Juan Carlos Gutierrez Enriquez

Expediente 174/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
174/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
12/03/2018

Partes del expediente

  • Juan Carlos Gutierrez Enriquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en el cual transcribe el proveído de ocho de marzo del año en curso, dentro del juicio de amparo directo civil 193/2018 de su índice, del que se advierte que se avocó al conocimiento de la demanda que dio origen al juicio constitucional del que deriva el presente cuaderno de antecedentes. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que no existe trámite pendiente de realizar, archívese el presente cuaderno de antecedentes como asunto concluido y háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Asimismo, con fundamento en el punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse una vez que transcurran más de seis meses conforme a lo previsto en el citado punto; y atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de marzo de dos mil dieciocho Visto el escrito aclaratorio signado por Juan Carlos Gutiérrez Enríquez, con cinco copias que acompaña, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de veintidós de febrero del año actual. Ahora bien, de la demanda constitucional y su anexo, así como del escrito aclaratorio, se advierte que el quejoso Juan Carlos Gutiérrez Enríquez, reclama del Juez Quinto de lo Familiar en esta ciudad, el acto que hace consistir en: - La resolución de veintiséis de enero de dos mil dieciocho que resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de siete de noviembre de dos mil diecisiete, en el que se tuvo por no interpuesto el recurso de apelación que hizo valer en contra de la sentencia definitiva dictada en la controversia familiar 1776/2015, en la que se disolvió el vínculo matrimonial que unía al quejoso con María del Rosario Rodríguez Santana. Al respecto, esta juzgadora carece de competencia legal para conocer y resolver sobre el acto de que se trata, en términos de los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Federal, así como 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo. En efecto, el auto que dio origen a la resolución reclamada fue el de siete de noviembre de dos mil diecisiete, en el que se tuvo por no interpuesto el recurso de apelación hecho valer por el accionante constitucional contra la sentencia que decretó la disolución del vínculo matrimonial en la controversia familiar de origen, es decir, contra el fallo con el que se concluyó la primera instancia del controvertido del que deriva el acto impugnado, por lo cual el competente para resolver de dicho acto es un Tribunal Colegiado de Circuito, en tanto que dicho proveído sustituyó en sus efectos al fallo primigenio al declararlo firme. De consiguiente, toda vez que el acto reclamado de que se trata es de aquellos previstos en el artículo 170 de la Ley de Amparo, esta juzgadora carece de competencia legal para su conocimiento y resolución, motivo por el cual, con apoyo en el artículo 47 de la Ley de Amparo, remítase el expediente en que se actúa, así como las copias de traslado de la demanda constitucional y su escrito aclaratorio, previo cuaderno de antecedentes que se forme al respecto, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito en turno, para lo que a bien tenga determinar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de marzo de dos mil dieciocho. En cumplimiento a lo ordenado en auto de esta fecha dictado en el expediente número 174/2018-VIII, promovido por JUAN CARLOS GUTIÉRREZ ENRÍQUEZ, contra actos del Juez Quinto de lo Familiar de esta ciudad, se forma el presente cuaderno de antecedentes, toda vez que este Juzgado de Distrito declaró su incompetencia legal para conocer de la mencionada demanda de amparo; y agréguense a estos autos las copias de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de febrero de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Gutiérrez Enríquez, por su propio derecho, contra actos del Juez Quinto de lo Familiar en esta ciudad, a la que acompaña un anexo y cinco copias, que estima violatorios en su perjuicio, de los derechos fundamentales establecidos en el artículo 16 de la Constitución General de la República; fórmese expediente de amparo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número progresivo 174/2018-VIII. Ahora bien, a efecto de acordar lo que en derecho proceda en cuanto a la demanda de que se trata, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, fracción V y 114, fracción I de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y con cinco copias respectivas del escrito aclaratorio, esto es, una para la autoridad responsable, una para el Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, una para la tercero interesada y dos para el incidente de suspensión: Manifieste bajo protesta de decir verdad, en forma cronológica, ordenada, correcta y clara, todos y cada uno de los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, en virtud de que no realiza una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación al acto que tilda de inconstitucional y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, de los que se deberá advertir el sentido de la sentencia dictada en el juicio de origen 1776/2015, del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar de esta ciudad. En la inteligencia que de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con el acto reclamado, podría configurar la figura delictiva especificada por el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, que en lo conducente dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." Apercíbase al promovente que de no dar cumplimiento a lo anterior en el término antes precisado, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda de amparo y autorizados de su parte, en términos amplios del artículo 12 de la legislación invocada, a Jorge Luis Villegas Flores y Cesar Ulises García Jonguitud, quienes cuentan con sus cédulas profesionales números 5977358 y 7712899, respectivamente, registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y como autorizado en términos restringidos del aludido numeral, a Ulises Abisay Martínez Romero, toda vez que la cédula que proporcionó no se encuentra registra en el citado sistema, asimismo en los mismo términos, a las diversas personas que menciona por así solicitarlo. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Finalmente, cabe indicar que las resoluciones que en su caso se dicten en el presente juicio de amparo, constituyen una información pública, en términos de los artículos 8o., y 18, fracción II, de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que continua vigente en términos de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 2o., transitorio del Decreto que abroga la Ley en comento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hasta en tanto se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo; sin embargo, las partes pueden oponerse a la publicación de sus datos personales. Por lo tanto, hágase de su conocimiento que queda expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del artículo 8o., del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (abrogada). Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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