Juan Carlos Murguia Zavala
Expediente 770/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 29 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 770/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 26/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Carlos Murguia Zavala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo 770/2020-VIII, promovido por Juan Carlos Murguía Zavala, por propio derecho, contra actos del: Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán; y Coordinador del Centro Penitenciario del Estado de Michoacán. Ambas autoridades con residencia en esta ciudad. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Juan Carlos Murguía Zavala, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y las autoridades responsables que precisó en los siguientes términos: "(.) III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- a).- En cuanto Ordenadora Carlos Herrera Tello, Secretario de Gobierno (.) b).- En cuanto ejecutora Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán (.) IV.- ACTO RECLAMADO. De la autoridad que señalo como Ordenadora y ejecutora la despedida de mi cargo como director del Centro Penitenciario de Maravatío, Michoacán, sin tener derecho a ello, no realizaron el procedimiento correspondiente legal de acuerdo al Reglamento interno de sistema penitenciario de Morelia, Michoacán, así mismo (sic) conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo ya que él no tiene facultades para despedir a un Director de los Centros Penitenciarios del Estado de Michoacán y por los motivos que más adelante expresare. (.)." Acto que el promovente del amparo consideró violatorio en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16, 17 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Previo cumplimiento a la prevención que fue realizada en auto de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, el dos de diciembre posterior este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, admitió a trámite la demanda de garantías aclarada; se requirió a las autoridades responsables su informe justificado; dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación quien sí formuló alegatos; y, en acuerdo de once de febrero de dos mil veintidós, se reconoció el carácter de tercero interesado a Arturo Aguirre Gil, fiscal que intervino en el procedimiento de origen, quien fue emplazado mediante oficio. Finalmente previo diferimientos, tuvo verificativo la audiencia constitucional, la cual, se celebró el doce de septiembre de dos mil veintidós, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es competente por materia, territorio y grado para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción III, inciso b, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; además de conformidad con o establecido en el Acuerdo General 21/2020 del mismo órgano colegiado, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, modificado por su similar 16/2022 del propio Pleno. Lo anterior porque se reclaman actos que derivan de un procedimiento laboral que tienen ejecución material dentro del territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta ilustrativa la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se inserta: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que el acto reclamado a la autoridad responsable, es el siguiente: El despido injustificado del quejoso en cuanto Director del Centro Penitenciario de Maravatío, Michoacán, sin haberse seguido el procedimiento establecido en el reglamento interno del sistema penitenciario de Morelia, Michoacán. TERCERO. Inexistencia del acto. Al rendir su informe justificado, el Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, negó la existencia del acto que le fue atribuido. A pesar de ello, el quejoso no ofreció pruebas tendentes a desvirtuar tales manifestaciones; de modo que al no haber sido desvirtuada la negativa de la autoridad responsable, en la especie, tal y como lo aduce el fiscal de esta adscripción, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo por lo que corresponde a ésta autoridad; en consecuencia, lo que se impone es SOBRESEER en el juicio de amparo, por la inexistencia del acto que le fue atribuido. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se reproduce a continuación: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el suscrito se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Por otra parte, al rendir su informe justificado el Coordinador del Centro Penitenciario del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, aceptó la existencia del acto que le fue atribuido. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del texto y datos de localización siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo tanto, se tiene probada la existencia del acto que en esta vía constitucional es reclamado a la autoridad señalada. QUINTO. Existencia de causal de improcedencia. Examinada la certeza de los actos reclamados, procede analizar la procedencia del juicio de amparo de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "ARTÍCULO 62.- Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. En el particular, se estima que se actualiza la causal prevista en el artículo artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1° y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]" De dichos numerales se observa que el juicio constitucional, única y exclusivamente procede contra actos de autoridad, entendiéndose ésta como aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Las autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en ley y por ende, constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Lo que permite concluir que el concepto de autoridad excluye a los actos de particulares, excepción hecha de aquellos actos que tengan efectos equivalentes a los de autoridad, con los que se afecten los derechos de las personas y esas funciones estén determinadas en la ley. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó las notas distintivas que debe revestir un órgano o ente para ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo, y al respecto se pronunció en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." De la anterior transcripción se advierte que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, son: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular; 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; 4. Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. A partir de lo anterior, el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo se concibe en razón de la naturaleza jurídica de las relaciones de "supra a subordinación" surgidas entre las autoridades y los particulares, o solo entre estos cuando se realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos señalados, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Las relaciones de "supra a subordinación" son las que se entablan entre gobernantes y los individuos, donde la voluntad de los primeros se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poder exigirse mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos consagrados en la Constitución. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales que protegen derechos humanos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Por el contrario, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, o entre el Gobierno y los particulares, en las cuales actúan en un mismo plano; es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral, entre otras. Luego, el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos por una autoridad que no crea, modifica o extingue -unilateralmente- situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados; y por ello, para analizar la procedencia del juicio debe atenderse a la naturaleza del acto para determinar si goza de los atributos antes mencionados. En la especie, de las constancias que integran los autos se advierte que el acto reclamado se hace consistir en el despido injustificado del quejoso en cuanto Director del Centro Penitenciario de Maravatío, Michoacán, sin haberse seguido el procedimiento establecido en el reglamento interno del sistema penitenciario de Morelia, Michoacán. En esta tesitura, el contexto expuesto pone de manifiesto la actualización de la causal de improcedencia invocada, porque en la especie el acto de negar al aquí quejoso la continuación de sus servicios profesionales en el centro penitenciario que dirigía, es de naturaleza eminentemente laboral, toda vez que con el carácter de patrón la autoridad a la que atribuye tal acto, en el ámbito del derecho laboral rescindió su relación. Por ello, si bien el promovente presume que el actuar de la autoridad es incorrecto ya que no se siguió el procedimiento establecido para rescindir sus servicios profesionales y, por ende, fue despedido injustificadamente, la cierto es que tal circunstancia debe ser concebida como un conflicto laboral entre el Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán y su personal. En esa medida, es válido concluir que no le reviste la calidad de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque sus actos no son de autoridad, toda vez que la determinación de rescindir la relación de trabajo no son actos respecto de los cuales la autoridad que señala como responsable haya obrado con el imperio de su soberanía, característica propia del acto de autoridad, sino como patrón. Virtud a ello es claro que se trata de un problema entre el trabajador y el "patrón", el cual, en su caso, sería susceptible de impugnarse mediante el procedimiento burocrático o contencioso correspondiente ante el Tribunal respectivo, de acuerdo al supuesto en el que se ubique su relación. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de rubro y contenido siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo." Lo anterior sin que se inadvierta que la parte quejosa insiste en que tales autoridades violaron en su perjuicio diversos derechos fundamentales; sin embargo, tal manifestación no implica que se desconozcan las reglas competenciales de las autoridades y el sistema jurídico establecido. Por identidad jurídica se cita la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, lo que se impone es SOBRESEER en los autos del juicio. Así al haberse declarado el sobreseimiento, el que suscribe se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la Jurisprudencia II.3o.J/58 sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Establecido lo anterior, se hace innecesario que este juzgado constitucional se pronuncie sobre los alegatos expuestos por el fiscal adscrito, pues no forman parte de la litis, ni proponen alguna diversa causal de improcedencia que este órgano de control constitucional deba analizar. Igualmente, al actualizarse la causal en cita, resulta ocioso emprender el análisis de la hipótesis de improcedencia hecha valer por la autoridad responsable, ya que a nada práctico llevaría su estudio. Orienta lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 122/2019 (10a.), de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal de rubro y contenido siguiente: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LOS JUECES DE DISTRITO DEBEN PRONUNCIARSE EN SU SENTENCIA SOBRE AQUELLOS EN LOS QUE SE PLANTEEN CUESTIONES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO; SIN EMBARGO, LA OMISIÓN DE ESTUDIAR DICHOS ARGUMENTOS CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN QUE NO DA LUGAR A LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. El artículo 124 de la Ley de Amparo dispone, entre otras cuestiones, que en la audiencia constitucional se recibirán los alegatos por escrito que formulen las partes, y que el quejoso podrá alegar verbalmente en los casos extraordinarios expresamente ahí previstos, de lo que se advierte que el legislador estableció en dicha figura un derecho procesal de las partes a formularlos, una formalidad para su presentación, así como una obligación procesal del Juez de Distrito de recibirlos y pronunciarse respecto de ellos en su resolución, de ser necesario, como lo es cuando en dichos alegatos se hacen valer cuestiones de improcedencia. Sin embargo, la omisión del Juez de Distrito de emitir algún pronunciamiento relacionado con dichos argumentos de improcedencia constituye una violación que no da lugar a la reposición del procedimiento, ya que el artículo 93 de la Ley de Amparo impone al Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de la revisión la obligación de ocuparse de ellos, en aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de evitar dilaciones innecesarias en la resolución del asunto." En ese sentido, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Juan Carlos Murguía Zavala, respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo expuesto en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza y da fe, hoy veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.Mrc*
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JUICIO DE AMPARO VIII-770/2020 doce de septiembre de dos mil veintidós Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, dictado en el expediente del juicio de amparo VIII-770/2020, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la ley de amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor LA SECRETARIA: Juicio de amparo VIII-770/2020 promovido por Juan Carlos Murguía Zavala, contra actos del Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo le reviste el carácter de tercero interesado a Arturo Aguirre Gil, fiscal que intervino dentro del procedimiento de origen, mismo que se encuentra debidamente emplazado a juicio. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Da cuenta con los informes justificados rendidos por: a) Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Gobernador en representación del Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán b) Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo. EL JUEZ: Por haberse rendido en tiempo y forma, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que ofrecieron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que obra en autos las documentales que anexó a su informe justificado la autoridad señalada como responsable; pruebas que en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas; y al no existir más medios de convicción que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar con los formulados por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito a través de su pedimento 71/2022 recibido por este juzgado el diez de febrero del año en curso. EL JUEZ: Ténganse por reproducidos los alegatos de referencia, en consecuencia, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. EL JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CON RESIDENCIA EN MORELIA. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. MIRNA RODRÍGUEZ CALDERÓN
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Morelia, Michoacán, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad que lo suscribe rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. DIFERIMIENTO AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy SE DIFIERE para las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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Morelia, Michoacán, veintiocho de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponde el oficio de cuenta signado por el Subdirector de Asuntos Constitucionales y Amparos de la Consejería Jurídica del Despacho del Gobernador, mediante el cual refiere dar cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de doce de julio del año en curso, para lo cual manifiesta: ".Al respecto, se niega el acto reclamado, por no ser propio de esta autoridad, ni de esta administración, en atención a que son actos imputados a una anterior administración, ya que anteriormente el Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, fue el ING. Carlos Herrera Tello, siendo Gobernador del Estado de Michoacán, en ese momento el ING. Silvano Aureoles Conejo, y actualmente el Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, es el Lic. Carlos Torres Piña, siendo Gobernador del Estado de Michoacán, actualmente el Lic. Alfredo Ramírez Bedolla." No obstante, es necesario precisar que el acto reclamado al Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, lo es: ".la despedida de mi cargo como director del Centro Penitenciario de Maravatío Michoacán, sin tener derecho a ello, no realizaron el procedimiento correspondiente legal de acuerdo al Reglamento interno de sistema penitenciario de Morelia Michoacán, así mismo conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo ya que él no tiene facultades para despedir a un Director de los Centro Penitenciarios del Estado de Michoacán." En tal virtud, requiérasele de nueva cuenta, a fin de que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído aclare su informe justificado, esto en razón de que, el acto se reclama al funcionario público -Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad-, más no a una persona en particular, de ahí que, con independencia de que el actual Secretario de Gobierno no se encontrará en funciones a la fecha de la emisión del acto reclamado, es aquél a quien recae el carácter de autoridad responsable. Con el percibimiento que de no hacerlo dentro de ese lapso, se le impondrá en la sentencia que se dicte en el presente asunto, una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de la materia en vigor. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy SE DIFIERE para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Silvia Lorena Arenas Raya CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Silvia Lorena Arenas Raya CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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