Juan Carlos Jacobo Escobar
Expediente 1044/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1044/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 02/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Carlos Jacobo Escobar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de septiembre de dos mil diecinueve. HOMÓLOGO FEDERAL SOLICITA ESTADO PROCESAL DE AUTOS Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, remitido por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en Uruapan, a través del cual solicita a este órgano jurisdiccional información sobre el estado que guarda el juicio de amparo en que se actúa. En tal virtud, comuníquesele por la misma vía que por oficio 3908 de veintidós de marzo del año en curso, se remitió copia de la sentencia dictada en la misma fecha, determinándose sobreseer el juicio de garantías promovido por Juan Carlos Jacobo Escobar; asimismo, por diverso oficio 5256 de dieciséis de abril pasado causó ejecutoria dicha sentencia para todos sus efectos legales conducentes, situación de la que obra acuse de recibo, como se advierte de las piezas postales recibidas ante la oficialía de partes del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en Uruapan, Michoacán, con fechas veintiocho de marzo y veintiocho de abril, ambos del año en curso. Finalmente, infórmesele que mediante proveído de ocho de mayo del año en curso, se dictó el archivo del juicio en que se actúa, por no haber actuación pendiente por desahogar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.
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Morelia, Michoacán, veinticinco de abril de dos mil diecinueve. ACUSA RECIBO DE CONSTANCIAS. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta signado por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del disco óptico que se le devolvió por oficio 5251, mismo que remitió como sustento de su informe justificado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.
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Morelia, Michoacán, veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. AUTORIDAD INFORMA Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad, a través del cual informa que por audiencia pública celebrada el diecinueve de marzo del año en curso, determinó decretar procedente la suspensión condicional al proceso, asimismo el quejoso efectúo el pago por la cantidad de veinte mil pesos en razón de reparación del daño y a su vez ordenó dejar el libertad al acusado (aquí quejoso) por haberse acogido a la salida alterna de suspensión condicional del proceso. De lo anterior, este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.
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V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo X-1044/2018 promovido por Juan Carlos Jacobo Escobar contra actos del Juez Primero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad capital, remitido ese mismo día, por razón de turno, al Juzgado Noveno de Distrito, Juan Carlos Jacobo Escobar, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Primero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades, en los términos siguientes: "IV. ACTO RECLAMADO. A) Se reclama de las autoridades señaladas como responsables la posible orden de aprehensión y/o comparecencia dictada en contra de los quejosos. B) Se reclama la ejecución de dicha orden de aprehensión y/o comparecencia.". En ese ocurso el promovente narró los antecedentes de los actos y señaló como vulnerados en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Incompetencia. Mediante auto de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho el Juzgado Noveno de Distrito radicó la demanda bajo el progresivo 926/2018 de su índice y en el mismo proveído determinó carecer de competencia para conocer de la demanda, toda vez que el quejoso señaló como autoridades responsable a todos los Juzgados de Distrito, con excepción del Juzgado Séptimo, razón por la cual, ordenó la remisión del asunto a este último homólogo federal para que proveyera lo conducente. TERCERO. Impedimento. Mediante proveído de treinta de octubre del año señalado, el Juzgado Séptimo de Distrito registró y radicó la demanda de que se trata bajo el número 935/2018 de su índice; sin embargo, por considerar que existía una causal subjetiva de impedimento con respecto de una de las autorizadas en la demanda, ordenó la remisión de los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito en turno, para que se calificara de legal o no dicho impedimento. Así, en sesión plenaria de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, el órgano pluripersonal mencionado declaró fundado el impedimento formulado por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado, para conocer del amparo indirecto 935/2018 de su índice, razón por la cal ordenó remitir el asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, para que éste lo turnara al juzgado en turno. CUARTO. Avocamiento y trámite del juicio. El once de diciembre de dos mil dieciocho este Juzgado Tercero de Distrito se avocó al conocimiento del asunto que quedó registrado ahora bajo el número 1044/2018, en el mismo proveído determinó su legal incompetencia para conocer de la demanda, únicamente respecto de los actos atribuidos a esta potestad federal, de manera que se ordenó remitir copia certificada de la totalidad de las constancias al Juez de Distrito en turno, con excepción del Juzgado Séptimo, en razón de haberse calificado de legal su impedimento. En este orden, se admitió la demanda, se ordenó requerir a las autoridades señaladas como responsables de su informe justificado y se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Adscripción. Asimismo, por auto de tres de enero del año en curso, se reconoció el carácter de tercero interesado a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, con residencia en esta ciudad, así como a la víctima directa David Fraga Chávez, en términos de lo que disponen los incisos a) y e) de la fracción III del artículo 5 de la Ley de Amparo, por lo que se ordenó su emplazamiento para todos los efectos legales conducentes. Seguido el juicio por todas sus etapas, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Ley de Amparo aplicable. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de que tratan, ello con fundamento en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48, en concordancia con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por tratarse de una demanda de amparo promovida en contra de actos que tienen ejecución dentro de la circunscripción territorial en la que este juzgado tiene jurisdicción. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demandas de garantías, demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, por lo que su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. En esa medida, se atiende al contenido de la jurisprudencia P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, se transcriben a continuación: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil. Conforme a lo expuesto, se desprende que los actos reclamados materia del presente juicio constitucional, son los siguientes: La orden de aprehensión decretada el quince de mayo de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal 331/2018 que se sigue en contra del aquí quejoso y otro, por la probable comisión del delito de lesiones calificadas, previsto y sancionado en los 125, párrafo primero, fracción IV, 135, fracción I, inciso b), en relación con el 19, fracción I, 20, fracción I y 24, fracción III del Código Penal del Estado de Michoacán, en agravio de David Fraga Chávez; así como su ejecución. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir su informe con justificación los Jueces de Distrito Primero, Segundo, Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo y Noveno, así como el Director de Carpeta de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, la Dirección de Protección a Personas de la Agencia de Investigación y Análisis, la Agencia de Inteligencia Criminal y el Director de Control de Plataforma México, todos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, negaron el acto que en el ámbito de su competencia se les atribuyó. Lo anterior, sin que la solicitante de amparo haya aportado prueba alguna tendente a desvirtuar la negativa por parte de la autoridad responsable antedicha. Al respecto se invoca, la jurisprudencia que enseguida se transcribe: Época: Octava Época Registro: 227634 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989 Materia(s): Común Tesis: VI. 2o. J/20 Página: 627 "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 185/88. Hugolino González Méndez y otros. 23 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Patlán Origel. Amparo en revisión 313/88. Pascual Espinoza Palma. 11 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Núñez Rivera. Amparo en revisión 414/88. María Isabel Zárate Romero. 4 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Núñez Rivera. Amparo en revisión 420/88. José Ruperto Anaya Pérez. 12 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Amparo en revisión 208/89. Enrique Flores Rojas. 4 de julio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. En tales condiciones, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe SOBRESEERSE en este juicio de amparo, ante la evidente inexistencia de la omisión que la parte quejosa reclamó a los Jueces de Distrito Primero, Segundo, Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo y Noveno, así como al Director de Carpeta de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, la Dirección de Protección a Personas de la Agencia de Investigación y Análisis, la Agencia de Inteligencia Criminal y el Director de Control de Plataforma México, todos de la Procuraduría General de Justicia del Estado. QUINTO. Certeza de los actos reclamados. Por otra parte, al rendir sus informes con justificación el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal y Oral, Región Morelia, así como el Procurador General de Justicia del Estado, el Coordinador General de Fiscalías Regionales, el Director de Litigación de la Fiscalía Regional de Justicia de Morelia, el Director de Investigación y Análisis Región Morelia y el Director de Aprehensiones, todos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, aceptaron el acto que en el ámbito de su competencia se les atribuyó. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278. Además, la certeza de que se habla se corrobora con el registro de audio y video en disco óptico remitido que contiene la videograbación de la audiencia de quince de mayo de dos mil dieciocho dentro de la causa penal 331/2018; medio de convicción que adquiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, al tratarse de actuaciones llevadas a cabo por autoridades en ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 43/2013 (10a.) sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, cuyo contenido es el siguiente: Época: Décima Época Registro: 2004362 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.) Página: 703 "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Contradicción de tesis 455/2012. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito. 27 de febrero de 2013. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: José Díaz de León Cruz. Tesis de jurisprudencia 43/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha diecisiete de abril de dos mil trece. SEXTO. Improcedencia del juicio. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior se encuentra robustecido por las tesis que se citan a continuación: Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin." Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335. Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos. En la especie el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (...).". De los informes remitidos por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional y que fueron glosados en un cuadernillo provisional que se formó, se colige entre otras cosas que la orden de aprehensión reclamada fue ejecutada el pasado seis de marzo del año en curso, por lo que se fijaron las diecisiete horas de esa misma data para la celebración de la audiencia inicial de formulación de imputación, de manera que una vez llevada a cabo dicha diligencia, el aquí quejoso se acogió a la duplicidad del término constitucional para fijarse las once horas del diez del mes y año señalados para la continuación de la audiencia de mérito, siendo que en esta última fecha se determinó vincular a proceso a Juan Carlos Jacobo Escobar, por el hecho que la ley señala como delito de lesiones, previsto y sancionado por los artículo 125, fracción II, en relación con los numerales 135, fracción I, inciso b), y 131 del Código Penal del Estado, en agravio de David Fraga Chávez. Conforme a lo anterior, a partir del dictado del auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso, se estima que se actualiza un cambio de situación jurídica porque han sido consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Luego, en el caso, la restricción de la libertad de la quejosa ya no depende de la orden de aprehensión combatida, sino del auto de vinculación a proceso dictado en su contra por la autoridad responsable. En esas condiciones, se considera que en el caso operó un cambio de situación jurídica, y que por ende, se materializa la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 63, fracción V, de la ley de la materia, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando quinto. Apoya lo anterior la jurisprudencia que enseguida se transcribe: Época: Novena Época Registro: 193212 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Octubre de 1999 Materia(s): Penal Tesis: II.2o.P. J/8 Página: 1168 "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL OCHO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE. Si el acto reclamado consiste en la orden de aprehensión y con posterioridad se decreta auto de formal prisión, se produce un cambio de situación jurídica y se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo reformada, según publicación en el Diario Oficial de la Federación del ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, como así se desprende del texto que dice: "Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez cerrada la instrucción y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;". La que entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el nueve del mismo mes y año, según su artículo transitorio primero, que dice: "El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.". SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo en revisión 117/99. Rafael Cruz García. 27 de mayo de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. Secretario: Clemente Delgado Salgado. Amparo en revisión 128/99. Juan Carlos Navarro Villeda. 3 de junio de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo García Torres. Secretario: Eduardo N. Santoyo Martínez. Amparo en revisión 149/99. Juana Mendoza Ibarra y otros. 3 de junio de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. Secretario: Sergio Quezada Rosales. Amparo en revisión 192/99. Gelacio Estrada Cándido. 8 de julio de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo García Torres. Secretario: Martín Gilberto Ávila Lechuga. Amparo en revisión 194/99. Mario Fidel Heredia Guerrero. 8 de julio de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Hernández Piña. Secretario: Everardo Shain Salgado. Finalmente, en virtud de la actualización de una causal de improcedencia, es inadmisible jurídicamente estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues frente al análisis del fondo del asunto se presentó una razón de mayor peso, como lo es la improcedencia del juicio de amparo, que resulta de estudio preferente al ser fundada y, por ese motivo, al encontrarse un impedimento procesal para conocer de este asunto, este órgano jurisdiccional no está en aptitud legal para analizar el tema debatido, sin que ello pueda ser considerado como una negación de justicia, pues así lo obliga la ley y jurisprudencia aplicable al caso. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia que dice: Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común) "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Amparo en revisión 103/88. Mayolo Caro Arenas y otro. 3 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 308/88. Angel Argimiro Campos Córdova. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 346/88. Socorro Valencia Martínez. 16 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. Amparo en revisión 6/89. David Castillo Velázquez y otro. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partida. Secretario: Martín Amador Ibarra. Amparo en revisión 139/89. Godeleva Sánchez Gómez. 23 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra. Por lo expuesto y con fundamento legal, además en los artículos 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Juan Carlos Jacobo Escobar, en relación a los actos atribuidos a las autoridades que quedaron precisadas, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta hoy veintidós de marzo de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
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