JUAN CARLOS HERNANDEZ QUERO y Otros.

Expediente 609/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
609/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
03/02/2021

Partes del expediente

  • JUAN CARLOS HERNANDEZ QUERO y Otros.
  • Juan Carlos Hernandez Quero

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que al acceder al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el seis de noviembre pasado aceptó la competencia declinada a su favor de la demanda 609/2020, del índice de este juzgado, radicándola con el número 1038/2020, de su índice. Por tanto, realícese la vinculación del presente expediente, con el diverso número 1038/2020, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a fin de que provea lo conducente respecto a los oficios números 15084 y 15085, dirigidos al Instituto Nacional de Migración, con sede en el Aeropuerto Internacional, Benito Juárez de la Ciudad de México y Agentes de Migración Destacamentados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México "Benito Juárez", los cuales fueron devueltos con las anotaciones: "no recibió el destinario del Instituto Nacional de Migración" y "no existe agente (s)". Por otra parte, con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 20 fracción I, inciso a) del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y atendiendo a que en el presente juicio éste órgano jurisdiccional declinó competencia legal a favor de diverso juzgado, el expediente es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Visto los dos sobres cerrados que devuelve el Jefe del Servicio Postal Mexicano, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, los cuales contienen los oficios números 15084 y 15085, dirigidos al Instituto Nacional de Migración, con sede en el Aeropuerto Internacional, Benito Juárez de la Ciudad de México y Agentes de Migración Destacamentados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México "Benito Juárez", con las anotaciones: "no recibió el destinario del Instituto Nacional de Migración" y "no existe agente (s)"; por tanto, se reserva acordar lo conducente hasta en tanto el Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en Turno., informe si acepta o no la competencia declinada. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de octubre de dos mil veinte. Visto el oficio número 20044/2020/155, del Jefe de la Oficina Telegráfica de Telecomunicaciones de México, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, sin hacer mayor pronunciamiento en cuanto a su contenido, toda vez que los oficios que hace referencia fueron enviados en la vía postal y correo electrónico a la espera que confirmen su recepción. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    MESA "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por JUAN CARLOS HERNANDEZ QUERO, promoviendo por propio derecho y en representación de su esposa LINA MARCELA LOZANO LEÓN, contra actos de la Subrepresentación Federal del Instituto Nacional de Inmigración o Migración (INM), ubicada en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México y otra autoridad, recibida el catorce del mes actual, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 609/2020. Toda vez que la competencia legal es de orden público y, por ello, no puede quedar sujeta a voluntad de las partes, se procede a analizar si en el caso se surte la competencia legal de este juzgado, para conocer de la demanda de amparo presentada por dicha parte quejosa. Es aplicable al caso la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso". Al respecto, el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, señala lo siguiente: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: . VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." De la literalidad del precepto constitucional transcrito, se advierte que el juicio de amparo se promoverá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, destacando que para efectos de su tramitación, entre otros requisitos, se limitará al informe de la autoridad señalada como responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil novecientos setenta y cinco, del tomo XXV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, bajo el rubro: "COMPETENCIA EN AMPARO. La fracción IX del artículo 107 constitucional, somete el conocimiento de los juicios de garantías, de la competencia de los Jueces de Distrito, al de la jurisdicción en que esté el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, sin distinguir si el amparo se endereza contra actos de autoridades judiciales o distintas de éstas" . Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo previene que: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se hay ejecutado." Ahora bien, en la especie es de mencionarse, que el acto que en este juicio se reclama es la orden verbal o por escrito que dio el Subrepresentante Federal del Instituto Nacional de Inmigración o Migración (INM) y a los agentes a su mando, ubicados en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, a la C. Lina Marcela Lozano Léon, para impedir su ingreso y permanencia dentro del territorio mexicano. De lo expuesto, se advierte que se surte la hipótesis señalada en el primer párrafo del artículo 37 de la ley de la materia, consistente en que cuando el acto reclamado requiera de ejecución, el Juez de Distrito competente para conocer del juicio de amparo lo es aquél en el lugar donde el acto que se reclama deba tener ejecución, trata de ejecutarse, se esté ejecutando o se hace ejecutado. Así es, toda vez que la ejecución material del acto reclamado, tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, donde radican las autoridades responsables; por tanto, se colige que la competencia para conocer del presente juicio de amparo, por razón de territorio, corresponde a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, conforme al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en su punto cuarto, fracción I, que en lo que interesa, establece: I. PRIMER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito con residencia en el Distrito Federal ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de aquél. Los Juzgados Federales Penales Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones ejercerán jurisdicción territorial, en toda la República Mexicana. En ese contexto, este juzgado declara carecer de competencia legal para el conocimiento del presente asunto. Por tanto, con fundamento en el artículo 48 de la ley de la materia, se ordena remitir la demanda de amparo y anexo, al Juez de Distrito en Materia Administrativa con residencia en la Ciudad de México, en turno, por conducto del Jefe de Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en la Ciudad de México, quien resulta competente, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Ahora, si bien el artículo 48, último párrafo, de la Ley de Amparo, establece que en los casos de notoria incompetencia del juzgado ante quien se presentó la demanda de amparo, el Juez debe proveer respecto de la suspensión provisional o de oficio solicitada cuando se trate de los actos mencionados en el artículo 15 de ordenamiento legal en cita, y en el caso, de la literalidad de la demanda de amparo se advierte que el acto destacado se encuentre en los supuestos que establece el referido artículo 15, esto es, se trata de actos de deportación o destierro, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, al encuadrar la situación jurídica de la directamente agraviada, en la hipótesis prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo, de oficio y de plano se concede la suspensión de los actos que entrañen la extradición, deportación o expulsión del país de LINA MARCELA LOZANO LEÓN, toda vez que de ejecutarse tales actos se afectaría materialmente su libertad personal y se dejaría sin materia el juicio de amparo; ello, para el efecto de que, mientras se falle el amparo en lo principal, la quejosa quede a disposición del juzgado que acepte la competencia de la demanda de amparo, en donde se encuentra recluida, en lo que se refiere a su libertad personal, en términos del artículo 160 de la Ley de Amparo. Derivado de lo anterior, remítanse vía fax y/o telegráfica los oficios respectivos, con independencia que se envíen vía postal, a fin de que las autoridades responsables informen en el término de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de que sean notificadas del presente requerimiento, las gestiones realizadas sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano, bajo apercibimiento que, de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta a trescientos Unidades de Medida y Actualización vigente, de conformidad con lo que establece el artículo 251 de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que el desacato a la medida decretada se sanciona en términos del artículo 262, fracción III, de la ley de la materia. Cabe señalar que la suspensión que se otorga no es susceptible de apartarse del procedimiento del que emana, por lo que, en ese aspecto, debe atenderse a las normas que rigen la extradición, deportación o expulsión. Es aplicable al respecto, la tesis de la Primera de la Corte Suprema consultable en la página 172 del tomo XXXIV, julio de dos mil once, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "ORDEN DE DETENCIÓN CON FINES DE EXTRADICIÓN. EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL OTORGADA CONTRA SU EJECUCIÓN. Si se toma en consideración que este alto tribunal ha sostenido que la extradición es el acto mediante el cual un Estado hace entrega de una persona que está en su territorio a otro Estado que la reclama por tener el carácter de inculpada, procesada o convicta por la comisión de un delito, a fin de que sea sometida a juicio o recluida para cumplir con la pena impuesta, es indudable que el acto reclamado consistente en la orden de detención con fines de extradición es un acto que de ejecutarse afectaría material y temporalmente la libertad de la persona cuya extradición se reclama y, por ello, es procedente conceder la suspensión de su ejecución; sin embargo, ésta debe otorgarse considerando la naturaleza especial del procedimiento del que emana, por lo que en ese aspecto deben atenderse las normas que rigen dicha extradición. En tal virtud, conforme al artículo 17, primer párrafo, de la Ley de Extradición Internacional, en el momento en que se manifiesta la intención de presentar la petición formal para la extradición de una persona, se requiere que el Estado solicitante únicamente exprese el delito por el cual solicita la extradición y manifieste que contra el reclamado existe una orden de aprehensión emanada de autoridad competente, ya que es incuestionable que en esa etapa del procedimiento, el juez federal no cuenta con los elementos suficientes para determinar si el delito que se atribuye al reclamado, conforme a la ley que lo rige, permite la libertad bajo fianza prevista en el artículo 26 de la citada ley, pues esto acontece hasta que se formule la petición formal de extradición, conforme a los artículos 19 y 20 del mismo ordenamiento, ya que hasta esta etapa el juzgador cuenta con los elementos necesarios para proveer lo conducente, en la medida en que el artículo 16 de dicha ley obliga al Estado solicitante a reunir los requisitos que prevé, como la reproducción del texto de los preceptos de la ley del Estado solicitante que definan al delito y determinen la pena para formular la petición formal de extradición. De ahí que acorde con el artículo 136 de la Ley de Amparo, la suspensión provisional que contra dicho acto se otorgue, sólo producirá el efecto de que el quejoso, en su momento, sea puesto a disposición del tribunal de amparo, en lo que corresponde a su libertad personal en el lugar en que sea recluido y a disposición del juez responsable para la continuación del procedimiento de extradición. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y en atención a la certificación realizada por la Secretaria de este Juzgado, toda vez que no se encontró a ninguna persona de las señaladas por la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; por tanto, se tiene por autorizadas únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, ya que sus cédulas no se encuentran inscritas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado mediante Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil cinco. Por otra parte, con apoyo en el artículo 5, fracción I, y 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se le tiene señalando el correo electrónico y teléfono que menciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa para que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; a través del cual podrán presentar promociones y realizar la consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. Por último, se autoriza al Secretario encargado del trámite del presente expediente, para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE.

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