Juan Carlos Luis Pacheco
Expediente 853/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 853/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan Carlos Luis Pacheco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto que DESECHÓ la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso d) del citado Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda, este expediente es DESTRUIBLE, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito firmado por el promovente Juan Carlos Ruiz Pacheco por medio del cual desahoga la prevención realizada en auto de veintidós de julio del presente año, en atención a su contenido se provee: DESECHAMIENTO Con fundamento en los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se advierte se actualiza la CAUSAL DE IMPROCEDENCIA relativa a que el quejoso NO AGOTÓ EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo y, por ende, resulta procedente DESECHAR DE PLANO DE LA DEMANDA DE AMPARO. El aludido numeral establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; .". De conformidad con el artículo transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra actos de tribunales judiciales, respecto de los cuales, la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Tal principio encuentra justificación en el hecho de que, al tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a promoverlo, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los ejerzan y, sólo en el caso de no obtener resolución favorable, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Pues, si las partes afectadas por actos administrativos no tuvieran la carga de plantear las defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública. No es óbice a lo anterior, que el acto impugnado pueda considerarse de ejecución irreparable, ya que tal circunstancia no es impedimento jurídico para dejar de cumplir con el presupuesto de DEFINITIVIDAD del acto reclamado, salvo los casos expresamente previstos por la propia ley de amparo. Fundamenta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 25/2015, entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas del Alto Tribunal, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, registro digital 2017117, con el rubro y contenido: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo.". Conforme a lo anterior, antes de acudir al juicio de amparo como medio extraordinario de defensa, a través del cual se controla la constitucionalidad de actos o leyes, es necesario agotar en primer término la jurisdicción ordinaria; por lo que en el caso, la parte quejosa debió promover RECURSO DE REVOCACIÓN contra la MULTA impuesta en la causa penal 964/2021 del índice del Juez responsable, por incomparecencia del mismo, en auto de nueve de julio del presente año, en términos de lo dispuesto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dicho numeral prevé: "Art 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite en que se resuelvan sin sustanciación." En consecuencia, al no haberse cumplido con la definitividad del acto reclamado, resulta improcedente la demanda de amparo en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. EL PRESENTE PROVEÍDO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito firmado por el promovente Juan Carlos Ruiz Pacheco por medio del cual desahoga la prevención realizada en auto de veintidós de julio del presente año, en atención a su contenido se provee: DESECHAMIENTO Con fundamento en los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se advierte se actualiza la CAUSAL DE IMPROCEDENCIA relativa a que el quejoso NO AGOTÓ EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo y, por ende, resulta procedente DESECHAR DE PLANO DE LA DEMANDA DE AMPARO. El aludido numeral establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; .". De conformidad con el artículo transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra actos de tribunales judiciales, respecto de los cuales, la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Tal principio encuentra justificación en el hecho de que, al tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a promoverlo, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los ejerzan y, sólo en el caso de no obtener resolución favorable, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Pues, si las partes afectadas por actos administrativos no tuvieran la carga de plantear las defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública. No es óbice a lo anterior, que el acto impugnado pueda considerarse de ejecución irreparable, ya que tal circunstancia no es impedimento jurídico para dejar de cumplir con el presupuesto de DEFINITIVIDAD del acto reclamado, salvo los casos expresamente previstos por la propia ley de amparo. Fundamenta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 25/2015, entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas del Alto Tribunal, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, registro digital 2017117, con el rubro y contenido: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo.". Conforme a lo anterior, antes de acudir al juicio de amparo como medio extraordinario de defensa, a través del cual se controla la constitucionalidad de actos o leyes, es necesario agotar en primer término la jurisdicción ordinaria; por lo que en el caso, la parte quejosa debió promover RECURSO DE REVOCACIÓN contra la MULTA impuesta en la causa penal 964/2021 del índice del Juez responsable, por incomparecencia del mismo, en auto de nueve de julio del presente año, en términos de lo dispuesto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dicho numeral prevé: "Art 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite en que se resuelvan sin sustanciación." En consecuencia, al no haberse cumplido con la definitividad del acto reclamado, resulta improcedente la demanda de amparo en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
MESA "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de julio de dos mil veintidós. REGISTRO DE EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 853/2022. PARTE QUEJOSA JUAN CARLOS LUIS PACHECO, por propio derecho. AUTORIDAD RESPONSABLE 1. Juez de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales sede San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Derecho fundamental contenido en el artículo 16 Constitucional. ACTO RECLAMADO El acuerdo de nueve de julio de dos mil veintidós que confirma el recurso de revocación interpuesto contra la MULTA impuesta en la causa penal 964/2021 del índice del Juez responsable, por incomparecencia del promovente. PREVENCIÓN Ahora, a fin de proveer lo conducente, con fundamento en el artículo 114, fracciones I, IV, en relación con el diverso 108, fracciones IV y V, y 110 de la Ley de Amparo, se PREVIENE a la parte promovente, para que dentro del término de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, por escrito y con las constancias necesarias para cada una de las partes de su escrito aclaratorio, el que formará parte integrante de la demanda, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: 1. Precise la calidad que le resulta dentro de la causa penal 964/2021. 2. Señale el nombre y domicilio de las partes intervinientes en la citada causa penal. 3. Precise los antecedentes del acto reclamado. 4. Señale los datos, fecha y circunstancias de su citación, para la audiencia dentro de la causa 964/2021. 5. Señale si ha promovido diverso juicio de amparo en el que sea parte, o que reclame alguna actuación de la causa penal 964/2021, y, de ser afirmativa su respuesta señale el número de juicio de amparo y juzgado que conoce del mismo. APERCIBIMIENTO Se apercibe al promovente que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada su demanda, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del precepto 114 de la ley de la materia. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizados para tal efecto a las personas que refiere. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES Desde este momento SE AUTORIZA para que CUALQUIER DILIGENCIA que se ordene en el presente juicio de amparo, se realice de ser necesario, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que el suscrito lo estima pertinente para el adecuado despacho de este asunto. PETICIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. De igual forma, se exhorta a las partes, con fundamento en el artículo 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020, para que propongan una forma especial y expedita de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se pueden implementar las comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. ATENCIÓN VÍA TELEFÓNICA Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, hágase del conocimiento de las partes que se encuentra a su disposición el número telefónico 9515023565, con un horario de atención de las nueve a las catorce treinta horas, de lunes a viernes, únicamente para la atención de aspectos que permitan facilitar el trámite de los juicios y procedimientos que se siguen ante este órgano jurisdiccional, no así para comunicaciones de carácter procesal. MEDIDAS SANITARIAS Como medida preventiva respecto a la epidemia generada por el virus SARS-CovV2 (COVID-19), a efecto de aminorar el riesgo de contagio con motivo de la práctica de diligencias en el presente juicio de amparo, adoptar medidas estrictas de distanciamiento social y de esquemas para salvaguardar la salud de nuestra comunidad, se hace del conocimiento de las partes que dicha audiencia se llevará a cabo sin la presencia física de las partes; no obstante, podrán presentar por escrito de manera física o electrónica los alegatos y pruebas que consideren pertinentes de conformidad con lo previsto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, prorrogado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 9/2022 del mismo Pleno. En el entendido de que tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias que suelan requerir la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se puedan practicar mediante el uso de herramientas tecnológicas como las videoconferencias, cuando resulte necesaria su intervención, circunstancia que será aplicable incluso cuando la tramitación de un expediente se realice bajo el esquema tradicional y no mediante el modelo de juicio en línea. En otro aspecto, hágase de su conocimiento que, con fundamento en el artículo 6 del acuerdo antes mencionado, el modelo de atención presencial será basado en citas, que se generarán desde la modalidad del programa "Agenda OJ", con la que se realizará dicha funcionalidad, siguiendo y acatando los supuestos y las reglas señaladas en los incisos a, b, c, d, e y f del citado artículo 6. Asimismo, comuníqueseles que tratándose de comunicaciones no procesales, es posible brindar atención vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, como lo establece el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General invocado. De igual manera, conforme a lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, para la realización de notificaciones personales, podrá establecerse contacto con el Actuario, a través de dichas herramientas, para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Con fundamento en el artículo 7 de Acuerdo General 21/2020, respecto a las medidas sanitarias para el acceso a los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, los que acudan a este órgano judicial deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Se hace del conocimiento de las partes, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. Por último, se autoriza al Secretario encargado del trámite del presente expediente para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. EL PRESENTE PROVEÍDO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA.
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