Juan Carlos Hidalgo Martinez

Expediente 1138/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1138/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
26/11/2021

Partes del expediente

  • Juan Carlos Hidalgo Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por Juan Carlos Hidalgo Martínez, contra actos de Juan Pablo Castillo Díaz de León, con copias y anexos que se acompañan; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 1138/2021-V-C. Ahora bien, vista la demanda de amparo de que se trata, se advierte que efectivamente la parte quejosa reclama lo siguiente: De Juan Pablo Castillo Díaz de León, los actos que hizo consistir en: ? Amenazas, toma y desalojo de su puesto de ventas en el tianguis dominical denominado "Las Vías". En concepto de esta juzgadora, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que procede desechar de plano la demanda constitucional en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 1º y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que a la autoridad a quien le atribuye los actos reclamados no tiene dicha calidad para los efectos del juicio de amparo. Dichos dispositivos legales señalan: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" [Énfasis añadido] "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Es preciso destacar que conforme al segundo de los artículos transcritos, tienen el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo, con independencia de su naturaleza formal, aquellas que dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Luego, atento al segundo párrafo del citado numeral, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Sentado lo anterior, se tiene que el señalado como responsable Juan Pablo Castillo Díaz de León, no actúa como autoridad responsable de los actos que la parte quejosa aquí impugna, pues para ser considerado de esa naturaleza debe ubicarse dentro de los denominados de supra a subordinación; donde el demandante debe tener el carácter de gobernado. Lo expuesto permite establecer, como se señaló, que los actos reclamados no reúnen las características para ser considerados como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo y por tanto, es improcedente la acción ejercida. De tal manera que ante la actualización manifiesta, notoria e indudable de la causa de improcedencia a examen, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar la demanda constitucional de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizado en términos restringidos del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a la persona que refiere, toda vez que no proporciona los datos relativos a que se encuentra legalmente facultada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Finalmente, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa, para que continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Y, con la finalidad de establecer formas expeditas de contacto, requiérase a la parte quejosa para que proporcione un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso de origen, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por Juan Carlos Hidalgo Martínez, contra actos de Juan Pablo Castillo Díaz de León, con copias y anexos que se acompañan; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 1138/2021-V-C. Ahora bien, vista la demanda de amparo de que se trata, se advierte que efectivamente la parte quejosa reclama lo siguiente: De Juan Pablo Castillo Díaz de León, los actos que hizo consistir en: ? Amenazas, toma y desalojo de su puesto de ventas en el tianguis dominical denominado "Las Vías". En concepto de esta juzgadora, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que procede desechar de plano la demanda constitucional en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 1º y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que a la autoridad a quien le atribuye los actos reclamados no tiene dicha calidad para los efectos del juicio de amparo. Dichos dispositivos legales señalan: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" [Énfasis añadido] "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Es preciso destacar que conforme al segundo de los artículos transcritos, tienen el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo, con independencia de su naturaleza formal, aquellas que dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Luego, atento al segundo párrafo del citado numeral, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Sentado lo anterior, se tiene que el señalado como responsable Juan Pablo Castillo Díaz de León, no actúa como autoridad responsable de los actos que la parte quejosa aquí impugna, pues para ser considerado de esa naturaleza debe ubicarse dentro de los denominados de supra a subordinación; donde el demandante debe tener el carácter de gobernado. Lo expuesto permite establecer, como se señaló, que los actos reclamados no reúnen las características para ser considerados como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo y por tanto, es improcedente la acción ejercida. De tal manera que ante la actualización manifiesta, notoria e indudable de la causa de improcedencia a examen, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar la demanda constitucional de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizado en términos restringidos del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a la persona que refiere, toda vez que no proporciona los datos relativos a que se encuentra legalmente facultada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Finalmente, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa, para que continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Y, con la finalidad de establecer formas expeditas de contacto, requiérase a la parte quejosa para que proporcione un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso de origen, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales.

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