JUAN CARLOS GARCIA MARQUEZ y Otros.
Expediente 849/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 849/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 24/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- JUAN CARLOS GARCIA MARQUEZ y Otros.
- Juan Carlos Garcia Marquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Incidental
MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación del Secretario, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha se ordenó el archivo del expediente principal; por lo tanto, con fundamento en el Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo previsto en los artículos 18, 20 y 36 del citado Acuerdo General, y conforme a la certificación secretarial de cuenta, se precisa que en el presente cuaderno incidental no existen documentos originales; asimismo, que en términos de lo dispuesto en el capítulo Siete del Manual de Organización de los Archivos Judiciales, resguardado por el Consejo de la Judicatura, dado que se concedió la suspensión definitiva, el cuaderno incidental original es depurable dentro de tres años. En cambio, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a) del invocado Acuerdo General, su duplicado es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el considerando segundo de la interlocutoria de dieciocho de agosto de dos mil veintidós.. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó en el presente juicio; con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase lo anterior, del conocimiento de las partes, para los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo previsto en los artículos 18, 20 y 36 del citado Acuerdo General, y conforme a la certificación secretarial de cuenta, se precisa que en el presente juicio de amparo no existen documentos originales; asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General en cita, y atendiendo a que en el presente asunto se sobreseyó en el juicio de amparo, este expediente es destruible después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma electrónicamente, RODOLFO SÁNCHEZ ZEPEDA, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante Ramiro García Simón, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
MESA III "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 849/2022 (...) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos emitidos en un juicio de naturaleza laboral, seguido ante autoridades, con residencia dentro del ámbito de jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama a la autoridad responsable: El acuerdo de fecha veintiuno de junio de dos mil veintidós, por medio del cual les hace efectivo a cada uno de los quejosos, el medio de apremio decretado en el expediente laboral 418/2009, consistente en una multa equivalente a $19,244.00 (diecinueve mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 m.n.) Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, al rendir su informe justificado, ACEPTÓ la existencia del acto reclamado. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias remitidas por la autoridad responsable, a la que se ha otorgado el valor probatorio de ley, y a las constancias del diverso juicio de amparo 60/2013, del índice de este juzgado, y de donde se advierte lo siguiente: 1.- Que ante la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, se encuentra radicado el expediente laboral número 418/2009, en que, conforme a las actuaciones remitidas por aquella, se advierte que la parte demandada, a través del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, tiene pendiente la ejecución de un laudo, que entraña, por una parte, el otorgamiento de un nombramiento de base a favor de José Omar Martínez Martínez, su reinstalación y el pago de pesos. 2.- Que teniendo a la vista el juicio de amparo número 60/2013, se advierte, ciertamente, como lo aduce la responsable en el punto que antecede, que esas prestaciones laborales implican el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo de referencia, por parte de la junta responsable y el ayuntamiento de Santa Lucía del Camino. 3.- Que en auto de diez de junio de dos mil veintidós, hizo del conocimiento de este Juzgado, en los autos del apuntado juicio de amparo 60/2013, del requerimiento hecho al Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, con el fin de lograr el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con que culminó el juicio. 4.- Lo anterior fue recalcado por la Junta de conocimiento en acuerdo de sus autos datado el veintiuno de junio de dos mil veintidós, en cuyo proveído del juicio de amparo 60/2013 del índice de este juzgado, se acordó: "Agréguese a los autos, el oficio con terminación 879/2022 signado por la Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, mediante el cual informa entre otras cuestiones lo siguiente: a) Por acuerdo de veintiuno de junio del año en curso, hizo efectivo a los Integrantes de Cabildo del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, los apercibimientos decretados en acuerdo de dos de marzo de dos mil veintidós, en relación con el de siete de junio del año en curso, y se les IMPONE A CADA UNO DE LOS ACTUALES INTEGRANTES DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA, EN SU CALIDAD DE PERSONAS FISICAS Y NO A LA PERSONA MORAL QUE REPRESENTAN, DOS MULTAS CADA UNA DE 100 (CIEN) Unidades de medida y Actualización (UMA), que asciende a un monto total de $19,244.00 (diecinueve mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N), por lo que se ordena girar oficio a la Secretaria de Finanzas, para que a través del respectivo procedimiento de ejecución haga efectivo la multa impuesta a la Tesorera Municipal del Ayuntamiento demandado. b) Requirió nuevamente a los Actuales Integrantes de Cabildo del Ayuntamiento demandado de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, por conducto de su Síndico Municipal, por ser su representante legal, y su Tesorero Municipal, para que, dentro del término de tres días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo de veintiuno de junio del año en curso, exhiban ante la Oficialía de Partes de esta Junta a favor del actor José Omar Martínez Martínez: - Los pagos parciales de los meses de noviembre y diciembre de dos mil veintiuno, cada uno por la cantidad de $9 000.00 (NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N), y el diverso de enero de dos mil veintidós, por $22,877.37 (VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N) conforme al convenio celebrado entre las partes el tres de agosto de dos mil veintiuno. - El pago parcial del mes de febrero, marzo, abril, mayo y junio de dos mil veintidós, por la cantidad de $22,877.37 (VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N), conforme al convenio celebrado entre las partes el tres de agosto de dos mil veintiuno, con el apercibimiento de imponer multa a cada uno, consistente en 100 (CIEN) Unidades de medida y Actualización (UMA), que asciende a un monto total de $9,622.00 (NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 00/100 M.N.). c) En caso de continuar en contumacia de no cumplir con lo que se les requiere, por ende el laudo y ejecutoria, se ORDENARA dar vista a la FISCALIA ESPECIALIZADA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO, con el objeto de que investigue sobre la comisión del delito de DESOBEDIENCIA A UN MANDATO LEGITIMO DE AUTORIDAD, previsto en el artículo 177 del Código Penal para el Estado de Oaxaca. De todo lo anterior se toma nota, para los efectos legales a que haya lugar". 5.- Siendo el acto reclamado, la imposición de la multa a los quejosos, que se hizo efectiva por no dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en los autos del expediente número 60/2022 del índice de este propio juzgado. QUINTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En la especie, conforme a la relatoría de los antecedentes del acto reclamado, se estima que por estar vinculado el acto reclamado AL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO, a saber, aquella con que culminó el juicio de amparo número 60/2013, del índice de este propio juzgado, se actualiza LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, prevista en el artículo 61, fracción IX de la Ley de Amparo, que dice: Art. 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] IX.- Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. En efecto, lo anterior es así, porque si en el juicio de amparo número 60/2013, del índice de este propio juzgado, se otorgó el amparo y protección de la justicia federal al ahí quejoso José Omar Martínez Martínez, para efecto de que se concrete el laudo dictado en el juicio natural, que implica se le otorgue un nombramiento de base, sea reinstalado y se le haga pago en pesos de diversas prestaciones de naturaleza laboral, de lo que hasta esta fecha no se ha podido -ni aun desde esta potestad jurisdiccional- dar cumplimiento o ejecutar la ejecutoria que concedió el amparo y protección de la justicia federal a dicho justiciable, constriñendo incluso, a la Junta responsable del conocimiento para que obligue a los miembros del ayuntamiento demandado, con el uso de los medios de apremio respectivos, resulta claro, que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia apuntada, pues, esas medidas se adoptan con el fin de lograr la ejecución de la ejecutoria. No entenderlo así, y analizar el acto, sería tanto como inadvertir los motivos que tuvo el legislador para lograr la ejecución de las resoluciones de manera pronta, y desembocar la actuación jurisdiccional en un contrasentido, en tanto que este órgano de control constitucional, por una parte, insistiría en autos del juicio de amparo número 60/2013, en arengar a la junta a que haga cumplir la ejecutoria, con uso de los medios de apremio dispuestos en la ley para lograrlo, y, por otro, analizar la constitucionalidad o no, de la imposición de los medios de apremio que se imponen por no acatar el fallo protector. Se invoca en apoyo la tesis de jurisprudencia número 57/2018 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 829 del libro 60, noviembre de dos mil dieciocho, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ, NO TRANSGREDE EL DERECHO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. El precepto citado, al establecer que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, se refiere a aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo las constriñe a realizar determinadas acciones, esto es, en las que les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva sentencia conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. Ahora bien, la improcedencia referida deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que, admitir uno nuevo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese sentido, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no transgrede el derecho a contar con un recurso eficaz, al no contradecir los artículos 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la norma referida no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Además, el precepto citado también cumple con el postulado previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en procurar una justicia pronta y expedita, que asegure su correcta y funcional administración. En cuya circunstancia, AL ACTUALIZARSE EL SUPUESTO DE IMPROCEDENCIA ANOTADO, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el juicio. SEXTO. Transparencia. Dado que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ..., en los términos del considerando quinto de esta resolución. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el siete del actual se notificó a las partes el proveído por el que se agregó el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado. En tal circunstancia, y a fin de dar oportunidad a que la parte quejosa esté en aptitud de imponerse del informe de cuenta y de no hacer nugatorios sus derechos, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON ONCE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE.
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