Juan Carlos de las Heras Sánchez
Expediente 892/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 892/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 04/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Juan Carlos de las Heras Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Se agrega el oficio del Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado, por el cual acusa recibo del original de la averiguación previa ** , en cumplimiento al proveído de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento. Por último, devuélvase al archivo el presente expediente como se encuentra ordenado en proveído de veintiséis de marzo actual.
- Principal
De la certificación precedente y del estado que guardan los autos, se advierte que el quejoso omitió recurrir el auto por el cual se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, se declara que el referido auto ha causado estado y se tiene por consentido por las partes. Por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y en atención a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, dado el sentido de la sentencia y carece de relevancia documental. Se instruye a la secretaria para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. Por otra parte, se advierte que la autoridad responsable remitió el original de la averiguación previa ** , y dado el estado procesal del expediente en que se actúa, resulta innecesaria su conservación. Entonces, se ordena devolverlo y se solicita el acuse de recibo correspondiente, con el apercibimiento que de omitir hacerlo, con fundamento en el artículo 237, fracción I y 238, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del juicio, se advierte que ha transcurrido el plazo de veinte días concedido al quejoso en proveído de quince de enero de dos mil dieciocho, para presentar la publicación de los edictos ordenados, sin que hubiera exhibido la publicación de los mismos. Ello es así, pues en el acuerdo en mención, se ordenó emplazar por medio de edictos al tercero interesado ** , mismos que se publicarían por tres veces de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico de mayor circulación nacional; en los cuales se le haría saber al citado tercero interesado que debería presentarse ante este órgano jurisdiccional dentro del plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la última publicación, a fin de hacer valer sus derechos como tercero. Asimismo, se requirió al quejoso para que a partir del día siguiente al en que le fuera notificado el referido acuerdo, compareciera en el local de este órgano jurisdiccional a recoger los referidos edictos para su publicación, y se le apercibió que de ser omiso en acreditar la publicación de los edictos dentro del plazo de veinte días al en que se pusieran a su disposición, se decretaría el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, sin haber acreditado tal publicación. Por ello, se considera que en el particular se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos dispositivos 27, fracción III, inciso b), y 5, fracción III, de la ley de amparo , pues el quejoso en nada acreditó la publicación de los edictos ordenados en el presente asunto. Así, las actuaciones reflejan la omisión del quejoso en cumplir con la referida publicación de los edictos para emplazar al tercero interesado ** , a pesar de haber sido notificado para ello, como se desprende de la notificación de dieciocho de enero de dos mil dieciocho (foja 149). Bajo este contexto, debe considerarse: se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 27 fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, pues al omitir el quejoso exhibir los edictos ordenados y acreditar su publicación, queda paralizado el juicio de derechos humanos al arbitrio del mismo, con lo que se contraviene lo dispuesto en el dispositivo 17 de la Constitución Federal, habida cuenta que se entorpece la pronta y expedita impartición de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello en nada es atribuible a este órgano de control constitucional, sino a la parte promovente, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley, y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte quejosa. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el proveído de quince de enero de dos mil dieciocho (fojas 141 a 143); y se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, en su parte conducente y por similitud jurídica, la jurisprudencia consultable en la página 416, Tomo XXXII, agosto de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO ". En la ejecutoria relativa a la solicitud de modificación de jurisprudencia, se sostuvo en esencia que el incumplimiento del quejoso de recoger los edictos para emplazar al tercero perjudicado y pagar su publicación, no necesariamente conduce al sobreseimiento en el juicio. Lo anterior porque deben ponderarse las circunstancias que rodean al quejoso para determinar si es el Consejo de la Judicatura Federal el que debe publicar, a su costa, los edictos de mérito, ya que además de las materias agraria y penal -sólo en los casos en que está privado de su libertad- en las que no opera el incumplimiento del quejoso de recoger y en su caso publicar los edictos respectivos, en todas las materias se deben tener en cuenta las particularidades del mismo para establecer si le resulta imposible cubrir el costo de la publicación, razón por la cual existe la posibilidad de establecer excepciones que se deben considerar para ordenar el emplazamiento mediante edictos y, en su caso, para decretar el sobreseimiento en el juicio. Con base en estas premisas, se sostuvo que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza -publicación de edictos-, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes de que no tiene la capacidad económica para sufragar dicha publicación, el juzgador podrá determinar que la publicación se realice a costa del Consejo de la Judicatura Federal. En ese contexto, debe precisarse que en el caso, el quejoso también omitió manifestar su imposibilidad económica para cubrir la publicación de los edictos, lo que hace presumir de manera objetiva que sí cuenta con los recursos financieros suficientes para tal efecto y por consiguiente al dejar de exhibir la publicación se denota su falta de interés para la integración de la litis constitucional. En tales condiciones, se decide sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia constitucional. Además, resulta procedente invocar, para los fines que al quejoso convenga, la jurisprudencia XI.P. J1, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, visible en la página 1325, Tomo XXX, Octubre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR OMISIÓN DEL QUEJOSO DE RECOGER, PUBLICAR O EXHIBIR EDICTOS CON EL FIN DE EMPLAZAR AL TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS EN MATERIA PENAL. NO CONSTITUYE COSA JUZGADA Y, POR ENDE, SU DICTADO NO IMPIDE LA PROMOCIÓN DE UNA NUEVA DEMANDA DE AMPARO CONTRA EL PROPIO ACTO RECLAMADO" . Bajo este contexto, se dejan sin efecto las diez horas con treinta y seis minutos del catorce de marzo de dos mil dieciocho señaladas para celebrar la audiencia constitucional.
- Principal
SE DEJÓ CITATORIO A LA PARTE TERCERO INTERESADA SIN QUE COMPARECIERA A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL DEL AUTO DE VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, POR LO CUAL SE NOTIFICA POR LISTA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN Y/O ACUERDO: Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del juicio, se advierte que ha transcurrido el plazo de veinte días concedido al quejoso en proveído de quince de enero de dos mil dieciocho, para presentar la publicación de los edictos ordenados, sin que hubiera exhibido la publicación de los mismos. Ello es así, pues en el acuerdo en mención, se ordenó emplazar por medio de edictos al tercero interesado ** , mismos que se publicarían por tres veces de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico de mayor circulación nacional; en los cuales se le haría saber al citado tercero interesado que debería presentarse ante este órgano jurisdiccional dentro del plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la última publicación, a fin de hacer valer sus derechos como tercero. Asimismo, se requirió al quejoso para que a partir del día siguiente al en que le fuera notificado el referido acuerdo, compareciera en el local de este órgano jurisdiccional a recoger los referidos edictos para su publicación, y se le apercibió que de ser omiso en acreditar la publicación de los edictos dentro del plazo de veinte días al en que se pusieran a su disposición, se decretaría el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, sin haber acreditado tal publicación. Por ello, se considera que en el particular se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos dispositivos 27, fracción III, inciso b), y 5, fracción III, de la ley de amparo , pues el quejoso en nada acreditó la publicación de los edictos ordenados en el presente asunto. Así, las actuaciones reflejan la omisión del quejoso en cumplir con la referida publicación de los edictos para emplazar al tercero interesado ** , a pesar de haber sido notificado para ello, como se desprende de la notificación de dieciocho de enero de dos mil dieciocho (foja 149). Bajo este contexto, debe considerarse: se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 27 fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, pues al omitir el quejoso exhibir los edictos ordenados y acreditar su publicación, queda paralizado el juicio de derechos humanos al arbitrio del mismo, con lo que se contraviene lo dispuesto en el dispositivo 17 de la Constitución Federal, habida cuenta que se entorpece la pronta y expedita impartición de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello en nada es atribuible a este órgano de control constitucional, sino a la parte promovente, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley, y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte quejosa. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el proveído de quince de enero de dos mil dieciocho (fojas 141 a 143); y se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, en su parte conducente y por similitud jurídica, la jurisprudencia consultable en la página 416, Tomo XXXII, agosto de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO ". En la ejecutoria relativa a la solicitud de modificación de jurisprudencia, se sostuvo en esencia que el incumplimiento del quejoso de recoger los edictos para emplazar al tercero perjudicado y pagar su publicación, no necesariamente conduce al sobreseimiento en el juicio. Lo anterior porque deben ponderarse las circunstancias que rodean al quejoso para determinar si es el Consejo de la Judicatura Federal el que debe publicar, a su costa, los edictos de mérito, ya que además de las materias agraria y penal -sólo en los casos en que está privado de su libertad- en las que no opera el incumplimiento del quejoso de recoger y en su caso publicar los edictos respectivos, en todas las materias se deben tener en cuenta las particularidades del mismo para establecer si le resulta imposible cubrir el costo de la publicación, razón por la cual existe la posibilidad de establecer excepciones que se deben considerar para ordenar el emplazamiento mediante edictos y, en su caso, para decretar el sobreseimiento en el juicio. Con base en estas premisas, se sostuvo que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza -publicación de edictos-, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes de que no tiene la capacidad económica para sufragar dicha publicación, el juzgador podrá determinar que la publicación se realice a costa del Consejo de la Judicatura Federal. En ese contexto, debe precisarse que en el caso, el quejoso también omitió manifestar su imposibilidad económica para cubrir la publicación de los edictos, lo que hace presumir de manera objetiva que sí cuenta con los recursos financieros suficientes para tal efecto y por consiguiente al dejar de exhibir la publicación se denota su falta de interés para la integración de la litis constitucional. En tales condiciones, se decide sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia constitucional. Además, resulta procedente invocar, para los fines que al quejoso convenga, la jurisprudencia XI.P. J1, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, visible en la página 1325, Tomo XXX, Octubre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR OMISIÓN DEL QUEJOSO DE RECOGER, PUBLICAR O EXHIBIR EDICTOS CON EL FIN DE EMPLAZAR AL TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS EN MATERIA PENAL. NO CONSTITUYE COSA JUZGADA Y, POR ENDE, SU DICTADO NO IMPIDE LA PROMOCIÓN DE UNA NUEVA DEMANDA DE AMPARO CONTRA EL PROPIO ACTO RECLAMADO" . Bajo este contexto, se dejan sin efecto las diez horas con treinta y seis minutos del catorce de marzo de dos mil dieciocho señaladas para celebrar la audiencia constitucional.
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