Juan Carlos Hernandez Rosete
Expediente 834/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 20 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 834/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 27/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Juan Carlos Hernandez Rosete
- Maria del Carmen Padilla Villegas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
(CAPTURA AVISO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA TERCERO INTERESADA LA RESOLUCIÓN DE 27 DE FEBRERO DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: veintisiete de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el cinco de enero de dos mil dieciocho, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del quince de enero al dos de febrero de dos mil dieciocho, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió el Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección General Jurídica, Consultiva y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvansele los anexos I y II, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, se sirvan acusar de recibo. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no realizar el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que la parte tercero interesada exhibió junto con su escrito presentado el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete; en consecuencia, requiérasele para que dentro del término de noventa días hábiles, contado a partir de que surta sus efectos la notificación del presente proveído, comparezca a este juzgado Federal en forma personal, con identificación oficial y vigente (y copia simple de la misma), a fin de que se le devuelva el citado documento (anexo III), en el entendido de que dicho trámite sólo podrá realizarlo en el horario correspondiente de nueve a doce horas en días hábiles, ya que así lo permiten las labores del juzgado, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, éste órgano jurisdiccional entenderá que el mismo será susceptible de depuración junto con el presente expediente
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el cinco de enero de dos mil dieciocho, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del quince de enero al dos de febrero de dos mil dieciocho, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió el Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección General Jurídica, Consultiva y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvansele los anexos I y II, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, se sirvan acusar de recibo. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no realizar el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que la parte tercero interesada exhibió junto con su escrito presentado el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete; en consecuencia, requiérasele para que dentro del término de noventa días hábiles, contado a partir de que surta sus efectos la notificación del presente proveído, comparezca a este juzgado Federal en forma personal, con identificación oficial y vigente (y copia simple de la misma), a fin de que se le devuelva el citado documento (anexo III), en el entendido de que dicho trámite sólo podrá realizarlo en el horario correspondiente de nueve a doce horas en días hábiles, ya que así lo permiten las labores del juzgado, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, éste órgano jurisdiccional entenderá que el mismo será susceptible de depuración junto con el presente expediente.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, primero de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito signado por José Antonio Cuautle Carreón, autorizado de la tercero interesada con facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, visto su contenido, se provee: Como lo solicita, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en los diversos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, según su artículo 2, expídanse a su costa las copias certificadas de las constancias que indica, por conducto de la persona que para tal efecto se autoriza, debiendo comparecer con identificación oficial y vigente (y copia simple de la misma), en el horario comprendido de las diez a las doce horas de los días hábiles, por así permitirlo las labores de este órgano jurisdiccional.
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA AVISO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, cinco de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete (fojas 47 a 71), se sobreseyó en parte y se concedió en lo demás el amparo a la parte quejosa para el efecto de que el Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General Jurídica, Consultiva y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, realizara lo siguiente: "OCTAVO. Concesión del amparo y sus efectos. En las apuntadas condiciones, con fundamento en lo establecido en el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, resulta procedente conceder el amparo solicitado a favor de Juan Carlos Hernández Rosete, porque el acto reclamado atenta contra el principio de legalidad contenido en el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General Jurídica, Consultiva y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y se le requiera su cumplimiento, deberá realizar lo siguiente: Dejar insubsistente la resolución dictada el quince de junio de dos mil diecisiete, en la que resolvió el recurso de inconformidad planteado por el aquí quejoso, y confirmó el inejercicio de la acción penal decretado en la averiguación previa 1816/2015/AESEX, en la que aquél tiene el carácter de ofendido. 2. En su lugar, con plenitud de jurisdicción, dictar una nueva resolución, debidamente fundada y motivada, que podrá ser en sentido diverso que la anterior, o en el mismo sentido, pero purgando los vicios formales advertidos, es decir, deberá: a. Especificar con base en qué pruebas determinó que las lesiones que se dijo padeció Juan Carlos Hernández Rosete, son de aquellas que tardan en sanar menos de quince días, y que por tal motivo el ilícito se persigue por querella. b. Explicar la forma pormenorizada de cómo fue que estableció que el delito de lesiones que analizó prescribe en ocho meses. c. Respetar los principios de congruencia y exhaustividad que en toda resolución deben de observarse, para lo cual deberá resolver todas y cada una de las cuestiones planteadas, vía agravios, por el recurrente, hoy inconforme. Cabe indicar, que para cumplimentar el fallo protector, la autoridad responsable queda constreñida a atender puntualmente y en su totalidad los citados efectos conforme a las consideraciones y los lineamientos establecidos en esta sentencia." Determinación que en auto de trece de noviembre de dos mil diecisiete causó ejecutoria, por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 90 a 92). Ahora bien, mediante oficio 3125/2017/JA de quince de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 95 a 137), el fiscal responsable remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha, dictada en la averiguación previa 1816/2015/AESEX, con la cual pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; sin embargo, en auto de siete de diciembre de dos mil diecisiete no se tuvo por cumplida (fojas 150 a 152), por lo que se le solicitó nuevamente el cumplimiento. Mediante oficio 4277/2017/DGJCYAL, de doce de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 169 a 209), el fiscal responsable remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha, dictada en la averiguación previa 1816/2015/AESEX, de la que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente la resolución reclamada de quince de junio de dos mil diecisiete, así como la diversa de quince de noviembre del mismo año con la que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo (fojas 174 y 174 vuelta). - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, estableció el medio de prueba con el cual determinó que las lesiones que se dijo padeció Juan Carlos Hernández Rosete, son de aquellas que tardan en sanar menos de quince días, y que por tal motivo el ilícito se persigue por querella, al establecer: "Atento a lo anterior y del contenido del dictamen pericial en materia de medicina forense, emitida mediante opinión número 2018, de fecha quince de junio de dos mil quince, firmado por la perito médico forense, adscrita a la Dirección de Servicios Periciales de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, quien realizó examen psicofisiológico a Juan Carlos Hernández Rosete, concluyendo: ".al momento de la revisión médica el ciudadano Juan Carlos Hernández Rosete, de 33 años de edad, presenta contusiones simples que se clasifican como lesiones que no ponen en peligro la vida ni la función y tardan en sanar menos de quince días." (foja 200). Asimismo, en dicha resolución procedió al estudio de la prescripción respecto del delito de lesiones, al referir: "Ahora bien, fue en fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, que el sujeto pasivo del delito JUAN CARLOS HERNÁNDEZ ROSETE, acudió ante el representante social y formuló querella por el delito de lesiones cometido en su agravio y en contra del (sic) RODOLFO PADILLA RAMÍREZ. En atención a lo anterior, de autos se advierte que el delito se consumó el día quince de junio de dos mil quince, y al veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, fecha en la que acudió JUAN CARLOS HERNÁNDEZ ROSETE formular su querella por el delito de LESIONES ante el representante social los hechos se encontraban prescritos. Sin embargo, y en atención a lo señalado por el artículo 133 del Código Penal para el Estado de Puebla, que establece: 'Artículo 133.- La acción persecutoria que nazca de un delito, sea o no continuo, que sólo pueda perseguirse por querella de parte, prescribirá en dos años; pero satisfecho el requisito inicial de la querella, se aplicarán las reglas señaladas para los delitos que se persiguen de oficio.´ (foja 202). Por lo tanto, resolvió no autorizar el inejercicio de la acción penal por el delito de lesiones contra RODOLFO PADILLA RAMÍREZ, cometido en agravio de JUAN CARLOS HERNÁNDEZ ROSETE Igualmente, procedió a resolver todas y cada una de las cuestiones planteadas, vía agravios, por el recurrente, hoy inconforme (fojas 204 a 208). Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.
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