Juan Carlos Jimenez Padilla

Expediente 1395/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1395/2017
Año
2017
Actuaciones
13
Última actuación
22/03/2018

Partes del expediente

  • Juan Carlos Jimenez Padilla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el veintidós de febrero de dos mil dieciocho, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veintisiete de febrero al veinte de marzo de dos mil dieciocho, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en consecuencia de que se negó medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de catorce de febrero de dos mil dieciocho, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; por lo que se analizará si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Para ello, en principio se indica que en la sentencia dictada el diecinueve de enero de dos mil dieciocho (fojas 106 a 117), se concedió el amparo a la parte quejosa para el efecto de que el Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Tres de la Unidad de Investigación Especializada en el Sistema Tradicional, realizara lo siguiente: "OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En términos del artículo 77, fracción I de la ley de la materia, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Juan Carlos Jiménez Padilla, para el efecto de que la autoridad responsable agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Tres de la Unidad de Investigación Especializada en el Sistema Tradicional, una vez que adquiera firmeza esta sentencia y se le requiera su cumplimiento, dentro del plazo que para tal efecto se establezca, realice en la averiguación previa 1250/2015/SACHO/SPCHO, de su índice, lo siguiente: 1) Notifique personalmente al querellante del delito Juan Carlos Jiménez Padilla (aquí quejoso) la resolución de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis (determinación de no ejercicio de la acción penal y archivo definitivo por obstáculo material insuperable), en términos de los artículos 30 Ter, 44 y 46 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, 2) Remita las constancias que así lo acrediten." Resolución que en auto de ocho de febrero de dos mil dieciocho causó ejecutoria (fojas 128 y 129), por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable. Así, por oficio sin número de doce de febrero de dos mil dieciocho (fojas 134 a 139), la fiscal responsable remitió copia certificada de diversas constancias emitidas en la averiguación previa 1250/2015/SACHO/SPCHO de su índice, de la que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: - Notificó personalmente al querellante del delito Juan Carlos Jiménez Padilla (aquí quejoso) la resolución de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis (determinación de no ejercicio de la acción penal y archivo definitivo por obstáculo material insuperable). Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por la Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Tres de la unidad de Investigación Especializada en el Sistema Tradicional y anexo, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber desahogado el requerimiento formulado en auto de ocho de febrero pasado y por ende haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de febrero de dos mil dieciocho. Vistos los autos y la certificación que antecede; toda vez que en la especie, por sentencia dictada el diecinueve de enero de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso JUAN CARLOS JIMÉNEZ PADILLA y como dicha determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo a través del recurso de revisión, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Tres de la Unidad de Investigación Especializada en el Sistema Tradicional, para que dentro del término prudente de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, acredite haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de derechos fundamentales, realizando lo siguiente: "(.) OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En términos del artículo 77, fracción I de la ley de la materia, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Juan Carlos Jiménez Padilla, para el efecto de que la autoridad responsable agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Tres de la Unidad de Investigación Especializada en el Sistema Tradicional, una vez que adquiera firmeza esta sentencia y se le requiera su cumplimiento, dentro del plazo que para tal efecto se establezca, realice en la averiguación previa 1250/2015/SACHO/SPCHO, de su índice, lo siguiente: 1) Notifique personalmente al querellante del delito Juan Carlos Jiménez Padilla (aquí quejoso) la resolución de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis (determinación de no ejercicio de la acción penal y archivo definitivo por obstáculo material insuperable), en términos de los artículos 30 Ter, 44 y 46 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, 2) Remita las constancias que así lo acrediten. (.)" Así mismo, con fundamento en el artículo 192, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se requiere al superior jerárquico Fiscal General del Estado de Puebla, a fin de que en el término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, ordene a la referida autoridad Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Tres de la Unidad de Investigación Especializada en el Sistema Tradicional, dar cumplimiento en sus términos al fallo protector de que se trata y remita a este Juzgado de Distrito las constancias necesarias a efecto de constatar que dio la señalada orden; precisando que deberá hacer uso de todos las medidas e incluso sanciones que tenga a su alcance conforme a las disposiciones aplicables, a efecto de que su inferior cumpla con la ejecutoria del presente juicio de amparo. Apercibiendo a las citadas autoridades (responsable y superior jerárquico), que de no cumplir dentro de los términos que se señalan, o bien informar el impedimento que tengan para ello, de conformidad con los artículos 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá por separado una multa equivalente a cien días, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento del dictado del presente auto. De igual forma, hágase de su conocimiento que, en caso de ser omisas al requerimiento que antecede en el plazo fijado, además de imponerles la multa con la que se les apercibió, de acuerdo al procedimiento previsto en los artículos 193 y 198 de la Ley de Amparo, los autos originales del asunto en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia respectivo y, éste a su vez, si procede, los remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la separación de sus cargos y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo; sirviendo de apoyo a las consideraciones antes expuestas, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunado a que de actuar dolosamente en el incumplimiento de la presente ejecutoria de amparo, incurren en responsabilidad penal y que la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la misma, cuando la ley le exija su acatamiento, según lo previsto por los artículo 267, fracción I y 269 de la Ley de Amparo.

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