junio de dos mil veintidós, fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional de pruebas, alegatos y sentencia prevista en el artículo 124 de la Ley de Amparo, en los autos del juicio de amparo indirecto número 714/2022-II, promovido por ... y ... contra los actos de la Comisión de Honor y de Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y otras autoridades; ................................. 29. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 63, 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se, VII. RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ... y ..., respecto del acto y autoridades precisados en el apartado III, por los motivos expuestos en los considerandos IV y VI de esta resolución. Notifíquese.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Autoridad informa gestiones de cumplimiento. La Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado, informa las gestiones practicadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este juicio y, en particular, remite: Copia certificada del acuse de recibo del oficio SA/DRH/3319/2022, dirigido a la Directora de Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública, en el cual se le solicita la documentación correspondiente para seguir los trámites que indica, manifestando, al efecto, que la dirección de Recursos Humanos se encuentra supeditada a las solicitudes de pago generadas por dicha dependencia. Se toma conocimiento de lo informado, para los efectos legales conducentes. Requerimiento a autoridad responsable En virtud de lo anterior, requiérase a las autoridades responsables, Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado y Directora de Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública, para que dentro del término de cinco días, acrediten los actos que han realizado tendientes a obtener el completo y cabal cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Para dicho efecto, deberán remita copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento dado en los términos precisados en la ejecutoria, que son: Que realicen las gestiones necesarias para que se pague la indemnización correspondiente a la parte quejosa, consistente en tres meses de salario y veinte días por cada año de servicio, quien al momento de los hechos tenía el cargo de policía A, la cual deberá de calcularse conforme a la ley aplicable. En este sentido, cabe señalar que no debe excluirse la posibilidad de que dentro de algún ordenamiento legal o administrativo a nivel federal, estatal o municipal, existan normas que prevean expresamente un monto por indemnización para este tipo de casos, que como mínimo sea el anteriormente señalado, pues en tales casos la autoridad deberá aplicar directamente lo dispuesto en esos ordenamientos. De igual forma, deberá procederse a la realización del pago correspondiente de las demás prestaciones a que tiene derecho, las cuales son las de remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía como funcionaria por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación y hasta que se realicen los pagos correspondientes. La institución que, por ley o convenio, otorgaba el servicio de salud a la quejosa deberá continuar o, en su caso, reanudarle los servicios de salud que le correspondían, así como a sus familiares, hasta en tanto no transcurra el plazo que por ley debe transcurrir. En consecuencia, las autoridades responsables, por conducto del área administrativa competente, deberán de demostrar que se le han pagado las cuotas y aportaciones que correspondan a la institución que otorga el aludido servicio de salud en beneficio de la quejosa, hasta el día de su liquidación total. Por su parte, dicha institución de salud deberá requerir a la autoridad responsable ordenadora o al ente gubernamental que corresponda el pago de las cuotas y aportaciones que debieron entregarse a favor de la quejosa como si hubiese estado laborando, con el objeto de que exista una base sólida para el otorgamiento de los servicios en materia de salud, aunado a que dichas cuotas realicen las afectaciones que correspondan a las subcuentas respectivas. Finalmente, se deberá ordenar la anotación en el expediente personal de la quejosa, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, en el sentido de que fue separada o destituida de manera injustificada, pero que derivado de la restricción constitucional establecida en la fracción XIII, apartado B, del artículo 123 de la Constitución Federal, no fue posible reinstalarla en su cargo." Apercibimiento. Se apercibe a las autoridades de mérito que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente de cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Se requiere cumplimiento. Visto el estado procesal de los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable aún no ha dado cumplimiento al requerimiento efectuado mediante acuerdo de tres de mayo del año en curso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 a 196 de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla y Actuario de su adscripción, para que, en el plazo de tres días a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: Remita copia certificada de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, la cual se encontraba señalada para el seis de mayo de dos mil veintidós. Apercibimientos. Se apercibe a la autoridad requerida que en caso de ser omisa, o bien, no informar la imposibilidad que tenga para cumplir con el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; asimismo se le informa que subsisten los apercibimientos decretados en el auto en que se declaró firme la sentencia de amparo y se requirió el cumplimiento del fallo. Notifíquese.

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