Juan Carlos González Ruíz Esparza y Otros.
Expediente 144/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 144/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Juan Carlos González Ruíz Esparza y Otros.
Actuaciones
- Principal
De la certificación precedente y el estado procesal del juicio, se advierte que los quejosos omitieron impugnar el acuerdo de dos de marzo de dos mil dieciocho, que tuvo no presentada la demanda origen de este juicio. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, se declara que el referido acuerdo ha quedado firme (causó estado). Por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. De conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención al sentido del acuerdo pronunciado en el mismo y carece de relevancia documental. Por último, se instruye a la secretaria para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente.
- Principal
Del estado procesal que guarda el expediente y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días concedido a los quejosos, para que desahogaran la prevención formulada en acuerdo de quince de febrero de dos mil dieciocho, transcurrió del veintidós al veintiocho de febrero del año en curso, sin que éstos hubieran presentado escrito aclaratorio. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado en el acuerdo en cita y con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene no presentada la demanda que originó este juicio de protección.
- Principal
Se recibe la demanda de protección signada por *** por propio derecho, contra actos del Juez Primero en Materia Penal de esta ciudad (del Distrito Judicial) de Puebla y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, de la lectura integral de la demanda se advierte que contiene irregularidades que suscitan la presente prevención, en particular respecto de las autoridades señaladas como responsables. Para demostrarlo se hace notar la imprecisión en el señalamiento de las autoridades siguientes: ". I) El Ciudadano Juez Noveno en Materia Penal en esta ciudad de Puebla. y E).- Lo es el Director de la Policía Ministerial de la Procuraduría del Estado de Puebla.". Lo anterior es impreciso porque es un hecho notorio que la primer autoridad es inexistente, pues ésta concluyó sus funciones en cumplimiento al acuerdo de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, y los asuntos que se tramitaban en ese juzgado fueron distribuidos entre los ocho juzgados restantes. Luego, en cuanto hace a la segunda autoridad también es irregular porque las reformas legislativas que se hicieron desde el año dos mil dieciséis, implicaron el cambio de denominación de las autoridades de la otrora Policía Ministerial, inclusive Procuraduría General de Justicia. De ahí que sea indispensable la denominación actual de la responsable que se pretende involucrar como ejecutora, y más porque los antecedentes de otros juicios reflejan la imposibilidad que ha existido para notificar al hoy extinto Director de la Policía Ministerial (con esta denominación). Lo que imposibilitará emplazar a juicio a las autoridades mencionadas, como ha sucedido en otros asuntos de este juzgado que también han involucrado órdenes de aprehensión o detención pero han terminado en sobreseimiento, por la falta de una responsable concreta. Lo cual es necesario aclarar a fin de evitar que las autoridades señaladas como responsables resulten en un futuro inexistentes. Por tanto, con fundamento en los artículos 108 fracción III, y 114 fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se requiere a los quejosos para que en el plazo de cinco días siguientes a cuando surta efectos la notificación de este acuerdo, efectúen bajo protesta de decir verdad la siguiente aclaración: ? Señalen la denominación correcta de las autoridades que pretenden involucrar como responsables, en particular las que refirieron como Juez Noveno en Materia Penal en la ciudad de Puebla y Director de la Policía Ministerial de la Procuraduría del Estado de Puebla. Se hace saber a los quejosos que al desahogar el requerimiento formulado, deberán exhibir copias del escrito aclaratorio, para distribuirlas de la siguiente forma: una (1) para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, una (1) para cada autoridad responsable, una (1) para el tercero interesado si lo hubiere en términos del artículo 5 fracción III, de la ley de la materia y dos (2) para el incidente de suspensión. Además se establece el apercibimiento siguiente: de incumplir el requerimiento formulado en el plazo otorgado para tal efecto (por la irregularidad antes mencionada) se tendrá no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Asimismo, se les requiere para que al momento de desahogar el presente requerimiento designen un representante común de entre los quejosos, de conformidad con el artículo 13 de la citada legislación, bajo el apercibimiento que de omitir hacerlo se tendrá como tal al primero de los nombrados en su demanda de amparo. Por otra parte, se tiene como domicilio de los quejosos para oír y recibir notificaciones el que señalan en la demanda de amparo; quedan autorizadas para los mismo efectos e imponerse de los autos las personas nombradas por aquéllos porque omitieron conferirles en forma expresa los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la constitución federal, y con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda realizar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Por último, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se le hace saber el derecho que le asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitiera manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.
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