Juan Carlos Hernández Peña

Expediente 1601/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1601/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
04/01/2023

Partes del expediente

  • Juan Carlos Hernández Peña

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de enero de dos mil veintitrés. Téngase recibido y agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, del que se advierte que el veintidós de diciembre de dos mil veintidós, dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Sandra Nava Jiménez a nombre de Juan Carlos Hernández Peña y Maida Peña Ramíres, misma que quedó registrada bajo el expediente 2044/2022-VIII. Ahora bien, toda vez que por auto de veintiuno de diciembre del año inmediato anterior, se reservó proveer lo conducente, respeto del informe rendido por el Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Oficina de Representación de la Ciudad de México, hasta en tanto se informara del juzgado al que correspondió conocer del juicio del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa, lo que ya aconteció; por tanto, remítase el informe de que se trata al juzgado oficiante, previa copia autorizada que del mismo se deje en autos; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos, se advierte que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó la suspensión de plano solicitada, este expediente es susceptible de depuración. En consecuencia, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, contado a partir del presente auto en el que se ordena su archivo y transcurrido aquél, dentro del término de noventa días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia. Hágase constar la valoración en la carátula respectiva, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Agréguense a los autos las constancias remitidas por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con las que devuelve parcialmente diligenciado el exhorto que este juzgado giró, así como el informe relativo a la suspensión de plano rendido por el Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Oficina de Representación en la Ciudad de México, con dos copias y un anexo que acompaña; en atención con su contenido, toda vez que por auto de catorce de diciembre de la presente anualidad, este juzgado declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo instada, resérvese proveer lo que en derecho corresponda, hasta en tanto se informe del juzgado al que por turno se remitió el juicio de amparo, del que deriva el cuaderno en que se actúa. Sin perjuicio de lo anterior, téngase como domicilio de su parte, el que señala la responsable Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Oficina de Representación en la Ciudad de México. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Vista la demanda promovida vía electrónica por Sandra Nava Jiménez a nombre de Juan Carlos Hernández Peña y Maida Peña Ramíres, contra actos del Director de la Estación Migratoria de la Ciudad de México, las "Agujas" y otra autoridad, con fundamento en los artículos 1°, 103, fracción I y 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 15, 108, 109, 125, 126 y demás relativos de la Ley de Amparo, se procede a dar trámite a la demanda en cuanto a los actos prohibidos por la Constitución que se aduce pueden ser objeto los directamente agraviados; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 1601/2022-VII. Ahora bien, en atención a que los actos reclamados se hacen consistir, entre otros, en la privación de la libertad fuera de procedimiento, deportación, retención y alojamiento prolongado dentro de la Estación Migratoria en la Ciudad de México, las "Agujas", de los directamente agraviados, con fundamento en los numerales 125 y 126 de la Ley de Amparo, se DECRETA DE PLANO LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS para el efecto de que dichos actos cesen bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades designadas como responsables; de igual forma, toda vez que se advierte que los directamente agraviados están siendo objeto de dicha detención, según se dijo bajo protesta de decir verdad, al haber transcurrido más de treinta y seis horas, esto es, actos privativos de libertad fuera de procedimiento, al no justificarse su estancia en la estación migratoria respectiva, sin que le haya notificado alguno que resuelva su situación migratoria. Por lo que, de igual forma, la suspensión de oficio decretada se hace extensiva para el efecto de que en el término de veinticuatro horas siguientes al en que reciban el oficio con la transcripción del presente proveído, las autoridades responsables resuelvan la situación migratoria de la parte quejosa; circunstancia que deberán acreditar fehacientemente ante este tribunal federal. Asimismo, se concede la citada medida cautelar para que, de no encontrarse en los supuestos para que pueda exceder el plazo de alojamiento en dicha estancia, se considere el otorgamiento a los quejosos de la condición de estancia con permiso a que se refiere la parte final del artículo 111 de la Ley de Migración; o alguna diversa circunstancia, a efecto de establecer conforme a sus atribuciones y bajo su más estricta responsabilidad, el supuesto legal aplicable a la parte quejosa respecto a su libertad personal. Hágase saber lo anterior a las autoridades responsables mediante oficio que al efecto se gire vía exhorto, con apoyo además en los artículos 24 y 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, a fin de que acaten la suspensión antes decretada bajo su más estricta responsabilidad, quienes deberán informar a este juzgado en el término de veinticuatro horas como lo establece el artículo 15 de la ley de la materia, sobre el cumplimiento de la misma, apercibidas que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se les impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, toda vez que las autoridades responsables tienen su domicilio en la Ciudad de México, esto es, fuera de la jurisdicción de este juzgado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese exhorto vía electrónica al JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TURNO, para que en auxilio de las labores de este órgano de control constitucional, ordene a quien corresponda, se constituya en los domicilios de aquéllas, y haga entrega de los oficios dirigidos a las autoridades responsables, a los cuales se les deberá anexar la demanda, recabando la constancia de notificación respectiva. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Pleno del Décimo Circuito, visible en la página 879 del Tomo I, Libro 78 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, septiembre de 2020, Décima Época, registro digital 2022090, que señala: SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE OTORGARLA DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE RECLAMAN LA POSIBLE DEPORTACIÓN O REPATRIACIÓN Y, SIMULTÁNEAMENTE, ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DE MIGRANTES CON SITUACIÓN IRREGULAR EN EL PAÍS. Cuando una persona con calidad de migrante solicita el amparo contra su posible deportación o repatriación y simultáneamente reclama actos restrictivos de su libertad personal, efectuados por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, el juzgador de amparo, en atención a los principios de continencia de la causa y pro persona, deberá otorgar la suspensión de oficio y de plano respecto de ambos actos en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y fijar los requisitos de eficacia que estime pertinentes conforme lo establecen los artículos 138, fracción I y 164, del referido ordenamiento, aun cuando el primero de los indicados artículos se refiere a la suspensión provisional. Lo anterior en razón de que no se puede ordenar la libertad del quejoso, sin que se fijen medidas de eficacia y tampoco se pueden desvincular los actos privativos de la libertad consistentes en la deportación del quejoso, pudiendo en su caso, tomarse como parámetro, sin ser vinculantes, las condicionantes establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración. Sin que en tal sentido sea necesaria diversa determinación, pues incluso se advierte que la demanda de mérito fue presentada en línea y además, en esta jurisdicción y no en la de la localidad en donde se dice se encuentran detenidos los directamente agraviados. Por otra parte, la suscrita estima que en lo particular, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, por razón de territorio, no es legalmente competente para conocer de la presente demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero y 48 de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en atención de lo que a continuación se expondrá. En efecto, el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y por tanto, preferentes, porque avocarse al conocimiento de un asunto y a la postre resolver sin tener competencia legal por razón de territorio, podría generar en su momento la reposición del procedimiento por parte del órgano revisor (Tribunal Colegiado de Circuito, Salas o Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), en términos del artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con la consecuente declaratoria de nulidad de la sentencia que en un momento dado se llegara a dictar, no obstante carecer de aptitud legal para hacerlo. Al respecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece en su primer párrafo: Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Con base en el anterior ordinal, para fijar la competencia de un Juez de Distrito para conocer de un juicio de amparo, cuando los actos reclamados requieran de ejecución material, debe atenderse al lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado tal acto. Ahora, de la lectura integral de la demanda constitucional, se obtiene que la parte quejosa señala como autoridades responsables a diversas dependencias de la Estación Migratoria en de la Ciudad de México las "Agujas", lugar en donde se dice, probablemente se encuentren detenidos los directamente agraviados; por tanto, es inconcuso que los actos reclamados tienen ejecución en aquella localidad (Ciudad de México), en la que ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; de manera que resulta evidente que este Juzgado es legalmente incompetente, por razón de territorio, para conocer sobre la demanda de amparo promovida por Sandra Nava Jiménez a nombre de los directamente agraviados Juan Carlos Hernández Peña y Maida Peña Ramíres. Sustenta lo anterior, la tesis I.2º.P.J/4º, que aparece publicada en la página 36, de Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y dos, que a la letra dice: COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN L DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo. Luego, es inconcuso que este órgano judicial carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer y resolver el presente juicio de amparo. Lo anterior, no sólo porque las consecuencias del acto reclamado, requieren ejecución material y ésta se materializa en el lugar en que se encuentran detenidos los directamente quejosos (Ciudad de México), esto es, fuera del ámbito de competencia territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción; sino además, porque considerar lo contrario implicaría contravenir la teleología de las reglas establecidas por el legislador en el artículo 37 de la Ley de Amparo, al disponer que debe conocer del amparo el Juez de Distrito del lugar donde tenga ejecución el acto reclamado, lo que pone de manifiesto que la voluntad del legislador ha sido facilitar al solicitante el acceso a la justicia, para ocurrir ante el Juez de amparo del lugar en el que tiene ejecución el acto reclamado, que en este caso es en la Ciudad de México, poniendo así a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus derechos fundamentales, lo que impide a este órgano de control constitucional hacer cualquier pronunciamiento respecto de las violaciones alegadas en la demanda. En consecuencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en la ciudad del mismo nombre, declara su incompetencia legal, por razón de territorio, para conocer del presente asunto y declina la competencia a favor del Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que por turno corresponda, el cual se estima legalmente competente en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, y con apoyo además en lo establecido en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que se refiere a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial y domicilio de los Juzgados de Distrito y los Tribunales de Circuito; por lo que se ordena remitir los presentes autos de forma inmediata a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en aras de una justicia pronta y expedita que tutela el artículo 17 constitucional, debiendo recabarse las copias de las constancias que resulten necesarias para formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno respectivo y solicítese el acuse de recibo de estilo al Juez de Distrito que le corresponda conocer del presente asunto, en el que además se le solicita tenga a bien informar, si acepta o no la competencia declinada a su favor. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Se tienen como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Sandra Nava Jiménez y Carlos Alberto Álvarez García, toda vez que la cédula profesional proporcionada por la primera de las señaladas, no se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y, por lo que hace al diverso, toda vez que no se proporcionan los datos correspondientes respecto de que se encuentre legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral . Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte promovente el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese personalmente este acuerdo a la parte promovente; y toda vez que no proporciona domicilio para tal efecto, hágase por lista que se fije en los estrados de este tribunal federal, acorde a lo reseñado por el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. EN CUMPLIMIENTO A ESTE ACUERDO, EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE ANTECEDE.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de diciembre de dos mil veintidós. En cumplimiento a lo ordenado en auto de esta fecha dictado en el juicio de amparo 1601/2022-VII, fórmese el presente cuaderno con motivo de la incompetencia legal planteada por la suscrita y agréguense a estos autos las copias de cuenta para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

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