Juan Carlos Hernández Ramírez
Expediente 996/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 996/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Juan Carlos Hernández Ramírez
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Asunto concluido. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, trasferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -en adelante sólo Acuerdo General-; el presente expediente constituye un asunto concluido, pues el auto por el que se desechó la demanda causó estado. Valoración documental. Con base en la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, y 12, del Acuerdo General; se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del Acuerdo General. Además, en términos del ordinal 20, fracción IV, del Acuerdo General; se determina que este sumario constitucional es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo. Ello, porque se trata de un asunto donde se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Resguardo del expediente en el archivo de trámite. En consecuencia, este juicio deberá resguardarse en el archivo de trámite de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá destruirse. Devolución de documentos a las partes. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes cuya devolución sea necesaria (originales irremplazables), se deja de proveer al respecto. Incidente de suspensión original. No ha lugar a emitir pronunciamiento alguno, pues como la demanda de amparo se desechó, no se abrió dicho incidente. Carátula del juicio de amparo. Se instruye al secretario encargado de la conclusión de este expediente que, a través de sus oficiales judiciales, realice 1Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. las anotaciones correspondientes en la carátula del juicio de amparo; ello, conforme a los sellos autorizados para tal efecto. Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial "A", realice las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respecto a la declaración de que causó estado el auto dictado y al archivo del presente asunto como concluido. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en el libro electrónico. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el auto que desechó la demanda de amparo. Aunado a que, si la parte quejosa desea conocer el estado de este juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte desea conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido.
- Principal
Puebla, Puebla, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Radicación. Se recibe la demanda de amparo promovida por *, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público Titular del Centro de Justicia para las Mujeres, Puebla (sic) y otras autoridades responsables. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de manera física, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 , establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Cierto, el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, determina que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma 1 "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes * En primer término, se arriba a la convicción de que esta vía de amparo indirecto resulta improcedente respecto de los actos reclamados consistentes en la emisión de las órdenes de presentación y/o aprehensión; atribuidos a: 1. Agente del Ministerio Público Titular del Centro de Justicia para las Mujeres, Puebla. 2. Agente Del Ministerio Público Titular del Centro de Procuración de Justicia. 3. Agente del Ministerio Público Titular de la Dirección de Protección a víctimas del delito y Servicios a la Comunidad. 4. Agente del Ministerio Público Titular de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares. 5. Agente del Ministerio Público Titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres. 6. Agente del Ministerio Público Titular de la Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos. 7. Agente del Ministerio Público Titular del Centro Estatal de Medios Alternativos de solución de conflictos en Materia Penal. 8. Agente del Ministerio Público Titular de La Unidad de Investigación la Popular. 9. Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Oriente. 2 Tesis jurisprudencial I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Agente del Ministerio Público Titular de la Agencia del Ministerio Publico virtual Predenuncia el Carmen. 11. Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Centro. 12. Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Valsequillo. 13. Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Villa Frontera. 14. Agente del Ministerio Público Titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de delitos contra Comunidades Universitarias. 15. Agente del Ministerio Público Titular de la Fiscalía especializada de Combate a la Corrupción. 16. Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación la Margarita. 17. Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Chapulco. 18. Agente del Ministerio Público Titular de la Fiscalía de Secuestro y delitos de Alto Impacto. 19. Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Ciudad Judicial. Al respecto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con la diversa II del numeral 5, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque dichas autoridades carecen de facultades para ordenar o ejecutar una orden de presentación o aprehensión; pues el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, faculta únicamente al Juez de Control la emisión de dichos mandatos de captura, que si bien es cierto es precedida de una solicitud ministerial, aquella solo puede ser ordenada por autoridad judicial. En el mismo sentido, el artículo 109 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, establece que, una vez integrada la averiguación previa, el Ministerio Público ejercerá acción penal ante los tribunales de justicia a fin de que se libre un mandato de captura. En efecto, la solicitud ministerial se realiza -en ambos casos- en calidad de parte acusadora del proceso penal, lo cual implica que se ubica en un estrato de igualdad con el imputado y no en su carácter de autoridad. Con base en lo anterior, resulta inconcuso que en el caso no es posible adjudicar a las autoridades responsables indicadas, señaladas en la demanda, la facultad de emitir las órdenes privativas o restrictivas de la libertad que se combaten (órdenes de presentación y/o aprehensión); ya que esa potestad se encuentra reservada a la autoridad judicial, tal como lo prevén de manera expresa los artículos 16, constitucional, 141 y 168, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales; habida cuenta que en términos del diverso 21 de la constitución federal, al agente del ministerio público (incluyendo a los fiscales aquí señalados como responsables) le corresponde la persecución e investigación de los delitos, lo que implica que esas autoridades responsables sólo podrían actuar en ese marco legal a través de los representantes sociales a su cargo y para ese exclusivo fin. De ahí, es evidente la improcedencia en la especie respecto de dichos actos. Además, no pasa por inadvertido para esta juzgadora que el quejoso hace mención de una autoridad judicial en el capítulo de "HECHOS" de su demanda de amparo, sin embargo, no refirió ninguna denominación, ni señaló alguna autoridad judicial como responsable. Bajo este contexto, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo del quejoso, porque los actos reclamados a las autoridades ministeriales señaladas como autoridades responsables, encontraron una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes. Domicilio y autorizados (restringidos) de la parte quejosa. Se tiene como domicilio físico de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda -ubicado en zona conurbada de la ciudad de Puebla-. Por otra parte, quedan autorizadas únicamente para imponerse de actuaciones, así como para oír y recibir notificaciones las personas que indica el quejoso en su escrito de cuenta, porque así lo solicito expresamente el quejoso. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias.
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