Juan Carlos Estrada Alascoaga
Expediente 316/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 316/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 07/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Carlos Estrada Alascoaga
- Directora de Orden Urbano de la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas de Morelia, Mich y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Incidental
Morelia, Michoacán, siete de diciembre de dos mil veintidós. SOLICITA ACUSE DE RECIBO. Agréguese a los presentes autos el oficio por el cual la autoridad que lo signa solicita acuse de recibió del oficio 1602 a través del cual se remitió testimonio autorizado de la ejecutoria emitida en la queja administrativa 60/2020, relativa la recurso hecho valer en contra del auto de veintidós de mayo de dos mil veinte, dictado en estos cuadernos incidentales; en tal virtud y como se solicita, mediante atento oficio acúsese el recibo correspondiente, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de junio de dos mil veintiuno. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo, al tratarse de un juicio de amparo en que se decretó su sobreseimiento. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. CUADERNO DUPLICADO DE SUSPENSIÓN En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. ANOTACIONES. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy Fe.Rcl
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, de la que se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido del fallo, hubiese interpuesto recurso de revisión contra dicha resolución de siete de abril de dos mil veintiuno, en la que se SOBRESEYÓ el juicio de amparo promovido por ********************.********************DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO.********************Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 316/2020 promovido por Juan Carlos Estrada Olascoaga contra actos de la Directora de Orden Urbano de la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas de Morelia, Michoacán y otras autoridades, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: Directora del Orden Urbano, Jefa del Departamento de Licencias de Construcción e Inspector-Notificador del Departamento de Licencias de Construcción, todos de la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, rendido de manera conjunta. Secretario de Urbanismo y Obras Públicas del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, en su denominación correcta. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que tanto la parte quejosa como las responsables aportaron prueba documental, mismas que se tuvieron por desahogadas en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Al no existir más pruebas alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que ninguna de las partes formulo alegatos. EL JUEZ: Al no existir alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo IV-316/2020, promovido por Juan Carlos Estrada Olascoaga, por su propio derecho, contra actos de la Directora de Orden Urbano de la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas de esta ciudad, y otras autoridades; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de mayo de dos mil veinte, ante el secretario de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, por razón de turno, Juan Carlos Estrada Olascoaga, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, respecto del acto y por la autoridad que a continuación se transcriben: "1. El ilegal mandamiento escrito emitido por las responsables ordenadoras derivada del oficio número 1708/2019, de data 20 de mayo del año 2019, el cual se detallará en el apartado de antecedentes. 2. La ilegal e indebida diligencia de clausura y suspensión de anuncio y obra llevada a cabo en cumplimiento al mandamiento escrito señalado en el apartado anterior, el día 14 de mayo del año 2020, ordenada y ejecutada por las autoridades señaladas como responsables, en el inmueble consistente en el predio urbano ubicado en Periférico Independencia número 8750, de la colonia Lomas de los Piñones y/o Mariano Jiménez de esta ciudad capital, e identificada escrituralmente como fracción F-03 que surge del inmueble marcado con el número 34 del fraccionamiento de la exhacienda La Huerta. La ilegal e indebida instalación de sellos con la leyenda de "clausura de anuncio y/o obra", que se instalaron en la obra metálica que comencé a instalar y que haré referencia en apartados siguientes, lo que hicieron las responsables en cumplimiento al mandamiento escrito emitido derivado del oficio 1708/2019, en el inmueble antes citado". SEGUNDO.- ADMISIÓN DEMANDA.- Por razón de turno correspondió conocer de dicho libelo a este órgano jurisdiccional, quien en proveído de veintidós de mayo de dos mil veinte, admitió la demanda de amparo, se registró el juicio con el número 316/2020; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y seguido el juicio por sus demás trámites, tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y, CONSIDERANDOS PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia de los actos reclamados, previa fijación de los mismos. Al respecto resulta aplicable la tesis que a continuación se transcribe: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro." En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda, se advierte que el quejoso, reclama lo siguiente: La diligencia de clausura y suspensión de anuncio metálico, mediante oficio 1708/2019, de veinte de mayo de dos mil diecinueve, signado por la Directora de Orden Urbano de la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas de Morelia, Michoacán. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, cuyos datos de localización rubro y texto se transcriben a continuación: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil." TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Directora del Orden Urbano, Jefa del Departamento de Licencias de Construcción e Inspector-Notificador del Departamento de Licencias de Construcción, todos de la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán; así como el Secretario de Urbanismo y Obras Públicas del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, en su denominación correcta, aceptaron la existencia del acto precisado en el considerando que antecede. Lo anterior se corrobora, con el contenido de las documentales que la propia autoridad adjuntó a su informe justificado. Documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°. Es aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Epoca: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Epoca, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: "DOCUMENTOS PUBLICOS"." CUARTO.- IMPROCEDENCIA. No se analizarán los conceptos de violación, toda vez que, en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción l del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Por su parte, el primer párrafo de la fracción l, del artículo 5 de la misma ley dispone: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: l. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados vinculan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De los anteriores preceptos legales se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando la norma general, acto u omisión que se reclame de la autoridad, no afecte el interés jurídico del quejoso, el cual ha sido definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el derecho público subjetivo derivado de alguna norma en específico, que se concreta en forma particular y que otorga a su titular alguna facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad, cuando ésta le ha ocasionado algún perjuicio; esto es, una ofensa, un daño o un agravio en los derechos o intereses del particular, que presuponen la existencia de un derecho legítimamente tutelado por la norma objetiva, el cual, al ser conculcado por la actuación de alguna autoridad, faculte a su titular para acudir ante los órganos de control constitucional y demandar el cese de esa obligación, a través del juicio de amparo, que se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia 854, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en las páginas 582, Tomo VI, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, con número de registro 394810, que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona". Además, para la procedencia del juicio de amparo, no sólo es necesario demostrar la existencia del acto reclamado, sino que el mismo afecte algún derecho jurídicamente tutelado por la ley a favor del peticionario de amparo; esto es, que el acto de autoridad le irrogue perjuicio a su esfera jurídica y, por ende, la afectación a su interés jurídico, perjuicio o afectación que, además de ser actual, debe acreditarse plenamente, no presumirse, de conformidad a lo dispuesto en el referido numeral, así como en la jurisprudencia 2a./J. 16/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 17, Núm. 82, Octubre de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 206338, que señala: "INTERÉS JURÍDICO AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En relación con la tesis aislada sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible a fojas 123, del Tomo 97-102 Primera Parte, de la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 232763, de rubro y texto siguientes: "PERJUICIO E INTERÉS JURÍDICO. De acuerdo con el sistema consagrado por la fracción I del artículo 107 constitucional y 4o. de su ley reglamentaria, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado; el que, desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a afecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y esto constituye el interés jurídico que el ordenamiento legal de amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. De modo que, aunque los promoventes del amparo pretendan se examine la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto que contiene la ley que impugnan, cuando la ley por sí misma no les depara perjuicio alguno, el examen solicitado resulta improcedente, tanto más si entre los actos reclamados en la demanda de garantías y la disposición legal impugnada no existe nexo alguno, ni mucho menos acto de aplicación de ésta en perjuicio de los quejosos". Por otra parte, se precisa establecer que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de junio de dos mil once, en vigor a los ciento veinte días de su publicación, conforme a su artículo primero transitorio, establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho, o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos tutelados por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo dispuesto en la Constitución Federal reformada evidencia con claridad que, al margen de la introducción del concepto de interés legítimo como elemento de la acción de amparo, conserva la figura del interés jurídico y, por tanto, para la procedencia del amparo, se requiere su acreditación cuando quien lo promueve, aduce ser titular de un derecho que dice es afectado por el acto de autoridad que reclama. Las reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos y juicio de amparo, publicadas en el mes de junio de dos mil once, modificaron algunos de los principios fundamentales del juicio de amparo, entre ellos, el relativo al interés jurídico del actor o quejoso como requisito indispensable para la procedencia de la acción. Lo anterior, obliga a que los jueces federales al resolver asuntos en materia de estos nuevos derechos (de interés legítimo y colectivo) creados por el Constituyente Federal en la fracción I del artículo 107 de la Carta Magna, abandonen la idea tradicional de los límites impuestos para la defensa de los derechos del individuo, a fin de que la evolución jurídica de nuestras instituciones sea efectiva y de vanguardia. El interés legítimo, también denominado derecho debilitado o derecho imperfecto, consiste en una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple, siendo su presupuesto la existencia de normas que imponen una conducta obligatoria a la administración pública, sin que a dicha obligación le corresponda un derecho subjetivo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.) consideró, que atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones, para lo cual precisó los elementos constitutivos tanto del interés jurídico como los del interés legítimo. Así los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) Exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) El acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) El promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo, sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1598, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2019456, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". (Lo resaltado es nuestro). Ahora, de las constancias que integran el presente juicio de amparo se desprende que el quejoso reclama la diligencia de clausura y suspensión de anuncio metálico, mediante oficio 1708/2019, de veinte de mayo de dos mil diecinueve, signado por la Directora de Orden Urbano de la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas de Morelia, Michoacán. En el caso concreto, el quejoso bajo protesta de decir verdad manifestó en su demanda que el seis de enero del año dos mil veinte, celebró contrato de arrendamiento del inmueble ubicado en Periférico Independencia, número 8750, de la Colonia de los Piñones y/o Mariano Jiménez, e identificada escrituralmente como fracción F-03, que surge del inmueble marcado con el número 34, del fraccionamiento de la Ex Hacienda la Huerta de esta ciudad, por el término de tres años; y para acreditar tal extremo, acompañó copia cotejada del contrato de arrendamiento celebrado el seis de enero de dos mil veinte, entre María y/o Ma. Auxilio Piñón Martínez y el ahora quejoso Juan Carlos Estrada Olascoaga. Asimismo expuso en su demanda que el doce de febrero de la presente anualidad, presentó formal solicitud ante la Dirección del Departamento de Licencias de Construcción de la Dirección de Orden Urbano de la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas de Morelia, Michoacán, para la licencia de un anuncio publicitario, y acompañó copia fotostática simple de una solicitud para la apertura de licencias y anuncios, con sello de recibido por parte de la Dirección de Anuncios Publicitarios de doce de febrero del dos mil veinte. Sin embargo, dichas constancias no son suficientes para acreditar que el quejoso cuenta con la licencia para la instalación de anuncios publicitarios. Lo anterior es así, porque en el caso concreto debe atenderse a lo dispuesto en el Reglamento de Anuncios Publicitarios del Municipio de Morelia, que en lo que aquí interesa señala: Artículo 13. Los anuncios visibles desde la vía pública deberán contar con la autorización, sea licencia o permiso que se requiera según el presente reglamento, y todos deben cumplir además con cualquier otra disposición que exijan otros ordenamientos legales aplicables. El contenido de los anuncios debe ajustarse a los siguientes lineamientos: [.]". "Artículo 16. La persona física o moral propietaria de los anuncios ubicados fuera centro histórico, visibles desde la vía pública, debe: I. Contar con licencia o permiso vigente para el anuncio de que se trate, según lo prevea el presente ordenamiento y los demás que le sean aplicables; [.]". De lo anterior se obtiene que los anuncios visibles desde la vía pública (lo que se actualiza en el caso, al advertirse del acta circunstanciada, pues el inspector asentó: "Sin licencia estructura para anuncio espectacular al 100% en un predio de 100 m2 aproximados"), deben contar con autorización, ya sea licencia o permiso, además de otros requisitos. No obstante, quien acude a cuestionar la constitucionalidad del acto, si bien acreditó que es titular de un derecho subjetivo (ser poseedor del inmueble), no lo hizo en relación a que éste hubiere sido violado como consecuencia del acto reclamado; es decir, no acreditó que frente al acto del que se duele tenga interés jurídico, lo que sólo podía demostrar probando que sí tenía autorización y/o licencia para la colocación de los anuncios publicitarios sobre el inmueble que defiende, expedida por autoridad competente. Al contrario, de acuerdo a lo manifestado por la Directora de Orden Urbano, la finalidad del acto de molestia era precisamente verificar si se contaba o no con la licencia respectiva. Por tanto, si el peticionario no allegó los documentos que acreditaran que cuenta con la licencia o autorización expedida conforme a lo dispuesto por las disposiciones administrativas aplicables, resulta claro que en el caso, no se evidencia que sea titular del derecho que dice afectado con motivo del mandamiento escrito reclamado que se materializó en el inmueble que defiende y por ello, carece de interés jurídico (y no de otra clase), para defenderse en esta vía contra del mismo. Es aplicable la tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 14 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen CXXV, Tercera Parte, Materia Administrativa, Sexta Época, registro 801986, de rubro y texto: "ANUNCIOS COMERCIALES HACIA LA VIA PUBLICA, COLOCACION DE. SE REQUIERE LA LICENCIA CORRESPONDIENTE PARA TENER INTERES JURIDICO EN AMPARO. La fijación de anuncios comerciales exteriores que dan a la vía pública, está reglamentada. Al respecto, la Suprema Corte ha entendido que tratándose de actividades reglamentadas, es la licencia respectiva y no simplemente la propiedad, lo que engendra la titularidad del derecho correspondiente, y, por ende, el interés jurídico legalmente protegido; por lo que a quien no cuenta con la licencia necesaria, la orden de que sea retirado su anuncio no le afecta sus intereses jurídicos". En consecuencia, al no haberse acreditado el interés jurídico, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo cual conduce a sobreseer en el juicio, de conformidad con lo previsto en el numeral 63, fracción V, de la mencionada ley. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de garantías, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución, toda vez que no se controvirtieron por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Es aplicable al respecto la jurisprudencia número 88, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setenta, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete-dos mil, Octava Época, que establece: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta." Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se Sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Juan Carlos Estrada Olascoaga, en contra de los actos reclamados a las autoridades señaladas en el resultando primero, por las razones precisadas en el último considerando de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortíz Pérez De Los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, asistido de la Secretaria que autoriza y da fe, Marbella Juárez García. Doy fe- Conste.
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