Juan Carlos Martínez Varillas
Expediente 1282/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1282/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 12/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Juan Carlos Martínez Varillas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1282/2021-II. Puebla, Puebla, doce de mayo de dos mil veintidós. Declaración de firmeza. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del expediente, se advierte que en proveído de uno de abril de dos mil veintidós, se declaró cumplida la sentencia dictada en este juicio. Lo cual se hizo del conocimiento a las partes en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, para manifestar lo que a su interés conviniera, apercibidas que en caso de no hacerlo, se tendría consentido tal acuerdo. Pese a lo anterior, el plazo otorgado transcurrió hasta su conclusión, y tanto la parte quejosa como las demás partes no interpusieron el recurso de inconformidad, pues ningún escrito se recibió dentro del periodo en mención. Por tanto, con fundamento en el artículo 202 primer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme (causó estado) porque el cumplimiento allí declarado fue consentido. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y a la Oficial Judicial A, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de depuración, lo cual deberá acontecer dentro de los noventa días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del referido acuerdo, ya que se concedió el amparo en la sentencia de la audiencia constitucional. Resguardo del expediente (archivo). Con fundamento en el artículo 9, del referido acuerdo general, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis o Depósito Documental que corresponda; ello después de realizada la depuración del expediente. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo de presente expediente como asunto concluido. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque no fue solicitada la referida medida cautelar, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1282/2021-II. En siete de abril de dos mil veintidós, se da cuenta a la jueza con un oficio; recibido físicamente en este juzgado el día hábil anterior a la fecha, y registrado con el folio 4045. Conste. Puebla, Puebla, siete de abril de dos mil veintidós. Se agrega al expediente el oficio de cuenta, signado el Director del Centro Penitenciario Regional de San Pedro Cholula, Puebla. En éste, acusa de recibo del oficio por el cual se le notificó el proveído de uno de abril del año en curso, donde de declaró cumplido el fallo protector emitido en este juicio. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese
- Principal
Puebla, Puebla, uno de abril de dos mil veintidós. Se califica cumplimiento de sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que ha concluido el plazo de tres días concedidos a las partes, en proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, para manifestarse respecto de los actos efectuados por la Jueza Municipal en Materia Civil y Penal de San Andrés Cholula, Puebla, para cumplir la ejecutoria de protección. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede verificar, de oficio y con base en las constancias remitidas por la autoridad responsable1 si la sentencia dictada se ha ejecutado conforme lo juzgado. Pues sería infructuoso, para el quejoso, haber obtenido el amparo y la protección de la Justicia Federal, si su ejecución no cumple con todos y cada uno de los efectos precisados en la sentencia2. Lo anterior, porque si bien el acceso a la justicia de los gobernados, en un primer momento, se mide en la sentencia, lo cierto es que, en realidad, sólo se materializa hasta su fiel ejecución3. Ahora, es cierto que en la sentencia emitida en audiencia constitucional de diecinueve de enero de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso Juan Carlos Martínez Varillas, para los efectos de que la autoridad responsable: ".1. Deje insubsistente el auto de formal prisión de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el proceso 129/2014, en contra de Juan Carlos Martínez Varillas. 2. Con libertad de jurisdicción, dicte otra determinación debidamente fundada y motivada, en la que resuelva la situación jurídica del inculpado, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia.". En vista de lo anterior, en proveído de quince de febrero de dos mil veintidós, al causar ejecutoria la sentencia emitida en el presente expediente, se requirió a la autoridad judicial responsable el cumplimiento de la sentencia. Así, por oficio 71, recibido el veintitrés de febrero del año en curso, la Jueza Municipal en Materia Civil y Penal de San Andrés Cholula, Puebla, remitió copia certificada de la resolución emitida el veintidós de febrero previo. Luego en auto de veinticuatro del mismo mes y año, se dio vista a las partes con las referidas constancias, sin embargo, mediante proveído de once de marzo de dos mil veintidós se determinó que la autoridad responsable no atendió con exactitud los efectos de la protección otorgada al quejoso, por lo que se le requirió para que diera cabal cumplimiento al fallo protector. En esa tesitura, el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio 100, signado por la Jueza Municipal en Materia Civil y Penal de San Andrés Cholula, Puebla, mediante el cual remitió copia certificada de la resolución emitida el catorce de marzo anterior. Ahora, esas constancias tienen pleno valor probatorio como documentos públicos, debido a que se trata de actuaciones judiciales debidamente certificadas. De modo que pueden ser utilizadas para resolver el cumplimiento a la protección de amparo, dado lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Entonces, se procede a revisar si las actuaciones recibidas se ajustan a los efectos de la protección otorgada. De inicio, destaca que la jueza responsable dejó insubsistente el auto de formal prisión de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno y veintidós de febrero de dos mil veintidós (con la que inicialmente pretendió cumplimentar el fallo), emitida a *, dentro de la causa penal * Luego, procedió al estudio de las pruebas que obran dentro de la causa penal * con las cuales consideró que se encuentra acreditada la probable responsabilidad de Juan Carlos Martínez Varillas, en la comisión del delito de evasión de presos, ilícito previsto y sancionado por los artículos 167 y 170, relacionado con los artículos 83, 14 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla, cometido en agravio de la sociedad. Asimismo, consideró suficientes esas pruebas para sustentar su probable responsabilidad en dicho ilícito. En tal virtud, decretó auto de formal prisión o preventiva en contra de * Bajo ese contexto, se observa que en la nueva determinación adoptada -de catorce de marzo de dos mil veintidós- la autoridad responsable acató en su totalidad los efectos de la protección constitucional. Por tanto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia sin excesos ni defectos. Pero a fin de respetar el derecho de las partes a inconformarse con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se hace de su conocimiento que es su derecho recurrir esta determinación a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo. De hecho, tendrán un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel al que surta efecto la notificación de este acuerdo. Vista a la fiscal federal adscrita. Se ordena dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para que esté en aptitud de manifestarse en términos de sus obligaciones legales. Anotaciones internas. Con el objeto de registrar la presente determinación en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se puntualizan los datos siguientes: a) Se concedió el amparo al quejoso en sentencia emitida en audiencia constitucional de diecinueve de enero de dos mil veintidós; b) El quince de febrero de dos mil veintidós causó ejecutoria la sentencia emitida y se requirió a la jueza responsable su cumplimiento; c) La Jueza de Municipal en Materia Civil y Penal de San Andrés Cholula, Puebla, cumplió la protección constitucional mediante resolución de catorce de marzo de dos mil veintidós; d) El dieciséis de marzo de dos mil veintidós se recibió en la oficialía de este juzgado la totalidad de las constancias con las que la Jueza responsable informó dicho cumplimiento; y e) En la presente fecha -uno de abril de dos mil veintidós- se declaró cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese; de manera personal al quejoso y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, por oficio a la fiscal tercera interesada y a las autoridades responsables; y cúmplase.
- Principal
SE DEJO AVISO DE NOTIFICACION A LA PARTE QUEJOSA, POR LO TANTO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA. Puebla, Puebla, uno de abril de dos mil veintidós. Se califica cumplimiento de sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que ha concluido el plazo de tres días concedidos a las partes, en proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, para manifestarse respecto de los actos efectuados por la Jueza Municipal en Materia Civil y Penal de San Andrés Cholula, Puebla, para cumplir la ejecutoria de protección. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede verificar, de oficio y con base en las constancias remitidas por la autoridad responsable1 si la sentencia dictada se ha ejecutado conforme lo juzgado. Pues sería infructuoso, para el quejoso, haber obtenido el amparo y la protección de la Justicia Federal, si su ejecución no cumple con todos y cada uno de los efectos precisados en la sentencia2. Lo anterior, porque si bien el acceso a la justicia de los gobernados, en un primer momento, se mide en la sentencia, lo cierto es que, en realidad, sólo se materializa hasta su fiel ejecución3. Ahora, es cierto que en la sentencia emitida en audiencia constitucional de diecinueve de enero de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso Juan Carlos Martínez Varillas, para los efectos de que la autoridad responsable: ".1. Deje insubsistente el auto de formal prisión de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el proceso 129/2014, en contra de Juan Carlos Martínez Varillas. 2. Con libertad de jurisdicción, dicte otra determinación debidamente fundada y motivada, en la que resuelva la situación jurídica del inculpado, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia.". En vista de lo anterior, en proveído de quince de febrero de dos mil veintidós, al causar ejecutoria la sentencia emitida en el presente expediente, se requirió a la autoridad judicial responsable el cumplimiento de la sentencia. Así, por oficio 71, recibido el veintitrés de febrero del año en curso, la Jueza Municipal en Materia Civil y Penal de San Andrés Cholula, Puebla, remitió copia certificada de la resolución emitida el veintidós de febrero previo. Luego en auto de veinticuatro del mismo mes y año, se dio vista a las partes con las referidas constancias, sin embargo, mediante proveído de once de marzo de dos mil veintidós se determinó que la autoridad responsable no atendió con exactitud los efectos de la protección otorgada al quejoso, por lo que se le requirió para que diera cabal cumplimiento al fallo protector. En esa tesitura, el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio 100, signado por la Jueza Municipal en Materia Civil y Penal de San Andrés Cholula, Puebla, mediante el cual remitió copia certificada de la resolución emitida el catorce de marzo anterior. Ahora, esas constancias tienen pleno valor probatorio como documentos públicos, debido a que se trata de actuaciones judiciales debidamente certificadas. De modo que pueden ser utilizadas para resolver el cumplimiento a la protección de amparo, dado lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Entonces, se procede a revisar si las actuaciones recibidas se ajustan a los efectos de la protección otorgada. De inicio, destaca que la jueza responsable dejó insubsistente el auto de formal prisión de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno y veintidós de febrero de dos mil veintidós (con la que inicialmente pretendió cumplimentar el fallo), emitida a *, dentro de la causa penal * Luego, procedió al estudio de las pruebas que obran dentro de la causa penal * con las cuales consideró que se encuentra acreditada la probable responsabilidad de Juan Carlos Martínez Varillas, en la comisión del delito de evasión de presos, ilícito previsto y sancionado por los artículos 167 y 170, relacionado con los artículos 83, 14 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla, cometido en agravio de la sociedad. Asimismo, consideró suficientes esas pruebas para sustentar su probable responsabilidad en dicho ilícito. En tal virtud, decretó auto de formal prisión o preventiva en contra de * Bajo ese contexto, se observa que en la nueva determinación adoptada -de catorce de marzo de dos mil veintidós- la autoridad responsable acató en su totalidad los efectos de la protección constitucional. Por tanto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia sin excesos ni defectos. Pero a fin de respetar el derecho de las partes a inconformarse con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se hace de su conocimiento que es su derecho recurrir esta determinación a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo. De hecho, tendrán un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel al que surta efecto la notificación de este acuerdo. Vista a la fiscal federal adscrita. Se ordena dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para que esté en aptitud de manifestarse en términos de sus obligaciones legales. Anotaciones internas. Con el objeto de registrar la presente determinación en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se puntualizan los datos siguientes: a) Se concedió el amparo al quejoso en sentencia emitida en audiencia constitucional de diecinueve de enero de dos mil veintidós; b) El quince de febrero de dos mil veintidós causó ejecutoria la sentencia emitida y se requirió a la jueza responsable su cumplimiento; c) La Jueza de Municipal en Materia Civil y Penal de San Andrés Cholula, Puebla, cumplió la protección constitucional mediante resolución de catorce de marzo de dos mil veintidós; d) El dieciséis de marzo de dos mil veintidós se recibió en la oficialía de este juzgado la totalidad de las constancias con las que la Jueza responsable informó dicho cumplimiento; y e) En la presente fecha -uno de abril de dos mil veintidós- se declaró cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese; de manera personal al quejoso y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, por oficio a la fiscal tercera interesada y a las autoridades responsables; y cúmplase.
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