Juan Carlos Jimenez Padilla
Expediente 1163/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1163/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 09/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Juan Carlos Jimenez Padilla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, la cual sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. En ese sentido, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, y es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva, en su orden) respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otra parte, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe de ley, con la que se formó el anexo I, se ordena su devolución. Sin que sea necesario requerirle acuse de recibo, toda vez que se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye a la actuaria o actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega del aludido documento. Notifíquese por lista a la parte quejosa; y, por oficio a la autoridad responsable y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 1163/2022, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por********************; y,********************R E S U L T A N D O:********************PRIMERO. Presentación de la Demanda. Por escrito presentado el veintisiete de octubre de dos mil veintidós por buzón judicial, y remitido el mismo día por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, a este Juzgado Tercero de Distrito de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla,********************, por propio derecho solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto siguiente (fojas 2 y 3):******************** "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES:****************************************COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA.****************************************IV. RESOLUCIÓN RECLAMADA********************ACTO RECLAMADO.- RECLAMO DEL CIUDADANO COORDINADOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA la resolución emitida de fecha nueve de agosto de dos mil tres (Sic) dentro de la Averiguación Previa número ********************, MISMA QUE ME FUE NOTIFICADA EL DÍA TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS por LA Agente del Ministerio Público Adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana del Estado de Puebla, específicamente el tercer resolutivo que a la letra reza: "TERCERO. Se autoriza la determinación de inejercicio de la acción penal del delito de fraude específico por prescripción, en término de lo señalado en el considerando V de esta resolución ". ********************La parte quejosa narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso; formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados el contenido en los artículos 1, 16 y 17 de Ia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.********************SEGUNDO. Radicación de la demanda y trámite del juicio. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, y mediante auto de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se admitió la demanda con incidente de suspensión, se requirió el informe justificado a la autoridad responsable, y se dio la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción (foja 21). ********************TERCERO. Cita para audiencia. En auto de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós (foja 45), se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, celebrándose en sus fases de pruebas y alegatos al tenor del acta que antecede, y culmina con el dictado de la presente sentencia; y, ******************** C O N S I D E R A N D O:********************PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclama un acto de esa naturaleza, atribuido a una autoridad penal administrativa con ejecución dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional.********************SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto reclamado que se advierte del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan:********************"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo."********************Así, del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión del informe justificado, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente.********************Al 1. Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Puebla: ********************a) La resolución de nueve de agosto de dos mil veintidós, que resolvió el recurso de inconformidad interpuesto por la parte agraviada en la averiguación previa ******************** del índice de la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del estado de Puebla, en la que esta última autorizó el no ejercicio de la acción penal por prescripción del delito de fraude.********************TERCERO. Existencia e inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. ********************Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que en su rubro señala lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO."********************Al respecto la autoridad responsable 1. Coordinador General de Asuntos Jurídicos adscrito a la Fiscalía General del Estado de Puebla, al rendir el correspondiente informe justificado en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo vigente (fojas 22 a 26), refirieron que es cierto el acto reclamado que se le atribuye. ********************Tiene aplicación al caso la jurisprudencia sustentada por el tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: ********************"INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." ****************************************Existencia del acto reclamado que se corrobora con las copias certificadas de las constancias que integran la averiguación previa ******************** (anexo I) que remitió a requerimiento de este juzgado de Distrito, que tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos públicos y de las que se advierte la existencia de la resolución reclamada (fojas 120 a 127 del anexo I). ********************Tiene aplicación al caso la jurisprudencia sustentada por el tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: ********************"DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena."********************CUARTO. Ponderaciones previas.********************I. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia, no obstante haber sido integradas -algunas de ellas- con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, y con el decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno.********************II. Normas aplicables. El proceso penal del que deriva el acto reclamado, se tramita conforme al anterior sistema de justicia penal, por lo cual, es evidente que no le son aplicables las disposiciones que regulan el sistema penal acusatorio.********************En consecuencia, para verificar la constitucionalidad del acto reclamado se debe atender al texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo previsto en el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, con fecha veintitrés de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, y sus reformas.********************III. Suplencia de la queja. En el presente asunto, rige el principio de suplencia de la queja, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa tienen el carácter de agraviada, en la averiguación previa origen de los actos reclamados.********************QUINTO. Improcedencia del amparo indirecto respecto al acto reclamado. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.********************En efecto, para que el suscrito encargado del despacho pueda analizar la constitucionalidad de los actos reclamados, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia.********************En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional.********************Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: ********************"IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia."********************En el caso, la autoridad responsable 1. Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, al rendir el informe justificado (fojas 22 a 26), solicitó a este juzgado de Distrito, se sobresea el presente juicio de amparo, por haberse presentado fuera del término legal, en los siguientes términos (fojas 25 y 26):********************"(.) Desprendiéndose de lo antes mencionado, que el quejoso******************** tuvo conocimiento del acto reclamado en fecha tres de octubre del año dos mil veintidós como lo señaló él mismo en su escrito de demanda.********************Advirtiendo de lo antes citado, que la demanda de amparo indirecto formulada por el quejoso********************, ante la potestad federal, es extemporánea, al haberla presentado después del término de quince días que señala el artículo 21 de la Ley de Amparo." ********************La causa de improcedencia es fundada, en virtud de lo que se pasa a exponer. ********************En efecto, la causa de improcedencia en estudio, se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: ********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************(.)********************XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.********************(.)"****************************************"Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:********************I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;********************II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años;********************III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados;********************IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo."****************************************En relación al tema de los plazos para promover la demanda de amparo, existe la siguiente jurisprudencia, la cual no contraviene lo dispuesto en la Ley de Amparo vigente, conforme a lo establecido en su artículo 6° transitorio, del tenor siguiente:********************"DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." ********************De la lectura de los preceptos y jurisprudencia transcritos, se obtiene que el juicio de amparo debe promoverse en el plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que:********************a) Haya surtido efectos conforme a la ley del acto reclamado la notificación de éste al quejoso;********************b) El quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado; o********************c) El quejoso se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución.********************La anterior regla opera siempre que no se actualice alguno de los supuestos de excepción, a saber:********************-Se reclame una norma general autoaplicativa o un procedimiento de extradición, pues el plazo para promover la demanda de amparo en su contra será de treinta días.********************-Se controvierta la sentencia definitiva en un proceso penal que imponga pena de prisión, ya que dicho plazo será de ocho años.********************-Los actos reclamados priven total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, caso en el que el plazo será de siete años.********************-Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; también, por la incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales, supuesto en el que la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. ********************En el caso a estudio, dada la naturaleza jurídica del acto combatido -resolución- el juicio de amparo debe ser promovido, dentro del término de quince días que marca el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues en el caso no se está en ninguno de los cuatro supuestos de excepción a que aluden las fracciones de dicho numeral. ********************Así, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 18 de la Ley de Amparo, el término de los quince días para presentar la demanda de amparo se computa a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado, entonces, al señalar el artículo 48 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla que los plazos judiciales se contarán desde el día siguiente al de la fecha de notificación, se concluye que las notificaciones en el procedimiento penal surten efectos el mismo día en que se efectúan.********************Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes:********************"NOTIFICACIONES EN MATERIA PENAL. SURTEN EFECTOS EL MISMO DÍA EN QUE SE PRACTICAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El artículo 48 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla no es preciso en determinar cuándo surten sus efectos las notificaciones, sin embargo, señala que los términos judiciales se contarán desde el día siguiente al en que se hubiere hecho la notificación respectiva, de donde se concluye que, por regla general, las notificaciones en materia penal surten efectos desde que se efectúan y, por ende, si la codificación que rige el acto concreto no señala, específicamente, cuándo surte efectos la notificación, los términos deben computarse a partir del día siguiente al en que ésta se realiza." ********************En esa tesitura, la parte quejosa en la demanda de amparo refirió que la resolución reclamada se le notificó el tres de octubre de dos mil veintidós (foja 3), lo que se corrobora con las copias de las constancias que integran la averiguación previa ******************** (anexo I) que remitió a requerimiento de este juzgado de Distrito, ya valoradas, y de las que se advierte:********************a) la resolución reclamada de nueve de agosto de dos mil veintidós, que resolvió el recurso de inconformidad interpuesto por la parte agraviada en la averiguación previa ******************** del índice de la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del estado de Puebla, en la que esta última autorizó el no ejercicio de la acción penal por prescripción del delito de fraude (fojas 120 a 127 del anexo I); y ********************b) la notifcación de la misma al quejoso de tres de octubre de dos mil veintidós (foja 128).********************Por lo que, si se notificó al quejoso el tres de octubre de dos mil veintidós, dicha notificación surtió efectos el mismo tres, y el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo transcurrió del cuatro al veinticinco de octubre de dos mil veintidós, con descuento de los días sábados y domingos, y del 12 de octubre por ser inhábiles de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo.********************En esa tesitura, si la presente demanda de amparo se recibió el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, mediante buzón judicial (fojas 1 y 2), esto es, dos días después de veinticinco que era el último día para la presentación de la demanda; es evidente que la misma fue presentada extemporánea, pues consintió el acto reclamado. ********************En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 párrafo primero, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del numeral 63 de la referida Ley de Amparo procede SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO respecto al acto que********************, reclamó a la autoridad responsable 1. Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, consistente en la resolución de nueve de agosto de dos mil veintidós, que resolvió el recurso de inconformidad interpuesto por la parte agraviada en la averiguación previa ******************** del índice de la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del estado de Puebla, en la que esta última autorizó el no ejercicio de la acción penal por prescripción del delito de fraude.********************Por lo anterior, el suscrito juez federal se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de amparo, impide al juzgador para pronunciarse sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo.********************Apoya lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son:********************"AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON LOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN SI EL JUEZ ESTIMÓ PROCEDENTE EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito consideró que se habían actualizado dos causales de sobreseimiento y con base en ellas resuelve sobreseer en el juicio, en el que se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de su parte, de diversos conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo no lo obligaba a abordar tal estudio sino que lo imposibilitaba para realizarlo, pues de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la controversia del fondo".****************************************En virtud de lo expuesto en el presente considerando, debe indicarse que, este juzgador no desatiende que la finalidad del juicio de amparo es tutelar los derechos humanos de los gobernados así como las garantías para su protección, de manera tal, que no solamente les evite perjuicio que puedan ocasionarse con la ilegalidad o inconstitucionalidad de los actos de las autoridades, sino también, que dicho juicio constitucional resulta ser un medio eficaz para que se les restituya en el goce de sus derechos fundamentales afectados.********************De la interpretación al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos deriva que para la satisfacción de dicha prerrogativa, no basta con la existencia formal de un recurso, sino que debe ser efectivo; es decir, ser capaz de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria ante la violación de derechos alegada, sin que ello se entienda que debe concederse, al final, lo que pide la parte promovente, sino solo analizar legalmente y de manera completa sus peticiones.********************Así, la obligación a cargo del Estado no se agota con la existencia legal de un recurso, sino que debe ser idóneo para combatir la violación y brindar la posibilidad real, no ilusoria, de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la protección judicial requerida; y que además para su procedencia sea oportuno.********************Por tanto, aun cuando la peticionaria de amparo tiene el derecho a un recurso efectivo, ello no la exime del estudio de las causas de improcedencias por ser de estudio oficioso y de orden público.********************Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis cuyos datos de localización, rubor y texto son los siguientes:********************"PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente."****************************************Por último, debe decirse que este juzgado de Distrito, al no llamar como tercero interesado, esto es, a la parte indiciada dentro de los autos de la averiguación previa ******************** del índice de la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del estado de Puebla, considera que no le causa perjuicio alguno pues el sentido de la presente resolución le favorece.********************Se sustenta lo anterior en la jurisprudencia sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son:********************"TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCION LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada."********************SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término.********************Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 61, 63, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se:******************** R E S U E L V E:********************PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por********************, respecto del acto y autoridad precisada en el considerando segundo de esta resolución, en virtud de lo narrado en el considerando quinto de la misma.********************SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.******************** Notifíquese por listas a la parte quejosa, y por oficio a la autoridad responsable, y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. INFORME JUSTIFICADO. Agréguense a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable, Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, para los efectos legales a que haya lugar. No obstante, como se precisó en la cuenta, la documental que remite para justificar lo anterior, carece del sello de la autoridad oficiante, que acredite el cotejo y concordancia de la documental indicada con el original que adujo tener a la vista. SE REQUIEREN CONSTANCIAS. En tales condiciones, a efecto de que este juzgador resuelva lo que en derecho corresponda, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al 1. Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado, para que en el improrrogable termino de veinticuatro horas contadas a partir del en que surta efectos la notificación del presente auto, remita a este Órgano de Control Constitucional copia debidamente certificada de las constancias que obran en la Averiguación Previa Número 1250/2015/SACHO, así como de la resolución de nueve de agosto de dos mil veintidós que constituye el acto reclamado. Se apercibe a la autoridad mencionada que para el caso de no cumplir lo requerido en el presente acuerdo, se le impondrá, una multa de cien veces, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista a las partes y por oficio a la autoridad requerida.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Con conocimiento de las partes, intégrese el informe previo rendido por la autoridad responsable 1. Coordinador General de Asuntos Jurídicos. Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, téngase por rendido aquél, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia incidental respectiva. Notifíquese por lista a las partes.
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