Juan Carlos Guzmán Sánchez
Expediente 504/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 504/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 12/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Carlos Guzmán Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA MAGDALENA, KENIA Y SALVADOR, TODOS DE APELLIDOS CHAVEZ CORONA, QUIENES SE ENCUENTRAN REPRESENTADOS POR NOEMÍ CORONA RUIZ, POR CONDUCTO DE SU ASESORA LEGAL VERÓNICA MORALES RUIZ, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, doce de febrero de dos mil diecinueve. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo hayan hecho. En mérito de lo anterior, se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Ahora bien, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de la concesión de amparo En sentencia dictada el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos JUAN CARLOS GUZMÁN SÁNCHEZ y GABRIEL GARCÍA GUTIÉRREZ, para que la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente la resolución de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, dictada dentro del toca de apelación IX-20/2018 de su índice; y, 2. En su lugar, emita una nueva resolución en la que prescinda de la calificación genérica de agravios inatendibles por los motivos expuestos en esta ejecutoria y, con libertad de jurisdicción, de contestación a los puntos de agravio 1, 2, 3, 5, 6 y 7 formulados por la parte apelante.". Trámites para cumplir con la ejecutoria de amparo Así, mediante proveído de ocho de enero de este año, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo, y se requirió a la autoridad responsable a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector; asimismo, se determinó que no era el caso de proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo en vigor, en virtud de que dicha autoridad no tenía superior jerárquico que le ordenara cumplir con la ejecutoria de amparo. Luego, por oficio presentado el once de enero de la presente anualidad, la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, acompaño inserto el auto de diez de enero de dos mil diecinueve, a través del cual, dejó insubsistente la sentencia de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, dictada en el toca de apelación, número XI-20/2018. Posteriormente, por oficio presentado el once de enero de este año, la magistrada responsable, allegó copias certificadas de la resolución de once de enero de este año, dictada en el recurso de apelación XI-20/2018, en cual, para cumplir con la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: 1) Procedió a realizar una síntesis de los agravios formulados por la parte recurrente, señalando siete puntos de agravios expuestos. 2) En el cuarto de los considerandos, prescindió de realizar una calificación genérica de agravios inatendibles, para en su lugar, abordar el estudio de cada una de las inconformidades de la parte apelante. 3) Al analizar los puntos de agravios 1, 2, 3, 5 y 6, determinó que los mismos resultaron infundados, y en lo que hace al agravio marcado con el número 7, lo calificó como inatendible, por las razones expuestas en el considerando cuarto de la resolución; y, 4) Con base a lo anterior, confirmó la vinculación a proceso de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, pronunciada por el juez de control región Morelia, en la causa penal número 266/2018, decretada a los aquí quejosos. Situación con la que se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo De ahí que, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que en lo esencial se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, al haberse dejado insubsistente la sentencia de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, dictada en el toca de apelación, número XI-20/2018 y en su lugar emitirse otra, con fecha once de enero de este año, donde procedió a realizar una síntesis de los agravios expuestos, para luego, prescindir de realizar una calificación genérica de agravios inatendibles y, con libertad de jurisdicción que le fue dada, dio contestación a los puntos de agravios 1, 2, 3, 5 y 6, calificándolos de infundados y por lo que respecta al agravio marcado con el número 7, lo consideró inatendible formulados por la parte apelante, y hecho que fue, confirmó la vinculación a proceso materia del recurso de apelación; con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se atienden manifestaciones de la parte quejosa No pasan inadvertidas las manifestaciones que vierte el autorizado de los quejosos, a través de su escrito presentado el catorce de enero de este año, en el sentido de que la responsable no cumple con el fallo protector, ya que en su concepto no atiende los principios que le fueron invocados y los alegatos formulados. Sin embargo, sobre las mismas es preciso señalar que el hecho de que la responsable, una vez que cumplió con una de las obligaciones que le fueron impuestas (prescindir de realizar una calificación genérica de los agravios como inatendibles), haciendo uso de la plenitud de jurisdicción que le fue reservada, procedió a dar contestación a los puntos de agravio 1, 2, 3, 5, 6 y 7 formulados por la parte apelante, por tanto, en ningún momento se le dio lineamiento en torno a cómo debería responder a dichos agravios o a su forma de calificarlos, por lo que, de ningún modo se le impidió actuar en el ámbito de su competencia legal y emitir una nueva determinación. Al respecto, es necesario señalar que la concesión de un amparo para efectos puede reservar libertad de jurisdicción a la autoridad responsable para pronunciarse, bajo su libre arbitrio judicial, en torno a los tópicos especificados en la sentencia de amparo. Por tanto, lo que resuelva dicha autoridad, en aras de la libertad de jurisdicción que le ha sido reservada, constituye un acto totalmente diferente al primero que fue señalado como reclamado. En contrario, el juzgador de amparo puede constreñir los efectos de la sentencia de amparo de tal modo que la segunda resolución que dicte la autoridad responsable en cumplimiento de la ejecutoria tenga -vinculación total- con la sentencia de amparo. Esto sucede cuando la ejecutoria de amparo señala los fundamentos que deba observar la autoridad responsable para emitir su determinación, de tal manera que no pueda brindar una fundamentación y motivación distinta a la ya impresa por el órgano de control constitucional. De este modo, si la responsable no acata con toda puntualidad lo instruido por el juzgador de amparo, entonces se estará en presencia de un desacato a la sentencia de amparo, siendo procedentes en su contra los medios de defensa conducentes en la materia. De lo antes expuesto, se colige que en la sentencia de amparo, si bien se le impuso la obligación a la responsable para dar contestación a los agravios que le fueron expuestos por la parte recurrente, no se le dieron las directrices para aplicar una fundamentación y motivación, quedando por tanto reservada su libertad de jurisdicción. Orienta a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la Tesis: 2a./J. 115/2008, localizable en la Página 222, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE CUESTIONAN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA PROTECTORA, EN LA PARTE EN LA QUE SE DEJÓ LIBERTAD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Conforme al artículo 105 de la Ley de Amparo, la materia de la inconformidad se circunscribe a examinar la determinación que tuvo por cumplida la sentencia protectora. En ese sentido, si la protección constitucional se concedió contra una sentencia o laudo por irregularidades procesales o formales y para el efecto de que, con libertad de jurisdicción, la responsable dicte nuevo fallo en el que las subsane, los agravios de la inconforme encaminados a combatir la decisión emitida por aquélla son inoperantes por plantear aspectos ajenos a la determinación que tuvo por cumplida la sentencia de amparo, en razón de que la nueva resolución no es materia de la inconformidad." En consecuencia, y de estimarlo necesario, quedan expeditos los derechos de la parte quejosa para promover los recursos que estimen pertinentes para combatir la nueva resolución. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de acuerdo con la fracción IV del artículo vigésimo primero, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectivas, haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. No existen cuadernos de suspensión Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de enero de dos mil diecinueve. Parte quejosa realiza manifestaciones Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde el escrito signado por Julio Patesi Guedea Téllez, autorizado de los quejosos, mediante el cual, primeramente, manifiesta que comparece a promover "incidente de INEJECUCIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO"; y luego, realiza diversas manifestaciones en torno a la resolución dictada por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. No ha lugar a lo que solicita Al respecto, dígasele que no ha lugar a iniciar el trámite del incidente que planeta o ni dar vista con el mismo al Tribunal Colegiado, toda vez que de autos se desprende que a la fecha la autoridad responsable ha remitido las constancias con las que pretende acreditar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo e incluso, en auto de catorce de los actuales, se ordenó dar vista con las mismas a las partes; de ahí que, no se advierta por parte de las autoridades responsables una abstención total de dar cumplimiento a la ejecutoria protectora, lo que no se actualiza si aquélla efectúa algún acto relacionado con el núcleo esencial de la obligación, como ocurre en la especie. En torno al cumplimiento de ejecución, este órgano jurisdiccional sigue las disposiciones legales contenidas en la propia Ley de Amparo, así como los lineamientos marcados en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la tesis P./J. 54/2014 (10a.), localizable en la página 19, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Sin que la anterior determinación de no iniciar el incidente que señala, cause un perjuicio trascendental ni grave a la quejosa, que no sea reparable con la resolución que pudiera emitir en su momento, el Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que con posterioridad se estime procedente tramitar la incidencia en cuestión, pero ello, ante la subsistencia de la actitud contumaz de las autoridades responsables. Orienta a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la Tesis 2a./J. 151/2017 (10a.), localizable en la página 734, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "RECURSO DE QUEJA EN AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE NIEGA LA APERTURA DEL INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. El artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo establece que el recurso de queja procede en amparo indirecto contra la resolución que no admita expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave pueda causar perjuicio a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva. Por su parte, el sistema de ejecución de sentencias contenido en la Ley de Amparo consiste en impedir la dilación en el cumplimiento de la ejecutoria, y como medida para lograr esta pronta actuación se prevén determinadas sanciones a imponer con el propósito de lograr el eficaz cumplimiento del fallo protector, sin que su principal objetivo sea enjuiciar a las autoridades responsables. Entonces, si el incidente de inejecución de sentencia tiene como fin verificar la regularidad del procedimiento de cumplimiento del fallo constitucional, para determinar si éste no se ha acatado y, en su caso, si el incumplimiento está o no justificado, el auto en el que el Juez de Distrito niega su apertura no causa perjuicio trascendental ni grave a la quejosa, que no sea reparable con la resolución emitida al respecto por el Tribunal Colegiado de Circuito o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación una vez que con posterioridad el juzgador estime procedente tramitar la incidencia en cuestión, ante la subsistencia de la actitud contumaz de la autoridad responsable, por lo que es improcedente el recurso de queja interpuesto en contra de dicho auto." Parte quejosa realiza manifestaciones No obstante lo anterior, las manifestaciones que vierte el autorizado de la parte quejosa en su ocurso de cuenta, se ordena que sean tomadas en consideración al momento en que el suscrito juzgador se pronuncie sobre el cumplimiento o no del fallo protector. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
Por lista notifico a la parte tercero interesada MAGDALENA, KENIA Y SALVADOR, TODOS DE APELLIDOS CHAVEZ CORONA, QUIENES SE ENCUENTRAN REPRESENTADOS POR NOEMÍ CORONA RUIZ, POR CONDUCTO DE SU ASESORA LEGAL VERÓNICA MORALES RUIZ, EL PROVEÍDO DE FECHA CATORCE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, dictado (a) dentro del JUICIO DE AMPARO X-504/2018, promovido por JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ Y SU DIVERSO ACUMULADO I-505/2018, promovido por GABRIEL GARCÍA GUTIÉRREZ, QUE EN LO CONDUCENTE NARRA: Morelia, Michoacán, catorce de enero de dos mil diecinueve. Autoridad responsable acusa recibo Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda, la comunicación de diez de los actuales, signada por la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio donde se informa que causó ejecutoria la resolución emitida en los presentes autos y de la llegada del toca de origen, legajo de copias certificadas del proceso penal y un disco óptico. Informa trámites Asimismo, téngase a la magistrada responsable informando que se dejó insubsistente la sentencia de veintiocho de mayo de este año, exclusivamente respecto a los aquí quejosos y que puso los autos a la vista para dictar una nueva resolución. Cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por otra parte, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el segundo oficio signado por la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remite copia certificada de la resolución de once de enero de este año, dictada en el recurso de apelación número XI-20/2018. Vista a las partes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, dése vista a la parte quejosa y tercero interesada, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que queden debidamente notificadas del presente proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de enero de dos mil diecinueve. Causa ejecutoria. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, en la que SE CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa Juan Carlos Guzmán Sánchez y Gabriel García Gutiérrez; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Requerimiento a la autoridad responsable. Se requiere al Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente auto, informe sobre el cumplimiento que dé al fallo protector y remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten, en términos del ordinal 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Apercibimiento. Se apercibe a dicha autoridad que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, se le impondrá una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, conforme al artículo 258 de la ley antes citada; y si aun así es omisa, se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación. Reiteración de la concesión de amparo. Se reitera a la autoridad responsable la obligación impuesta en la ejecutoria de amparo consistente: "1. Deje insubsistente la resolución de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, dictada dentro del toca de apelación IX-20/2018 de su índice; y, 2. En su lugar, emita una nueva resolución en la que prescinda de la calificación genérica de agravios inatendibles por los motivos expuestos en esta ejecutoria y, con libertad de jurisdicción, de contestación a los puntos de agravio 1, 2, 3, 5, 6 y 7 formulados por la parte apelante.". No tiene superior jerárquico. Sin que en la especie sea el caso proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194 de la nueva Ley de Amparo, puesto que el Magistrado de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, no tiene superior jerárquico que le ordene cumplir con el fallo protector, y que sea por tanto su corresponsable por la falta de cumplimiento del mismo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia de rubro y contenido siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2007295 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II Materia(s): Común Tesis: PC.I.C. J/3 K (10a.) Página: 1378 JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias. PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Contradicción de tesis 8/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Décimo Tercero, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de junio de 2014. Mayoría de doce votos de los Magistrados Gilberto Chávez Priego, Luis Gilberto Vargas Chávez, Daniel Patiño Pereznegrón, Víctor Francisco Mota Cienfuegos, José Leonel Castillo González, Walter Arellano Hobelsberger, Ismael Hernández Flores, María Concepción Alonso Flores, Indalfer Infante Gonzales, Gonzalo Arredondo Jiménez, Carlos Arellano Hobelsberger y Adalberto Eduardo Herrera González. Disidentes: Ma. del Refugio González Tamayo: quien se reservó su derecho a formular voto y Virgilio Solorio Campos: quien formula voto particular. Ponente: Adalberto Eduardo Herrera González. Secretario: Arnulfo Mateos García. Tesis y/o criterios contendientes: El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo DC. 199/2013 y el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en la misma materia y circuito, al resolver el juicio de amparo directo DC. 365/2013. Esta tesis se publicó el viernes 29 de agosto de 2014 a las 08:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 01 de septiembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.". De igual forma, sirve de apoyo la tesis que enseguida se invoca: "Época: Novena Época Registro: 187835 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Febrero de 2002 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a. VII/2002 Página: 69 CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. NO ES UN ÓRGANO JERÁRQUICAMENTE SUPERIOR A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE INTEGRAN EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. De la interpretación integral de lo dispuesto en los artículos 94 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 68 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se desprende que el consejo en cita es un órgano administrativo del Poder Judicial de la Federación, con funciones distintas a las de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a las del Tribunal Electoral, a las de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y a las de los Juzgados de Distrito, por lo que entre aquel órgano y éstos no existe un orden jerarquizado de naturaleza jurisdiccional, toda vez que sus atribuciones están plenamente delimitadas por la mencionada Constitución Federal, al encomendar a tal consejo una actividad meramente administrativa con singulares funciones de vigilancia y sanción. Lo anterior se confirma con el contenido de la exposición de motivos de seis de abril de mil novecientos noventa y nueve, así como del dictamen de veintisiete de abril siguiente elaborado en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y de su discusión, respecto de la reforma al citado artículo 94 de la Constitución Federal, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de once de junio del mencionado año, en el sentido de que la modificación introducida en este precepto precisa el sentido de las reformas constitucionales de 1994, en tanto hace evidente que no existen jerarquías orgánicas al interior del Poder Judicial, sino fundamentalmente una distribución de funciones. Facultad de atracción 10/2001. Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito. 18 de enero de 2002. Cinco votos. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretaria: Verónica Nava Ramírez.". Devolución de tomo de prueba. Finalmente, hágase devolución a las autoridades responsables del toca I-20/2018, las copias certificadas que integran la causa penal 266/2018 de su estadística y el disco óptico que remitieron como sustento de su informe justificado; solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.
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